El 19 de enero se anunció que Joe Biden planeaba nominar a Rachel Levine, la secretaria de salud de Pennsylvania (PA), para el puesto de secretaria adjunta de salud en el Departamento de salud y Servicios Humanos. Esta es una noticia potencialmente buena para los residentes de Pennsylvania, que finalmente se librarán de ella después de haber tenido que soportar sus desastrosos encierros y restricciones durante casi un año, pero es probable que sea una mala noticia para el resto del país.
La cobertura de noticias sobre la nominación de Levine se centra casi enteramente en el hecho de que si es confirmada será la primera funcionaria transexual en ser confirmada por el Senado y apenas menciona o pasa por alto completamente su manejo de la pandemia en PA. NPR no menciona su historial en absoluto, aparte de señalar que ella, como es lógico, pidió más fondos federales para hacer frente al virus. El Morning Call al menos reportó que Levine ha enfrentado críticas por su manejo de la respuesta al virus, pero no mencionó que bajo Levine las residencias de ancianos de PA fueron forzadas a aceptar pacientes covid-positivos.
Después del anuncio de su próxima nominación, los republicanos comenzaron a atacar a Levine en los medios sociales, especialmente en lo que respecta a su política de asilos. En respuesta, Newsweek publicó una excusa risible de «comprobación de hechos», afirmando: «No hay pruebas que apoyen la afirmación de Greene [un representante republicano de Georgia] de que Levine colocó a pacientes con coronavirus en centros de cuidados, contribuyendo así probablemente ‘a las miles de muertes de ancianos en Pensilvania’».
Sin embargo, la autora, Julia Marnin, parece no haber investigado adecuadamente las directrices del Departamento de Salud de PA. Ella cita una directriz publicada en marzo de 2020 que establece que los asilos «deben continuar aceptando nuevas admisiones y recibir readmisiones para los residentes actuales que han sido dados de alta del hospital y que están estables», y que «Esto puede incluir a los pacientes estables que han tenido el virus COVID-19».» Marnin luego argumenta que este lenguaje no significaba que los asilos tenían que aceptar pacientes positivos sino que «pueden» y que no hay evidencia de que la política de Levine «colocó a los pacientes coronavirus positivos en los asilos o contribuyó a miles de muertes de ancianos en el estado».
Esta absurda afirmación se desmorona por completo, ya que más tarde las directrices del Departamento de Salud de Pensilvania dejan explícitamente claro que las residencias de ancianos deben readmitir a los pacientes covidopositivos y seguir aceptando a los nuevos aunque también sean covidopositivos. La guía emitida el 12 de mayo de 2020, establece que «Un resultado positivo de la prueba no es una razón para rechazar la readmisión de un residente» y que «Un NCF [centro de cuidado de enfermería] debe continuar aceptando nuevas admisiones, si hay camas apropiadas disponibles, y un presunto o confirmado positivo para COVID-19 no es una razón para negar la admisión».
Hasta el aumento de casos y muertes a finales del otoño y principios del invierno, aproximadamente el 70 por ciento de todas las muertes en Pensilvania se produjeron en hogares de ancianos y centros de cuidados a largo plazo. Desde la última oleada, ese número ha bajado a aproximadamente el 50 por ciento. Sin embargo, incluso con la última caída, está claro que la política del gobierno estatal sobre asilos de ancianos ha sido un desastre, y los medios de comunicación le hacen un gran daño al país al ocultar una discusión sobre ese registro bajo la alfombra.
Tal vez incluso más inquietante que forzar a los asilos a aceptar pacientes covidopositivos es el objetivo de la política de Levine de racionamiento de los tratamientos covid basados en la justicia social que fue publicado por el Departamento de Salud de PA bajo el liderazgo de Levine.
Como he escrito anteriormente, esta guía, titulada «Marco de asignación ética para tratamientos emergentes de COVID-19», establece que «un objetivo fundamental de la salud pública es corregir las desigualdades que hacen que la salud y la seguridad sean menos accesibles para los grupos desfavorecidos: mostramos igual respeto por todos los miembros de la sociedad mitigando las desigualdades estructurales que hacen que ciertas comunidades soporten la mayor carga durante la pandemia». En otras palabras, según el departamento de salud de Levine, la salud pública no se trata sólo de cuestiones de salud médica, sino de usar la respuesta a las cuestiones de salud médica para ingeniar la sociedad para promover la «justicia social».
En este plan, el Estado recomienda que los proveedores de servicios de salud utilicen un sistema de lotería ponderada para racionar la atención y alienta a los hospitales a ponderar el ingreso de un paciente sobre la base de su situación socioeconómica, determinada por los datos antiguos agregados de los bloques censales. Se podría pensar que promover la «igualdad» significaría que el hecho de recibir un tratamiento médico que salve vidas no dependería del lugar donde se vive, pero algunos pacientes son aparentemente más iguales que otros.
El hecho de que alguien que aparentemente se suscribe a una agenda igualitaria tan radical sea probablemente pronto uno de los burócratas más poderosos del país en materia de salud no es un buen augurio, ya que los llamamientos para que el gobierno federal nacionalice la atención médica continúan sin cesar. El radicalismo de Levine, combinado con la incompetencia que demostró al obligar a las residencias de ancianos a aceptar a los pacientes con enfermedades contagiosas y otras medidas de confinamiento de mano dura, es de esperar que al menos conduzca a un análisis serio de su historial durante su audiencia de confirmación en el Senado. Pero no contengas la respiración.
