Murray Newton Rothbard murió el 7 de enero de 1995. ¿Qué diría hoy el «Mr. Libertarian» sobre las medidas del gobierno contra la epidemia del coronavirus?
Como respuesta a la epidemia, los gobiernos occidentales han infringido los derechos de propiedad privada en un grado sin precedentes en tiempos de paz. Han expropiado y confiscado equipo y material médico, han tomado el control de empresas sanitarias y hospitales privados, han decretado el cierre forzoso de empresas privadas, como guarderías, escuelas, universidades o tiendas minoristas privadas. Incluso han ordenado el cierre de parques y jardines privados. Además, han restringido severamente la libertad de movimiento.
¿Qué se puede decir de estas medidas desde un punto de vista libertario? ¿Pueden ser justificadas?
En cuanto a la libertad de movimiento, podría argumentarse que la mayoría de las calles son propiedad del Estado y que el gobierno tiene el derecho de restringir la libertad de movimiento en sus calles para proteger la salud de sus ciudadanos. De hecho, la propiedad pública de las calles es un problema desde una perspectiva libertaria. Las calles deben ser privadas. Si las calles fueran privadas, los propietarios decidirían quién puede usarlas y en qué condiciones. Como dice Rothbard en La ética de la libertad (1982, p. 119):
En la sociedad libertaria... las calles serían todas de propiedad privada, todo el conflicto podría resolverse sin violar los derechos de propiedad de nadie: porque entonces los dueños de las calles tendrían derecho a decidir quién tendrá acceso a ellas, y podrían entonces mantener fuera a los «indeseables» [en nuestro caso personas sospechosas de estar infectadas con virus] si así lo desean.
En otras palabras, en un mundo libertario, los propietarios privados de las calles decidirían qué calles permanecerían abiertas, a quién y bajo qué condiciones.
Sin embargo, vivimos en un mundo donde la mayoría de las calles son públicas. Sin embargo, incluso en las calles públicas el veredicto de Rothbard es claro. Discutiendo el caso de la apertura de un restaurante McDonald’s y los residentes protestando por la reunión de sus clientes en las calles, Rothbard escribe:
como contribuyentes y ciudadanos, estos «indeseables» [los clientes] seguramente tienen el «derecho» de caminar por las calles, y por supuesto podrían reunirse en el lugar, si así lo desean, sin la atracción de McDonald’s.» (1982, p. 119)
En opinión de Rothbard, los ciudadanos y los contribuyentes tienen derecho a usar las calles públicas. No se justifica que los gobiernos restrinjan el movimiento en sus calles, porque de hecho la calle no es ni siquiera la justa propiedad del Estado:
como organización delictiva con todos sus ingresos y activos derivados del delito fiscal, el Estado no puede poseer ninguna propiedad justa. (1982, p. 183)
En resumen, el Estado no tiene derecho a determinar quién puede usar las calles públicas y quién no. El toque de queda es una flagrante violación de los derechos de propiedad privada y no puede justificarse.
En un mundo libertario con calles y negocios privados, los dueños imponen las reglas. En caso de epidemia, pueden cerrar su propiedad completamente al público. O podrían invitar a la gente condicionalmente a su propiedad. Por ejemplo, podrían limitar el número de personas que pueden acceder a ella. Podrían exigir pruebas antes de entrar en la propiedad o declarar que la entrada es bajo su propio riesgo. También podrían imponer ciertas condiciones, como una restricción de edad o el uso obligatorio de máscaras y guantes.
Discutamos las otras restricciones que se han implementado a raíz de la epidemia del COVID-19, como el cierre obligatorio de bares, hoteles y otras tiendas. El argumento de los políticos a favor de los cierres es el siguiente: por solidaridad con el resto de la población, especialmente con los ancianos, la gente debería contribuir a reducir la tasa de infección, porque de lo contrario muchas personas morirán debido a las limitadas capacidades de los sistemas de salud pública y a la falta de previsiones para tal epidemia. El hecho de que la gente se quede en casa, confinada a sus casas, salvaría vidas. De ese modo, ayudarían a los demás. Y como no se puede esperar que las personas ayuden a otros y se queden en casa voluntariamente, el Estado tiene el derecho de imponer un confinamiento que salve vidas.
Ahora bien, la cuestión ética esencial es la siguiente: ¿se permite a alguien usar la violencia para asegurarse de que la gente ayude a sus semejantes? ¿Puede justificarse el uso de la coerción para hacer que las personas ayuden a otros?
La respuesta de Rothbard a esta pregunta en La ética de la libertad es inequívoca:
es inadmisible interpretar el término «derecho a la vida» para dar a uno un derecho exigible a la acción de otra persona para sostener esa vida. En nuestra terminología, tal reclamo sería una violación inadmisible del derecho de la otra persona a la propiedad propia. (1982, p. 99)
Obsérvese que para Rothbard y los libertarios en general, el concepto de «derechos» es puramente negativo. Los derechos protegen el radio de acción de una persona que nadie más puede interferir con el uso de la violencia agresiva. Los derechos de propiedad delimitan el área en la que un individuo puede actuar libremente.
Rothbard continúa:
Por consiguiente, ningún hombre puede tener «derecho» a obligar a alguien a realizar un acto positivo, ya que en ese caso la compulsión viola el derecho de la persona o la propiedad del individuo que está siendo coaccionado... Como corolario, esto significa que, en la sociedad libre, ningún hombre puede ser cargado con la obligación legal de hacer algo por otro, ya que eso invadiría los derechos del primero; la única obligación legal que un hombre tiene con otro es respetar los derechos del otro. (1982, p. 99)
Si eso no es suficiente evidencia, Rothbard da dos ejemplos para argumentar que nadie puede usar la violencia para hacer que alguien ayude a otra persona. Primero, discute un ejemplo proporcionado por Friedrich A. von Hayek. En este ejemplo existe un «monopolista» propietario de agua en un oasis. Rothbard señala que el propietario tiene el derecho de no vender el agua a los clientes. El propietario tiene derecho a reservarse el agua para sí mismo y no puede ser obligado a ayudar a la gente sedienta vendiendo el agua:
La situación puede ser desafortunada para los clientes, como lo son muchas situaciones en la vida, pero el proveedor de un servicio particularmente escaso y vital difícilmente está siendo «coercitivo» al negarse a vender o al fijar un precio que los compradores están dispuestos a pagar. Ambas acciones están dentro de sus derechos como hombre libre y como propietario justo. El propietario del oasis es responsable sólo de la existencia de sus propias acciones y de su propia propiedad; no es responsable de la existencia del desierto o del hecho de que los otros manantiales se hayan secado. (1982, p. 221)
Apliquemos este razonamiento a la situación actual: el propietario de un negocio tiene el derecho de abrirlo. El propietario de un jardín tiene derecho a usarlo y el peatón tiene derecho a caminar por la calle. Sólo es responsable de sus propios actos y de su propiedad y no de la existencia del coronavirus o del hecho de que los hospitales del gobierno estén mal administrados.
Por supuesto, es un caso diferente si alguien sabe que está infectado y abre su negocio con la intención de infectar y hacer daño a los clientes. Esto sería un comportamiento criminal y la violencia defensiva, como el cierre del negocio por la amenaza de la fuerza, estaría justificada. ¿Pero cómo sabemos que la apertura del negocio es realmente un acto de agresión por parte de un propietario infectado?
Como señala Rothbard, la carga de la prueba recae en la gente que usa la violencia:
la carga de la prueba de que la agresión ha comenzado realmente debe recaer en la persona que emplea la violencia defensiva. (1982, p. 78)
Sólo sabemos si alguien es un criminal cuando es condenado. Hasta que las personas son condenadas deben disfrutar de todos los derechos de los inocentes, como el de poder salir de sus casas o abrir sus tiendas. Como nos recuerda Rothbard (1982, p. 82), «son inocentes hasta que se demuestre lo contrario».
Rothbard proporciona un segundo ejemplo de su afirmación de que nadie puede ser obligado a ayudar a los demás. Este ejemplo es sobre una epidemia y, por lo tanto, vale la pena citarlo en su totalidad:
Supongamos que hay un solo médico en una comunidad y que estalla una epidemia; sólo él puede salvar la vida de numerosos conciudadanos, una acción seguramente crucial para su existencia. ¿Los está «coaccionando» si: a) se niega a hacer algo, o a abandonar la ciudad; o b) si cobra un precio muy alto por sus servicios curativos? Ciertamente no. No hay nada malo en que un hombre cobre el valor de sus servicios a sus clientes, es decir, lo que están dispuestos a pagar. Además, tiene todo el derecho de negarse a hacer algo. Aunque tal vez se le critique moral o estéticamente, como dueño de su propio cuerpo tiene todo el derecho a negarse a curar o a hacerlo a un alto precio; decir que está siendo «coactivo» es además implicar que es apropiado y no coactivo que sus clientes o sus agentes obliguen al médico a tratarlos: en resumen, justificar su esclavitud. Pero seguramente la esclavitud, el trabajo obligatorio, debe ser considerado «coactivo» en cualquier sentido sensato del término.
Si no se puede obligar al médico a ayudar durante una epidemia, a fortiori tampoco se puede obligar a un ciudadano normal a ayudar. Es ciertamente posible que uno pueda ayudar a otros en estos tiempos quedándose en casa, cerrando negocios o donando equipo médico. Sin embargo, obligar a la gente a quedarse en casa, cerrar sus negocios y expropiar el equipo médico son violaciones de los derechos de propiedad. Son crímenes, simple y llanamente. Nadie tiene el derecho de confinar a otra persona (inocente) en su casa o de obligarle a cerrar su negocio.
El argumento de que la planificación central mediante el confinamiento u otras formas de violencia salvaría vidas también es muy problemático, porque ignora el problema del cálculo económico. Estas infracciones de la propiedad privada implican costos (subjetivos) que no pueden ser calculados y comparados con los beneficios de manera no arbitraria.
Por ejemplo, el hecho de estar confinado a sus propias cuatro paredes, con la correspondiente falta de ejercicio físico, conducirá a un aumento de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares y las trombosis, entre otras cosas. Además, la carga psicológica de estar encerrado es inmensa. La tensión psicológica puede causar divorcios y la ruptura de familias; se crean traumas y depresión. Se espera que la violencia doméstica y el abuso infantil aumenten. En resumen, algunas personas pueden morir debido a estas infracciones de la propiedad privada; otras pueden salvarse.
Además, los estragos económicos creados por estas medidas son potencialmente devastadores. Es cierto que de todas formas habría habido una crisis económica debido a las distorsiones creadas por la política monetaria. La epidemia es sólo el detonante de la crisis. Sin embargo, la crisis se agrava por las violaciones de los derechos de propiedad privada por parte del gobierno. Si a la gente no se le permite producir, porque no pueden dejar sus casas o abrir sus negocios, la producción cae.
Los empresarios que ven sus logros de toda una vida destruidos por la reacción política al virus podrían sufrir ataques cardíacos, caer en la depresión, suicidarse o convertirse en alcohólicos. Consecuencias similares pueden esperar a los trabajadores que se queden sin empleo debido a las medidas políticas.
Además, el nivel de vida caerá a medida que la actividad económica se vea sofocada por el confinamiento. Habrá menos bienes y servicios disponibles para mantener, y mucho menos mejorar, la calidad de vida, porque estos bienes simplemente no se producirán. Y si la economía del mundo occidental se derrumba, Occidente comprará menos bienes y servicios de los países pobres. Por lo tanto, el nivel de vida también caerá en el tercer mundo, donde puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para muchos. En general, la pobreza significa una reducción de la longevidad. Los ricos tienden a vivir más tiempo que los pobres.
Pero eso no es todo. Los gobiernos de todo el mundo están avanzando en el camino hacia la servidumbre, controlando sus poblaciones y aumentando su poder en relación con el sector privado mediante el aumento del gasto público y nuevas reglamentaciones. Según el «efecto de trinquete», definido por Robert Higgs, el poder del Estado suele aumentar en tiempos de crisis. Sin embargo, cuando la crisis retrocede, el poder del Estado no se reduce a su posición inicial. Por lo tanto, la víctima a largo plazo de la intrusión del Estado puede ser la libertad. Se pueden instituir regímenes más socialistas. Y en estos regímenes la esperanza de vida es más corta. Cuanto mayor sea el poder del gobierno, menor será la cantidad y calidad de vida ceteris paribus. Por ejemplo, los alemanes occidentales capitalistas tenían una esperanza de vida de unos tres años más que sus homólogos de Alemania Oriental.
Por supuesto, es cierto que la coacción del Estado puede aumentar la esperanza de vida de algunas personas a corto plazo. La aplicación del confinamiento en una epidemia es sólo un ejemplo. Hay otras posibilidades. El Estado puede prohibir fumar o subvencionar frutas, verduras o clases de deporte. Puede utilizar los ingresos fiscales para mejorar los tratamientos médicos de la población, aumentando así la esperanza de vida.
Sin embargo, ¿cuánto aumento artificial de la salud pública es suficiente? Por ejemplo, ¿cuánto del PIB debería gastarse en atención sanitaria? ¿Cinco, diez, cincuenta o noventa por ciento del PIB? Ciertamente, gastar más podría aumentar la esperanza de vida. Pero, ¿cómo puede saber el funcionario del gobierno el porcentaje correcto?
Del mismo modo, ¿cuánto del PIB se sacrificará en una epidemia por medidas de confinamiento más o menos drásticas? ¿Se detendrá el 5, 10, 50 o 90 por ciento de las actividades productivas para frenar la propagación del virus? No hay una manera no arbitraria de que un planificador central decida estas cuestiones. Todas las medidas gubernamentales tienen costos que no pueden ser cuantificados.
Sólo hay una alternativa a la planificación central arbitraria del Estado, con su violación de los derechos de propiedad privada. Esta alternativa es el libertarismo, la alternativa que Murray Rothbard siempre defendió incondicionalmente: las decisiones voluntarias de los dueños de la propiedad privada.
