«La gente teme primordialmente a la enfermedad y a la muerte, y los médicos, desde los chamanes hasta los científicos modernos, siempre han sido percibidos como poseedores de un poder casi talismán sobre ambas. Con el auge de la riqueza moderna llegó el potencial de una enorme cosecha de impuestos, y los políticos no tardaron en ver que este poder sobre la vida y la muerte podía generar profundos sentimientos de gratitud y lealtad. ¿Podrían tomar este poder para sí mismos?» — William D. Gairdner, The Trouble with Canada ... Still! A Citizen Speaks Out
Sí, podían, y en 1966 los políticos canadienses se arrogaron ese poder, y luego incumplieron su promesa de proporcionar una asistencia sanitaria de acceso universal para todos.
El engaño
Según Tom Kent (el principal responsable político del gobierno en aquella época), la Ley de Asistencia Médica de 1966 era necesaria porque «muchas personas más pobres simplemente no recibían asistencia cuando la necesitaban».
En un mundo imperfecto, probablemente sea cierto que algunas personas no recibieron atención cuando la necesitaban. Sin embargo, como he escrito antes, es dudoso que hubiera más personas que no tuvieran acceso a la atención en el sistema privado anterior a 1966 en comparación con el sistema socializado del gobierno. Además, en el sistema privado, al contrario de lo que afirma Kent, la asistencia sanitaria se proporcionaba de forma rutinaria a personas que no podían pagarla.
Los impulsos caritativos y la búsqueda de beneficios no son conceptos mutuamente excluyentes, a pesar de lo que Kent quería hacernos creer, y a pesar de lo que los políticos y los burócratas siguen queriendo hacernos creer. Ese es el engaño.
Promesas rotas
Kent dijo que el objetivo del gobierno con la Ley de Atención Médica era «asegurarse de que la gente pudiera recibir atención cuando la necesitara sin tener en cuenta otras consideraciones». Eso suena bien, pero como advirtió Milton Friedman, debemos juzgar las políticas por sus resultados, no por sus intenciones.
A principios de cada año, los presupuestos de los hospitales canadienses son dictados por el gobierno, y si estos ingresos fiscales predeterminados se agotan antes de que termine el año, como suele ocurrir, los nuevos pacientes quedan en lista de espera para el siguiente ejercicio. Así, el gobierno incumple su promesa de «asegurarse de que la gente [pueda] recibir atención cuando la necesite sin tener en cuenta otras consideraciones».
Además, el gobierno incumple su promesa todos los años, normalmente más que el año anterior, estableciendo así una tendencia de deterioro del rendimiento durante más de cincuenta años, con consecuencias mortales:
En la sentencia Chaoulli de 2005, los jueces del Tribunal Supremo de Canadá señalaron que los pacientes de Canadá mueren como consecuencia de las listas de espera para recibir asistencia sanitaria de acceso universal.
Nuestro análisis estima que entre 25.456 y 63.090 (con un valor medio de 44.273) mujeres canadienses pueden haber muerto como consecuencia del aumento de los tiempos de espera entre 1993 y 2009. (énfasis añadido)
Año tras año, los «tiempos de espera» en Canadá tienden a aumentar, no a disminuir. Parece que los políticos y los burócratas no adoptan el concepto de «la práctica hace la perfección», por mucho tiempo que les demos.
¿Sanidad privada? ¡Cómo te atrevez!
Más de un millón de canadienses están esperando la asistencia sanitaria que el gobierno prometió ofrecer. Y, como hemos visto, en 2005, el gobierno, a través de su tribunal supremo, reconoció las consecuencias mortales de sus promesas incumplidas. La solución lógica es devolver la asistencia sanitaria al sector privado. Sin embargo, los políticos y burócratas desalmados ignoran esta solución y prohíben cruelmente a los pacientes en lista de espera el acceso a las opciones sanitarias privadas en Canadá, condenando así a muchos de ellos a la muerte.
A pesar de la creciente incompetencia del gobierno, una sentencia judicial más reciente afirmó la posición del gobierno de que hay que negar a la gente la libertad de buscar opciones sanitarias privadas en Canadá.
El año pasado, el Tribunal Supremo de la Columbia Británica «desestimó un recurso judicial del Dr. Brian Day, antiguo director de la Asociación Médica Canadiense, cuya clínica quirúrgica de Vancouver prestaba servicios médicos a pacientes a los que no llegaba el sistema público, en violación de la ley de la Columbia Británica». El Dr. Day argumentó que la ostensible prohibición de la provincia de este tipo de asistencia sanitaria financiada con fondos privados viola la Carta de Derechos y Libertades. Aunque la sentencia reconoce la difícil situación de miles de pacientes en lista de espera, al mismo tiempo les niega el derecho a hacer algo al respecto».
Sorprendentemente, mientras el juez John Steeves afirmaba la ilegalidad de los intercambios voluntarios entre pacientes y médicos, sin que se vean obstaculizados por las condiciones del gobierno, declaró irreverentemente que esto no viola el derecho a la libertad de estas personas según la Carta.
La Carta forma parte de la Constitución de Canadá. El artículo 7 de la Carta dice
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, y a no ser privado de ellas, salvo de conformidad con los principios de la justicia fundamental.
En su sentencia, Steeves escribió: «Los intereses de la libertad en virtud del artículo 7 sólo se ven comprometidos cuando la ley o la acción del Estado interfiere con la capacidad de una persona para tomar decisiones personales fundamentales» (párrafo 1764, énfasis añadido).
Eso suena bien, pero luego Steeves escribió
Los pacientes son libres de gastar su dinero en servicios sanitarios como consideren oportuno (hay que admitir que dentro de las limitaciones de la MPA [Ley de Protección de Medicare]). Por lo tanto, no puede decirse que exista una conexión causal suficiente entre las disposiciones impugnadas y la supuesta privación.... Concluyo que los demandantes no han establecido una privación de su derecho a la libertad en virtud del artículo 7. (párrafos 1767, 1768, énfasis añadido)
Decir que se trata de un engaño parece una obviedad. Steeves ignora el hecho de que «la ley o la acción del Estado» incluye necesariamente el MPA con sus reconocidas limitaciones. Entre otras cosas, estas limitaciones incluyen normas sobre qué médicos pueden ofrecer sus servicios, qué servicios pueden ofrecer y a qué precios pueden ofrecer estos servicios. Esto interfiere claramente en la «capacidad de tomar decisiones personales fundamentales» de las personas (pacientes y médicos). Sin embargo, aunque esta privación de libertad es indiscutible, Steeves la niega.
Ahí lo tienen. Libre = No libre, según el Tribunal Supremo de BC.
Los tribunales seguirán apoyando a los políticos y burócratas. La duplicidad de estos charlatanes es dolorosamente clara. Durante décadas, sus burocracias se han dado un festín con miles de millones de dólares de los impuestos mientras miles de canadienses muertos esperan la asistencia sanitaria que se les prometió. Están muertos porque el gobierno les negó el derecho a usar su propio dinero para salvar sus propias vidas comprando asistencia sanitaria privada a proveedores dispuestos en el mercado canadiense.
El rastro de promesas incumplidas será cada vez más largo. El trato inhumano a los pacientes canadienses se generalizará y morirán muchos más. Nada cambiará hasta que las masas se den cuenta de que su salud y bienestar sólo pueden mejorar en gran medida mediante la restauración de sus libertades.
