La mayoría de los aspectos modernos de la teoría de la guerra justa que se encuentran en Occidente se remontan a San Agustín de Hipona, y más tarde fueron especificados por Santo Tomás de Aquino. El propósito básico de esta teoría era enseñar a los cristianos, y a otros gobernantes justos, que hacer la guerra en general no era pecaminoso si la guerra se hacía en determinadas circunstancias con determinados fines morales. Esta teoría se divide en dos partes. La primera es el derecho a ir a la guerra, y la segunda es cómo deben actuar los Estados durante la guerra. Los principios de la teoría de la guerra justa han sido las justificaciones subyacentes de muchos conflictos modernos, aunque no se reconozcan explícitamente.
Este examen de la teoría de la guerra justa no pretende oponerse al conflicto violento en su totalidad, ni oponerse necesariamente a los ideales establecidos por la teoría de la guerra justa. Por el contrario, pretende demostrar cómo la teoría de la guerra justa se ha convertido en un chivo expiatorio para los actores estatales en su búsqueda de aprobación. En lugar de garantizar que los gobiernos sólo participen en conflictos justos, ha dado luz verde a los gobiernos para participar en cualquier guerra, siempre que puedan hacer creer a la opinión pública que el conflicto se ajusta aproximadamente a los requisitos establecidos por la teoría de la guerra justa. Los requisitos sobre cómo actúan los combatientes durante el conflicto pueden ser una excepción, ya que el público a menudo no es consciente de las acciones que tienen lugar o lo es a través de fotos y vídeos. Sin embargo, los gobiernos beligerantes suelen poder alegar la necesidad o la moralidad de la guerra para justificar cualquier violación durante la misma.
El requisito de la autoridad competente parece ser uno de los puntos más subjetivos de la teoría. Aquino, en Summa theologiae II-II, se centró en la legitimidad de la propia declaración de guerra. Como ejemplo, un soberano debe declarar la guerra, no un particular. Es importante señalar que los soberanos de la época de Aquino actuaban de forma similar a los particulares, en el sentido de que tenían autoridad sobre su reino si sus súbditos y nobles estaban contentos, en lugar de un sistema en el que un gobierno tiene el poder indefinidamente, con elecciones periódicas que proporcionan la ilusión de elección. Además, los soberanos de la época eran directamente responsables de su reino, ya que era de su propiedad; por lo tanto, las guerras declaradas podían afectar en gran medida a las finanzas personales del soberano. Sin embargo, este punto es problemático debido a las diferentes definiciones y teorías de los derechos individuales y naturales que prevalecerían sobre los derechos de los soberanos en los Estados actuales.
Debido a definiciones complicadas, este requisito puede significar que un grupo nunca tenga justificada la resistencia violenta. Después de todo, ¿qué define una nación? Seguramente Kosovo es una nación en este momento, aunque Naciones Unidas no le haya otorgado este estatus. ¿Qué pasa con los grupos que existían antes de las Naciones Unidas? Hungría era sin duda una nación, incluso cuando estaba dominada por los Habsburgo austriacos. ¿Existía una nación sólo si tenía un rey? Se puede argumentar que los judíos que resistieron durante la Segunda Guerra Mundial formaban una especie de nación, pero sin soberano. Los checos y los polacos tenían regimientos de combate, pero sus Estados fueron superados por las potencias del Eje y soviéticas. Sus gobiernos en el exilio existían por necesidad, no por votación popular ni elecciones periódicas. Puede que los británicos que ayudaban a checos y polacos estuvieran librando una guerra justa, pero ¿lo estaban haciendo los checos y polacos que se resistían? Las guerras de resistencia deben ser admisibles si lo es la fuerza violenta en general, pero no encuentran cabida en la teoría de la guerra justa.
Una posible actualización de este punto podría cambiarlo para exigir que las guerras no sean libradas por dictadores, sino por líderes elegidos. Desgraciadamente, es fácil que un Estado haga caso omiso de esto, ya que casi todos los Estados tienen políticas que permiten aumentar el poder del ejecutivo en tiempos de emergencia o guerra. Se inicia así un patrón en el que el Estado ignora los requisitos cuando le conviene.
El requisito de la probabilidad de éxito también es un punto delicado. En primer lugar, hay que medirlo moralmente. ¿Debería resistirse a ir a la guerra cualquier Estado que vaya a perder con toda seguridad para recuperar el territorio perdido o rescatar a rehenes? ¿Qué ocurre con las luchas puramente defensivas? ¿Debería un Estado rendirse tan pronto como esté claro que no tiene ninguna posibilidad contra un enemigo invasor? Sin duda, una defensa no puede tacharse de injusta simplemente porque sea una causa perdida. Si miramos esto desde una óptica moderna, este requisito puede resultar extremadamente anticuado e inútil. Lo único que debe hacer un ejecutivo es hacer creer al legislativo que ganar una guerra es posible, aunque no lo sea.
Además, las perspectivas de guerra cambian a menudo o pueden engañar a los militares. La primera guerra árabe-israelí de 1948 tenía ciertamente el potencial para una victoria contundente de la coalición árabe. Los combatientes de siete países árabes tenían grandes posibilidades de derrotar a Israel durante este conflicto. Sin embargo, los envíos de armas extranjeras, entre otros factores, dieron lugar a un resultado ampliamente favorable a Israel. Del mismo modo, en Vietnam, se aseguró al Congreso de los Estados Unidos que este conflicto sería una victoria fácil para la coalición liderada por América en Vietnam del Sur. Sin embargo, como era de esperar, los informes de inteligencia eran erróneos y el Congreso fue engañado. Tanto histórica como lógicamente, este requisito de la teoría de la guerra justa ha sido poco útil.
El requisito del último recurso es quizá el punto más problemático, ya que siempre podría haber otro «último» recurso después de intentar otras opciones. Como los Estados y los cargos electos suelen necesitar parecer fuertes de cara al exterior, es menos probable que ofrezcan condiciones satisfactorias durante las negociaciones si no hay amenaza de violencia, o violencia continuada. Un realista debe entender que la amenaza de violencia es la herramienta diplomática por excelencia, que debe utilizarse a menudo antes de agotar las vías no violentas serias. Por supuesto, esto no es lo que afirman ninguna de las partes durante el conflicto. Ambas partes se apresuran a señalar supuestos intentos de paz antes de que se inicie un conflicto. Además, los Estados que se presentan como agresores nunca habrán agotado realmente las vías diplomáticas, según los actores estatales contrarios y los principales medios de comunicación. Esta exigencia de último recurso siempre será vista, o pintada, como respetada por ambas partes, pero rara vez lo es. Es, por definición, subjetivo, totalmente dependiente de los objetivos estratégicos de cada actor.
El último requisito de esta primera parte —el derecho a ir a la guerra— establece que una guerra justa debe librarse por una causa justa. El punto de la causa justa es fácilmente manipulable por los belicistas y los medios de comunicación a su servicio. Saddam Hussein utilizando armas químicas o matando bebés en hospitales era una historia fácil de contar, más difícil de probar, pero era hipotéticamente posible en la mente de los americanos y por lo tanto no tenía que ser probada como cierta. Del mismo modo, Vladimir Putin atacando a la virtuosa Ucrania de forma totalmente no provocada es fácil de afirmar, pero sólo si se ignoran los acontecimientos históricos recientes. Incluso si la verdad sale a la luz, como ha sido en gran medida el caso de la guerra de Irak, rara vez llegan consecuencias para los que la fabrican. Al igual que con todos los requisitos anteriores, organizaciones como las Naciones Unidas pueden garantizar en teoría que los actores estatales cumplan el requisito de la causa justa. La desafortunada realidad es que la ONU está formada por actores estatales que representan los intereses estratégicos de sus naciones emisoras. La ONU también dispone de pocos mecanismos de aplicación, y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad pueden vetar resoluciones significativas.
La segunda parte de la teoría de la guerra justa enumera los requisitos sobre cómo deben actuar los Estados durante la guerra y todos ellos están relacionados. La distinción entre combatientes y civiles, la proporcionalidad entre objetivos civiles y militares, la necesidad de atacar objetivos estratégicos desde el punto de vista militar, el trato justo a los prisioneros de guerra y la necesidad de resistirse al uso de métodos considerados perversos son principios fáciles de olvidar durante la niebla de la guerra. Ambos bandos rara vez son igualmente responsables de las infracciones, y el bando vencedor casi siempre queda absuelto de la mayoría de sus infracciones. Esto significa que un bando puede violar la teoría de la guerra justa siempre que aumente suficientemente las probabilidades de ganar.
Más que criticar todos los ideales morales de la teoría de la guerra justa, esta observación pretendía señalar lo poco realistas e históricamente ignorados que son estos principios. Los actores estatales siempre justificarán los conflictos en su propio beneficio. En lugar de conceder tales concesiones a los actores estatales, sería sensato restringir su uso de la fuerza a algo mucho más mensurable. Uno puede mirar a Murray Rothbard para esto:
Existe una guerra justa cuando un pueblo intenta protegerse de la amenaza de dominación coercitiva por parte de otro pueblo o derrocar una dominación ya existente. Por el contrario, una guerra es injusta cuando un pueblo trata de imponer su dominio a otro pueblo o intenta mantener un dominio coercitivo ya existente sobre él.
