Gracias a la proliferación de cámaras corporales y de cámaras de seguridad conectadas a los hogares y negocios, la policía es atrapada con mucha más frecuencia mintiendo.
Por ejemplo, este mes, Michael Bergmann, policía de la policía de Nueva York, mintió acerca de que casi lo atropella el auto de un sospechoso. Bergmann fue condenado por perjurio cuando una cámara de vigilancia mostró lo contrario. A principios de este año, el policía de Florida Zach Wester fue atrapado por su propio cuerpo: plantar drogas en gente inocente. Ahora está a la espera de juicio. El verano pasado, gracias a sus propias cámaras, dos policías de Willis, Texas, fueron condenados por mentir sobre un sospechoso que «evadía el arresto».
Pero al menos hay algunas cosas que sabemos que son confiables cuando se trata de investigaciones policiales: esas son las pruebas científicas realizadas por los fiscales y las agencias policiales utilizadas en el análisis forense. Al menos esas cosas las hacen expertos fiables e imparciales, ¿no?
Equivocado.
Por ejemplo, la semana pasada, The New York Times publicó los resultados de un nuevo estudio que muestra que las llamadas máquinas alcoholizadoras, utilizadas durante mucho tiempo como prueba contra supuestos conductores ebrios, no son confiables.
Según The Times:
Pero esas pruebas[es decir, los alcoholímetros] -una base del sistema de justicia criminal- a menudo no son confiables, encontró una investigación del New York Times. Los dispositivos, que se encuentran en prácticamente todas las comisarías de policía de Estados Unidos, generan resultados sesgados con una frecuencia alarmante, aunque se comercializan con una precisión de hasta el tercer decimal.
Los jueces de Massachusetts y Nueva Jersey han rechazado más de 30,000 pruebas de aliento sólo en los últimos 12 meses, en gran medida debido a errores humanos y a la laxitud de la supervisión gubernamental. En todo el país, miles de otras pruebas también han sido invalidadas en los últimos años.
Las máquinas son instrumentos científicos sensibles y, en muchos casos, no han sido calibradas correctamente, lo que da como resultado resultados que a veces eran un 40% demasiado altos. El mantenimiento de las máquinas depende de los departamentos de policía que a veces tienen estándares de mala calidad y carecen de experiencia. En algunas ciudades, los funcionarios de laboratorio han utilizado soluciones químicas añejas o caseras que deformaron los resultados. En Massachusetts, los oficiales usaban una máquina con ratas que anidaban en el interior...
The Times entrevistó a más de 100 abogados, científicos, ejecutivos y oficiales de policía y revisó decenas de miles de páginas de registros judiciales, archivos corporativos, correos electrónicos confidenciales y contratos. Juntos, revelan la profundidad de un problema nacional que sólo ha atraído una atención esporádica.
Un juez del condado de Pensilvania calificó de «extremadamente cuestionable» el que alguna de las pruebas de aliento de su estado pudiera resistir un escrutinio serio. En respuesta, los fiscales locales dejaron de utilizarlos. En Florida, un panel de jueces describió el instrumento de su estado como una «caja negra mágica» con «anomalías significativas y continuas».
Los dispositivos destinados a medir la sobriedad requieren que el operador utilice el instrumento adecuadamente, y que los dispositivos sean mantenidos y calibrados correctamente. Desafortunadamente, las agencias gubernamentales no tienen ningún incentivo para asegurar que los alcoholímetros se usen correctamente o que produzcan resultados adecuados, siempre y cuando los resultados tiendan a conducir a más arrestos y a más procesos judiciales exitosos.
Mientras que muchos casos pueden atribuirse a la pereza y la incompetencia, otros casos mostraron esfuerzos activos en materia de fraude. Una investigación del laboratorio forense de Massachusetts, por ejemplo, mostró que «el laboratorio tenía registros ocultos de cientos de calibraciones fallidas».
No son sólo los agentes de policía de primera línea los que utilizan dispositivos defectuosos. Otras agencias estatales y sus empleados están tratando activamente de ocultar las deficiencias de estos instrumentos «científicos».
Tampoco se descubren las fechorías en el informe del Times la primera vez que oímos hablar de problemas similares en los que las agencias de policía corrompen las pruebas científicas.
En 2017, The Denver Post informó sobre cómo el personal del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del estado de Colorado estaba forjando activamente «certificados de validación» utilizados para certificar los alcoholímetros para su uso. En la prisa por poner los dispositivos en la calle, los trabajadores estatales falsificaban el papeleo en lugar de hacer la diligencia debida.
Esta no era la primera vez que se demostraba que el personal del estado estaba reduciendo gastos en pruebas de este tipo.
En 2016, por ejemplo, la Oficina de Investigación de Colorado admitió «al menos 56 de los análisis de sangre que realizó [el 4 por ciento de todas las pruebas] en los últimos seis meses eran incorrectos» De esos 56 casos confirmados, todos ellos erraron a favor de la policía y de los fiscales. Es decir, «los resultados iniciales en cada uno de esos 56 casos mostraron niveles de alcohol más bajos para los conductores que cuando se realizaron pruebas adicionales de control de calidad».
Estas no son pruebas de carretera. Estos son exámenes de sangre realizados en un ambiente controlado.
No es de extrañar que los órganos federales encargados de hacer cumplir la ley también participen en tipos de fraude similares. En 2015, The Washington Post informó que las admisiones del FBI y el Departamento de Justicia «confirman problemas que se sospechaban desde hace mucho tiempo con técnicas forenses subjetivas y basadas en patrones —como comparaciones de pelo y mordidas— que han contribuido a condenas injustas en más de un cuarto de los 329 casos de exoneración por ADN desde 1989».
En otras palabras, el análisis supuestamente científico y objetivo es comúnmente distorsionado por una variedad de organizaciones de aplicación de la ley y otras agencias estatales.
Desafortunadamente, estos trabajadores de laboratorio y burócratas no usan cámaras corporales propias en todo momento. Pero parece que deberían. Después de todo, el comportamiento de estos «expertos» forenses y trabajadores de laboratorio no es diferente a mentir abiertamente sobre el comportamiento de los acusados en el momento del arresto. Las cámaras del cuerpo podrían atrapar a un policía corrupto plantando metanfetamina en conductores desafortunados. Pero los «expertos» científicos del Estado tienen, desgraciadamente, mucho más margen de maniobra.
Algunos agentes de policía en el frente de batalla testifican que los acusados hicieron cosas que no hicieron. Mientras tanto, algunos trabajadores de laboratorio estatales mienten sobre lo que se encuentra en la sangre de los acusados. O son demasiado perezosos para molestarse en usar sus propias herramientas apropiadamente.
En cualquier caso, el resultado es a menudo vidas arruinadas, e inmensos costes judiciales para los acusados inocentes.
Este es el otro lado del fallido «contrato social» en el que vivimos. El estado afirma que tiene derecho a extraer impuestos de los residentes y contribuyentes porque el estado proporciona «seguridad» a cambio. Sin embargo, los tribunales han establecido que los organismos policiales no están obligados a proteger a los ciudadanos de la violencia en absoluto.
Por si esto fuera poco, los contribuyentes también pagan a los analistas estatales y a los trabajadores de laboratorio —algunos de ellos muy generosamente— para que ayuden a procesar a los ciudadanos sobre la base de pruebas forenses defectuosas.
Este contrato social parece cada vez más un mal negocio para muchos de nosotros, después de todo.
