Resumen: El concepto de propiedad intelectual (PI) ha sido criticado en diversas ocasiones por ser incompatible con los derechos naturales y perjudicial para la difusión de las innovaciones. En este trabajo sostengo que puede ser criticado en un nivel aún más fundamental, es decir, como una imposibilidad praxeológica. Más concretamente, se sugiere que, dado que las ideas no son bienes económicos, sino condiciones previas para la acción, y dado que los bienes físicos transformados por las ideas llegan a ser tan heterogéneos (y, por tanto, tan únicos intelectualmente) como los individuos que llevan a cabo esas transformaciones, no se puede designar de manera significativa ningún bien económico como apropiable en virtud de que encarne el valor objetivamente definible del propio trabajo intelectual. En vista de lo anterior, sugiero posteriormente que las leyes de protección de la propiedad intelectual constituyen una forma de intervencionismo excepcionalmente arbitraria y, por tanto, excepcionalmente perturbadora, dirigida contra la esencia misma del proceso de mercado empresarial.
Clasificación JEL: K00, L26, O34, P48
Jakub Bożydar Wiśniewski (jakub@cantab.net) es profesor adjunto del Instituto de Economía de la Universidad de Wroclaw y académico afiliado al Instituto Ludwig von Mises de Polonia.
1. INTRODUCCIÓN
El concepto de propiedad intelectual (PI) ha sido criticado desde varias perspectivas distintas. Los defensores de la ética libertaria lo han criticado por ser incompatible con el axioma de la autopropiedad y la estructura resultante de los derechos naturales. Más concretamente, han señalado que la categoría de propiedad se aplica exclusivamente a los bienes escasos, mientras que las ideas, es decir, los frutos del trabajo intelectual, son superabundantes en virtud de su infinita replicabilidad. Por lo tanto, restringir por la fuerza su replicación equivale a un importante acto de agresión contra la integridad corporal y la propiedad física del agente de replicación (Kinsella 2008).
Por otra parte, los economistas de la corriente principal han demostrado que las patentes y los derechos de autor, lejos de promover la innovación, en realidad obstaculizan el desarrollo económico y la destrucción creativa schumpeteriana. Esto se debe a que los titulares de patentes y derechos de autor son efectivamente monopolistas intelectuales, capaces de cortar de raíz el desarrollo comercial de cualquier idea dada (Boldrine y Levine 2008).
Si bien se reconoce la validez y el significado de las críticas anteriores, este documento ofrece una visión diferente del concepto titular. En lugar de sugerir que la propiedad intelectual es moralmente indefendible o económicamente dañina, sugiere que es praxeológicamente imposible. En otras palabras, en este documento se sugiere que las leyes de propiedad intelectual no constituyen tanto un intento de monopolizar una categoría de recursos praxeológicamente distinta, sino más bien un recorte arbitrario de las iniciativas empresariales destinadas a la heterogeneización de los recursos. Esto, a su vez, implica que la llamada protección de la propiedad intelectual crea no tanto «monopolistas intelectuales», sino más bien copropietarios institucionales no invitados (Hülsmann 2006) de la propiedad física seleccionada arbitrariamente por sus potenciales competidores empresariales.
En la siguiente sección se expone el argumento con más detalle. La sección 3 considera algunos posibles contraargumentos a la propuesta, y la sección 4 concluye con una presentación de algunas de sus ramificaciones adicionales.
2. EL ARGUMENTO
La idea fundamental de la tradición marginalista-subjetivista de la economía es la observación de que lo que hace un bien no son sus características físicas, sino su capacidad para entrar en relaciones causales con escalas de preferencia subjetivas de agentes intencionales. Así, incluso los bienes físicamente idénticos pueden diferir significativamente en cuanto a su valor económico en virtud de sus diferentes historias causales y conexiones ideacionales.
Sin embargo, este énfasis crucial en la naturaleza subjetiva del valor económico no cambia el hecho de que los bienes económicos genuinos, para calificar como tales, tienen que exhibir una escasez física objetiva. De lo contrario, no son bienes, sino las «condiciones generales» de la acción (Rothbard 2004, 4). En otras palabras, la tradición marginalista-subjetivista —particularmente ejemplificada por la rama de Menger-Mises— evita los escollos gemelos del hipersubjetivismo y el panfisicalismo: postula que los objetos físicamente escasos se convierten en bienes económicos al «mezclarse» con los procesos ideacionales de los seres intencionales.
Por lo tanto, la ideación resulta ser una actividad psicológica más que praxeológica, y por sí misma no entra en el ámbito del análisis económico ni, por extensión, en el de la valoración de propiedades. Sólo cuando se traduce en acción se convierte en un dato fundamental de la teoría económica y de la historia. Sin embargo, tan pronto como entra en el ámbito de las preferencias demostradas, inevitablemente heterogénea los bienes resultantes, asegurando así su distinción intelectual y valorativa.
Esto se debe a que la acción humana está necesariamente orientada hacia el futuro y, por lo tanto, es emprendedora en el sentido amplio del término: no consiste en un ajuste sin fricciones de la oferta y la demanda, sino en el despliegue de los escasos medios hacia fines específicos que se lograrán en un futuro incierto (Salerno 2008). Por lo tanto, las ideas, vistas como condiciones previas de agencia, nunca, en sentido estricto, se replican, sino que se adaptan a las circunstancias, planes y capacidades específicas de cada uno. Esto, a su vez, implica que tan pronto como un agente particular transforma determinados objetos físicos de acuerdo con una idea dada —incluso si esta idea es «prestada» por alguien más— se convierten en bienes únicos, impregnados de su toque productivo único. Cabe señalar aquí que este argumento es independiente del argumento de que los derechos de propiedad se aplican exclusivamente a la integridad física de un recurso, no a su valor, ya que éste se deriva enteramente de los estados mentales de todos aquellos individuos que están interesados en darle algún uso (Hoppe y Block 2002). Aunque pocos pueden estar dispuestos a rechazar esta afirmación en su totalidad y respaldar la noción de que mantener el valor de los recursos propios puede extenderse a la posesión de los estados mentales de otros, algunos pueden estar dispuestos a conceder la inadmisibilidad de ciertas acciones que disminuyen el valor de los bienes de otros. La subvaloración del creador de un «producto novedoso» ofreciendo réplicas exactas de su mercancía podría considerarse un ejemplo canónico en este caso. Sin embargo, el argumento expuesto en el presente documento desarraiga por completo esta cuestión, ya que señala que los productos físicamente idénticos no pueden considerarse idénticos en cuanto a las fuentes de su valor, lo que hace que su supuesta propiedad y sus posibles externalidades positivas sean discutibles.
Esta observación es excepcionalmente sorprendente en el contexto de la iniciativa empresarial concebida de forma estrecha, es decir, en el contexto del ejercicio de la función de propiedad sobre las estructuras de capital de la producción creadas y recreadas en condiciones de incertidumbre (Foss y Klein 2012). Después de todo, el determinante esencial del éxito de cualquier plan de negocios dado no son las capacidades físicas de los recursos que posee un empresario determinado, ni siquiera las ideas objetivamente definibles que encarnan, sino la evaluación subjetiva del potencial que reside en estos y otros elementos de la visión empresarial global y el correspondiente capital social (Kirzner 1997). Los inventos definibles objetivamente son fenómenos técnicos, no económicos, y sólo cuando ayudan a producir innovaciones concebidas subjetivamente contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo (McCloskey 2010). No se trata en absoluto de una simple repetición del argumento contrario a la PI de que una idea es un requisito previo general de la producción y no está sujeta a la propiedad. Es también la constatación de que, en lo que respecta a su potencial productivo, las ideas aplicadas en procesos concretos de producción son totalmente diferentes de las ideas concebidas en términos abstractos. Así pues, considerar que todos los objetos físicos cuya creación supuso algún uso de los frutos del trabajo mental de uno entran en el ámbito de la «propiedad intelectual» de uno es cometer un error categórico fundamental, es decir, confundir los resultados de los planes subjetivos con sus condiciones mentales objetivas previas.
Si, por otra parte, se afirmara que es precisamente el contenido conceptual específico de esas condiciones mentales lo que puede ser objeto de protección de la propiedad intelectual, se cometería un error categórico igualmente flagrante. Después de todo, tal afirmación equivaldría a tratar de obtener un uso exclusivo no de los resultados de una acción determinada, sino de un requisito previo necesario de una gama potencialmente infinita de acciones. En otras palabras, equivaldría a tratar de ponerle precio a algo que naturalmente no tiene precio, a algo que no sólo no es contingente ni escaso (como lo son los llamados bienes gratuitos), sino que lo es necesariamente (como tienen que serlo todas las condiciones generales de la acción).
Para utilizar un ejemplo concreto, se trataría de obtener un uso exclusivo no de ningún producto concreto de, por ejemplo, la ortografía o el canto, sino de los propios conceptos de la ortografía o el canto. Llevado a su última conclusión, ese enfoque paralizaría toda acción humana, destruyendo a la humanidad casi en el acto al hacer que todo el mundo se sienta inseguro de si la realización de actividades perfectamente mundanas viola los derechos de propiedad intelectual de otra persona. Y si se tratara de evitar esta conclusión sugiriendo que sólo los conceptos suficientemente complejos merecen este tipo de apropiación exclusiva, una respuesta natural sería señalar que tal sugerencia huele a pura arbitrariedad legalista, ya que tiene que basarse en una norma puramente discrecional de «suficiente complejidad». Es cierto que hacer que las ideas que están sujetas a la protección de la propiedad intelectual sean una cuestión de pura convención jurídica no sería una medida lógicamente incoherente, pero sería una medida carente de toda apelación a la justificación económica. Más concretamente, no apoyaría la afirmación de que la finalidad de la concesión de licencias para el uso de conceptos complejos es permitir a sus autores cosechar todo su valor de mercado, ya que no implicaría el establecimiento de ningún método preciso para medir la medida en que el valor de mercado de un bien determinado se deriva de la incorporación de dicho concepto (Cordato 1992, 80).
Además, hay que tener en cuenta que toda actividad empresarial implica una heterogeneización de los recursos (Lewin y Baetjer 2011), aunque no consista en el tipo de iniciativa empresarial schumpeteriana, que suele asociarse a la introducción de innovaciones y otras tareas de carácter eminentemente conceptual. Así, por ejemplo, la compra de un producto de marca y su simple reubicación de un mercado relativamente saturado a otro relativamente insaturado para venderlo con beneficio es suficiente para crear un producto sustancialmente nuevo, asociado a escalas de preferencia, condiciones de valoración y estructuras organizativas singularmente específicas. De hecho, en la actual era de las transacciones electrónicas ni siquiera es necesario un acto de reubicación física: basta con realizar un arbitraje en línea para heterogeneizar de manera productiva bienes física y conceptualmente idénticos. Al fin y al cabo, si toda acción humana es ampliamente emprendedora -es decir, requiere una confrontación creativa con el futuro incierto-, entonces el aprovechamiento de las oportunidades de arbitraje es sólidamente innovador por derecho propio (Kirzner 2009).
En otras palabras, incluso, digamos, utilizar una fórmula científica general en la producción sin alterarla en modo alguno debería contar como una instancia de adaptación más que de réplica, ya que su comercialización exitosa requiere integrarla con una estructura de capital de producción específica, limitada en el tiempo y el espacio. Repito, la replicación de ideas es una operación puramente mental, y sólo la aplicación empresarial de las ideas replicadas puede ser económicamente significativa en este contexto, ya que sólo esta última puede ser económicamente rentable o no rentable, y por lo tanto también más o menos exitosa para abordar el problema de la escasez natural (es decir, no artificial).
Además, cabe destacar que el argumento que se presenta aquí no se reduce al argumento más familiar de que las ideas no pueden estar sujetas a derechos de propiedad, ya que los derechos son, por definición, reivindicaciones exigibles, con el componente de «fuerza» vinculado al aspecto físico del control humano sobre los escasos recursos. Aunque este argumento es perfectamente razonable, no responde inmediatamente a la objeción de que el creador de una determinada idea pueda considerarse propietario parcial de todos los escasos recursos que en cierta medida encarnan sus características conceptuales distintivas. Por supuesto, en este punto se podría argumentar de manera sólida que el proceso creativo, aunque ciertamente capaz de aumentar el valor de determinados bienes, no implica automáticamente la propiedad de los mismos, ya sea completa o parcial. Sin embargo, esto desplazaría la discusión al nivel normativo, que tiene que ver con la definición de los criterios éticos o jurídicos de la apropiación genuina. Este argumento es puramente praxeológico: señala que no existe un vínculo valorativo necesario entre las características conceptuales de las ideas contempladas en términos abstractos y las características conceptuales de los bienes específicos que incorporan esas ideas.
En otras palabras, el proceso de ideación podría pensarse en términos de identificación de posibles oportunidades de beneficio, pero desde un punto de vista empresarial realista esas oportunidades sólo se imaginan en lugar de ser descubiertas (Klein 2008). Y puesto que los frutos de la imaginación pueden traducirse en empresas comerciales reales de una variedad infinita de maneras, es incoherente afirmar que el valor de las oportunidades de beneficio imaginadas puede imputarse automáticamente a sus contrapartes realmente explotadas, dando derecho a los originadores de las primeras a los beneficios de las segundas.
En resumen, la teoría subjetivista del valor junto con una comprensión praxeológica del proceso de mercado lleva a la conclusión de que, desde el punto de vista económico, la propiedad intelectual es una contradicción de términos. En resumen, las ideas no son bienes económicos, sino condiciones previas para la acción, mientras que los bienes físicos transformados por las ideas se vuelven tan heterogéneos (y por lo tanto tan únicos intelectualmente) como los individuos que llevan a cabo esas transformaciones. Esto, a su vez, implica que, por muy importante que sea señalar las consecuencias reductoras de la eficiencia y preocupantes desde el punto de vista normativo de la denominada protección de la propiedad intelectual, es posible plantear dudas sobre el concepto en un nivel aún más fundamental, puramente lógico.
3. POSIBLES CONTRAARGUMENTOS
Analicemos ahora algunos potenciales contra-argumentos a la sugerencia avanzada en el presente documento.
En primer lugar, podría afirmarse que, independientemente de las opiniones de cada uno sobre los aspectos normativos del concepto titular, es una exageración negar su coherencia descriptiva. Después de todo, podría decirse que es perfectamente razonable definir los frutos del trabajo intelectual de uno como recetas técnicas específicas de un objetivo,1 fácilmente identificables en términos de los efectos materiales específicos que su aplicación produce. Esto, a su vez, debería hacer que sea conceptualmente inobjetable designar los bienes que incorporan tales efectos como portadores de las marcas de la propia propiedad intelectual, incluso si no creemos que tal «propiedad» esté asociada a derechos naturales exigibles o a consecuencias económicamente beneficiosas.
El principal problema de esta sugerencia es que, una vez más, concibe los bienes en términos técnicos más que económicos y trata las ideas como si fueran factores praxeológicos más que psicológicos. Sin embargo, dado que la economía se ocupa de evaluaciones subjetivas encarnadas en preferencias demostradas, y no de descubrimientos científicos y su contenido técnico, debe rechazar la noción de que siempre existe una descripción única y objetiva de la manera en que un determinado bien puede incorporar útilmente una receta técnica. Por el contrario, la economía subjetivista, unida a una teoría madura del capital y el espíritu empresarial, reconoce claramente el hecho de que los factores productivos se caracterizan esencialmente por sus atributos, funciones y usos percibidos subjetivamente (Foss, Foss, Klein y Klein 2007). Por lo tanto, existe un número potencialmente infinito de formas en que cualquier objeto técnicamente definido puede ser imbuido de los frutos de la creatividad, la vigilancia y la previsión empresarial, convirtiéndose así no sólo en conceptualmente novedoso, sino también dotado de un valor económico único.
Otra objeción que se podría plantear al argumento del titular es que no puede reivindicar una validez económica universal, ya que se refiere a un concepto estrictamente normativo (es decir, la propiedad), mientras que la economía es una ciencia positiva. Así pues, se podría argumentar que es un error de categoría atribuir una incoherencia inherente a un fenómeno cuya definición es, en última instancia, una cuestión de convención jurídica o de imaginación moral.
El principal error de este contraargumento radica en confundir la libertad de valores de la economía con su supuesta irrelevancia de valores. Aunque claramente libre de valores en lo que respecta al contenido de sus teoremas, la economía depende de manera crucial de los conceptos evaluativos y normativos contenidos en sus descripciones del orden catalizador (Casey 2012). Por ejemplo, el teorema de la imposibilidad del cálculo económico racional en el socialismo se refiere claramente a la importancia de ciertas instituciones normativas (propiedad privada en los medios de producción, libre intercambio de títulos de propiedad privada, etc.), pero lo hace exclusivamente para dilucidar la naturaleza de las correspondientes relaciones causales lógicamente necesarias, sin proclamar su conveniencia ética. Por la misma razón, el teorema en cuestión también demuestra que ciertas visiones normativas —como la de una mancomunidad socialista económicamente próspera— no son tan erróneas desde el punto de vista ético como intrínsecamente inviables. Dicho de otro modo, las evaluaciones éticas de conceptos intrínsecamente incoherentes son inevitablemente inútiles, ya que atentan contra el principio de «debe implicar puede», que a menudo revela que tales conceptos son marcadores de posición engañosos para algo totalmente diferente.
Así pues, el hecho de que el argumento del titular se refiera a un concepto normativo no resta valor a su carácter estrictamente positivo. Después de todo, no importa en este contexto si se respalda o no la noción de propiedad intelectual por motivos éticos; lo que importa es que ese respaldo no puede formularse en un lenguaje económicamente significativo.
Por consiguiente, el argumento de este texto no viola la distinción entre lo positivo y lo normativo, sino que tiene por objeto demostrar que son los defensores de la propiedad intelectual quienes necesariamente violan la distinción entre lo psicológico y lo praxeológico.
En este punto, se podría argumentar que la línea de pensamiento anterior se basa en la dudosa premisa de que si una idea es por naturaleza una condición general de la acción, esto no puede ser cambiado por la promulgación legal. De hecho, sin embargo, no se presupone tal premisa. Aunque es claramente posible legislar la escasez artificial en la existencia, es imposible fundamentar dicha legislación en hechos praxeológicamente significativos. En otras palabras, si bien es posible perseguir a los individuos u organizaciones por la supuesta utilización ilícita de las ideas de otros, ello no modifica la observación puramente praxeológica de que anclar una determinada idea abstracta en las circunstancias específicas de la empresa individual la convierte en una idea fundamentalmente distinta, sin que exista entre ambas un vínculo valorativo necesario similar al postulado por la ley de imputación de Mengeriano. Por lo tanto, apelar a la posibilidad de una escasez artificial no impugna en modo alguno la libertad de valores de este artículo.
Por último, se podría sugerir que la supuesta coherencia económica de la noción de propiedad intelectual se puede establecer señalando la especificidad de los efectos intervencionistas causados por las leyes de protección de la propiedad intelectual. Si, por ejemplo, se suscribe la afirmación de que esas leyes obstaculizan el desarrollo económico y la correspondiente creación y difusión de innovaciones, se reconoce implícitamente la existencia de una categoría especial de bienes cuya apropiación preventiva por parte de los titulares de patentes y derechos de autor conduce a resultados económicamente no óptimos. Así pues, se podría argumentar que la propiedad intelectual surge como un concepto económicamente significativo en virtud de los efectos económicamente significativos de su aplicación legal.
La principal debilidad de la afirmación anterior es la presunción implícita de que las consecuencias praxeológicamente específicas deben asociarse a una categoría praxeológicamente distinta de productos para mantener su significado analítico. Sin embargo, es cierto que también podrían estar asociadas a un tipo de actividades praxeológicamente distintas. Por ejemplo, en el contexto que se examina podría sugerirse que las leyes de protección de la propiedad intelectual obstaculizan no tanto la producción y difusión de «bienes intelectuales», sino el proceso mismo de heterogeneización de los bienes, es decir, el proceso por el cual los objetos físicamente escasos se diferencian cada vez más por su asociación con las visiones empresariales individuales. En otras palabras, las leyes de propiedad intelectual podrían considerarse plausiblemente no como un medio de apropiación preventiva de los «bienes intelectuales», sino como un instrumento para aplicar los principios del «socialismo conservador» (Hoppe 1989, cap. 5). Por lo tanto, parece perfectamente factible reconocer los efectos económicamente perjudiciales de las intervenciones destinadas a la supresión de la utilización empresarial y la reutilización de las ideas generalmente accesibles sin comprometerse simultáneamente a aceptar el significado económico del concepto de propiedad intelectual.
En resumen, lejos de ser una exageración, la afirmación de que la llamada propiedad intelectual es incoherente como noción económica parece ser una propuesta sólidamente justificada. Permítanme ahora concluir explorando brevemente algunas de sus ramificaciones analíticas e implicaciones prácticas.
4. CONCLUSIÓN
Si la propiedad intelectual es, en efecto, un concepto praxeológicamente sin sentido, entonces, como se ha propuesto en la sección anterior, las leyes de propiedad intelectual no impiden a los empresarios utilizar libremente una categoría específica y precisamente definible de bienes, sino que sirven de pretexto para actos esencialmente arbitrarios de intervencionismo oportunista. Esto indica que son mucho más capaces de paralizar el funcionamiento del proceso de mercado de lo que sugieren los argumentos tradicionales centrados en la influencia económicamente asfixiante de los «monopolios intelectuales». Más concretamente, la arbitrariedad en la definición de las leyes de propiedad intelectual parece particularmente capaz de cargar a los empresarios con una capa muy problemática de incertidumbre del régimen (Higgs 1997), que no genera costos adicionales (aunque previsibles) para la actividad empresarial en la medida en que hace que dicha actividad sea esencialmente imprevisible a nivel institucional (Kinsella 1995, 150-51).
Además, es especialmente probable que las leyes en cuestión paralicen las operaciones de empresas específicamente «schumpeterianas» (Mueller 2003, cap. 4), es decir, las que dependen excepcionalmente de la creación de valor mediante la heterogeneización de los recursos basada en la adaptación ingeniosa de las recetas técnicas existentes. Esas empresas, que suelen estar a la vanguardia del desarrollo económico robusto, están especialmente expuestas al intervencionismo arbitrario de los actores establecidos, que buscan constantemente excusas para acusar a los recién llegados de «parasitismo intelectual». Además, este tipo de entorno da a la dirección de las empresas schumpeterianas un incentivo adicional para unirse al juego intervencionista del establecimiento lo antes posible, con lo que se perpetúa y refuerza aún más el círculo vicioso de búsqueda de rentas, amiguismo y petrificación económica forzosa.
Por último, la transformación empresarial sin trabas de diversos conceptos técnicos es un fenómeno cuya continuación es particularmente importante para una sociedad globalmente interconectada y compleja desde el punto de vista organizativo. Si esa sociedad se vuelve repentinamente irresponsable a los desafíos económicos que genera continuamente su entorno en dinámico cambio, lo que está destinado a suceder en condiciones de heterogeneización reprimida de los recursos, será víctima de la fragilidad institucional (Taleb 2012) y se volverá incapaz de sostener su complejidad, colapsando finalmente por su propio peso.
En conclusión, dado que la propiedad intelectual es un término praxeológicamente incoherente, las leyes de propiedad intelectual resultan constituir una forma de intervencionismo excepcionalmente arbitraria y, por lo tanto, excepcionalmente perturbadora, dirigida contra la esencia misma del proceso del mercado empresarial (Kirzner 2017). Por lo tanto, las leyes de propiedad intelectual deben considerarse un obstáculo aún más fundamental para un desarrollo económico robusto de lo que han sugerido los argumentos que han prevalecido hasta ahora.
Note 1: Para el propósito de este documento, los términos «receta», «idea» y «concepto» se tratan como intercambiables.
