Los demócratas ni siquiera se molestaron en esperar a su Convención Nacional de 2024 en Chicago para nombrar a su candidata presidencial sustituta, Kamala Harris, y para pregonar los nuevos ejes económicos que se añadirán a la plataforma del partido. En su discurso del 16 de agosto sobre economía, prometió su lealtad a la actual agenda intervencionista del partido, afirmando que las políticas del régimen de Biden han sido supuestamente buenas para la clase media y que ella seguirá apoyando los principios demócratas de seguridad económica garantizada por el Estado para ellos ( «...tu salario debería ser suficiente para proporcionarte a ti y a tu familia una buena calidad de vida»; «Ningún niño debería tener que crecer en la pobreza»; y «Tras años de duro trabajo, deberías poder jubilarte con dignidad»). Sin embargo, Harris reconoció que el coste de la vida se había disparado durante el mandato de Biden, por lo que proclamó que los demócratas se comprometerían ahora a infligir toda una nueva serie de intervenciones en el sector productivo para supuestamente hacer más asequibles ciertos elementos esenciales: la alimentación, la sanidad y la vivienda.
Curiosamente, Harris argumentó correctamente que el proteccionismo republicano encarecería los productos fabricados en el extranjero y, por tanto, aumentaría aún más el coste de la vida, mientras que, llamativamente, no aplicó la misma lógica económica irrefutable a sus propios ataques propuestos a la productividad nacional o a los ataques ya infligidos a los productores nacionales por el régimen de Biden. Hay que deducir de esto que es muy probable que Harris no ignore los problemas económicos causados por el intervencionismo (a pesar de que Donald Trump la caracterice como una imitadora «estúpida»), sino que ella y otros activistas «progresistas» saben que la multiplicación de los problemas causados por el intervencionismo ofrece una oportunidad política de oro para hacer avanzar su agenda.
El objetivo de amontonar intervención sobre intervención es instituir una forma corporativista de planificación central socialista, como los economistas austriacos F. A. Hayek (El camino de servidumbre) y Ludwig von Mises (La política intermedia conduce al socialismo), demostraron más de una década antes de que naciera Harris. Sin embargo, desde el punto de vista «progresista», la perspectiva de instaurar el socialismo como consecuencia de intervenciones cada vez más numerosas es una característica, no un defecto, de sus propuestas. El cálculo político es que si los demócratas pueden convencer a suficientes votantes —que ignoran en gran medida los problemas causados por el intervencionismo— de que son el partido que resuelve los problemas económicos, incluso cuando sus «soluciones» intervencionistas están empeorando dichos problemas. De este modo, los demócratas podrán ganar suficiente apoyo para alcanzar el socialismo a través de métodos democráticos gradualistas sin tener que dar el paso revolucionario de tomar formalmente la propiedad de los medios de producción.
En cuanto a la asequibilidad de los alimentos, Harris propugnó la teoría de la conspiración de que las empresas alimentarias (presumiblemente se refería a los procesadores de alimentos y distribuidores mayoristas) y las grandes cadenas minoristas de tiendas de comestibles son «malos actores» que se aprovecharon de las interrupciones de la cadena de suministro del COVID para subir los precios, pero luego utilizaron su poder de mercado para mantener los precios altos después de que las cadenas de suministro se restablecieran. Su propuesta de prohibición de la «subida de precios» está dirigida contra las supuestas «ganancias monopolísticas» de estos intermediarios supuestamente malvados, mientras que no explica por qué estos intermediarios no fueron capaces de exprimir a los consumidores antes de la pandemia o cómo fueron capaces de causar aumentos de precios en productos no alimentarios. Tampoco reconoció que las interrupciones de la cadena de suministro de cereales y fertilizantes tras la pandemia fueron causadas por las sanciones occidentales contra Rusia y por las atroces políticas de carbono «cero neto» dirigidas contra los agricultores, y que un enorme aumento durante la pandemia y una acelerada de pérdida de confianza en el dólar fiduciario pueden explicar la magnitud de los aumentos de precios de los productos de primera necesidad durante los años de Biden, al margen de cualquier problema exclusivo del suministro de alimentos.
Harris también propuso subsidios gubernamentales para aumentar la competencia de los distribuidores de alimentos más pequeños, lo que es una admisión tácita de que cualquier concentración de mercado de la que disfruten los distribuidores de alimentos más grandes es, de hecho, en interés de minimizar los costes para los consumidores. Como Murray Rothbard explicó en Hombre, economía y Estado, la única definición coherente de monopolio implica necesariamente que el gobierno cree barreras artificiales a la entrada o economías de escala artificiales en beneficio del monopolista privado aliado con el Estado. Ninguna de las propuestas de Harris pretende eliminar los impuestos, regulaciones o subvenciones existentes que son responsables de las ganancias privadas a través de la concentración del mercado generada artificialmente.
En el frente de la asequibilidad de la atención médica, Harris propuso una vez más apilar los controles de precios sobre las intervenciones existentes y, una vez más, culpó a los «intermediarios» supuestamente malvados de hacer subir los precios. Se olvidó de mencionar que la atención médica ya es uno de los sectores más subvencionados, restringidos por patentes, licencias y regulaciones de la economía, y que eliminar las subvenciones y restricciones a la competencia reduciría los precios de forma significativa. Harris también propuso gastar 200.000 millones de dólares para comprar y cancelar las deudas médicas de millones de americanos, ampliando así las filas de beneficiarios que reciben cosas «gratis» del Estado y, presumiblemente, engrosando las filas de los agradecidos votantes demócratas, de forma muy parecida a los repetidos intentos del régimen de Biden de cancelar las deudas de los préstamos federales a estudiantes.
Con respecto a la asequibilidad de la vivienda, Harris no tuvo la coherencia lógica de proponer controles de precios —que le harían perder millones de votos de los actuales propietarios de las viviendas— como hizo con los alimentos y la sanidad, pero se le ocurrió otro disparate: el gobierno debería conceder una subvención de 25.000 dólares a los compradores de primera vivienda y reducciones fiscales a los constructores de viviendas que les atiendan. Evidentemente, se supone que un propietario actual no se da cuenta de que los precios de mantener una vivienda o de mudarse a otra serán menos asequibles por la preferencia de Harris de estimular la demanda de los compradores primerizos. También parece que se han desvanecido los recuerdos de la anterior ocasión en la que los compradores de vivienda podían suscribir fácilmente hipotecas sin tener nada que temer, a saber, la infame burbuja de las hipotecas de alto riesgo que estalló en 2008.
Harris también condenó el papel de las grandes empresas que invierten en viviendas de alquiler y prometió regulaciones más estrictas para ellas. Sin embargo, no reconoció que el mismo sistema financiero de Wall Street y la Reserva Federal que financia al gobierno federal también utiliza su privilegio de crear dólares y sustitutos del dólar de la nada para financiar la adquisición sistemática de activos de capital, incluido el stock de viviendas de alquiler, por sí mismo y por los compinches corporativos que financia. Esto también tiene el efecto de desplazar a los inversores financiados por el ahorro haciendo bajar los tipos de interés. Una vez más, Harris no expresó ningún deseo de revocar los privilegios de los que disfrutan los corporativistas amiguetes.
En general, el discurso de Harris indica que los demócratas quieren acelerar la tendencia a largo plazo de aumentar la parte del PIB dedicada a garantizar la seguridad económica a expensas de la acumulación de capital. Esto comenzó cuando se promulgó Medicare en 1965, continuó cuando el dólar pasó a ser una moneda fiduciaria en 1971 y prosiguió cuando se pusieron en piloto automático los aumentos anuales de las prestaciones de la Seguridad Social en 1975. Sin embargo, el antiguo principio «progresista» de colectivizar la responsabilidad de garantizar la seguridad económica y unos ingresos mínimos se opone frontalmente a los descubrimientos cruciales de los economistas austriacos sobre el papel esencial del tiempo en la productividad (cf. Eugen von Böhm-Bawerk, 1889) y la imposibilidad del cálculo económico bajo una planificación central de la producción (Ludwig von Mises, 1920; codescubierto independientemente en el mismo año por el economista ruso Boris Brutzkus y el sociólogo alemán Max Weber).
La responsabilidad de atender a las necesidades futuras no puede colectivizarse durante un periodo de tiempo sustancial, sencillamente porque la productividad futura necesaria para redimir tales promesas sólo puede lograrse mediante decisiones privadas de restricción del consumo presente (ahorro). Esto es esencial para que la mano de obra y los recursos naturales estén físicamente disponibles para la inversión en la producción actual de bienes de capital. El argumento de que podemos tener inversión sin ahorro a través de la creación de dinero fiduciario es un engaño cruel, que ignora la necesidad del ahorro para hacer que los insumos estén disponibles. Las expansiones del crédito, alimentadas por la creación de dinero, se limitan a hacer subir los precios de los bienes de capital sin hacer que haya más bienes de capital disponibles a largo plazo (aunque a corto plazo provocan ciclos de auge y caída que malgastan el capital). El argumento de que deberíamos legislar precios más bajos o liberar a los deudores de los costes de su consumo es quizá demasiado ridículo para ser considerado siquiera un engaño. Sin embargo, ahora los demócratas quieren adoptar medidas cada vez más burdas para saquear la economía en beneficio de determinados electorados, con poca consideración por cómo puede sostenerse semejante tinglado o la confianza en el dólar fiduciario que se hunde.
Las sombrías realidades del estancamiento durante décadas de las tasas de ahorro personal, de la rápida caída de los ingresos medios reales de los hogares desde 2019, de la creciente frecuencia e intensidad de las interrupciones de la cadena de suministro durante la última década, y de los aumentos de los costes relativos de los bienes y servicios intensivos en capital, es evidencia de que América necesita un giro drástico desde el estatismo del bienestar hacia las virtudes del ahorro y la inversión privada si quiere revertir su crisis de consumo de capital y desindustrialización —precisamente lo contrario de lo que pretenden hacer los Demócratas—.
