En muchos distritos escolares de todo el país, los profesores de las escuelas públicas siguen sin querer volver al trabajo. Los trabajadores del sector privado llevan mucho tiempo trabajando en las cocinas, en las obras de construcción y en las ferreterías y tiendas de comestibles. Mientras tanto, desde Seattle, hasta Los Ángeles y Berkeley (California), los representantes del sindicato de profesores insisten en que no se puede esperar que realicen el trabajo in situ en las costosas instalaciones que los contribuyentes han estado pagando durante mucho tiempo.
Esta semana, por ejemplo, algunos profesores del condado de Jefferson, en Colorado, salieron a protestar contra el plan del distrito de volver a la enseñanza presencial limitada a finales de este mes. Estos manifestantes siguen insistiendo en que es inseguro, a pesar de que las mismas instituciones que estas personas llevan tiempo repitiendo como loros a favor de los cierres interminables —los CDC y la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo- dicen que la reapertura de las escuelas debería ser una «prioridad absoluta». Además, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina han llegado a la conclusión de que «el menor riesgo de transmisión del virus por parte de los niños más pequeños y los informes de enfermedades más leves o moderadas en este grupo de edad sugieren la conveniencia de la instrucción en persona para los grados primarios y elementales».
Pero eso no es suficiente para los profesores de la escuela pública. Así que, en muchos casos, los padres que realmente quieren o necesitan enviar a sus alumnos a una escuela presencial deben acudir al sector privado en su lugar. Las escuelas públicas de estos lugares no pueden molestarse, pero las privadas se apresuran a atender al público.
El aspecto más absurdo de todo esto es que incluso cuando las escuelas públicas dicen efectivamente a los padres y a los estudiantes que «se pierdan», los contribuyentes siguen teniendo que poner el dinero para pagar las escuelas públicas. Si cualquier industria del sector privado tratara de funcionar así, sería denunciada sin ambages. Pero no sucede así porque en el sector privado -a diferencia de las escuelas públicas- los propietarios y empleados de las empresas no cobran si se niegan a trabajar. En otras palabras, los clientes pueden coger su dinero e irse.
Esta desconexión entre el público que paga impuestos y las escuelas públicas siempre ha existido, por supuesto, pero el pánico del covid-19 lo ha hecho mucho más obvio para el público en general. Ha llegado el momento de permitir que los padres y los contribuyentes retiren finalmente su dinero de estos farsantes caros e insensibles.
Las escuelas privadas vuelven en su mayoría al negocio
Compare la reacción de la escuela pública con la de la escuela privada.
En el otoño pasado, ya era evidente que las escuelas privadas estaban mucho más preocupadas por ofrecer servicios presenciales que las públicas. Como informó Time el pasado mes de agosto, los padres estaban captando el hecho de que si los estudiantes iban a recibir una educación en persona, probablemente iba a ocurrir en una escuela privada. Además, la mayoría de las escuelas católicas siguen abiertos y ofrecen enseñanza presencial. En Filadelfia, por ejemplo, las más de cien escuelas primarias de la archidiócesis han vuelto a tener un horario de cinco días a la semana. Además, «no ha habido transmisión en la escuela» de covid-19. En Boston, las escuelas católicas abrieron mientras que las escuelas públicas vacilaron. La radio pública local informa:
Se trata de un marcado contraste, que ha hecho que las escuelas católicas resulten atractivas para las familias hartas del aprendizaje a distancia y dispuestas a pagar por la enseñanza presencial.
Los administradores de las escuelas no conocen ni un solo caso de alguien que haya sido hospitalizado como resultado de la transmisión a través de estas escuelas.
Esta es una experiencia bastante común para las escuelas católicas. En la archidiócesis de Denver, las escuelas estuvieron «100% abiertas» a partir del otoño pasado, y
menos del uno por ciento de los estudiantes y menos del cuatro por ciento de los miembros del personal dan positivo en todo el semestre de otoño, cifras que son inferiores a la tasa de positividad general de los niños y de la población en general.
Los defensores de las escuelas públicas han intentado explicar todo esto alegando que las escuelas privadas son el dominio de los ricos. Muchos artículos señalan los precios de las matrículas de las escuelas boutique, como la escuela Germantown Friends de Pensilvania, que cobra más de 40.000 dólares al año.
Sin embargo, se trata de un caso atípico. Muchos colegios privados cobran mucho menos que eso. Sí, algunas escuelas católicas —que son el 37% de todas las escuelas privadas y conforman el mayor sistema de escuelas no públicas de Estados Unidos— son, en efecto, costosas escuelas boutique dirigidas por «órdenes privadas». Pero la mayoría de las escuelas católicas son escuelas arquidiocesanas comunes y corrientes que cobran menos de 9.000 dólares al año por la educación secundaria, e incluso menos por la primaria. Eso puede parecer mucho, pero está muy por debajo de lo que muchas escuelas públicas gastan en la educación de cada alumno. Además, cualquiera que esté familiarizado con la escuela católica urbana sabe que estas escuelas apenas atienden a las élites adineradas. Esto se debe en gran medida a los amplios programas de becas para las familias con menos ingresos.
Estos desventurados padres que se han visto obligados a recurrir a la enseñanza privada por el cierre de las escuelas públicas de covid tienen que pagar dos veces: una por la enseñanza pública que se ha reducido a reuniones de Zoom, y otra por la enseñanza real que se imparte en las escuelas privadas.
¿Y si gestionáramos las tiendas de comestibles como las escuelas públicas?
El sector privado nunca podría salirse con la suya.
Imagínese, por ejemplo, que las tiendas de comestibles funcionaran de esta manera y que las tiendas de comestibles fueran instituciones propiedad del gobierno. La financiación provendría de los ingresos fiscales y los niveles de financiación se calcularían partiendo de la base de que al menos el 90% de los consumidores obtendrían todos sus alimentos a través de estas 1 tiendas. Se cobraría a los contribuyentes en consecuencia. Al igual que los gobiernos estatales gastan ahora entre el 20% y el 40% de los presupuestos estatales en escuelas públicas, los gobiernos estatales destinarían una parte considerable del presupuesto a la «financiación de comestibles». Naturalmente, los impuestos serían mucho más altos que ahora. Además, como los impuestos serían mucho más altos -y los ingresos después de los impuestos mucho más bajos-, muchos estadounidenses comprarían en estas tiendas del gobierno. Se nos diría que estas tiendas de comestibles del gobierno son indispensables. ¿Cómo podrían los pobres comprar alimentos de otro modo? Por supuesto, la lista de la compra tendría que contar con la aprobación de los planificadores de comestibles para ajustarse al presupuesto. ¿No te gusta el menú que los tenderos han seleccionado para ti? Mala suerte.
Además, dado el entusiasmo con el que el personal y los funcionarios de la escuela pública han abandonado su trabajo habitual ante el covid, es fácil imaginar un escenario en el que los servicios de comestibles del gobierno se vean aún más limitados en caso de un susto para la salud pública.
Es cierto que, al igual que las escuelas, estas tiendas de comestibles probablemente no acabarían con todos sus servicios. Probablemente seguirían permitiendo algunas compras limitadas. No se permitiría la entrada a las tiendas a personas que no fueran empleados. Al igual que con los maestros, estos trabajadores del sector público de la alimentación insistirían en que las tiendas de comestibles funcionaran con numerosas restricciones, quizás con menos horas de trabajo, e incluso con cierres de fin de semana largos para permitir una limpieza exhaustiva. ¿Y por qué no? El personal y los gerentes cobrarán sin importar lo que suceda.
Sí, habría algunas tiendas de comestibles del sector privado para aquellos que insisten en comprar en persona o «fuera de horario». Si quieres comprar comestibles en otro lugar, simplemente tendrás que pagar dos veces: una vez por las tiendas del gobierno, y una segunda vez por tus comestibles «privados».
Vales de compra, también conocidos como «cupones de alimentos»
Obviamente, si se les presentara la opción de un mundo de tiendas de comestibles totalmente propiedad del gobierno, muchos estadounidenses considerarían tal cosa como una locura. Y con razón.
Además, incluso cuando se plantea la cuestión de si las personas con bajos ingresos pueden o no permitirse comprar alimentos, son pocos los que abogan por que el gobierno se haga cargo de las tiendas de comestibles. En su lugar, los contribuyentes toleran la financiación de un sistema de vales de compra mensuales para los hogares con ingresos inferiores a un determinado nivel. Estos vales se llaman comúnmente «vales de comida».
Ahora bien, mucha gente puede objetar que los cupones de alimentos son un despilfarro. Pero también es difícil negar que, si los votantes y los políticos van a insistir en que se subvencione a los consumidores de bajos ingresos, este sistema de vales de comida es mucho mejor que un amplio sistema de tiendas de comestibles propiedad del gobierno.
Sin embargo, ¿por qué tantos estadounidenses piensan que un sistema de escuelas de propiedad del gobierno tiene sentido?
Si se aplicara a las escuelas el mismo sentido común que impide que el gobierno se haga cargo de las tiendas de comestibles, la situación sería muy diferente. Las escuelas serían prácticamente todas instituciones privadas. Si un padre no quiere «comprar» en una determinada escuela o distrito escolar matriculando a su hijo en ella, no tiene por qué gastar dinero en ella.
Por supuesto, los políticos y muchos votantes insistirían en que se hiciera algo para subvencionar la educación de los residentes con bajos ingresos. Para ello, la estrategia menos mala es el modelo de los comestibles: proporcionar la versión educativa de los cupones de comida para los estudiantes. Estos fondos no están vinculados a ninguna institución ni a ningún distrito gubernamental. Van allí donde van los consumidores.
Mientras las escuelas públicas sigan recibiendo financiación directa de las arcas públicas —sin conexión económica con la elección del consumidor—, no tendrán que preocuparse por lo que el público quiere o necesita.
- 1Aproximadamente el 90% de los niños en edad escolar asisten a escuelas públicas.
