Ya es habitual leer argumentos que afirman que los inmigrantes —en términos generales— son buenos para la economía, o buenos para «América» de alguna otra manera.
«Los inmigrantes y refugiados son buenos para la economía», afirma la revista Nature. «La inmigración abierta es buena para la salud de las personas y la economía», afirma otro escritor. «1.500 economistas a Trump: Los inmigrantes son buenos para la economía de los EEUU», insiste la CNN.
Ahora bien, no soy de los que se oponen a la libertad de contratación e intercambio entre ciudadanos de los EEUU y extranjeros. En otras palabras, si un empleador privado desea ofrecer un puesto de trabajo a un extranjero, éste debería ser libre de aceptarlo. Del mismo modo, si un propietario americano quiere firmar un contrato de arrendamiento con un extranjero, debería ser prerrogativa del propietario.
Nótese que en estos casos, sin embargo, las partes privadas implicadas son personas concretas. El arrendador y el empleador no han firmado acuerdos con algún concepto vago de «inmigrantes». Están haciendo negocios con determinados individuos que casualmente son inmigrantes.
En el fondo de esta realidad hay un hecho muy importante: los inmigrantes no son homogéneos. Cada persona tiene distintas capacidades, distintas necesidades y distinta suerte. Además, los inmigrantes ni siquiera son homogéneos dentro de ciertos grupos nacionales. Un mexicano no delincuente de clase media que hable inglés tiene claramente poco en común con un asesino del hampa del mismo país.
Por tanto, no podemos decir que los inmigrantes en general sean buenos para la economía o para cualquier otra cosa. Algunos lo son. Otros no.
Por esta razón, también sería incorrecto decir que «los inmigrantes y refugiados son malos para la economía», o que «los inmigrantes causan delincuencia» o que «los inmigrantes son una carga para el erario público». No cabe duda de que esto es cierto para algunos inmigrantes, pero no para todos. Por eso, cada vez que veo un titular que proclama «Los inmigrantes son buenos para América», me pregunto: «¿Se refieren a todos ellos?»
Pero, ¿cuáles son vecinos y clientes encantadores y cuáles son futuras cargas para el contribuyente?
Este ha sido siempre el problema central de la política de inmigración.
Un enfoque diferente
Contrariamente a los mitos sobre la total apertura de las fronteras de los Estados Unidos en el siglo XIX, muchos estados norteamericanos emplearon, de hecho, diversos sistemas legales para impedir la entrada a ciertos inmigrantes considerados indigentes que supondrían una sangría para el erario público. (Los estados hacían esto porque la mayoría de la gente de la época estaba de acuerdo en que el gobierno federal no tenía competencias en asuntos de inmigración). Nueva York y Massachusetts destacaron especialmente por sus esfuerzos para denegar la entrada a ciertos inmigrantes considerados incapaces de encontrar empleo.
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Estas leyes se remontan a la época colonial —e incluso a Inglaterra—, donde las leyes de pobreza se idearon para evitar que los forasteros se establecieran —sin ser invitados— en un nuevo pueblo o distrito, donde podrían explotar los recursos de alivio de la pobreza destinados a los lugareños.
No fue hasta más tarde cuando los gobiernos federales empezaron a establecer cuotas globales e incluso a basar las leyes de inmigración en el país de origen y no en los rasgos específicos de los inmigrantes.
Así, a partir de la década de 1880, el gobierno federal empezó a adoptar cada vez más un enfoque prohibicionista, cuyo ejemplo más notable fue la Ley de Exclusión China de 1882.
Sin embargo, los sistemas de cuotas de este tipo siempre han olido a planificación central y anticapitalismo. Se dedican a prohibir y regular al por mayor clases enteras de inmigrantes, sin tener en cuenta los deseos o necesidades de los empresarios, familias y grupos benéficos nativos que podrían estar interesados en acoger a estos inmigrantes.
Prohibir totalmente la entrada de inmigrantes del país X es tan compatible con una economía libre como prohibir las importaciones del país Y. No es más que un caso en el que los políticos deciden arbitrariamente qué tipo de actividad económica se permite a los americanos.
Además, incluso en la época en que los estados intentaban denegar la entrada a los sospechosos de ser «indigentes, vagabundos y posibles convictos», la entrada podía depender a veces del uso de fianzas. En estos casos, quienes intentaban «importar» inmigrantes debían depositar una fianza en virtud de la cual el Estado podía ser indemnizado en caso de que los nuevos inmigrantes acabaran en el paro, ya fuera en la cárcel o en el asilo para pobres.
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Los americanos razonables reconocían que, si bien algunos inmigrantes podían entrañar riesgos para la población nativa, muchos no lo hacían. Esto, por cierto, es cierto para todas las importaciones, humanas o de otro tipo. Después de todo, las importaciones agrícolas siempre han traído consigo el riesgo de especies invasoras o enfermedades que amenazan los cultivos autóctonos. La respuesta a estas amenazas ha sido abordar las importaciones de riesgo sin prohibir las buenas.
En un contexto moderno, resucitar y hacer hincapié en estrategias como éstas —al tiempo que se evita un enfoque prohibicionista— contribuiría a reducir el papel del Estado en la vida tanto de los ciudadanos como de los inmigrantes.
Por ello, debe adoptarse una política de inmigración que permita más flexibilidad, libre asociación e intercambio de mercado, sin dejar de abordar cuestiones como la delincuencia y lo que antes se llamaba «pauperismo»:
- Entrada acelerada o inmediata para cualquier inmigrante que pierda todo acceso a subvenciones y servicios financiados con fondos públicos, incluidas escuelas públicas, Medicaid y programas similares.
- Un programa de patrocinio, fianza y «adopción» para particulares, empresarios y organizaciones benéficas que estén dispuestos a «responder» económicamente por los inmigrantes. Si estos inmigrantes resultan ser delincuentes o usuarios de fondos públicos, las entidades patrocinadoras serán responsables. Los inmigrantes que no encuentren patrocinador en estas situaciones serán deportados.
- Suprimir los topes a la inmigración, pero restringir la entrada a los inmigrantes que estén patrocinados y vinculados, que hayan perdido el acceso a programas públicos o que puedan demostrar su independencia económica.
El objetivo es dar mayor libertad a los ciudadanos americanos para participar más libremente en el comercio y otros intercambios con inmigrantes de todo el mundo, limitando al mismo tiempo los riesgos para los contribuyentes. Esto también limita naturalmente el volumen total de inmigración —sin topes gubernamentales arbitrarios—, ya que los patrocinios y las fianzas estarán limitados por la disponibilidad de recursos privados.
Este plan, por supuesto, no complacerá a los entusiastas anti-inmigrantes que simplemente no quieren ningún tipo de libertad de movimiento a través de la frontera. Piensan que sus sentimientos personales sobre la demografía y la cultura americana justifican el uso del poder del gobierno federal para anular los acuerdos privados y la libre asociación. Por otra parte, este plan tampoco complacerá a los americanos que se dedican a maximizar la afluencia de inmigrantes por razones ideológicas y políticas. Para ellos, la inmigración es un medio de remodelar la cultura americana para adaptarla mejor a sus preferencias. Y cuanto más subvencionada esté por el gobierno, mejor. Ambos bandos esperan que el gobierno imponga a los demás sus propias preferencias en materia de inmigración y anule las decisiones del sector privado, del que desconfían los activistas de ambos bandos.
Para muchos americanos, sin embargo, sus preocupaciones se limitan a menudo al temor a la delincuencia y a la presión sobre los recursos financiados por los contribuyentes. Pero, como ocurre con tantas otras cosas, estos problemas pueden abordarse avanzando más en la dirección de los mercados privados y permitiendo que los flujos de inmigración sean determinados en mayor medida por el sector privado, ya sea con fines lucrativos o benéficos.
