En las últimas décadas, el Partido Comunista Chino (PCC) se ha jactado de haber sacado de la pobreza a cientos de millones de personas; sin embargo, sólo pudieron hacerlo porque cientos de millones de personas habían estado viviendo en la pobreza bajo su gobierno. Desde la fundación de la República Popular China (RPC) en 1949 hasta las reformas económicas de finales de la década de 1970, la economía del país estuvo casi totalmente planificada de forma centralizada. El gobierno controlaba los factores de producción y determinaba qué productos se fabricaban, en qué cantidades y a qué precios se vendían. Como resultado de estas políticas, el país seguía siendo muy pobre.
En 1978, el producto interior bruto (PIB) per cápita de China era de 156 dólares anuales. Ese mismo año, el PIB per cápita en los Estados Unidos era de 10.564 dólares. Entre la apertura económica y 2010, China experimentó un crecimiento del PIB de dos dígitos en la mayoría de los años. Desde 2010 hasta la actualidad, sin embargo, su crecimiento ha tendido constantemente a la baja. En 2022, el crecimiento fue sólo del 3%. Aunque China es la segunda economía del mundo, los chinos siguen siendo relativamente pobres. La renta media en China en 2022 era de 12.823 dólares, aproximadamente la misma que en los EEUU en 1980. China ha trabajado para reducir la disparidad de la riqueza y tiene un coeficiente de Gini de solo el 3,8 por ciento en 2019, pero aproximadamente la mitad de la población aún sobrevive con un ingreso de menos de diez dólares al día.
Hasta su muerte en 1976, Mao Zedong ocupó los tres cargos de liderazgo más importantes de la RPC en aquel momento: presidente del PCCh, presidente de la Comisión Militar Central (CMC) y presidente de la RPC (jefe de Estado). El mandato de Mao se caracterizó por una estricta economía comunista sin apenas incentivos a los beneficios ni propiedad privada. Su campaña económica, el Gran Salto Adelante, que duró de 1958 a 1962, provocó la Gran Hambruna China, que mató a decenas de millones de personas. Tras la muerte de Mao, Deng Xiaoping, líder supremo de 1978 a 1989, inició gradualmente la apertura de la economía, lanzando el periodo de crecimiento excepcional de China.
Durante los años de mayor desarrollo económico de China, la economía se hizo más liberal cada año. Sin embargo, la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989 dejó claro que el PCCh veía la liberalización económica y la liberalización de la sociedad civil como conceptos distintos. Ese mismo año, el PCCh prohibió a los empresarios afiliarse al partido. Aunque una sentencia de 2001 permitió a los empresarios afiliarse, la liberalización alcanzó su punto álgido en 2012, cuando Xi Jinping, el actual líder, asumió el cargo. Desde entonces, el país ha vuelto a una forma más restrictiva de socialismo de mercado.
Xi ocupa hoy los tres cargos más altos del gobierno: secretario general del PCCh, presidente de la CMC y presidente de la RPC. En consecuencia, el PCCh lo reconoce como el líder supremo de la nación. Bajo el liderazgo de Xi, se eliminaron los límites a los mandatos presidenciales, y en 2022 se le concedió un tercer mandato como secretario del partido, presidente y presidente de la CMC. Presumiblemente, tendrá la opción de gobernar de por vida, aunque el PCCh lo niega.
Nominalmente, China es una democracia multipartidista, pero los ocho partidos políticos minoritarios deben ceder el liderazgo al PCCh y es ilegal que intenten hacerse con el control del gobierno. Los ciudadanos votan a los delegados en las aldeas y barrios, pero no tienen voz ni voto en el gobierno provincial y nacional. Los resultados de las elecciones en los congresos del máximo partido suelen estar determinados de antemano. En 2013, cuando el Congreso Nacional del Partido votó para investir a Xi presidente por primera vez, su nombre era el único que figuraba en la papeleta.
En 2013, Xi lanzó su visión de un orden mundial liderado por China con la Iniciativa Cinturón y Ruta (BRI). La BRI es un programa mundial de desarrollo de infraestructuras que ahora abarca 148 países. Los proyectos de la BRI incluyen carreteras, puertos marítimos, aeropuertos, telecomunicaciones, hospitales, energía y extracción de minerales. La financiación de estos proyectos procede de diversas fuentes, como préstamos de bancos políticos chinos (como el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China), bancos comerciales chinos e inversiones de empresas chinas. Los bancos que financian la BRI son total o parcialmente propiedad del gobierno. Además, muchas de las empresas que participan en estos proyectos en el extranjero son empresas propiedad del Estado (SOE).
El socialismo con características chinas puede describirse como capitalismo dirigido por el Estado. Aunque la economía china ha experimentado reformas orientadas al mercado, el Estado mantiene un control significativo. En 1978, Deng Xiaoping estableció el sistema de responsabilidad familiar. En virtud del mismo, una vez que los agricultores cumplían la cuota estatal, podían vender sus excedentes con beneficio. La empresa privada en sectores no agrícolas comenzó en 1980, el mismo año en que se estableció la primera zona económica especial en Shenzhen, provincia de Guangdong. La zona económica especial facilitó el comercio entre China y el mundo exterior e inició la marcha de China hacia un crecimiento orientado a la exportación. China se convirtió en la fábrica del mundo.
La siguiente fase de desarrollo, que comenzó hacia 1999, supuso un crecimiento impulsado por la inversión pública. Este periodo se caracterizó por proyectos de desarrollo de infraestructuras, incluida la construcción de carreteras, puentes, ferrocarriles y aeropuertos. Estos proyectos se aceleraron a medida que la población se urbanizaba. En 2007, China puso en marcha su primera ley de propiedad privada. Combinada con la estrategia de inversión del Gobierno, provocó un auge del sector inmobiliario. En la actualidad, el sector inmobiliario representa directamente entre el 6% y el 7% del PIB, mientras que las industrias y los servicios relacionados representan el 30% de la economía global.
No hay sindicatos independientes en China; todos los sindicatos están afiliados a la Federación de Sindicatos de China, afiliada al PCCh. El PCCh también mantiene empresas públicas que representan alrededor del 25% del PIB. Las SOE operan en todos los sectores, como la industria manufacturera, la extracción de minerales, la banca e incluso la hostelería. El PCCh nombra a los gerentes y supervisores de las empresas públicas y dirige su toma de decisiones. A cambio, las SOE reciben una serie de beneficios, como subvenciones estatales, un acceso más fácil al capital de los bancos estatales y materias primas de las compañías mineras propiedad del Estado. Las SOE también reciben apoyo político, ventajas fiscales y un marco regulativo favorable. Gracias a estas ventajas, las SOE dominan sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones, la banca y el transporte.
Las compañías privadas de cierto tamaño están obligadas a mantener una célula del partido, un comité del PCCh responsable de aplicar y mantener las políticas del partido, adherirse a la ideología política y mantener la disciplina del partido. Los comités del partido influyen en la toma de decisiones y la planificación estratégica, así como en la contratación, el despido y la promoción del personal.
Incluso las compañías de propiedad extranjera y las compañías conjuntas y asociaciones con empresas extranjeras están obligadas a mantener una célula del partido. Además, el PCCh mantiene listas de sectores cerrados a las compañías extranjeras o sólo abiertos mediante una empresa conjunta con un socio chino.
Toda la economía china se traza estratégicamente a través de una serie de planes quinquenales. Estas iniciativas fijan objetivos anuales de crecimiento y estipulan cómo debe crecer la economía y a qué sectores debe dar prioridad. Como el PCCh controla tanto las compañías nacionales como las extranjeras, Beijing puede influir así en las decisiones de inversión, la asignación de recursos y las estrategias empresariales para ayudar al Estado a alcanzar sus objetivos.
El Decimocuarto Plan Quinquenal, que va de 2021 a 2025, se centra en «innovar y liderar un desarrollo de alta calidad». Con sólo 1,7 nacimientos por familia, China se enfrenta a una crisis de envejecimiento. Al mismo tiempo, se está quedando sin mano de obra en el sector manufacturero de gama baja. Los trabajadores de las fábricas ganan ahora entre tres y cuatro veces más que sus homólogos de Vietnam e Indonesia. La única manera de que la economía se mantenga en estas condiciones es cambiando hacia la fabricación y los servicios de mayor valor añadido. Para ello, el Decimocuarto Plan Quinquenal pretende una «mejora de la base industrial y la modernización de las cadenas industriales».
Desarrollar una fabricación de mayor valor depende de recibir inversión extranjera directa (IED), que tiende a la baja para China. En algunos sectores, como la electrónica, la IED se redujo un 56,7% entre 2019 y 2022. Los inversores se han asustado por una desaceleración económica general, las tensiones con EEUU y la posibilidad de una guerra con Taiwán. La nueva Ley de Contraespionaje de China, que entró en vigor en julio y aumenta drásticamente la posibilidad de detenciones arbitrarias, está espantando aún más a inversores y visitantes.
A pesar de las dificultades económicas, el PCCh sigue reforzando su control. El Decimocuarto Plan Quinquenal promete «desarrollar enérgicamente la economía digital», con el objetivo de utilizar «capacidades de gobernanza nacional basadas en datos y transformar las ventajas estructurales del Socialismo con Características Chinas en poderosas capacidades de gobernanza nacional», un recordatorio del poder del partido. A pesar de todas las reformas de China, el país sigue siendo en gran medida socialista y tiende hacia un mayor control estatal, incluso a expensas de la prosperidad.
