De los dos mil quinientos municipios de Pensilvania, cerca de la la mitad (1.279) carecían de departamento de policía en 2013. Desde 2013, otros veinte municipios han disuelto sus departamentos de policía, optando por la cobertura policial de la Policía Estadual de Pensilvania (PSP). Además de eso, 420 municipios solo proporcionan cobertura a tiempo parcial (no hay cobertura 24/7), lo que obliga a la PSP a «recoger el relevo», por así decirlo. Esto puede parecer chocante, pero es la realidad poco conocida de muchos ciudadanos de Pensilvania.
El aumento de los costes y las estrictas restricciones presupuestarias harán que las disoluciones de departamentos de policía sean cada vez más frecuentes. Este hecho ha infundido temor en los corazones de muchos, impulsando propuestas políticas para combatir las disoluciones de departamentos de policía, como la regionalización de la policía (fusiones), la contratación de los servicios policiales de otros municipios o el cobro de una tasa a los municipios por los servicios de la policía estadual. Sin embargo, estas políticas no dan en el blanco. El problema en sí no es un problema, sino una solución a la prolongada intervención gubernamental de la prestación de servicios públicos de policía. La privatización completa es la única respuesta.
Si un municipio de Pensilvania decide disolver su departamento de policía, como hizo recientemente el municipio de Montgomery, la PSP interviene para proporcionar cobertura policial. Esto puede parecer a primera vista una pérdida de libertad, al permitir la intervención de agentes de un gobierno más grande, pero en realidad, la policía estadual en su mayor parte deja en paz a la gente.
Si hay algún problema, como robos o tiroteos, ayudarán, pero, por experiencia, hay poco acoso policial (suelo comentar a la gente que se puede recorrer casi toda la Pensilvania rural, conduciendo muy por encima del límite de velocidad, y no cruzarse nunca con un agente de policía). La policía estadual se limita principalmente a las principales autopistas y sólo se aleja en caso de necesidad.
Optar por la cobertura del PSP libera al contribuyente de la carga de los elevados costes de proporcionar su propio departamento de policía o pagar a algún otro municipio por la cobertura.
Lamentablemente, se ha propuesto muchas veces imponer una tasa a los municipios que no cuenten con un departamento de policía. Sin embargo, si un municipio no desea tener policía, no se le debe obligar a pagar por ella. Es injustificado suponer que esos municipios se aprovechan gratuitamente de la cobertura policial estadual. A veces la prestación policial es un «mal» del que la gente quiere prescindir. Imponer una tasa desatiende a quienes realmente no quieren ser gobernados por el Estado.
A partir de septiembre de 2023, no se cobrará ninguna tasa a los municipios que opten por depender únicamente del PSP, pero no se sabe si esto cambiará en el futuro, ya que la aplicación de la tasa ha sido debatido repetidamente en la legislatura del estado de Pensilvania durante años.
La regionalización, otra «solución», está de moda. North Apollo (donde fui concejal electo) está estudiando la viabilidad de la regionalización junto con Parks Township y Leechburg Borough. Los habitantes de Kiski municipio de también han considerado la idea de crear un cuerpo de policía regional. Gilpin Township y Freeport Borough también se han regionalizado. Más recientemente, los departamentos de policía regionales del noreste y de la zona de York se fusionaron y formaron el Departamento de Policía Regional del Condado de York.
El Instituto Allegheny de Políticas Públicas publicó un informe de políticas públicas en 2019 que analiza más ejemplos de regionalización. El informe señala que la regionalización ahorra costes, lo que puede ser cierto. A veces, dos firmas ineficientes pueden fusionarse para alterar sus estructuras de costes, con el fin de ser más eficientes. Los municipios pueden fusionarse; sin embargo, en el modelo alternativo de privatización, los proveedores de seguridad serían libres de fusionarse y se obtendrían otros beneficios, como que la vigilancia policial no costaría nada al aparato gubernamental.
La privatización de la policía, una política propugnada por Gustave de Molinari, Murray Rothbard, Bruce Benson y Hans-Hermann Hoppe (entre otros), permitiría a los contribuyentes determinar cómo se les proporciona seguridad en función de sus propias limitaciones presupuestarias y preferencias voluntarias.
Cuando se habla de privatización, la gente tiene ideas muy diferentes. Algunos piensan que la privatización significa que el gobierno solicita ofertas a los proveedores de servicios y elige la mejor opción. Sin embargo, este tipo de «privatización» ya existe en la situación actual de Pensilvania (aunque excluyendo a las compañías de seguridad privada). Por ejemplo, el mencionado municipio de Kiski presta actualmente servicios policiales al distrito de North Apollo.
Esta privatización a medias puede ser beneficiosa en algunos márgenes. Haría que la oferta de servicios policiales fuera más competitiva, lo que podría reducir los costes presupuestarios. En un Estado que no permita la privatización, puede ser preferible subcontratar los servicios a otros gobiernos o compañías privadas. Pero, ¿es esto lo que se entiende por privatización?
No, privatización significa la privatización completa de ambos lados del mercado, la demanda y la oferta. El gobierno no compra ningún servicio, y los agentes del mercado prestan servicios de seguridad a los consumidores si éstos así lo deciden.
En un pequeño municipio de Pensilvania, ¿qué aspecto podría tener esto? Puede adoptar la forma de comprar un arma, mantener las propiedades más seguras, no salir tanto de noche, instalar un sistema de seguridad y una cámara en el timbre de la puerta, instalar LoJack en los coches, asistir a clases de defensa personal, comprar un perro guardián, salir siempre con grupos, mantener las luces encendidas en casa cuando se sale, crear una organización de vigilancia vecinal y, posiblemente, contratar guardias de seguridad (esta última opción puede que sólo sea factible para los negocios y las comunidades más pudientes). También se puede decidir hacer algunas de estas cosas o ninguna. En cualquier caso, todas ellas son decisiones racionales que tienen en cuenta los costes y beneficios previstos para cada uno de los consumidores.
Además, la seguridad privada se centra en proporcionar realmente seguridad en lugar de hacer cumplir leyes innecesarias. Los infractores de las leyes sobre drogas y tráfico y de las molestas regulaciones locales tendrán más libertad en sus actividades. Sus acciones nunca tuvieron nada que ver con la seguridad y no deben ser responsabilidad de un cuerpo de policía público. Así pues, el objetivo de la seguridad privada es mucho más restringido que el de la policía pública, lo que liberará recursos para mantener a salvo a la población.
Disolver los departamentos de policía y optar por la cobertura del PSP es, en gran medida, privatizar la policía, ya que las patrullas del PSP probablemente no serán habituales debido a las limitaciones de personal y recursos.
Pero, ¿es suficiente esta provisión privada? ¿Deberían al menos los ayuntamientos proporcionar una fuerza policial a tiempo parcial o completo si el mercado no consigue proporcionar la cantidad eficiente de seguridad/vigilancia? Esta preocupación adolece del mito del coste/beneficio social. Se afirma que la cantidad eficiente de un bien dado es aquella en la que el coste social es igual a los beneficios sociales, y que el mercado (costes y beneficios privados) a veces se desvía de esta cantidad eficiente. La medición de los llamados costes y beneficios sociales procede de la suma de los costes/beneficios privados y los supuestos costes/beneficios externos (externalidades).
Por el contrario, no existe un nivel objetivamente deseable de provisión de seguridad fuera de lo que desean los consumidores individuales. Por lo tanto, la noción de costes y beneficios sociales es una tontería. Como Rothbard afirma en El mito de la eficiencia,
Existe una grave falacia en el concepto mismo de «coste social», o de coste aplicado a más de una persona. Por un lado, si los fines chocan y el producto de un hombre perjudica a otro, los costes no pueden sumarse entre estos individuos. Pero en segundo lugar, y más profundamente, los costes, como han señalado los austriacos durante un siglo, son subjetivos para el individuo y, por tanto, no pueden medirse cuantitativamente ni, a fortiori, sumarse o compararse entre individuos. Pero si los costes, como las utilidades, son subjetivos, no aditivos y no comparables, entonces, por supuesto, cualquier concepto de costes sociales... carece de sentido.
En última instancia, las preferencias de los consumidores son la única medida de la eficacia de algo. Si se desea más seguridad, los consumidores juzgarán si los beneficios esperados de la seguridad adicional compensan los costes esperados.
Y los costes previstos de no proporcionar seguridad son minúsculos. El crimen es excepcionalmente bajo en los municipios que suelen prescindir de los agentes de policía. Por ejemplo, el crimen violento en North Apollo es casi inexistente. Los informes policiales mensuales recogen crímenes violentos insignificantes. Muchos de los municipios que prescinden de la policía son rurales y pequeñas ciudades, lugares que tienen índices de crimen similares.
Montgomery, una ciudad en el condado de Lycoming, PA, recientemente disolvió su departamento de policía, y no parecen preocupados por su susceptibilidad al crimen. El alcalde declaró: «No tengo ninguna duda de que podrán cubrir las necesidades del municipio. Somos un municipio pequeño. Creo que tenemos una milla de ancho y una milla y media de largo. No me cabe duda de que la policía estadual puede encargarse». Sin duda, en esa situación se puede prescindir de la policía sin que cambien mucho las cosas.
Algunos crímenes no merece la pena evitarlos. Los costes de detener a un ladrón, por ejemplo, pueden superar el valor de lo robado. En ese caso, es perfectamente legítimo no detener al ladrón. El crimen no puede erradicarse al 100%. Sólo podemos preguntarnos: «¿Cuál es el nivel óptimo de crimen?». Ese nivel es inequívocamente el que se ajusta a las preferencias de los consumidores.
Puede afirmarse de forma concluyente que la regionalización, la contratación y el cobro de tasas por la cobertura del PSP son malas políticas en relación con la disolución total. No reconocen los beneficios de la privatización. La policía/seguridad deberían privatizarse por completo. Como medida adicional, la PSP también debería ser abolida, dando paso a una era de provisión de seguridad completamente privada.
