A los economistas austriacos nos causa una gran frustración no ser capaces de cambiar rápidamente las políticas públicas a corto plazo a pesar de tener grandes ideas teóricas sobre economía y política. Sin embargo, sabemos que a largo plazo podemos ayudar a cambiar las políticas públicas cuando podemos usar ideas y teorías científicas para cambiar la opinión pública o la ideología, lo que a su vez cambiará las políticas públicas. Un buen ejemplo es el cannabis o marihuana, que ha sido ilegal nacionalmente desde la aprobación de la Ley Fiscal de la Marihuana de 1937, que se convirtió en prohibición y acabó llevando al cannabis a ser droga de Clase 1, al igual que la heroína. Estados Unidos se ha visto expuesto a un siglo de propaganda contra el cannabis. Es conocido que las películas de la década de 1930 como Reefer Madness afirmaban falsamente que el cannabis podía transformar a buenas personas en asesinos, volverlas locas y matarlas. En 1972, solo el 12% de los estadounidenses apoyaban la legalización del cannabis. Esta experiencia ha arruinado millones de vidas y probablemente pase a la historia como uno de los grandes errores de la historia humana.
Por supuesto, muy recientemente muchos estados han legalizado el cannabis médico y recreativo. Ahora mismo el 62% de los estadounidenses apoya la legalización de la marihuana recreativa y casi ninguno se opone a la marihuana médica. Los científicos llevan mucho tiempo evitando intervenir en este asunto. El Dr. Sanjay Gupta invirtió su postura para apoyar el cannabis y eso probablemente cambio las opiniones de muchos. Hoy tenemos la noticia de que Fiona Godlee, editora principal de la prestigiosa revista British Medical Journal confirmaba que la postura de la revista acerca de que las drogas ilegales deberían legalizarse y regularse desde una perspectiva de salud pública. Incluyo aquí opiniones escritas de economistas sobre política sobre drogas.
Su declaración completa:
Algunas cifras de la revista de esta semana merecen reflexión. La guerra contra las drogas cuesta a cada contribuyente de Reino Unido unas 400£ al año. Reino Unido es actualmente el mayor exportador de cannabis legal, aunque su uso recreativo y medicinal son un delito. Escocia tiene la mayor tasa de muertes relacionadas con las drogas de la UE, el doble que hace 10 años. El comercio legal de drogas ilícitas equivale a 236.000 millones de libras, pero este dinero promueve el crimen organizado y la miseria humana. ¿Por qué no debería en su lugar financiar servicios públicos?
Un creciente número de países están siguiendo una ruta más inteligente, dicen Jason Reed y Paul Whitehouse (doi:10.1136/bmj.k1999). En Portugal, donde se ha despenalizado la posesión no violenta de drogas, el consumo no ha aumentado, pero las muertes relacionadas con drogas han caído considerablemente. En Holanda, EEUU y ahora en Canadá, los mercados regulados de venta de cannabis generan importantes ingresos fiscales.
Entretanto, en Reino Unido se gastan enormes sumas en la persecución de personas y tratando en vano de interrumpir la entrada de drogas en las ciudades, junto con “fronteras de condado” para niños vulnerables. Reed y Whitehouse hablan en nombre de la Law Enforcement Action Partnership, que pide legislación y regulación. Dicen que el dinero podría usarse en su lugar en control de calidad, educación, tratamientos para los consumidores de drogas y protección de niños. Los ingresos podrían desviarse de las bandas criminales a las arcas públicas.
Cuando las fuerzas de orden público reclaman que se legalicen las drogas, tenemos que escucharlas. También cuando hablan los doctores. El mes pasado, el Real Colegio de Médicos dio el importante paso de declararse a favor de la despenalización (doi:10.1136/bmj.k1832), uniéndose a la BMA, la Facultad de Sanidad Pública y la Real Sociedad de la Sanidad Pública en apoyo a la reforma de la política sobre drogas (doi:10.1136/bmj.j3461).
No se trata de si se piensa que las drogas son buenas o malas. Es una postura basada en evidencias completamente en línea con la aproximación de la sanidad pública hacia los delitos violentos. En su Editorial, John Middleton y Jonathan Shepherd dicen que la epidemia de delitos con armas blancas y de fuego de Reino Unido se debe en parte a la creciente disponibilidad de fetanilo y cocaína en forma de crack (doi:10.1136/bmj.k1967). La recién publicada estrategia contra la violencia grave del gobierno de Reino Unido reconoce la relación entre la prohibición de las drogas y la violencia, pero propone gastar 40 millones de libras en políticas relacionadas con la prohibición. Reed y Whitehouse dicen que esto no hará nada que evite el delito relacionado con las drogas.
La BMJ está firmemente a favor de los esfuerzos por legalizar, regular y gravar la venta de drogas para uso recreativo y medicinal. Es un asunto en el que las voces de los doctores podrían y deberían ser escuchadas.
