Volumen 13, número 2 (1998)
Los problemas que plantea la libre emigración e inmigración a menudo generan confusión entre los teóricos libertarios y los amantes de la libertad. En primer lugar, la doctrina libertaria se ha declarado tradicionalmente, sin salvedades ni reservas, a favor del principio de la plena libertad de emigración e inmigración. Esta posición se basa en el reconocimiento de que el establecimiento de fronteras políticas es un flagrante acto de intervencionismo y coerción institucional por parte del Estado, tendiendo a obstaculizar o incluso impedir la libre circulación de los seres humanos. Además, muchos controles fronterizos y leyes de inmigración surgen como resultado de la acción política de grupos de interés privilegiados, como los sindicatos, que pretenden restringir la oferta laboral para aumentar los salarios artificialmente. En la medida en que estas normas intervencionistas sobre emigración o inmigración dificulten o impidan los acuerdos voluntarios alcanzados entre las partes (nativos y extranjeros), no cabe duda de que vulneran los principios básicos que deben regir toda sociedad libertaria. Además, estas políticas inmigratorias intervencionistas afectan especialmente a los nacionales de países extranjeros, ya que, en general, se ha aceptado el principio de libre circulación de personas dentro de cada estado.
Sin embargo, la acción coercitiva del Estado se manifiesta no sólo en obstaculizar la libre circulación de las personas, sino, al mismo tiempo, en forzar la integración de determinados grupos de personas en contra de los deseos de los nativos de un determinado estado o región. Esta acción coercitiva por parte del Estado se da tanto a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, dentro de cada nación, las medidas para la integración de ciertas minorías y grupos a menudo se imponen por la fuerza, como las leyes contra la discriminación, la legislación de acción afirmativa o las leyes de transporte en autobús. A nivel internacional, muchos estados, ya sea legalmente o de facto, abren sus fronteras a los extranjeros de manera indiscriminada y les permiten usar los bienes públicos (carreteras, parques, playas, servicios gubernamentales de salud, educación y beneficencia) como pasajeros gratuitos. De esta forma, el Estado genera importantes costos externos para los nativos, quienes se ven obligados a aceptar la integración forzada de los extranjeros en contra de sus deseos o en condiciones que ellos no desean.1
A la luz de su naturaleza aparentemente contradictoria, los problemas anteriores muestran la importancia de aislar su origen real y construir una teoría libertaria de la inmigración que aclare los principios que deben regir los procesos de inmigración y emigración en una sociedad libre.
La teoría pura de los movimientos de personas en un entorno libertario
Al igual que Murray N. Rothbard, comenzaremos nuestro análisis asumiendo el modelo anarcocapitalista puro, es decir, el modelo en el que «ninguna área de tierra, ningún metro cuadrado en el mundo, seguirá siendo ‘público’; cada metro cuadrado de terreno, ya sean calles, plazas o barrios, se privatiza».2 Es evidente que aquí no puede plantearse ninguno de los problemas relativos a la inmigración diagnosticados en el párrafo anterior. Las condiciones, volumen y duración de las visitas personales serán las aceptadas o decididas por las partes involucradas. Así, incluso los movimientos masivos de mano de obra son concebibles, si los empleadores en cuestión están dispuestos a dar trabajo a los inmigrantes, les permiten encontrar alojamiento, organizar e incluso pagar su viaje, etc. En resumen, los posibles contratos entre las partes involucradas variarán mucho, y admitirán toda la riqueza que permitan las especiales características de cada caso.
En estas condiciones, los flujos migratorios, lejos de ser perjudiciales para el desarrollo económico y social, se convierten en un motor de civilización. El argumento de que la abundancia de mano de obra nueva es necesariamente perjudicial para las clases trabajadoras del país receptor es insostenible. El ser humano no es un factor de producción uniforme, y no se comporta en términos exclusivamente biológicos en relación con los recursos escasos, como es el caso de las ratas y otros animales, cuyos aumentos de población tienden siempre a disminuir el volumen de recursos disponibles para cada individuo. Por el contrario, los seres humanos están dotados de una capacidad empresarial creativa innata, y en los marcos institucionales apropiados hacen uso de ella. En un entorno dinámico, un aumento de la población permite el continuo descubrimiento y explotación de nuevas oportunidades y, por tanto, un crecimiento sin límite del nivel de vida.
La mente humana tiene una capacidad limitada para asimilar información (o conocimiento), mientras que el proceso social, impulsado por el espíritu empresarial, produce un volumen cada vez mayor de información. Así, el avance de la civilización requiere una continua ampliación y profundización de la división del trabajo o, si se prefiere, del conocimiento. Esto simplemente significa que el proceso de desarrollo implica, desde un punto de vista vertical, un conocimiento cada vez más profundo, especializado y detallado, que para extenderse horizontalmente, requiere un número creciente de seres humanos, es decir, un crecimiento constante de la población. En todo el mundo, este crecimiento demográfico se produce a largo plazo cuando los nacimientos superan a las defunciones. Pero en el corto y mediano plazo, la única respuesta rápida y efectiva a los continuos ajustes que exigen los cambios económicos y sociales es a través de los flujos de emigración e inmigración. Estos flujos permiten una rápida profundización en la división del trabajo, superando así la limitada capacidad de asimilación de cada mente humana individual al aumentar rápidamente el número de personas involucradas en los procesos sociales.3 Como bien dice Hayek, «nos hemos civilizado por el aumento de nuestro número, tal como la civilización hizo posible ese aumento: podemos ser pocos y salvajes, o muchos y civilizados».4
El desarrollo de las ciudades como centros de riqueza y civilización es una clara ilustración de este proceso de expansión del conocimiento posibilitado por la inmigración. El continuo despoblamiento del campo y el movimiento masivo de trabajadores hacia los centros urbanos, lejos de empobrecer las ciudades, promueve su desarrollo en un proceso acumulativo que ha sido una de las manifestaciones más características del progreso humano desde la Revolución Industrial. Además, los flujos de emigración e inmigración, en el entorno libertario que estamos considerando en este punto, tienden a multiplicar la variedad y diversidad de posibles soluciones a los distintos problemas que se plantean. Todo ello favorece la selección cultural y el avance económico y social, ya que todos los movimientos se producen por acuerdos voluntarios y, cuando cambian las circunstancias, los interesados tienen la posibilidad de emigrar o trasladarse a otras empresas en distintas ubicaciones geográficas.5
Podemos, por tanto, concluir que la emigración y la inmigración per se, sujetas a los principios generales del derecho en un entorno donde todos los recursos son privados, no sólo no plantean ningún problema de integración forzosa o costes externos sino que, por el contrario, son importantes principales fuerzas del desarrollo económico y social y de la riqueza y variedad de la cultura y la civilización.
Problemas que plantea la intervención coercitiva del Estado
Nuestro análisis nos permite aislar e identificar el origen real de los problemas de emigración e inmigración que hemos señalado. Todos ellos tienen su origen en la intervención estatal coercitiva en diferentes niveles. En primer lugar, dicha intervención levanta barreras que dificultan o impiden los movimientos que se han acordado voluntariamente. En segundo lugar, los Estados insisten al mismo tiempo en imponer diversas medidas de integración forzosa, ya sea directamente (a través de las llamadas leyes antidiscriminatorias y de acción afirmativa, etc.), o indirectamente, declarando áreas territoriales importantes (calles, plazas, parques, etc.) ser públicos y, por tanto, de libre acceso para todos. Al no definir adecuadamente los derechos de propiedad relevantes de extranjeros y nativos, la intervención estatal es la causa de todos los problemas y conflictos que se presentan hoy en toda esta zona.
La acción coercitiva del Estado se presenta en dos niveles. Primero, dentro de las fronteras de cada Estado-nación, los típicos problemas de integración forzada y externalidades negativas, que inevitablemente surgen cada vez que se impide la privatización de los recursos públicos, emergen en su forma más virulenta. En segundo lugar, el intervencionismo estatal también opera a nivel internacional, al regular los flujos migratorios a través de las fronteras. Aquí, el intervencionismo tiene un aspecto dual y contradictorio. Por un lado, se dificultan los movimientos voluntariamente pactados por las partes (nativos de un país y extranjeros). Por otro lado, los movimientos masivos internacionales son artificialmente promovidos por los subsidios y ventajas que ofrece el Estado benefactor.
Así, hoy en día, a menudo se da la paradoja de que quienes desean cumplir escrupulosamente la ley se encuentran con que sus movimientos no están permitidos, aunque lo deseen todas las partes involucradas. Al mismo tiempo, la existencia de bienes públicos y la libre disponibilidad de los beneficios del Estado benefactor atraen como un imán una marea continua de inmigración, en su mayoría ilegal, que genera importantes conflictos y costos externos. Todo ello fomenta la xenofobia y promueve medidas intervencionistas posteriores, que agravan aún más los problemas. Mientras tanto, los ciudadanos no logran identificar el verdadero origen de la dificultad; en este clima de confusión, se convierten fácilmente en víctimas de la demagogia y acaban apoyando medidas que, además de contradictorias, son ineficaces y nocivas.
Finalmente, no debemos olvidar que, al menos en lo que respecta a la cuestión de la inmigración, los problemas actuales suelen ser más graves a nivel internacional que intranacional. Dentro de cada Estado-nación, suele ocurrir una mayor homogeneización económica, social y cultural en el curso de su evolución histórica, lo que tiende a disminuir los incentivos para los movimientos de masas. En cambio, a nivel internacional, las disparidades de ingresos son mucho mayores, y el enorme desarrollo de las comunicaciones y los medios de transporte hace que sea mucho más fácil y económico viajar entre diferentes países: hoy, en sólo unas horas, se puede volar de Nueva Delhi a Nueva York, o de Latinoamérica a España; en el caso de la emigración del norte de África a Europa, o de México a los Estados Unidos, los costes que implica son aún menores.
Solución de los problemas que plantean hoy los flujos de emigración e inmigración
La solución ideal a todos estos problemas pasaría por la privatización total de los recursos que hoy se consideran públicos, y la desaparición de la intervención estatal a todos los niveles en el ámbito de la emigración y la inmigración. En otras palabras, dado que los problemas que acabamos de identificar tienen su origen en los efectos nocivos de la intervención coercitiva del Estado, más que en la emigración o la inmigración per se, el sistema anarcocapitalista puro eliminaría la mayor parte de ellos.
Sin embargo, mientras sigan existiendo los Estados-nación, debemos encontrar soluciones procesales que permitan resolver los problemas en las condiciones actuales. En este sentido, varios teóricos libertarios han estado desarrollando recientemente un modelo de secesión y descentralización que, dado que tiende a descomponer los Estados-nación fuertemente centralizados de hoy en unidades políticas cada vez más pequeñas, favorece una disminución del intervencionismo estatal. Esto resultaría de la competencia entre los distintos estados para atraer ciudadanos e inversiones (o evitar su huida al extranjero). La dinámica inherente a esta situación obligaría a los estados a adoptar políticas cada vez más libertarias. En la competencia entre Estados cada vez más pequeños y descentralizados, los flujos de emigración e inmigración jugarían un papel fundamental. Tales movimientos constituyen «votar con los pies». Obligarían a los estados a desmantelar partes cada vez más grandes del aparato de impuestos e intervención de los gobiernos actuales. Como escribe Hans-Hermann Hoppe:
Mundo que consta de decenas de miles de países, regiones y cantones distintos, y de cientos de miles de ciudades libres independientes, como las rarezas actuales de Mónaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Hong Kong y Singapur, con las oportunidades mucho mayores resultantes para la migración motivada económicamente, sería uno de pequeños gobiernos liberales integrados económicamente a través del libre comercio y una mercancía internacional como el oro. Sería un mundo de crecimiento económico sin precedentes y de una prosperidad sin precedentes.6
Sin embargo, la identificación de soluciones tanto ideales como procedimentales a estos problemas no nos exime de la obligación de estudiar los principios que deberían regir los flujos migratorios en nuestras circunstancias actuales, donde existen Estados-nación fuertemente intervencionistas. Estos principios deben ser compatibles con los ideales libertarios. Al mismo tiempo, deben tener en cuenta las dificultades y contradicciones reales existentes causadas por la existencia de los Estados-nación. En el siguiente apartado se analiza cuáles deberían ser estos principios.
Principios en los que deben basarse las políticas migratorias actuales
Por varias razones, es indispensable establecer un conjunto de principios compatibles con las ideas libertarias que deben servir de guía en la actualidad. Incluso si se iniciara el proceso de desmembramiento del Estado propuesto por Rothbard, Hoppe y tantos otros, eso no garantizaría que las medidas adoptadas en esta materia por cada gobierno descentralizado fueran correctas desde un punto de vista libertario. Como reconoce el propio Hoppe, la secesión resuelve este problema al permitir que los territorios más pequeños tengan sus propios estándares de admisión y determinen independientemente con quién se asociarán en su propio territorio y con quién prefieren cooperar a distancia.7
Sin embargo, es muy posible que estas normas o reglamentos también resulten intervencionistas, impidiendo movimientos que fueron pactados voluntariamente entre nativos y extranjeros.
Además, mientras existan estados (por pequeños que sean) y, dentro de ellos, calles, caminos y terrenos públicos donde los derechos de propiedad no estén bien definidos o protegidos, puede seguir existiendo una integración forzada o fenómenos de ocupación masiva como las favelas en Brasil, que generan importantes costos externos y violan gravemente los derechos de propiedad de los nativos. Finalmente, las soluciones propuestas no solo deben ir en la dirección correcta y ser compatibles con los principios libertarios, sino que también deben ser operativas, dando respuesta a los problemas más apremiantes que se plantean hoy (por ejemplo, la emigración a través de la frontera entre México y los Estados Unidos, o entre el norte de África y Europa). En suma, se debe diseñar una serie de reglas para evitar que la inmigración sea utilizada con fines coercitivos e intervencionistas en conflicto con la libre interacción entre naciones e individuos.
El primero de estos principios es que las personas que inmigran deben hacerlo bajo su propio riesgo. Esto significa que la inmigración no debe ser subvencionada de ninguna manera por el Estado benefactor, es decir, por los beneficios proporcionados por el gobierno y financiados a través de los impuestos. Estos beneficios no son sólo los tradicionales (educación, salud, seguridad social, etc.), sino los beneficios del libre uso de los bienes de propiedad pública. Dichos beneficios —en el análisis final, transferencias obligatorias de ingresos de un grupo social a otro— se convertirán en un imán que atraerá artificialmente a muchos inmigrantes. Para que los efectos negativos se materialicen, basta que algunos (no necesariamente todos) los grupos de emigrantes, al tomar sus decisiones, tengan en cuenta los beneficios sociales que esperan recibir. Nuestro argumento es, por tanto, perfectamente compatible con la tesis esgrimida por algunos autores, según la cual los inmigrantes aportan al sistema una cantidad muy superior al valor total de las prestaciones sociales que perciben (sobre todo en los primeros años de su estancia en el nuevo país). Basta que determinados colectivos —aunque sean minoritarios— se consideren subvencionados para que se produzca un efecto perverso de fomento artificial de la inmigración, en perjuicio de los ciudadanos del país receptor.
Así, la primera regla es que los inmigrantes no tienen derecho a ninguna de las generosidades del Estado benefactor. Esto evitará que algunos colectivos obtengan subvenciones para sus desplazamientos. En los casos en que se considere que las cotizaciones realizadas por los inmigrantes son superiores a las prestaciones que perciben, para evitar someterlos a la explotación del sistema, se les debería obligar como máximo a mantener un cierto nivel de cobertura, si bien éste debería ser siempre contratado, bajo su responsabilidad, a través de instituciones privadas. De esta forma, se lograrían dos objetivos libertarios: evitar la promoción artificial de la inmigración a través de políticas estatales de redistribución, y un desmantelamiento más rápido de los programas estatales de seguridad social basados en el principio de pago por uso. Esto también favorecería el desarrollo de sistemas privados basados en el ahorro y la capitalización que adquirirían los inmigrantes como nuevos clientes.8
El segundo principio que debería inspirar la política actual es que todos los inmigrantes deben poder demostrar que tienen medios independientes de sustento y, por lo tanto, no serán una carga para los contribuyentes. En otras palabras, los inmigrantes deben poder demostrar que se incorporan al nuevo grupo social para contribuir con sus talentos laborales, técnicos, empresariales o de capital. Hay formas de poner en práctica este principio, aunque ninguna es perfecta. Quizá lo más adecuado sea que cada inmigrante cuente, en todo momento, con una persona autóctona o institución privada que garantice su capacidad económica, otorgándole un contrato de trabajo, actuando como depositario de una determinada cantidad de dinero o inversiones, o asumiendo la responsabilidad legal de cuidar de él. Lógicamente, la flexibilidad del mercado exige que, en un plazo razonable, los trabajadores extranjeros que sean despedidos o abandonen voluntariamente su empleo, tengan la posibilidad de buscar un nuevo trabajo antes de ser repatriados. Si bien esto requeriría que los empleadores notifiquen al organismo de control estatal la rescisión de los contratos correspondientes, desde el punto de vista administrativo, no sería más engorroso ni costoso que los procedimientos de inmigración que existen actualmente en casi todos los países, incluido el mío.
El tercer principio esencial es que bajo ninguna circunstancia se debe otorgar el voto político a los inmigrantes de manera rápida, ya que esto crearía el peligro de explotación política por parte de varios grupos de inmigrantes. Los que se mudan a un nuevo país y entorno cultural, presumiblemente, mejorarán sus condiciones de vida. Pero no tienen derecho a utilizar el mecanismo de la coerción política —el voto democrático— para promover políticas de redistribución del ingreso o para intervenir en los procesos espontáneos de los mercados nacionales a los que ingresan. Es cierto que, a medida que avance la desmembración en Estados cada vez más pequeños, el derecho al voto y a las elecciones políticas perderá importancia y será sustituido en la práctica por el votar con los pies. Pero no es menos cierto que, mientras no se complete este proceso de descentralización, la concesión automática de derechos políticos a los inmigrantes puede ser una bomba de relojería que, en determinadas circunstancias, puede ser utilizada por una mayoría de votantes para destruir el mercado, la cultura y la lengua de los inmigrantes. el país receptor. Sólo después de un largo período de tiempo, cuando se puede suponer que los inmigrantes han absorbido completamente los principios culturales de su nueva sociedad, se debe considerar la concesión de la ciudadanía plena, incluidos los derechos de voto. En este sentido, el principio establecido en la Unión Europea, según el cual los ciudadanos de otros países de la UE pueden votar en las elecciones del municipio donde residen, es muy cuestionable. Tal regla podría distorsionar completamente el ambiente y la cultura de muchas localidades donde hay una mayoría de residentes extranjeros, por ejemplo, en partes de España, donde las personas mayores vienen a vivir desde el Reino Unido, Alemania, etc. Solo cuando tales residentes han estado viviendo en la nueva área durante un número mínimo de años y han adquirido derechos de propiedad allí (viviendas u otros bienes inmuebles) estaría justificado otorgarles el derecho a voto.
Finalmente, el principio más importante es que todo inmigrante debe observar en todo momento la ley, particularmente la penal, del grupo social que lo recibe. En concreto, deberán respetar escrupulosamente todos los derechos de propiedad establecidos en la sociedad. Cualquier vulneración de estos derechos debe ser castigada no sólo con las penas fijadas en el código penal sino también con la expulsión (definitiva en la mayoría de los casos) del inmigrante en cuestión. Así, se evitarían los fenómenos de ocupación masiva (como es el caso ya mencionado de las favelas en Brasil, que por lo general han sido construidas en terrenos ajenos).
Ya hemos visto cómo los problemas más visibles que plantea la inmigración surgen del hecho de que no existe una definición clara ni una defensa estricta de los derechos de propiedad de los nativos, por lo que los inmigrantes suelen generar costes externos globales significativos para los ciudadanos nativos. Esto conduce a graves brotes de xenofobia y violencia que en sí mismos tienen un alto costo social y, a su vez, producen resultados jurídicos y políticos cuyos costos adicionales a menudo son pagados por inocentes. Estos conflictos se minimizarían precisamente en la medida en que los derechos de propiedad privada se hicieran efectivos y se extendieran a los recursos que actualmente se consideran de propiedad pública. Hasta que se produzca la privatización total, se debe regular el uso de los bienes públicos para evitar los problemas de ocupación masiva que hemos mencionado.9
Conclusión
Las medidas aquí esbozadas no eliminarán todos los problemas que plantean los flujos migratorios en la actualidad. Sin embargo, tenderán a reducirlos y conducirán en la dirección que todos los amantes de la libertad deberían desear. En cualquier caso, la solución definitiva de estos problemas no llegará hasta que los Estados actuales se disuelvan en minúsculas unidades políticas y se privatizen por completo todos sus bienes de propiedad pública.
Jesús Huerta de Soto, considerado uno de los principales exponentes de la escuela austriaca de economía en el mundo de habla hispana, fue galardonado con el Premio Internacional de Economía Rey Juan Carlos en 1983. Desde 1985, es profesor de economía política en la Universidad Complutense de Madrid. Además de numerosos artículos en inglés y español, ha publicado varios libros, incluendo Planes de Pensiones Privados (1984), Lecturas de Economía Política (3 volumes, 1986–87), Socialismo, cálculo económico y función empresarial (1992), Estudios de Economía Política (1994), y Dinero, crédito, bancario y ciclos económicos (1998).
- 1El propio Murray N. Rothbard se dio cuenta del problema que plantea la inmigración forzada a nivel internacional de la siguiente manera: «Comencé a repensar mis puntos de vista sobre la inmigración cuando, mientras la Unión Soviética se derrumbaba, quedó claro que se había alentado a los rusos étnicos a inundar Estonia. y Letonia para destruir las culturas y los idiomas de este pueblo». Véase Murray N. Rothbard, Nations by Consent: Decomposing the Nation-State, Journal of Libertarian Studies 11, no. 1 (otoño de 1994): 7.
- 2Rothbard, «Naciones por consentimiento», pág. 6.
- 3Este proceso se explica con detalle en Jesús Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial (Madrid: Unión Editorial, 1992), pp. 80–83.
- 4F. A. Hayek, The Fatal Conceit: The Errors of Socialism (Chicago: University of Chicago Press, 1988), pág. 133.
- 5Debe reconocerse, sin embargo, que la revolución tecnológica en el campo de las comunicaciones informáticas (Internet, etc.) hace que los desplazamientos geográficos sean cada vez más innecesarios para alcanzar los fines que persigue la acción humana. Un buen resumen de otras ventajas de la emigración y la inmigración, que reconoce la importancia de la capacidad empresarial de los emigrantes pero que, en mi opinión, está demasiado arraigado en el análisis económico neoclásico, se puede encontrar en Julian L. Simon, Population Matters: People , Resources, Environment, and Immigration (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1996), págs. 263–303.
- 6Hans-Hermann Hoppe Small is Beautiful and Efficient: The Case for Secession, Telos 107 (primavera de 1996): 101. Sobre el mismo tema, véase Rothbard, Nations by Consent; también, Jesús Huerta de Soto, A Theory of Liberal Nationalism, Il Politico 60, no. 4: 583–98.
- 7Hoppe, Lo pequeño es bello y eficiente, pág. 101.
- 8Es paradójico observar cómo Julian Simon, en su entusiasmo por justificar la libre emigración y resaltar sus efectos positivos, está dispuesto a que se inflija un daño económico importante a los inmigrantes, no solo en los casos en que el valor de sus aportes al sistema público de seguridad social es muy superior a los beneficios que reciben, pero también cuando defiende un sistema de subasta de derechos de inmigración que, en sus propias palabras, «transferirá una parte considerable de la ‘ganancia’ del bolsillo de los inmigrantes al bolsillo de los nativos.» Simon, Asuntos de población, pág. 293.
- 9Los principios anteriores deberían aplicarse hoy en día tanto a la emigración intranacional como a la internacional. Si bien es cierto que, dentro de las fronteras de los actuales Estados-nación, la mayor uniformidad cultural y económica hace que, en general, los problemas no sean tan graves, muchos problemas de costes externos (por ejemplo, los problemas de mendigos y vagabundos) se resolverían aplicando consecuentemente los principios mencionados. Sin embargo, es en relación con la emigración internacional donde la necesidad de aplicar estos principios es más urgente. En cualquier caso, otras medidas que a veces se han propuesto —incluso por teóricos supuestamente libertarios— como las cuotas de inmigración o los sistemas de subasta del derecho a ser inmigrante, deberían descartarse, ya que entran en conflicto con los ideales libertarios.
