Mientras los americanos disfrutaban de perritos calientes y fuegos artificiales este 4 de julio, el juez federal Terry A. Doughty conmemoró el Día de la Independencia asestando un golpe a favor de la separación de las grandes tecnológicas y el Estado. En concreto, dictó una medida cautelar que prohíbe a varios funcionarios y organismos públicos comunicarse con las compañías de medios sociales para pedirles que censuren determinadas publicaciones.
El juez Doughty escribió que «si las alegaciones de los demandantes son ciertas, el presente caso supone posiblemente el ataque más masivo contra la libertad de expresión en la historia de los Estados Unidos». Esto puede parecer una hipérbole hasta que uno considera que la lista de afectados por esta orden judicial incluye a la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los Departamentos de Estado y de Salud y Servicios Humanos, así como el Departamento de Justicia y el FBI.
Entre los demandantes se encuentran el profesor de Harvard Martin Kulldorff y el profesor de Stanford Jay Bhattacharya. Los profesores Kulldorff y Bhattacharya se encontraban entre los expertos en salud que las grandes tecnológicas censuraron a instancias del gobierno porque se atrevieron a cuestionar el mensaje gubernamental sobre el covid. Se silenció a las personas que cuestionaban las afirmaciones respaldadas por el gobierno sobre los beneficios de los encierros, la eficacia y seguridad de las vacunas contra el covid, el uso de mascarillas para protegerse de la infección y que la inmunidad de las vacunas era superior a la inmunidad natural.
Con el tiempo, la clase dirigente se vio obligada a admitir que muchos de los argumentos de personas como Kulldorff y Bhattacharya eran correctos. Sin embargo, para entonces muchos de los que tuvieron el valor de hablar ya habían sufrido daños irreparables en su reputación y sus carreras. Contrariamente a lo que afirman los autoritarios covid y otros usuarios de la ciencia para promover políticas estatistas como el movimiento contra el «cambio climático», en realidad la ciencia nunca está zanjada.
Aunque gran parte de la demanda se refiere a la censura covid, algunos de los componentes giran en torno a los esfuerzos por suprimir la historia del portátil de Hunter Biden. El esfuerzo por suprimir y desacreditar la historia puede haber influido en las elecciones. Algunos votantes de Biden habrían votado de forma diferente si hubieran tenido pleno acceso a la información.
Tanto la supresión de la verdad sobre el covid como la supresión de la historia del portátil de Hunter Biden se justificaron por servir a un «bien superior». En el caso del covid, la censura en línea se justificó como necesaria para proteger la salud pública. En el caso de la historia del portátil, se justificó como necesaria para evitar que Donald Trump ganara un segundo mandato. Las revelaciones, ahora más conocidas, sobre los negocios de Hunter Biden y la posibilidad de que su padre no solo se beneficiara de ellos, sino que utilizara su cargo en el gobierno para participar activamente, pueden ayudar a Donald Trump a recuperar el Despacho Oval en 2024.
La lectura de los correos electrónicos entre funcionarios del gobierno y empleados de grandes compañías tecnológicas muestra que los funcionarios del gobierno creían claramente que tenían todo el derecho a decir a estas compañías privadas cómo dirigir sus negocios. Los funcionarios incluso les «recordaron» que las compañías corrían el riesgo de que la Casa Blanca y el Congreso les impusieran más regulaciones. Esto muestra la insensatez de quienes piensan que una mayor implicación del gobierno en las grandes tecnológicas reducirá de algún modo la censura de éstas. La única manera de hacer de Internet una zona de libertad de expresión es basarse en la decisión del juez Doughty: separar a las grandes tecnológicas del Estado.
Reimpreso de The Ron Paul Institute for Peace & Prosperity.
