Sobre el tema de la inmigración, Ron Paul sugería que le gustaría que se simplificara el sistema de la tarjeta verde para facilitar trabajar legalmente en EEUU. En concreto, reclamaba que las tarjetas verdes permitieran el empleo legal (y puedan ser obtenidas fácilmente por “extranjeros ilegales”) pero no concedieran derechos políticos, como acceso a las prestaciones sociales o a la ciudadanía.
Naturalmente, a Ron Paul (siendo Ron Paul) no le entusiasman las barreras burocráticas que se interponen entre empresarios y trabajadores que contratan libremente empleo.
El “derecho a contratar” (o a no contratar) tiene por supuesto una historia larga y respetable (ahora ignorada o despreciada) en la historia política y legal estadounidense y por una buena razón: es básica para el respeto a los derechos de propiedad.
Pero en lo que se refiere a empresarios que no contratan el tipo “correcto” de trabajadores aprobados por el gobierno, el respeto por los derechos de la propiedad sale de inmediato por la puerta.
Esto puede verse en recientes intentos de la administración Trump de realizar redadas en empresas privadas de las que se sospechaba que empleaban a extranjeros que no habían rellenado todo el papeleo público o habían eludido las vías burocráticas correctas.
El Independent de Reino Unido informaba esta semana que la agencia Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha redoblado las redadas en el trabajo y anunciado recientemente que ya ha doblado el número de redadas entre octubre y mayo del año anterior”.
Con las “redadas en el trabajo” los agentes públicos se dedican a espiar a los dueños de empresas y luego a entrar de su propiedad privada para llevarse a empleados que los dueños han contratado libremente. A algunos de los empleados se les acusa posteriormente de suplantación de identidad (un delito real), pero estos a menudo son solo una pequeña parte de los trabajadores. Muchos más son acusados de “evasión fiscal”, cuya existencia no resulta ser exactamente algo que amenace la seguridad en mi familia.
Mucha de la palabrería acerca de estas redadas se ha centrado en el trabajo duro de los empleados que son supuestamente extranjeros ilegales. Está bien. Pero dado que no hay escasez de ese enfoque en los medios en general, me gustaría señalar otro desgraciada grupo minoritario en estas redadas en el trabajo: los dueños de empresas.
Aunque los trabajadores individuales detenidos soportan un mayor coste personal que los dueños de las empresas, las redadas de los burócratas federales no dejan de tener costes. Desde la perspectiva del dueño de empresa, las redadas generan una repentina eliminación de numerosos empleados formados. Además, como sabe la mayoría de los dueños que hayan tenido realmente un negocio del tipo que a menudo implica mano de obra inmigrante, los inmigrantes son a menudo atractivos para los dueños por dos razones: tienden a tener menores índices de uso y adicción de drogas y son formales en acudir al trabajo.
Al eliminar estos trabajadores, los empresarios deben encontrar luego nuevos empleados y formarlos. Esto ocurrirá después de un período en el que un gran número de puestos quedará sin cubrir, afectando así a la capacidad del empresario para atender a sus clientes.
Es importante recordar que los empleados detenidos y arrestados en esas redadas en el trabajo fueron específicamente invitados a trabajar allí por los dueños de la empresa y se les ofrecía libremente un pago por sus servicios.
A veces a estos dueños se les acusa de delitos y a veces no. Tras una reciente redada de empleados al estilo SWAT, que un observador sospechaba que se había realizado para “generar miedo en la comunidad empresarial”, las autoridades dijeron a la AP que “no se han presentado cargos criminales (…) pero el empresario está bajo investigación”.
Estar “bajo investigación” por parte de agentes federales no es exactamente una razón para celebrar, pero, en muchos otros casos, los empresarios no han tenido tanta “suerte”.
Aun así, cualquier complicación que aparezca con respecto a documentos de identificación, impuestos y papeleo federal es algo únicamente de origen público. ¿Algunos de estos empresarios no están pagando los impuestos que deberían? ¿Entonces por qué no facilitar el pago de impuestos, por ejemplo, ofreciendo la tarjeta verde de Ron Paul a trabajadores empleados lucrativamente?
La manera en la que las cosas se hacen en la práctica ha generado una carga administrativa adicional sobre los empresarios, que deben salvar todas las barreras burocráticas de verificar las identidades de los empleados y presentar todos los papeles correctos para “cumplir”.
Ya puedo adelantar las quejas de los defensores de estas redadas, por supuesto: “¡Esos dueños de empresas se merecen lo que les pasa! ¡Deberían seguir las normas! ¡La ley es la ley!”
Uno se pregunta cuántas estas personas que reclaman un cumplimiento total por parte de los dueños de empresas también se quejan acerca de los “burócratas públicos” y las “regulaciones públicas” en casi cualquier otro contexto. ¿Alguno de estos puristas de la obediencia rechaza también a su vez entregar sus “armas de frepetición” cuando se los confisca el estado local o la jurisdicción municipal? ¿Declara esta gente hasta el último centavo que ha ganado y toda venta de garaje como renta en su declaración? En lo que se refiere a las regulaciones públicas, ¿ponen el punto en todas las íes y la raya en todas las tes cuando se lo reclama un agente público? Es poco probable.
De hecho, los que no son dueños de negocios raramente entienden las presiones de pagar las nóminas cada dos semanas y que a veces es necesario concluir que sencillamente no hay tiempo para verificar todo documento público presentado como parte del proceso de contratación. Este ánimo hacia los dueños de empresas no debería de ser sin embargo sorprendente. Aproximadamente el 90% de los trabajadores estadounidenses son asalariados que no contratan a otros ni emplean sus propios negocios para ganarse la vida. Para los críticos, los problemas a los que se enfrentan los dueños de empresas son el problema de otro. Como señalaba en un artículo de 2007:
Los capitalistas nunca han sido muy populares entre los activistas antiinmigración. No es en absoluto poco común ver a expertos antiinmigración como Lou Dobbs explicar los males de la “América corporativa” y sus intentos de “explotar la mano de obra barata” a costa del trabajador estadounidense.
El uso de esa retórica tiene una larga tradición entre los enemigos de los mercados libres. Para sus enemigos, los dueños de negocios no son personas con derechos, sino que son parte de una entidad sin rostro conocida como la “América corporativa”. Y sus negocios no contratan gente para realizar trabajo productivo. En su lugar, “explotan” mano de obra extranjera barata.
Este último punto acerca de la mano de obra “explotada” es también un favorito eterno. Aparecía en un reciente comentario de Jeff Sessions, que estaba defendiendo las redadas en el trabajo y dando lecciones a los dueños de empresas que no cumplan todos los decretos publicados por los reguladores federales:
“No conseguiréis nada en este país teniendo grandes números de trabajadores ilegales trabajando para vosotros”, dijo Mr. Sessions a los operadores de fábrica, aunque ninguno había sido acusado [hasta entonces] tras la redada. “No voy a llorar por ellos. No os beneficiaréis de estar en este país y buscar por todo el mundo al trabajador más barato que podéis encontrar. Esa no es una buena política para este país”.
Sessions también podría haber añadido: “los dueños de empresas en este país tienen demasiada libertad: nosotros sabemos a quiénes deberían contratar las empresas”.
Por supuesto, esta última impresión estar en el núcleo de estas redadas federales contra los empresarios. Son intentos de los agentes federales de inmigración de planificar qué trabajadores trabajarán, dónde y cuándo. Igual que con cualquier otra regulación pública, las órdenes son necesariamente arbitrarias, porque se basan en una planificación centralizada alejada del proceso del mercado. Los agentes públicos no tienen ninguna idea de qué trabajadores potenciales son los mejores, dónde deberían estar trabajando o en qué sectores. Solo los empresarios privados, a través de las señales de precios enviadas por los clientes, pueden calcular la mejor manera de usar recursos laborales.
Sí, entiendo que a veces hay criminales violentos reales entre grupos de inmigrantes y que hay algunos que abusan del sistema de otras maneras o se aprovechan de servicios financiados por los contribuyentes. Pero aquí no se está actuando contra esos problemas. Las redadas del trabajo son poco más que acciones de fuerza contra actores del mercado cuyo principal “delito” es no seguir los edictos burocráticos. No tiene buen aspecto.
