Hasta la fecha, ningún partido político importante de Estados Unidos ha emitido una política coherente y de principios en materia de inmigración. Sin una política de principios, las maniobras políticas han sido la regla del día.
El Partido Libertario defiende una verdadera política de fronteras abiertas con el argumento laissez faire. El LP compara la circulación de personas a través de las fronteras con la circulación de capitales y mercancías: «Para promover la libertad económica, exigen la circulación sin restricciones de los seres humanos, así como del capital financiero, a través de las fronteras nacionales». Aunque esto puede parecerle coherente a algunos libertarios, la plataforma está mal concebida. Como ha demostrado Lew Rockwell —siguiendo los análisis de Hans-Hermann Hoppe y Murray Rothbard— por varias razones, la inmigración no puede equipararse al comercio internacional. En pocas palabras, a pesar de lo turbio del concepto de «propiedad pública», la inmigración no verificada infringe los derechos de propiedad de los ciudadanos.
La política de inmigración del presidente Donald Trump se instituyó como parte de la plataforma «América primero». Aunque puede entenderse en términos de los derechos de propiedad de los ciudadanos estadounidenses, nunca se justificó por estos motivos. El resultado fue que los Demócratas y los medios de comunicación pudieron afirmar que la política era racista y no de principios.
Ahora que la izquierda se ha asegurado el control total del gobierno federal, la falta de principios está dando lugar a una crisis humanitaria bajo la bandera del humanitarismo, sobre todo para obtener beneficios políticos.
Nada más tomar posesión de su cargo, Biden firmó un cúmulo de órdenes ejecutivas y proclamaciones presidenciales, emitidas por motivos «humanitarios». Lleno de bromas sobre la dignidad humana y la justicia, el humanitarismo de las declaraciones de Biden se ve desmentido por la violación de las prerrogativas y los derechos de propiedad de los ciudadanos estadounidenses, así como por la aparente puesta en peligro de su salud y bienestar general. Aunque la crisis del covid está muy exagerada, la hipocresía de la izquierda se pone de manifiesto cuando los inmigrantes sin máscara entran en el país sin precauciones contra el covid, mientras muchos estadounidenses permanecen enmascarados y parcialmente encerrados.
Esta política, si es que puede llamarse política, carece totalmente de principios, a menos que el principio no declarado sea reducir sistemáticamente la riqueza y amenazar el bienestar de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, o proporcionar mano de obra barata mientras se hace recaer la mayor parte de la carga de la manutención de los inmigrantes sobre los contribuyentes, o engrosar la base de votos del Partido Demócrata, o todo lo anterior. Aparte de los políticos Demócratas, son pocos los ciudadanos que ganan algo con esta inmigración no controlada. La mayoría sale perdiendo. (Tal vez aquellos cuyas ventanas están adornadas con carteles con lemas como All Welcome, Love Is Love y No Human Is Illegal se ofrezcan a proporcionar a los inmigrantes alojamiento y comida gratis).
El plan de Biden se está convirtiendo en un desastre total. Cien mil migrantes cruzaron la frontera sur sólo en febrero. Algunas instalaciones para inmigrantes alcanzaron más del 700% de su capacidad, lo que llevó a la administración a anunciar que alojará a los inmigrantes en hoteles para estancias prolongadas de seis meses o más, a costa de los contribuyentes. Mientras tanto, la administración no quiere o no puede responder a las preguntas sobre el impacto humanitario del exceso de inmigrantes —por ejemplo, en qué se diferencia el trato de la administración a los niños detenidos de su trato bajo Trump, o, para el caso, bajo la administración Obama-Biden— aparte de ser peor.
Pero la política de acogida de esta oleada de nuevos inmigrantes es más importante incluso que su impacto cultural, social y económico. Si se deroga el filibusterismo del Senado, la legislación de «reforma» del voto aprobada por la Cámara de Representantes (HR 1) obtendría una mayoría simple en el Senado. La legislación de «reforma» del voto de los demócratas permitiría a prácticamente cualquier persona votar por correo -sin firma ni ningún otro tipo de verificación- antes, durante y después de los días oficiales de las elecciones. Los demócratas podrían entonces contar con estos y otros nuevos inmigrantes para devolver su generosidad con votos. La táctica de inmigración de Biden podría dar paso a un gobierno de partido único (demócrata) en Estados Unidos, en un futuro previsible.
Incluso si esta argucia política tiene éxito, la oposición debería empezar por centrarse en una respuesta de principios.
El primer paso es definir la «propiedad pública» como propiedad de los ciudadanos. Pero además de la cuestión del acceso a la «propiedad pública» está la más controvertida de qué «propiedad pública» está en juego. La inmigración afecta de forma diferente a las distintas regiones. La mayor parte de la inmigración ilegal se filtra en seis estados: California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois. Mientras que más de dos millones de inmigrantes no autorizados viven en California, al menos por ahora, ocho estados son «hogar» de menos de cinco mil inmigrantes no autorizados.
Por ello, una política nacional de inmigración uniforme tiene poco sentido. (Tampoco lo tienen muchas políticas nacionales, sobre todo teniendo en cuenta la creciente disparidad entre los estados en muchas cuestiones supuestamente nacionales). Como mínimo, las ciudades, los condados y los estados deberían poder elaborar sus propias políticas de inmigración, guiándose por el impacto cultural, económico y político de los inmigrantes recién llegados sobre los habitantes locales.
La proverbial lata ha sido pateada por el camino durante tanto tiempo que los demócratas han aprovechado la confusión y la han utilizado con meros fines políticos, a expensas de la mayoría. Hace tiempo que se necesita un conjunto de políticas claras y regionalizadas basadas en el principio de los derechos de propiedad.
