La Corte Suprema de EEUU ha hecho pública esta semana su sentencia en el caso Trump v. Anderson y ha tumbado por unanimidad la Corte Suprema de Colorado, que había intentado descalificar al candidato Donald Trump de la papeleta electoral de Colorado amparándose en la sección 3 de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EEUU.
La sentencia de la Corte Suprema de EEUU carecía tanto de fundamento jurídico que incluso los miembros más izquierdistas y partidistas del SCOTUS se unieron a la mayoría para declarar nula la sentencia de Colorado.
El caso había sido iniciado por la antigua líder de la mayoría Republicana del Senado estadual, Norma Anderson. Tuve la desgracia de trabajar con Anderson en los días en que trabajaba con la Asamblea General de Colorado, y lo importante que hay que saber acerca de Anderson es que ella es el último Republicano del establishment — un Republicano de George W. Bush-John McCain. Naturalmente, por tanto, no es precisamente una fan de Donald Trump.
Así que, a pesar de que excluir a Trump de las papeletas electorales en Colorado probablemente no tendría ningún efecto en el resultado de las elecciones de 2024, Anderson tuvo que hacer una señal de virtud sobre Trump mediante esfuerzos para privar de derechos a los votantes locales. Pidió a los ancianos, ricos y blancos de la Corte de Colorado que declararan que los votantes de Colorado no pueden votar por su candidato preferido.
Además, la condición de Anderson de Republicana al estilo Bush se refleja en el desprecio de su demanda por el debido proceso y el gobierno de la ley. (Los partidarios de Bush, por supuesto, se caracterizan en gran medida por su apoyo entusiasta a la trituración de los derechos constitucionales básicos mediante leyes como la Ley Patriota). La demanda de Anderson intenta descalificar a Trump basándose en un supuesto hecho que no se ha demostrado. Es decir, la demanda de Anderson simplemente asume que Trump es culpable de algún tipo de insurrección a pesar de que Trump nunca ha sido condenado por tal cosa. Ni siquiera ha sido acusado de ningún delito de ese tipo. El hecho de que Anderson aparentemente crea que las sanciones por delitos no requieren una condena real es preocupante.
Además, Anderson dejó claro en una entrevista esta semana que ni siquiera entiende la sentencia de la SCOTUS. Por ejemplo, como informó la filial local de Fox:
«La Constitución dice que es derecho del estado cualquier cosa que no esté explícitamente explicada en el resto de la Constitución. Las elecciones no lo son. Aparte de los electores», dijo Anderson, señalando que los electores son decididos por los estados. «Así que esa parte me decepcionó: que no tengamos ese derecho en cuanto a quién está en la papeleta».
Anderson hace aquí un torpe intento de invocar la Décima Enmienda (a la constitución de EEUU) que dice «Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados respectivamente, o al pueblo».
Hasta donde yo sé, es la primera vez en la historia que Anderson expresa alguna preocupación por una aplicación amplia de la Décima Enmienda. Pero en cualquier caso se equivoca, ya que la Corte Suprema no ha dicho que el estado no pueda decidir quién está en su papeleta. La sentencia de la SCOTUS dice que un estado no puede descalificar a un candidato utilizando el artículo 3 de la Decimocuarta Enmienda. Hay otras maneras en que los estados pueden excluir candidatos, por supuesto. Y así debe ser.
Sin embargo, el texto de la Enmienda deja claro que la sección 3 es competencia del Congreso.
Además, la afirmación de Anderson de que «las elecciones no» se mencionan en la Constitución es desconcertante. Su caso se basa principalmente en la Decimocuarta Enmienda, que cubre la elegibilidad de los candidatos e incluye la frase «el derecho al voto» en la sección 2. Tal vez nadie le explicó a Anderson que la Decimocuarta Enmienda forma parte de la Constitución de EEUU. (También podría intentar leer la Decimonovena Enmienda, que reza así: «El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será denegado o restringido por los Estados Unidos ni por ningún estado por razón de sexo», o tal vez la Vigésimo Sexta Enmienda, que dice que el «derecho... a votar no será denegado o restringido por los Estados Unidos ni por ningún estado por razón de edad»).
No soy jurista, pero estoy bastante seguro de que la Constitución menciona el voto y las elecciones.
Dicho esto, soy de la opinión de que los gobiernos estaduales deberían poder decidir por sí mismos quién está en las papeletas electorales del estado sin intervención federal alguna. Me gustaría que la versión imaginaria de la Constitución de Anderson fuera real y que la Constitución de EEUU no mencionara, de hecho, las elecciones. Eso significaría que la Décima Enmienda excluiría realmente toda intromisión federal en las leyes electorales estaduales. (Así era en realidad antes de la ratificación de la Decimocuarta Enmienda).
Además, la sentencia de SCOUTS en el caso Trump v. Anderson no se opone realmente a la Décima Enmienda, ya que la sentencia sólo reitera que la sección 3 de la Decimocuarta Enmienda es una restricción federal a los candidatos.
También podríamos mencionar que el enfoque legal de Anderson muestra un desprecio por la ley estadual. Lo que ella y su equipo legal trataron de hacer fue tomar una ley federal y convertirla en una ley estadual sin tener que pasar por el problema de aprobar una nueva legislación estadual. En teoría, cualquier estado debería tener libertad para excluir a los candidatos condenados por determinados delitos. Pero eso debe basarse en la legislación estadual y en la constitución del estado. Limitarse a cortar y pegar una ley federal en su demanda —y luego decir que debe contar como una regulación estadual sobre la elegibilidad electoral— tampoco está exactamente en el espíritu de la Décima Enmienda.
El otro problema de Anderson es que, al parecer, no le importaba si Trump era realmente condenado por algo, ni si la ley estadual establecía realmente la misma prohibición esbozada en la Decimocuarta Enmienda. Los políticos de Colorado no pueden simplemente convertir las leyes federales en leyes estaduales a través de deseos y esperanzas. No es así como debería funcionar. Si Anderson quiere una ley estadual que excluya a las personas de la votación por ser sospechosas —pero no condenadas— de ciertos delitos, debería contratar a un cabildero e intentar aprobar una legislación de ese tipo. Así es como deben funcionar las leyes estaduales.
