Con nuevas discusiones sobre regular y posiblemente incluso disolver redes sociales y gigantes tecnológicos como Facebook o Amazon o bloquear la adquisición propuesta de Time Warner por AT&T, la política antitrust está de nuevo entre los acontecimientos actuales. Casualmente, las motivaciones de revancha y rencor de los políticos también están de vuelta en las noticias políticas, tras la polémica elección presidencial de 2016. Resulta muy evidente que muchos republicanos y demócratas rechazan trabajar e incluso obstruyen intencionadamente el programa del presidente Donald Trump porque este les ha atacado personalmente (y continúa haciéndolo). Además, la perdedora y archienemiga Hillary Clinton continúa culpando a todos excepto a sí misma por perder las elecciones. Así que es muy apropiado que la revancha y el rencor fueran realmente importantes en los orígenes de la primera ley federal antitrust, la Ley Sherman de 1890.
Tanto historiadores como economistas llevan mucho tiempo analizando las motivaciones más amplias de intereses especiales para la Ley Sherman. La explicación habitual es que los republicanos de las grandes empresas apoyaban la legislación antitrust porque desviaba la atención del origen real de muchos monopolios: el arancel proteccionista. Letra muerta y legislación mal aplicada serían amenazas pequeñas para las grandes empresas, al tiempo que permitirían que el arancel no se tocara y posiblemente incluso aumentara. En su nuevo libro, titulado The Progressive Era, editado por este escritor, Murray Rothbard apoyaba esta explicación.
Rothbard escribía:
Sabemos que la ley Sherman apenas fue usada por ninguna de las administraciones y cayó en una inocua obsolescencia en tiempos de la administración McKinley. Estaba pensada como una concesión a la opinión pública y por tanto parece probable que pretendiera desviar la atención del arancel.1
Pero también añadió otra motivación más personal: el venerable senador John Sherman, de Ohio, que fue un defensor temprano de la legislación antitrust y por quien la ley recibió su nombre, impulsó una ley antitrust en parte como manera de tomarse la revancha de su rival político, el exgobernador de Michigan, Russell Alger. Yo mismo he desarrollado las ideas de Rothbard y escrito recientemente un trabajo sobre este tema titulado “Revancha: John Sherman, Russell Alger y los orígenes de la ley Sherman”.
La historia es sencilla. John Sherman quiso ser presidente toda su vida y trató varias veces de conseguir la nominación republicana. Su última oportunidad, debido a su avanzada edad, fue en 1888, cuando era el favorito para la nominación. Sin embargo, una vez se abrieron las urnas en la convención de junio, Sherman fue incapaz de obtener una mayoría de delegados y acabó perdiendo ante un candidato desconocido: Benjamin Harrison, de Indiana. Sherman estaba furioso y, de una manera parecida a la de Hillary Clinton, buscó a quién echarle la culpa. El principal objetivo de su ira fue Russell Alger, a quien acusó de sobornar a delegados del sur. Después de terminar la convención, Sherman hizo públicas sus acusaciones y la polémica se enconó en los periódicos durante meses.
Sherman mantuvo su convicción durante años y escribió en sus memorias de 1895 que “Creo y pienso que tengo pruebas concluyentes de que los amigos del general Alger esencialmente compraron los votos de muchos de los delegados de los estados del sur a los que se les había ordenado en sus convenciones que votarán por mí”. De una forma muy parecida al amargo resentimiento de Hillary Clinton hacia personas que suponía que iban a votar por ella, pero no lo hicieron, el juego de las acusaciones de Sherman era evidente para sus contemporáneos. Después de que se publicaran las memorias de Sherman, el escritor Joseph Bishop señalaba: “La conducta de John Sherman en la derrota revela menos fortaleza y contención que la de cualquier otro candidato que hayamos tenido nunca. Es el primero en acusar a sus rivales” y “Habría que tener en cuenta que estas acusaciones extraordinarias no se producen al primer calor del enfado y la decepción, sino que se realizan deliberadamente en un libro y se publican más de siete años después”.
El objetivo esencial para Sherman durante resto de su carrera, ahora que había perdido su última oportunidad para la presidencia, fue perjudicar al hombre que él creía que le había privado de su merecida oportunidad. De forma conveniente para Sherman, pronto apareció una oportunidad. Alger se había visto envuelto en un proceso legal llamado Richardson v. Buhl et al., que había sido sentenciado por el Tribunal Supremo de Michigan el 15 de noviembre de 1889. Alger y un socio prestaron dinero a la Richardson Match Company, que fue adquirida posteriormente por la Diamond Match Company, una empresa cuyo propósito era tratar de monopolizar el mercado de las cerillas. Hubo una discusión acerca de los pagos, así que las partes interesadas fueron a los tribunales. El Tribunal Supremo de Michigan estaba lleno de furiosos antimonopolistas y se consideró incapaz de ayudar a resolver contratos para una empresa cuyo objetivo era el monopolio. Después de que los jueces (quienes sin duda se daban cuenta de las implicaciones políticas para el exgobernador republicano) acusaran a Alger de tener un papel esencial en la formación de la Diamond Match Company sobreseyeron el caso. Solo un voto particular apreciaba correctamente que Alger tenía poca o ninguna relación con la Diamond Match Company.
Sherman, que ya tenía un interés previo por la legislación antitrust, había visto que sus propuestas anteriores nunca pasaban del comité. Después de conocer la sentencia, al inicio del 51º congreso, Sherman volvió a presentar su propuesta a principios de diciembre y la impulsó a través del Comité de Finanzas del Senado, de forma que pudo dar un discurso en el hemiciclo del Senado. Allí Sherman explicó la propuesta el 21 de marzo de 1890 y describió casos de tribunales estatales que trataban la amenaza de diversos monopolios. Dedicó una enorme cantidad de tiempo al caso, al que llamó David M. Richardson v. Russell A. Alger et al., citando múltiples párrafos del alegato del tribunal, salvo el voto particular. El objetivo de Sherman fue visto claramente por sus contemporáneos: la propuesta antitrust era una manera de vengarse de Alger, porque daba a Sherman una plataforma visible para alancear a su rival y sabotear sus futuras posibilidades presidenciales.
El 25 de marzo, el New York Times señalaba:
Por supuesto, fue con reticencias como Mr. Sherman dirigió la atención del Senado y el país hacia la relación del general Alger con esta combinación “ilegal” y hacia el hecho de que el Tribunal Supremo del propio Senado del general Alger había denunciado la organización tan enfáticamente (…) el caso, como dijo, “era bastante importante” (…) en 1892, el general Alger difícilmente podía haber encontrado apoyo y consuelo en esas páginas del acta del Congreso donde puede encontrarse este discurso.
La mayoría de los periódicos no se dieron cuenta de que Sherman mintió al cambiar el nombre del caso, al no citar el voto particular y al mencionar repetidamente el nombre de Alger en su discurso. Sherman acusaba sutilmente a Alger de estar muy implicado en la Diamond Match Company, cuando Alger tenía muy poca influencia. El escándalo pendería sobre Alger y como consecuencia de este y otros asuntos nunca consiguió la nominación republicana. La táctica de Sherman funcionó.
Al ir aumentando la importancia de la Ley Sherman durante la Era Progresista, la explicación de este motivo desapareció de la vista. Cuando fue investigada por los historiadores modernos, estos sencillamente rechazaron de plano el motivo de la revancha.2 Hans Thorelli, autor del aclamado The Federal Antitrust Policy (1955), escribía sarcásticamente: “Soy incapaz de creer que un asunto tan personal desempeñara algún papel importante como factor que motivara a Sherman con respecto a la propuesta antitrust o, de hecho, cualquier otra medida legislativa importante”. ¿La razón? Porque sí. Por el contrario, Thorelli dedica sus esfuerzos a buscar una razón más idealista y más de interés público.
Hoy los analistas continúan atribuyendo a los políticos motivaciones nobles y de interés público para apoyar legislaciones concretas. Pero los orígenes de la Ley Sherman proporcionan un recordatorio importante de que los políticos pueden estar motivados en parte por la revancha, la avaricia, el odio, la envidia y el rencor. En estos tiempos, cuando la confianza pública en sus representantes está en su mínimo histórico y la gente tiene poca confianza del gobierno, esto no debería ser una sorpresa.
