El presidente de la República Argentina, Javier Milei, anunció que presentará un proyecto de ley para declarar como delito imprescriptible la monetización del déficit público y la creación de inflación por parte del Estado y del Banco Central. En consecuencia, serán juzgados y condenados como delincuentes los jefes de Estado y de gobierno, ministros, funcionarios del Banco Central y representantes que, de una u otra forma, decidan, promuevan o participen en la creación de dinero y en el financiamiento inflacionario del déficit público.
Además, estos actos serán declarados delitos imprescriptibles, por lo que, aun si —por posibles cambios políticos en el futuro— se derogara esta legislación, su posterior restablecimiento significaría, ipso facto , el procesamiento y condena de aquellas personas involucradas en políticas inflacionarias. En suma, se pretende desincentivar, de antemano, la acción de cualquier autoridad, funcionario público o político que en el futuro decida recurrir a la inflación para financiar y alcanzar objetivos políticos, económicos, sociales o de cualquier otra índole.
La ratio legis de esta nueva legislación es clara: se fundamenta en los durísimos daños que han causado las políticas inflacionarias en general. En el caso particular de Argentina, dichas políticas han estado al borde de provocar una hiperinflación galopante, que sólo los esfuerzos del nuevo presidente, Javier Milei, y los sacrificios soportados por la nación argentina desde la caída del anterior gobierno peronista han permitido revertir. Este gobierno y los que lo precedieron son los principales responsables de la grave postración, pobreza y crisis económica y social que hoy han colocado a la Argentina —que otrora fue uno de los países más ricos del mundo— entre las naciones relativamente más pobres y menos prósperas, a pesar de su enorme potencial en términos de recursos humanos y naturales.
A continuación, analizaremos los enormes daños que ocasionan la creación de dinero y la financiación inflacionaria del déficit público, daños que justifican muy claramente la criminalización y el duro castigo de todos aquellos que, directa o indirectamente, se convierten en promotores, colaboradores o partícipes principales de las medidas inflacionarias.
Analizaremos, —de menos a más dramáticos— los efectos de la monetización del déficit público. En primer lugar, constituye un ataque directo a los fundamentos mismos del sistema democrático. En efecto, la esencia de la democracia reside en el control democrático, con total transparencia, tanto del presupuesto de gastos como de las distintas fuentes de ingresos públicos, que deben ser conocidas y votadas por los ciudadanos. La monetización —la financiación mediante la mera emisión de cualquier cantidad de dinero nuevo— del gasto público es profundamente antidemocrática. Rompe el vínculo necesario entre el gasto público transparente y los ingresos, al poner —de manera encubierta y diluida— el coste de la parte del gasto público no financiada con impuestos sobre los hombros de la masa de tenedores de unidades monetarias.
Paulatinamente, y sin advertirlo al principio, ni conocer su causa, estas personas se ven afectadas a medida que sus saldos monetarios sufren una drástica caída relativa del poder adquisitivo. Este fenómeno se produce tanto cuando el déficit se monetiza directamente —como de facto viene ocurriendo desde hace años en Argentina— como cuando al menos, para guardar las apariencias, el déficit se financia con nueva deuda pública que el banco emisor compra inmediatamente en forma masiva en el mercado secundario con dinero de nueva creación. El Banco Central Europeo, la Reserva Federal y otros bancos centrales —con el falso pretexto y el «paraguas legal» de llevar adelante una política monetaria más— han venido procediendo de esta manera y han adquirido hasta un tercio de toda la deuda pública emitida hasta ahora por los distintos gobiernos.
En segundo lugar, la monetización del déficit público equivale claramente a eliminar la restricción esencial que impone a los políticos el control transparente y democrático del presupuesto y su ejecución. De hecho, si cualquier gasto público puede financiarse con inflación prácticamente «a escondidas» y de una manera aparentemente indolora (al menos en el corto plazo), los incentivos políticos estarán obviamente e inevitablemente sesgados hacia el despilfarro y el populismo en una «maratón de gasto público» y una compra de votos descarada e indiscriminada que destruye los cimientos mismos de la democracia y desmoraliza y corrompe por completo al electorado y a la ciudadanía.
Argentina es un claro ejemplo de este fenómeno perverso. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo han adoptado políticas de monetización de facto del déficit público que también han dado origen al fenómeno (aunque en menor escala). Por ejemplo, en el momento en que el BCE lanzó sus políticas monetarias ultra laxas de «flexibilización cuantitativa» y reducción de la tasa de interés a cero, los distintos gobiernos de la eurozona detuvieron de inmediato las necesarias medidas de austeridad y reformas que habían implementado. Ningún gobierno está dispuesto a asumir el costo político de adoptar políticas tan dolorosas como necesarias si el déficit habitual que se deriva de evitarlas no cuesta nada, no afecta a los gobernantes e incluso se financia, directa o indirectamente, con dinero recién emitido por el banco central y a tasas de interés prácticamente inexistentes.
En tercer lugar, y además, hay que señalar que el nuevo dinero nunca llega por igual a todos los ciudadanos, sino que se inyecta, en el mejor de los casos, para pagar las facturas del gasto público, con lo que aumentan los precios relativos de los primeros bienes y servicios así financiados, y salen ganando los primeros receptores del dinero, a costa de todos los demás ciudadanos. En los peores casos, que son por lo demás los más habituales, los bancos centrales disfrazan su monetización directa del déficit público bajo el manto aparentemente más ortodoxo de la compra masiva de títulos de deuda pública (e incluso de otros títulos de renta fija y variable) en los mercados secundarios (acciones y bonos). En este caso, la redistribución de la renta a favor de unos pocos es aún mayor. Incluso puede llegar al extremo obsceno de enriquecer enormemente a los tenedores de los activos financieros correspondientes, ya sea porque venden sus títulos de cartera al banco central a un precio artificialmente exorbitante o porque la caída generalizada de las tasas de interés (a cero o incluso a menos de cero, niveles bajos a los que de hecho la Reserva Federal y el Banco Central Europeo obligaron a fijar las tasas) hace que el valor de mercado de los títulos de renta fija, de otros activos y de los bienes de capital se dispare.
Eso sin mencionar el tremendo y negativo impacto que esa manipulación tan drástica y burda de la tasa de interés tiene sobre la estructura productiva real. La tasa de interés es el precio más importante en cualquier mercado libre y, cuando se lo manipula de esa manera, deja de funcionar eficientemente como guía esencial para las decisiones empresariales sobre la asignación intertemporal entre la producción de bienes de consumo y de capital.
Los bancos centrales suelen utilizar dos procesos para crear e inyectar dinero en la economía: 1) la expansión del crédito, generada por el sistema bancario de reserva fraccionaria bajo la dirección del banco central; y, 2) las «operaciones de mercado abierto» o monetización del déficit público. En ambos casos, una tasa de interés manipulada y artificialmente baja desencadena oleadas de inversiones erróneas e insostenibles que dan lugar a profundos ciclos económicos y crisis de inestabilidad financiera. El hecho es que la manipulación y la reducción de las tasas de interés dan la apariencia de rentabilidad a procesos de inversión que en realidad son insostenibles, porque no corresponden a los verdaderos deseos de los ciudadanos, como consumidores y ahorradores.
En cuarto y último lugar, una vez que los efectos descritos anteriormente han pasado, todo proceso inflacionario termina por producir, inevitablemente, una disminución gradual y enmascarada del poder adquisitivo de las unidades monetarias que utilizan todos los agentes económicos. Esta disminución del poder adquisitivo equivale a un impuesto (inflacionario) odioso que perjudica a todos, en particular a los más vulnerables y necesitados, y, por lo tanto, toda inflación se convierte invariablemente en un impuesto especialmente odioso y regresivo.
En conclusión, la monetización del déficit público causa un daño muy grave, que supera con creces, tanto cuantitativa como cualitativamente, al que producen los falsificadores de moneda, cuya actividad está considerada delito en todos los códigos penales del mundo (en España, por ejemplo, está castigada con ocho a doce años de prisión en los artículos 386 a 389 del código penal español). Por tanto, está plenamente justificada la histórica propuesta del presidente Javier Milei de criminalizar e incluso imprescriptible la monetización del déficit público y castigarla con penas de prisión y multas pecuniarias aún más elevadas para todos los jefes de Estado y de gobierno, ministros de Hacienda, parlamentarios y gobernadores y miembros de los consejos de administración de los bancos centrales que —por acción u omisión— sean responsables de la correspondiente creación de dinero. Y, una vez más, la razón de ello es el gravísimo daño —tanto a nivel individual como social— que siempre causa dicha creación de dinero.
Por ello, esperamos que el presidente Javier Milei pueda impulsar y completar cuanto antes este trascendental cambio en la ley. Sobre todo, esperamos que su ejemplo —junto con la concienciación popular sobre los efectos perversos y los graves perjuicios que se derivan de la monetización del déficit público— se extienda por todo el mundo, y alcance especialmente a áreas económicas que, como la norteamericana y, particularmente, la eurozona, han infligido a sus ciudadanos una devaluación de sus unidades monetarias que —aunque ni siquiera se acerca a la casi hiperinflación argentina— les ha expropiado. Por ejemplo, en muy pocos años se les ha expropiado el 20% del poder adquisitivo de todo su dinero. Esperamos que así sea y que —en un futuro no muy lejano— también sea posible perseguir penalmente y exigir responsabilidades personales a los gobernadores de los bancos centrales (BCE,la Reserva Federal, etc.) y a los miembros de sus correspondientes consejos de administración por el incumplimiento de sus objetivos y por los graves perjuicios sociales y económicos que han infligido a la ciudadanía.
