Desde cualquier punto de vista, la administración del gobierno estadounidense en materia de control de fronteras es un desastre.
Si el objetivo es limitar los cruces de frontera, las cosas son un desastre. Si el objetivo es facilitar una mayor inmigración legal, las cosas son un desastre. Si el objetivo es simplemente dar a cada inmigrante potencial una audiencia a tiempo, también es un desastre. El único escenario en el que la situación actual es un éxito es aquel en el que los defensores de la inmigración ilimitada intentan cínicamente desbordar el sistema con la esperanza de hacerlo inoperante.
En cualquier caso, los federales están haciendo sus habituales payasadas: poner en marcha un sistema regulador monstruosamente ineficiente, inepto e inmoral. Cualquiera que se vea atrapado en el sistema de inmigración es probable que se encuentre (o se encuentre) esperando meses -o incluso años- para una audiencia.
Esto ya ocurría bajo la administración Trump. En marzo de 2019, ya escuchábamos que el retraso en las audiencias de inmigración había aumentado un 300%. El retraso alcanzó el millón de casos a finales de 2019. Mientras tanto, el retraso en las tarjetas de residencia alcanzó un récord de 1,2 millones a finales de 2020. En 2021, el tiempo de espera para una audiencia oscila entre 715 días y más de cuatro años. La cola para los inmigrantes legales que buscan entrar en EEUU por los canales normales ha sido notoriamente larga durante muchos años. Ya en 2015, la lista ascendía a 4,4 millones, con algunas personas en la lista durante más de quince años.
La gente que detesta a los inmigrantes, por supuesto, es poco probable que vea aquí un gran problema. La actitud en algunos círculos es «¿a quién le importa si alguna vez consiguen una audiencia, mientras sean detenidos o mantenidos fuera del país?»
Esta actitud no hace algunas distinciones importantes. La lista de espera de las personas detenidas como sospechosas de ser inmigrantes ilegales es sólo una parte de la ecuación. Además, la mera sospecha de que una persona es un inmigrante ilegal no la convierte en tal. Gracias a la extraña y claramente inconstitucional «zona fronteriza» de cien millas del gobierno de EEUU, los ciudadanos estadounidenses que no lleven su pasaporte encima en todo momento pueden ser acosados y detenidos por los agentes de la Patrulla Fronteriza, incluso muy dentro de la frontera de EEUU. Como describe el New York Post, «los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas están deteniendo a ciudadanos estadounidenses por error y reteniéndolos en centros de detención durante meses, a veces incluso años». ¿Cómo es posible que estos casos de detención errónea se prolonguen durante años? La «eficiencia» del gobierno es la respuesta.
En otras palabras, todas estas personas necesitan audiencias, y todos los sospechosos de ser inmigrantes ilegales merecen una audiencia independientemente de nuestra opinión sobre ellos, ya que, como ha señalado el juez Napolitano, la Carta de Derechos no se aplica sólo a los ciudadanos estadounidenses o a las personas que nos gustan.
La lista de solicitudes de inmigrantes legales confirmados y de solicitantes de la tarjeta verde es otra cosa completamente distinta. Entre estos grupos se encuentran, por supuesto, los familiares de los ciudadanos estadounidenses de toda la vida. También se ven afectados los empresarios que desean emplear a determinados trabajadores o grupos de trabajadores. Pero los trabajadores no pueden llegar a sus puestos de trabajo gracias a la pura ineficacia de la administración del gobierno. En otras palabras, incluso las personas invitadas y patrocinadas por ciudadanos estadounidenses no pueden entrar —o no pueden obtener el permiso para trabajar— porque el gobierno de EEUU no puede o no quiere actuar.
No hay nada sorprendente en esto. Es lo que se espera de las instituciones gubernamentales, que no se juegan nada y no se enfrentan a sanciones ni a la pérdida de ingresos por la incapacidad de realizar sus funciones básicas correctamente.
En otras palabras, el gobierno federal insiste en que tiene la última palabra -es decir, el monopolio de la aplicación y la administración- en la frontera, pero no se molesta en hacer lo que promete. No quiere contratar suficiente personal ni modificar los métodos para agilizar los procesos. ¿Y por qué debería hacerlo? Estas agencias seguirán cobrando y es probable que reciban aumentos de presupuesto sin importar lo mal que funcionen. Si estas agencias se enfrentan a la presión de contratar más trabajadores o acelerar las cosas, suelen quejarse de que los contribuyentes no están pagando suficientes impuestos.
Este problema no se limita a la inmigración. Este tipo de cosas impregna innumerables tipos de administración gubernamental, desde los permisos comerciales hasta la aplicación de la ley.
El problema de los cuellos de botella normativos
Por ejemplo, a través de la Oficina de Administración de Tierras, el gobierno federal gestiona uno de cada diez acres de tierra en los Estados Unidos, y aproximadamente el 30% de los minerales de la nación. En otras palabras, el gobierno federal tiene el control monopólico de una enorme franja de Estados Unidos. ¿Y qué pasa si una empresa privada desea dedicarse a la minería o a la perforación en esas tierras? No es una cuestión sencilla. Según un informe de 2020 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, «cada año [la BLM] recibe más solicitudes de las que puede revisar... en algunos casos, los registros se han perdido».
Pero esto no es un gran problema desde la perspectiva de la BLM. Al fin y al cabo, como las tierras de la BLM están en manos de una agencia gubernamental, la BLM no tiene por qué preocuparse de las respuestas oportunas ni del «servicio al cliente». Por ello, la BLM no se ha molestado en averiguar cómo agilizar el proceso de obtención de permisos. Como señala el informe de la GAO, la BLM no tiene «ningún proceso documentado para decidir si priorizar las solicitudes o cómo hacerlo»
De hecho, los retrasos de este tipo están presentes en todos los niveles de la administración.
Por ejemplo, el sheriff del condado de Washoe, en Nevada, ha creado un «enorme retraso en las solicitudes de permisos de armas de porte oculto». Alguna variación de «estamos trabajando en ello» o «estamos desbordados» parece ser la respuesta habitual.
Otro problema común son los largos retrasos para los promotores que desean construir viviendas. En el condado de Kitsap (Washington), por ejemplo, los funcionarios del condado han creado un periodo de espera de meses para los permisos de construcción. Los promotores deben sentarse a esperar, mientras el precio de la vivienda sigue acelerándose gracias a la falta de oferta.
Los empresarios conocen bien esta categoría particular de subterfugio gubernamental: la agencia establece una serie de aros por los que hay que pasar, como las inspecciones gubernamentales de un negocio o de una nueva construcción. Pero estas agencias tampoco se molestan en proporcionar inspectores o adjudicaciones cuando se necesitan o en el momento oportuno.
Y luego, por supuesto, están los largos tiempos de espera para las personas que se ven obligadas a pasar por el sistema legal del gobierno. Incluso antes del pánico covídico, los tribunales generalmente procedían a paso de tortuga. Según un informe del Tribunal Penal de la Ciudad de Nueva York, hace una década «se tardaba más de 400 días, de media, en los otros cuatro distritos de la ciudad para llevar un caso a un juicio con jurado y a un veredicto, y los casos de Brooklyn tardaban casi 600 días».
Mientras tanto, algunos tribunales son tan ineptos a la hora de cumplir un calendario que los jueces más honestos se ven obligados por la ley -y por la consideración de la Carta de Derechos- a desestimar los casos antes de que se lleven a juicio. Aunque el derecho a un juicio rápido se remonta al menos a la Carta Magna, parece que a los fiscales y a los tribunales les cuesta demasiado ponerse de acuerdo en los plazos previstos.
[Leer más: «Otro derecho abolido por el confinamiento por el COVID del gobierno: el derecho a un juicio rápido», por Ryan McMaken].
Del mismo modo, las víctimas o las familias de las víctimas pueden encontrarse esperando años para que se haga justicia, incluso cuando el acusado ya ha sido identificado. Está el caso del asesino Christopher Holland, por ejemplo, que fue identificado por pruebas de ADN en un caso de asesinato en 2007. No fue juzgado y condenado hasta 2015. ¿Y si hubiera sido inocente? Básicamente habría estado en juicio durante ocho años. Ahora algunos estados están utilizando los cierres de covachas como excusa para alargar aún más el proceso.
«¡Necesitamos más financiación!»
¿Y por qué deberían estos organismos gubernamentales preocuparse especialmente por estos retrasos y por los numerosos obstáculos que deben sortear las víctimas de la regulación gubernamental? Al fin y al cabo, no es que el empresario, el acusado o la víctima puedan ir a otro sitio, como ocurriría en un mercado.
Pero en virtud de ser monopolios gubernamentales, estas agencias gubernamentales pueden fácilmente obligar a los «clientes» a esperar durante meses o años por el «servicio» sin ningún golpe a los beneficios, presupuestos o competitividad de las agencias.
Los competidores, después de todo, son ilegales en este escenario.
Naturalmente, los propios organismos públicos se quejan de los recortes presupuestarios y de la consiguiente falta de personal. Si los tacaños contribuyentes dieran más dinero.
Sin embargo, las cifras muestran que los contribuyentes están pagando mucho dinero. En los últimos diez años, los ingresos fiscales estatales y locales en Estados Unidos han aumentado una media del 2,5% anual. Los ingresos fiscales federales, por su parte, aumentaron una media del 5,8% anual. Durante ese tiempo, la población estadounidense aumentó una media del 0,6 por ciento al año.
Los ingresos del gobierno están superando el crecimiento de la población por un margen saludable. Sin embargo, los organismos gubernamentales no parecen poder realizar las funciones básicas que dicen hacer.
Así que, tanto si hablamos de desarrollo inmobiliario como de inmigración o de aplicación de la ley, la historia general es siempre la misma. «Déjenlo en nuestras manos», dicen los burócratas. «Nos encargaremos de la regulación y la administración para que todo sea libre y justo».
Pero, ¿qué ocurre en realidad? Acabamos con burócratas insensibles y un terrible «servicio al cliente». Y, por supuesto, las víctimas de esta negligencia no pueden hacer nada al respecto. Sólo se les dice que paguen más dinero para «arreglar» el problema.
Imagine que el sector privado funcionara así. Imaginemos que una empresa tuviera innumerables clientes insatisfechos y decidiera que la respuesta es aumentar los precios un 20%. Todos sabemos lo que le ocurriría a esa empresa. Surgirían competidores y la empresa original perdería mucha cuota de mercado.
Afortunadamente para ellos, las agencias gubernamentales no tienen que preocuparse por esto. Disfrutarán de un monopolio pase lo que pase, y eso significa que el negocio sigue igual.
