El año pasado, la empresa Paypal anunció que iba a «multar» a los usuarios (es decir, a robarles su dinero) con 2.500 dólares por «el envío, la publicación o la difusión de cualquier mensaje, contenido o material» que «promueva la desinformación». Pues bien, Paypal no «anunció» la política, sino que intentó colarla en la letra pequeña. Sin embargo, cuando la compañía fue sorprendida en el acto, la dirección afirmó que se trataba de un gran error.
Claro que sí.
Por desgracia, Paypal no es la única organización financiera que ha mostrado interés en castigar o «desbancarizar» a clientes por motivos políticos o ideológicos. En 2021, The Hill informó de cómo el sector bancario se mostraba dispuesto a excluir a industrias enteras de los servicios financieros para apaciguar a determinados activistas. Entre estas industrias se incluyen firmas de extracción de combustibles fósiles y fabricantes de armas.
Se ha demostrado que los grandes bancos también atacan de este modo a determinadas organizaciones sin ánimo de lucro. A principios de este año, el ex senador de EEUU Sam Brownback explicó que JP Morgan Chase había cerrado, sin explicación alguna, su cuenta con la organización de Brownback, el Comité Nacional para la Libertad Religiosa. El banco exigió una lista de los donantes de la organización antes de restablecer la cuenta, aunque la ley no exige tal cosa. La alta dirección de JP Morgan se opone ahora a que los accionistas investiguen por qué el banco cerró la cuenta.
Estos esfuerzos de desbancarizar por los banqueros activistas suponen una enorme amenaza para la gente corriente. Los banqueros activistas podrían simplemente dejar sin dinero a las organizaciones disidentes si éstas patrocinaran el evento «equivocado» o publicaran la opinión «equivocada».
Se trata de un tipo de discriminación. Sin embargo, la «respuesta» habitual a la discriminación impulsada por los socialdemócratas —es decir, emplear la Cláusula de Igual Protección— no es algo que podamos apoyar. Después de todo, una organización verdaderamente privada debería ser libre de discriminar a quien quiera. Ningún respeto por los derechos humanos básicos (es decir, los derechos de propiedad) es compatible con pretender que el gobierno federal pueda demandar y cerrar negocios por «discriminación». Y sí, una universidad verdaderamente privada debería ser libre de discriminar a favor de quienes no sean blancos si así lo desea.
Sin embargo, algunos aspectos de la legislación antidiscriminatoria son exactamente correctos y podemos apoyarlos. Por ejemplo, el Título VI de la Ley de Derechos Civiles protege a las personas contra la discriminación (por motivos de raza, color u origen nacional) en programas o actividades que reciben dinero federal. O, dicho de otro modo, impide que las organizaciones roben a los contribuyentes y luego les nieguen el uso de los servicios que los contribuyentes se vieron obligados a pagar.
Esto es aplicable al problema de la «desbancarización» porque gran parte del sector bancario depende en gran medida de la ayuda federal, y muchos de los grandes bancos actuales probablemente ni siquiera existirían si no fuera por los rescates bancarios federales y el dinero fácil del banco central (una agencia federal de facto). De hecho, la generosidad federal para los grandes bancos americanos se ha convertido en algo casi constante. Las carteras de estos bancos están apuntaladas por las compras de valores respaldados por hipotecas y bonos del Tesoro por parte de la Reserva Federal. En los últimos meses, el gobierno federal también ha ayudado a apuntalar la solvencia de los bancos garantizando de hecho todos los depósitos, muy por encima del límite legal de 250.000 dólares. La afirmación de que la FDIC es un programa de «seguros» tiene menos sentido que nunca. Ahora es simplemente un mecanismo para ayudar a los grandes bancos a retener a los depositantes. Y luego están los rescates. Tras la crisis financiera de 2008, el Gobierno federal concedió enormes préstamos a prácticamente todos los grandes bancos del país, al tiempo que compraba acciones bancarias para rescatar al sector. Desde entonces, los banqueros también han recibido (de la Reserva Federal) enormes sumas en concepto de pago de intereses sobre las reservas bancarias. Esto ha generado mayores facturas fiscales para los contribuyentes y mayores tasas de inflación.
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Sin estos rescates, muchos de estos bancos habrían dejado de existir por completo. Sus activos se habrían subastado y los precios de la vivienda habrían caído. Los compradores de vivienda por primera vez no estarían ahora mirando precios astronómicos de la vivienda para que los banqueros multimillonarios puedan seguir cobrando un buen rendimiento de los valores inmobiliarios apuntalados por el gasto federal. Sin embargo, hasta el día de hoy, los banqueros siguen propagando que no fue un rescate porque los bancos devolvieron estos préstamos especiales. Sin embargo, esta es una forma deshonesta de explicarlo. El propósito de los préstamos era mantener a la actual cosecha de banqueros incompetentes en el negocio para que sus empresas no quebraran. Eso habría permitido a empresarios más pequeños y eficientes hacerse cargo de los activos del banco en quiebra a precios más bajos. Esto habría beneficiado a todos los consumidores al reducir los precios y limpiar la vieja cosecha de banqueros fracasados. En lugar de ello, los rescates garantizaron que los mismos compinches siguieran en el poder incluso cuando sus firmas quebraron. Esas mismas personas (o sus amigos) siguen mandando hoy en día.
Lo que todo esto significa es que los banqueros de los grandes bancos han estado protegiendo sus riquezas a costa de los contribuyentes. Sin embargo, estos mismos banqueros tienen la desfachatez de pensar que también deberían poder discriminar a sus propios clientes si éstos participan en actividades políticamente «censurables».
Dado que muchos banqueros creen que está perfectamente bien robar a los contribuyentes al tiempo que atacan a los contribuyentes que no se pliegan a la línea del partido del régimen, el Congreso debería dejar claro que la discriminación en virtud del Título VI incluye discriminar a personas u organizaciones por sus opiniones políticas o ideológicas. Así, organizaciones como los grandes bancos que están en el paro y se benefician de la explotación de los contribuyentes ya no pueden negar el servicio a ningún cliente porque ese cliente fabrique armas, o cuestione la narrativa oficial de los cóvidos, o sea propietario de un pozo petrolífero. Lo mismo se aplicaría a las grandes compañías aéreas, a las empresas automovilísticas, a AIG, a Fannie Mae y a cualquier otra organización que deje seco al contribuyente cada vez que hay una recesión o una crisis financiera.
Por supuesto, una solución aún mejor sería acabar con todo el aparato federal y financiero que mantiene en el poder a la actual clase banquera plutocrática. Las regulaciones bancarias federales favorecen abrumadoramente a los grandes bancos a expensas de los bancos comunitarios más pequeños. El número total de bancos en los EEUU se está reduciendo a medida que bancos como JP Morgan Chase ganan cada vez más poder de monopolio. A los bancos que intentan introducir prácticas bancarias más sólidas, como el banco Custodia, se les deniega la aprobación federal, mientras que los grandes bancos favorecidos por el gobierno federal disfrutan de un acceso rápido a los responsables políticos federales. La doctrina federal de «demasiado grande para quebrar» garantiza que sólo los bancos más grandes reciban cada vez más capital.
El resultado es una menor competencia en el mercado y menos opciones para los consumidores, lo que permite a los banqueros de woke silenciar más eficazmente a quienes tienen opiniones ideológicas «incorrectas».
