El 19 de diciembre de 2023, un artículo de Brett Arends en MarketWatch me llamó la atención con el título «Esta es la cifra más aterradora para Seguridad Social». Dado el hecho de que muchos artículos de los medios corporativos se centran hoy en día en señalar a los tontos que sus sentidos están equivocados y que, caramba, todo va de maravilla, no me sorprendió saber que el Sr. Arends no se refería a los pasivos no financiados del programa o al agotamiento previsto del fondo fiduciario. No, el Sr. Arends sostiene que el verdadero problema son los ciudadanos engañados que se preocupan tontamente por la solvencia de Seguridad Social, y el «silencioso esfuerzo» por sublevarse:
La cifra más aterradora puede ser el 71%. Esta asombrosa cifra, extraída de una nueva encuesta, es la cantidad de personas convencidas de que los recortes de Seguridad Social, potencialmente profundos, son probables o inevitables. Y no se trata de una encuesta sesgada realizada por un grupo de presión. Ni de una encuesta improvisada de una startup. Procede de una encuesta exhaustiva realizada a 10.000 personas por Harris Poll en nombre del respetado Transamerica Center for Retirement Studies. . . .
Otra victoria para la campaña Resistance Is Futile (La resistencia es inútil), un esfuerzo silencioso para persuadir a los americanos de que acepten recortes de Seguridad Social que no quieren y que el programa no necesita.
Si nuestros cazadores furtivos de pensiones nacionales se salen con la suya, será por esto.
El Sr. Arends argumenta entonces que «nada de esto es ni remotamente necesario. Es pura mentira». ¿Sus pruebas? América es más rico que nunca, se pueden eliminar del código tributario los «despilfarros multimillonarios» y el valiente Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede atrapar a más «tramposos» fiscales por un valor estimado de 700.000 millones de dólares al año.
Sin embargo, los argumentos del Sr. Arends no demuestran que los americanos sean tontos al preocuparse por la salud de Seguridad Social y por la probabilidad de que se produzcan recortes. Supongamos que estoy paseando y veo un coche que se acerca a toda velocidad. Al principio, me preocupo por mi vida, pero luego recuerdo que el conductor tiene todo tipo de opciones posibles para no matarme; por tanto, es una tontería que siga preocupándome porque, obviamente, una de esas opciones se cumplirá, ¿no?
Mordiscos de realidad
Sin embargo, en realidad, el programa de Seguridad Social se enfrenta a problemas sustanciales, y estos problemas aumentan cada año. A saber, el Informe Anual 2023 del Consejo de Fideicomisarios de los Fondos Fiduciarios del Seguro Federal de Vejez y Supervivencia y del Seguro Federal de Invalidez (más comúnmente denominados Seguridad Social y seguro de invalidez), que no es un informe de la noche a la mañana, analiza la actual senda de agotamiento de los fondos y las posibles reducciones de las prestaciones: «Según las hipótesis intermedias de los fideicomisarios, se prevé que el coste del OASDI supere los ingresos totales en 2023, y que el nivel en dólares de las reservas hipotéticas combinadas del fondo fiduciario disminuya hasta que las reservas se agoten en 2034, un año antes de lo previsto en el informe del año pasado» (el subrayado es nuestro).
A continuación, el informe menciona lo que se necesitaría para mantener la solvencia del fondo durante los próximos setenta y cinco años:
(1) Los ingresos tendrían que aumentar en una cuantía equivalente a un incremento inmediato y permanente del tipo del impuesto sobre la nómina de 3,44 puntos porcentuales, hasta el 15,84%, a partir de enero de 2023; (2) las prestaciones programadas tendrían que reducirse en una cuantía equivalente a una reducción inmediata y permanente del 21,3% aplicada a todos los beneficiarios actuales y futuros a partir de enero de 2023, o del 25,4% si las reducciones se aplicaran únicamente a quienes tuvieran derecho inicialmente a las prestaciones en 2023 o después; o (3) habría que adoptar alguna combinación de estos planteamientos. (énfasis añadido)
Así pues, no sólo se prevé que el fondo fiduciario se agote en 2034 —fecha en la que habría que reducir las prestaciones si no se introducen cambios en el programa entretanto—, sino que esta fecha se adelanta a la prevista el año pasado. Además, el informe señala que el pasivo total no financiado previsto para los próximos setenta y cinco años también ha aumentado desde la proyección del año pasado, lo que no es precisamente un panorama halagüeño para los beneficiarios actuales y futuros.
No se trata de una especulación basada en la esperanza de que se produzcan cambios en el futuro; se trata de una proyección basada en hechos, fundamentada en la realidad actual y en el supuesto de que no se produzcan cambios en el programa, lo que constituye un enfoque fiscalmente prudente de las proyecciones. Si veo que mis ingresos sólo pagarán el 80% de mi estilo de vida dentro de diez años, pero luego lo ignoro diciendo que, obviamente, haré algunos cambios antes de que eso ocurra, dudo que alguien piense que mi «planificación» es especialmente sensata (sobre todo si tengo un historial de no hacer ningún cambio a pesar de proyecciones similares).
Por eso me parece extraño que el Sr. Arends quiera pintar a quienes se preocupan por la solvencia de Seguridad Social como manipulados de alguna manera por el «esfuerzo silencioso» de personas empeñadas en quitar Seguridad Social, cuando los hechos actuales indican que esas personas preocupadas tienen exactamente razón: sus prestaciones están programadas para reducirse en 2034, salvo que se produzca algún cambio. Incluso la Administración de Seguridad Social lo dice. Se puede argumentar que es obvio que existen soluciones para mejorar la salud fiscal del programa antes de esa fecha, pero entonces se está incurriendo en un «giro» y asumiendo acciones futuras que pueden o no llegar a suceder. Los encuestados, sin embargo, parecen tener temores respaldados por el estado actual de los hechos, lo que no me parece en absoluto irrazonable.
La verdadera manipulación
Al final del artículo, el Sr. Arends concluye que «las líneas de batalla están trazadas: Hacer que la clase política donante pague impuestos, o robar las pensiones a los jubilados de clase media», pero esta afirmación es en sí misma el epítome de un lenguaje manipulador y carente de hechos.
Para empezar, la «clase política donante» —con la que el Sr. Arends se refiere a los multimillonarios— ciertamente paga impuestos. Según la investigación de ProPublica sobre los registros filtrados del IRS de 2014 a 2018, los cuatrocientos mayores ingresos (los que ganan más de 110 millones de dólares al año) pagaron una tasa impositiva efectiva del 22%, mientras que los veinticinco americanos más ricos pagaron «un total de 13.600 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta» (o 2.720 millones de dólares al año).
Dado que el déficit previsto de Seguridad Social para los próximos diez años es de 2,572 billones de dólares, aunque expropiáramos cien veces más impuestos a los veinticinco americanos más ricos durante esos años, apenas cubriríamos ese déficit previsto, que además aumenta en magnitud cada año.
El artículo también explica que las principales razones por las que las cuatrocientas personas más ricas pagaban un tipo efectivo inferior al tipo impositivo marginal más alto (37%) eran que gran parte de sus ingresos procedían de inversiones —que tributan a un máximo del 20% por las ganancias a largo plazo y los dividendos cualificados— y que hacían grandes deducciones, a menudo por contribuciones benéficas. Ambas razones son legales y no equivalen a no pagar impuestos, como tampoco lo hacen la mayoría de las personas que deducen por el pago de impuestos de bienes inmuebles o por hijos o por el kilometraje de su negocio.
Sin duda podemos discutir sobre los tipos impositivos y las deducciones (aunque no veo por qué donar a la caridad es una idea detestable), pero afirmar que tenemos que hacer que los multimillonarios «paguen impuestos» ignora la realidad una vez más.
Además, la idea de que reducir las prestaciones de Seguridad Social equivale a «robar las pensiones a los jubilados de clase media» también es una ficción. En primer lugar, nadie roba nada a los jubilados si se reducen las prestaciones. Esto se debe a que las prestaciones de Seguridad Social no son una obligación contractual ni un «derecho». Según el Tribunal Supremo en Fleming v. Nestor en 1960:
Injertar en el sistema de Seguridad Social un concepto de «derechos de propiedad acumulados» le privaría de la flexibilidad y audacia de adaptación a las condiciones siempre cambiantes que exige. . . . Es evidente que el interés no contractual de un trabajador cubierto por la Ley [de Seguridad Social] no puede analogarse sólidamente con el del titular de una renta vitalicia, cuyo derecho a las prestaciones se basa en el pago de primas contractuales. (énfasis añadido)
Así pues, las prestaciones de Seguridad Social se asignan y pagan siempre según los caprichos de los congresistas, que pueden cambiar el sistema en cualquier momento y de la forma que quieran (o puedan). Podemos tener la sensación de que se nos «deben» prestaciones, pero, una vez más, la realidad no está de acuerdo.
Las prestaciones de Seguridad Social también se pagan principalmente a través de los impuestos sobre las nóminas de los trabajadores actuales, por lo que si hay algún robo, en realidad es a los trabajadores actuales y por parte de los beneficiarios actuales (a través de los políticos). Un mito común sobre el programa es que «te deben» lo que has pagado, como si ese dinero entrara en una cuenta personal para ti. Todo lo contrario: el dinero aportado al programa se gasta en los beneficiarios actuales, lo que significa que cuando los trabajadores actuales acaben cobrando Seguridad Social, estarán quitando dinero coactivamente a sus propios hijos y nietos para mantenerse a sí mismos. En realidad, Seguridad Social —como todos los programas de prestaciones financiados por los contribuyentes— se cava a sí misma un agujero más profundo cada año, y la única solución verdadera es eliminar el programa por completo y permitir que la gente sea responsable de sus propias jubilaciones en lugar de estar sujeta a los caprichos del Congreso o a las ideas confiscatorias del Sr. Arends.
