El principio de no agresión (PNA) prohíbe el uso de la fuerza. Adaptando una formulación del filósofo Roderick Long, puede formularse de la siguiente manera:
PNA: Cualquier acto de interferencia forzosa (o amenaza de la misma) con la persona o la propiedad de otro individuo es una violación de derechos, a menos que el acto sea una respuesta a la interferencia forzosa (o amenaza de la misma) de esa persona.
Argumentaré que el PNA tiene consecuencias inaceptables. Podemos modificar el principio para evitar esas consecuencias, pero esto tiene un grave coste: el principio dejará de funcionar realmente en el argumento a favor del Estado mínimo.
Primer problema para el PNA: las injusticias del pasado
Supongamos que te robo un cuadro de valor incalculable y se lo doy a Bob, un amigo mío. Aunque Bob sepa que el cuadro ha sido robado, no ha utilizado ni amenazado con utilizar la fuerza. Según la PNA, esto significa que obligar a Bob a devolver el cuadro sería una violación de sus derechos. En términos más generales, el PNA impide la rectificación de delitos o injusticias pasados, siempre que el delincuente original haya transferido el producto de su iniquidad a otra persona.
Podríamos evitar esta desagradable consecuencia revisando el PNA:
PNA: cualquier acto de interferencia forzosa (o amenaza de la misma) con la persona o la propiedad legítimamente adquirida de otro individuo es una violación de derechos, a menos que el acto sea una respuesta a la interferencia forzosa (o amenaza de la misma) de esa persona.
El libertario podría entonces afirmar que Bob no adquirió legítimamente el cuadro, ya que fue robado; por lo tanto, se nos permite utilizar la interferencia forzosa para recuperarlo.
Sin embargo, añadir «adquirido legítimamente» al PNA abre una enorme caja de Pandora. ¿Qué propiedades se consideran legítimamente adquiridas? Una respuesta estricta, inspirada en Nozick, a esta pregunta: mi propiedad fue adquirida legítimamente si la obtuve a través de una secuencia de transferencias, cada una de las cuales fue libre y sin coacción, y cuando esta secuencia se remonta a una adquisición original de la propiedad que fue justa y equitativa.
Incluso si suponemos, de forma bastante improbable, que hubo una justa adquisición inicial de la propiedad, resulta inverosímil afirmar que la distribución actual fue el resultado de una secuencia de transferencias libres y sin coacción a lo largo de los siglos posteriores. Para comprobarlo, basta con señalar que la distribución de la riqueza en Estados Unidos se vio enormemente afectada por la esclavitud y la flagrante opresión de los negros americanos, por no hablar de la matanza de los nativos americanos y el robo de las tierras que ocupaban en los primeros tiempos de la república.
Desde el punto de vista estricto de la adquisición legítima, incluso un socialista democrático que quiera un gran estado de bienestar podría simplemente estar de acuerdo con el PNA: el socialista sólo añadirá que, puesto que casi ninguna propiedad actual fue adquirida legítimamente, y puesto que el PNA sólo se aplica a la propiedad adquirida legítimamente, el PNA no impone ninguna restricción real.
Tal vez los libertarios puedan elaborar una teoría menos estricta sobre la adquisición legítima de la propiedad. Tal vez, como sugirió David Gordon en un contexto relacionado, la noción de convención desempeñe un papel. Tal vez esta teoría, cuando se añada al PNA, implique que la mayoría de los actos de fuerza iniciática siguen estando prohibidos; y, por último, tal vez esto pueda utilizarse a su vez para argumentar que sólo es justificable el Estado mínimo de vigilante nocturno.
Pero obsérvese: incluso con esa teoría, la disputa entre el libertario y el socialista no tendría entonces nada que ver con la PNA revisada, que ambos pueden aceptar. El PNA, que se propuso originalmente como base de la posición libertaria, ya no desempeña ningún papel en la discusión. Todo el trabajo real lo haría la teoría auxiliar, aún por proveer, sobre lo que cuenta como propiedad legítimamente adquirida. (Sandy Ikeda hizo un comentario relacionado sobre el PNA).
Segundo problema para el PNA: los impuestos
Cuando el gobierno me envía una factura de impuestos, viene con una amenaza: pueden embargarme el sueldo o incluso meterme en la cárcel. Esta amenaza no responde a ningún acto de interferencia forzosa por mi parte; simplemente estaba sentado sin pagar impuestos. Pero esto implica que la factura de impuestos es, según el PNA, una violación de mis derechos.
Sin embargo, si los impuestos en sí mismos son una violación de los derechos, entonces incluso el Estado mínimo está prohibido, en la medida en que el Estado mínimo financia los tribunales, la aplicación de la ley y la defensa nacional mediante la recaudación de impuestos.
Algunos libertarios podrían aceptar esto y concluir que incluso el Estado mínimo es demasiado Estado. Estos libertarios, como el candidato a la vicepresidencia en 2020, Spike Cohen, podrían convertirse en anarquistas.
Pero esto va más allá de lo que defienden la mayoría de los libertarios. La plataforma del Partido Libertario aboga por un gobierno extremadamente limitado, pero no exige el fin de los impuestos obligatorios. Del mismo modo, el candidato presidencial libertario Jo Jorgensen abogó por eliminar el impuesto federal sobre la renta, pero no sugirió deshacerse de todos los impuestos.
Los libertarios podrían intentar evitar las sugerencias anarquistas del PNA modificando el principio de manera que se permita sólo la tributación suficiente para mantener el Estado mínimo:
PNA: cualquier acto de interferencia forzosa (o amenaza de la misma) con la persona o la propiedad de otro individuo es una violación de los derechos, a menos que el acto sea una respuesta a la interferencia forzosa (o amenaza de la misma) por parte de esa persona o que el acto sea un caso de recaudación de impuestos por parte del gobierno con un propósito legítimo.
Pero el libertario necesitará ahora otra teoría auxiliar que explique qué fines gubernamentales son legítimos y por qué. Después de todo, el socialista podría estar totalmente de acuerdo con el PNA revisado, siempre y cuando el socialista también afirme que un gran estado de bienestar es un propósito legítimo para los impuestos del gobierno.
El libertario, sin duda, rebatirá la afirmación socialista y propondrá, en cambio, que todo lo que vaya más allá del Estado mínimo no es legítimo. Sin embargo, una vez más, la disputa entre el libertario y el partidario del gran gobierno no tendrá nada que ver con el PNA revisado, que ambas partes pueden aceptar. El principio de no agresión, que se suponía que fundamentaba la afirmación de que sólo el Estado mínimo es legítimo, ahora no funciona en absoluto.
Conclusión:
Ante las consecuencias extremas del PNA, uno no puede responder diciendo simplemente: «Bueno, no quiero ir tan lejos». Los principios no son como los autobuses a los que se puede llegar hasta donde se quiera y luego bajarse; implican lo que implican. Si no aceptas las implicaciones del principio, no aceptas realmente el principio; debes rechazarlo o al menos matizarlo. Sin embargo, los intentos obvios de matizar o cubrir el PNA para evitar esas consecuencias significarían que el principio ya no hace ningún trabajo real para apoyar el Estado mínimo.
Por supuesto, nada de esto implica que los libertarios se equivoquen al defender sólo el Estado mínimo; sólo significa que tendrían que apoyar este punto de vista sobre otras bases. Los libertarios podrían, por ejemplo, seguir a Mises al decir que «la utilidad social es la única norma de justicia». En otras palabras, en lugar del discurso basado en los derechos de la PNA, se podría intentar defender el estado de vigilancia nocturna sobre bases ampliamente utilitarias, afirmando que dicho estado conducirá a una mayor felicidad y florecimiento humano.
