Aunque los aproximadamente dos millones de residentes afectados en el norte de California se están recuperando de los cortes de energía impuestos por la compañía de servicios públicos PG&E, la compañía ha advertido que estos «apagones de seguridad contra incendios» podrían ser necesarios periódicamente durante otra década. Naturalmente, el gobernador de California Gavin Newsom denunció la debacle como otro ejemplo de «avaricia y negligencia». Sin embargo, como explicó el analista de la IER Jordan McGillis en un artículo anterior, el episodio muestra los peligros de un monopolio impuesto por el gobierno en el suministro de electricidad. En este artículo, explicaré con más detalle los puntos de vista de McGillis y mostraré por qué la razón económica convencional para la regulación gubernamental de los servicios públicos de electricidad es fundamentalmente defectuosa.
Los apagones continuos de PG&E no son un resultado de libre mercado
Cuando una empresa se equivoca tan horriblemente, defraudando literalmente a millones de sus clientes y prometiendo seguir haciéndolo durante otra década (!), la pregunta obvia es: ¿Por qué no cierran el negocio? ¿Por qué un competidor no se apodera de su cuota de mercado?
La respuesta, por supuesto, es que el gobierno de California prohíbe a los clientes de PG&E cambiar a un competidor. Permítanme citar directamente a McGillis, que llega al meollo del asunto:
PG&E no funciona como lo haría una empresa en un mercado competitivo. Como monopolio regulado, se le ha otorgado el estatus de único proveedor de electricidad a una franja del estado que se extiende más de 500 millas desde Eureka, al norte del Área de la Bahía, hasta Bakersfield, en el Valle de San Joaquín. La compañía opera en conjunto con la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC), un panel de reguladores designados por el gobernador. A diferencia de un mercado competitivo, PG&E no necesita competir por los clientes ofreciendo más valor dólar por dólar que otras compañías. En cambio, a PG&E se le garantiza una tasa de retorno sobre sus inversiones y establece con la CPUC las tasas correspondientes que los clientes pagarán.
Así que hemos resuelto el rompecabezas más inmediato: La razón por la que PG&E puede salirse con la suya con una mala administración tan escandalosa y un servicio al cliente de mala calidad, es que el gobierno de California les garantiza literalmente su negocio. Es ilegal que otra compañía intente atraer a los clientes descontentos de PG&E para que cambien su patrocinio.
Las empresas en un mercado abierto aman los períodos de «alta demanda».
Aunque el escandaloso episodio de PG&E está fresco en nuestras mentes, esto no es nada inusual. Cada verano, es común que las empresas de servicios públicos insten a sus clientes a «conservar la energía» manteniendo sus acondicionadores de aire en un lugar incómodo, y a menudo imponen apagones o «caídas de tensión» para mantener la integridad de la red.
¿Notan que nunca ven este tipo de comportamiento en las empresas del sector privado? Aunque la gente aumenta enormemente su consumo de cerveza y perritos calientes durante el mes de julio, nunca se ve a Budweiser ni a Oscar Mayer imponiendo interrupciones temporales a sus clientes.
Por el contrario, a las empresas en un mercado abierto les encanta cuando el público de repente quiere comprar más de su producto o servicio. Es sólo en el ámbito de los servicios públicos regulados por el gobierno (o servicios prestados directamente por una agencia gubernamental) donde los clientes son vistos como molestias molestas, que necesitan ser regañados para dejar de consumir tanto.
Diferentes incentivos, diferentes resultados
Cualquier estadounidense adulto que lea mi artículo seguramente estará de acuerdo –independientemente de su política– en que estoy diciendo la verdad. Para repetir, usted simplemente no ve a las compañías privadas en mercados (relativamente) abiertos operando de la manera en que lo hacen PG&E y otros «servicios públicos». Por lo tanto, la mala administración y el servicio de mala calidad de PG&E no puede ser culpa de la avaricia y la negligencia de las empresas. Más bien, la diferencia se debe a la estructura institucional y a los incentivos que el gobierno establece.
Como McGillis explicó en la cita del bloque anterior, a una empresa de servicios públicos regulada se le suele otorgar un monopolio para una región determinada. No está permitido cobrar «lo que el mercado soporte», sino que debe tener sus precios de venta al público aprobados por los reguladores del gobierno. Después de mostrar a los reguladores el costo oficial de la prestación del servicio –ya sea electricidad, gas natural, líneas telefónicas fijas, agua, etc.– se le permite a la empresa de servicios públicos cobrar lo suficiente para cubrir sus costos y obtener una tasa de retorno razonable para los inversionistas.
El problema con este enfoque debería ser demasiado obvio, a la luz de la debacle de PG&E y los episodios similares que vemos todo el tiempo con otros monopolios regulados por el gobierno – la crisis de agua potable residencial en Flint, MI viene a la mente. Una vez que a una empresa se le garantiza a sus clientes, con una competencia expresamente prohibida, hay pocas razones para que mantenga la calidad.
Además, dado que el precio al por menor al consumidor final está regulado, cuando la cantidad demandada excede el suministro, la única solución es restringir artificialmente la capacidad de los clientes para utilizar el producto. En un mercado normal, relativamente no regulado, el precio se ajusta rápidamente para equilibrar la cantidad demandada y suministrada. En situaciones extremas -como la inmediatamente posterior a un huracán- esto puede llevar a precios «escandalosos» para el agua embotellada y las baterías, pero tal «subida de precios» es exactamente lo que queremos para racionar la oferta disponible y motivar a los forasteros para que traigan nuevos suministros.
El defecto conceptual de los modelos de regulación convencionales
La razón de ser de los libros de texto para regular ciertos servicios, como la electricidad y el agua, es que constituyen «monopolios naturales». La idea es que un cierto nivel de gasto en infraestructura es necesario para poder ofrecer estos servicios a una región en particular, y por lo tanto, en un mercado abierto no regulado, uno tendría una duplicación innecesaria -con una calle determinada con numerosas tuberías y líneas eléctricas de diferentes compañías- o tendría una compañía que hubiera capturado el mercado y que pudiera cobrar precios escandalosamente altos por tales productos esenciales. Para combatir estos resultados indeseables, se desarrolló el modelo de un monopolio regulado públicamente con un precio de coste incrementado.
Sin embargo, como he argumentado anteriormente, hay algo terriblemente equivocado en este enfoque. Simplemente da por sentado que un monopolio regulado proporcionará la misma calidad de servicio que uno que se enfrenta a la competencia abierta, lo que vemos que en la práctica no es cierto. Además, como subraya la tradición de economía austriaca, no existe tal cosa como un «coste de producción» dado objetivamente. Las empresas necesitan descubrir métodos más baratos para producir electricidad, agua, etc., y esperaríamos que miren con más diligencia cuando obtengan beneficios como recompensa. En otras palabras, una vez que a su empresa se le permite cobrar su «costo» más un margen de beneficio, usted no tiene ninguna razón para eliminar las ineficiencias – los reguladores simplemente le harán recortar su precio de venta al público.
Conclusión
La debacle de PG&E muestra los defectos de los monopolios regulados por el gobierno. No se trata de un incidente aislado, sino que es típico de todo el modelo. Sí, hay razones prácticas por las que la competencia libre y abierta podría no funcionar tan bien con servicios que requieren un gran gasto en infraestructura, pero estas complicaciones palidecen en comparación con los peligros de que el gobierno prohíba la competencia. Si vemos los beneficios de la competencia en productos triviales como las gaseosas y los cereales, deberíamos insistir aún más en la competencia por productos esenciales como la electricidad y el agua potable.
