A principios del siglo XVIII, un grupo de nativos americanos hasta entonces bastante periférico, los comanches, invadió una vasta zona que comprendía gran parte del actual suroeste de Estados Unidos, creando un imperio que abarcaba parte de los actuales estados de Colorado, Texas, Nuevo México, Oklahoma y Kansas. En el proceso, despojaron a las tribus nativas rivales que ya ocupaban esas tierras, entre ellas los apaches, que tuvieron la suerte de poder reubicarse y preservar su nación más al suroeste.
Otros no tuvieron tanta suerte. Como relata el profesor de la Universidad de Oxford Pekka Hämäläinen en su libro The Comanche Empire, los comanches eran feroces y a menudo brutales, eliminando a las tribus contrarias, esclavizándolas o asimilándolas por la fuerza, hasta que ellos mismos fueron derrotados y marginados por los americanos que se desplazaban hacia el oeste en una serie de conflictos a mediados del siglo XIX.
Los comanches no eran, ni mucho menos, singulares en este sentido, y la historia de su imperio pretende ilustrar la inutilidad, y a veces la inanidad, que rodea gran parte del debate sobre la posible devolución de las tierras de los nativos americanos por parte del gobierno federal. Gran parte de esta última proviene de una falta de voluntad histórica para aceptar que durante la mayor parte de la historia de la humanidad lo descrito anteriormente fue la norma. Así es como hemos llegado hasta aquí: la competencia entre grupos opuestos por unos recursos escasos, con todas las demás consideraciones como secundarias. A veces los grupos eran grandes, a veces eran pequeños. Grandes confederaciones o clanes patrimoniales, no importa; la lógica básica de lo que los grupos quieren y cómo van a conseguirlo es la misma.
No se trata de excusar el despojo violento, sino de observar el hecho histórico de la preeminencia del poder en las relaciones geopolíticas. Todas las principales naciones nativas americanas y las confederaciones surgieron de esta manera. Además, los tratados desiguales son, y han sido, la norma, no la excepción, a lo largo de la historia de la humanidad: Sólo hay que preguntar a los alemanes, a los japoneses o a cualquier otra persona que haya perdido una guerra contra una potencia reconocidamente superior capaz de dictar las condiciones al final de la guerra.
Por lo tanto, aunque nos horroricen los relatos de las atrocidades que se produjeron en la forja de la nación, y reflexionemos también sobre el impacto del racismo científico en la conformación de la sociedad, la economía y el gobierno americano, no se puede permitir que estas consideraciones sustituyan el examen de las pruebas y la lógica que subyace a las reclamaciones al gobierno de Estados Unidos por parte de los miembros de una determinada tribu.
Como argumentó Robert Nozick en su obra maestra de la filosofía política, Anarquía, Estado y utopía, la violación de una restricción lateral moral, en este caso cualquier transferencia no consensuada de la propiedad de una parte a otra, hace que la transacción, o debería hacerla, sea nula - moralmente si no legalmente.
Para ilustrar las implicaciones de este principio, que presumo casi universalmente aceptado, tomemos el ejemplo de los comanches presentado en nuestra apertura. Se apoderaron de sus tierras de numerosas otras tribus. Como se puede ver en la historia, esas tribus habían tomado la tierra de otras antes que ellos, y así sucesivamente. ¿En qué momento tuvo alguien un título claro aparte de por medios violentos? Si el gobierno americano entregara la tierra a los miembros restantes de los comanches, ¿deberían éstos, a su vez, dársela a los apaches? ¿Qué mayor derecho tienen y por qué motivos?
La lógica de seguir así es inútil y se ve fácilmente.
La Constitución de los Estados Unidos establece claramente, en virtud del artículo VI, cláusula II, que todos los tratados ratificados por el poder legislativo pasan a formar parte de la ley suprema del país. Al haber celebrado más de trescientos tratados con diversas tribus de nativos americanos desde la fundación de la nación, es imposible hacer ninguna generalización: cada uno debe ser analizado por sí mismo. En algunos casos, los tratados nunca fueron ratificados, como en California. En otros, como en las Colinas Negras, las tierras que se habían concedido a los lakota mediante un tratado ratificado fueron confiscadas ilegalmente poco después de que se descubriera oro allí, un hecho reconocido por la Corte Suprema. De forma más opaca, otros tratados fueron ratificados pero diversas circunstancias precipitaron la guerra entre los americanos y las diversas tribus nativas americanas que eran parte de los acuerdos. Habría que estudiar detalladamente cada caso antes de promulgar cualquier veredicto.
Aunque el proceso de devolución de las tierras puede ser complicado o incluso imposible, no es nuestra preocupación. Sólo pretendemos establecer una imagen clara de lo que el gobierno federal está obligado a hacer según la constitución. La constitución no es un documento moral; es un documento legal; y las obligaciones del gobierno federal deben, por lo tanto, ser consideradas sólo bajo esta luz y en el contexto histórico apropiado.
