¿Debe el Estado apoyar las artes?
Ciertamente hay mucho que decir en ambos lados de esta cuestión. Puede decirse, a favor del sistema de provisión de votos para este propósito, que las artes engrandecen, elevan y armonizan el alma de una nación; que la desvían de una absorción demasiado grande en las ocupaciones materiales; fomentan en ella el amor por lo bello; y así actúan favorablemente en sus modales, costumbres, moral, e incluso en su industria.
Cabe preguntarse qué sería de la música en Francia sin su teatro italiano y su conservatorio; del arte dramático, sin su Théâtre-Français; de la pintura y la escultura, sin nuestras colecciones, galerías y museos. Podría incluso preguntarse si, sin la centralización y, por consiguiente, el apoyo a las bellas artes, se desarrollaría ese gusto exquisito que es el noble apéndice del trabajo francés y que introduce sus producciones en el mundo entero. Ante tales resultados, ¿no sería el colmo de la imprudencia renunciar a esta moderada contribución de todos sus ciudadanos, que, de hecho, a los ojos de Europa, realiza su superioridad y su gloria?
A estas y otras muchas razones, cuya fuerza no discuto, se pueden oponer argumentos no menos contundentes. En primer lugar, podría decirse que se trata de una cuestión de justicia distributiva. ¿Se extiende el derecho del legislador a reducir el salario del artesano para aumentar los beneficios del artista?
M. Lamartine dijo: «Si dejan de apoyar al teatro, ¿dónde se detendrán? ¿No se verán obligados a retirar su apoyo a sus universidades, sus museos, sus institutos y sus bibliotecas?» Podría responderse que si deseas apoyar todo lo que es bueno y útil, ¿dónde se detendrán? ¿No se verán obligados a formar una lista civil para la agricultura, la industria, el comercio, la beneficencia y la educación? Entonces, ¿es cierto que la ayuda gubernamental favorece el progreso del arte? Esta cuestión está lejos de estar resuelta, y vemos muy bien que los teatros que prosperan son los que dependen de sus propios recursos.
Además, si llegamos a consideraciones más elevadas, podemos observar que las necesidades y los deseos surgen los unos de los otros, y se originan en regiones cada vez más refinadas en la medida en que la riqueza pública permite satisfacerlos; que el gobierno no debería tomar parte en esta correspondencia, porque en una determinada condición de la fortuna actual no podría estimular mediante impuestos las artes de la necesidad sin frenar las del lujo, e interrumpir así el curso natural de la civilización. Puedo observar que estas transposiciones artificiales de necesidades, gustos, trabajo y población, colocan al pueblo en una posición precaria y peligrosa, sin ninguna base sólida.
Estas son algunas de las razones que alegan los adversarios de la intervención del Estado en lo que se refiere al orden en que los ciudadanos piensan que deben satisfacerse sus necesidades y deseos, y al que, en consecuencia, debe dirigirse su actividad. Soy, lo confieso, de los que piensan que la elección y el impulso deben venir de abajo y no de arriba, del ciudadano y no del legislador; y la doctrina contraria me parece que tiende a la destrucción de la libertad y de la dignidad humana.
Pero, por una deducción tan falsa como injusta, ¿saben de qué se acusa a los economistas? Es que cuando desaprobamos el apoyo del gobierno, se supone que desaprobamos la cosa misma cuyo apoyo se discute; y que somos enemigos de todo tipo de actividad, porque deseamos ver esas actividades, por un lado libres, y por otro lado buscando su propia recompensa en sí mismas.
Así, si pensamos que el Estado no debe interferir mediante impuestos en los asuntos religiosos, somos ateos. Si pensamos que el Estado no debe interferir mediante impuestos en la educación, somos hostiles al conocimiento. Si decimos que el Estado no debe dar, mediante impuestos, un valor ficticio a la tierra o a una rama particular de la industria, somos enemigos de la propiedad y del trabajo. Si pensamos que el Estado no debe apoyar a los artistas, somos bárbaros, que vemos las artes como algo inútil.
Contra tales conclusiones protesto con todas mis fuerzas. Lejos de la absurda idea de acabar con la religión, la educación, la propiedad, el trabajo y las artes, cuando decimos que el Estado debe proteger el libre desarrollo de todas estas clases de actividad humana, sin ayudar a algunas de ellas a expensas de otras, pensamos, por el contrario, que todas estas potencias vivas de la sociedad se desarrollarían más armoniosamente bajo la influencia de la libertad; y que, bajo tal influencia, ninguna de ellas sería, como ocurre ahora, una fuente de problemas, de abusos, de tiranía y de desorden.
Nuestros adversarios consideran que una actividad que no es ayudada por los suministros, ni regulada por el gobierno, es una actividad destruida. Nosotros pensamos justo lo contrario. Su fe está en el legislador, no en la humanidad; la nuestra está en la humanidad, no en el legislador.
Así, M. Lamartine dijo: «Sobre este principio debemos abolir las exposiciones públicas, que son el honor y la riqueza de este país». Pero yo le diría a M. Lamartine que, según su manera de pensar, no apoyar es abolir; porque, partiendo de la máxima de que nada existe independientemente de la voluntad del Estado, concluyes que nada vive sino lo que el Estado hace vivir.
Pero yo opongo a esta afirmación el mismo ejemplo que has elegido, y le ruego que observe que la más grande y noble de las exposiciones, la que ha sido concebida con el espíritu más liberal y universal —y hasta podría utilizar el término humanitario, pues no es una exageración— es la exposición que se está preparando en Londres; la única en la que no participa ningún gobierno, y que se paga con ningún impuesto.
Volviendo a las bellas artes. Hay, repito, muchas razones de peso, tanto a favor como en contra del sistema de ayuda gubernamental. El lector debe ver que el objeto especial de este trabajo no me lleva a explicar estas razones, ni a decidir a favor o en contra de ellas.
Pero M. Lamartine ha avanzado un argumento que no puedo dejar pasar en silencio, pues está estrechamente relacionado con este estudio económico. «La cuestión económica, en lo que se refiere a los teatros, se resume en una palabra: trabajo. Poco importa la naturaleza de este trabajo; es un trabajo tan fértil, tan productivo como cualquier otro tipo de trabajo en la nación. Los teatros de Francia, ya lo sabéis, alimentan y asalarian a no menos de 80.000 obreros de diversa índole; pintores, albañiles, decoradores, vestuaristas, arquitectos, etc., que constituyen la vida y el movimiento mismo de varias partes de esta capital, y por ello deberían contar con tus simpatías». ¡Tus simpatías! Di más bien tu dinero.
Y más adelante dice: «Los placeres de París son el trabajo y el consumo de las provincias, y los lujos de los ricos son el salario y el pan de 200.000 obreros de toda clase, que viven de la múltiple industria de los teatros en la superficie de la república, y que reciben de estos nobles placeres, que hacen ilustre a Francia, el sustento de sus vidas y las necesidades de sus familias e hijos. Es a ellos a quienes daréis 60.000 francos». (Muy bien, muy bien. Grandes aplausos.) Por mi parte me veo obligado a decir: «¡Muy mal! Muy mal!» Limitando esta opinión, por supuesto, dentro de los límites de la cuestión económica que estamos discutiendo.
Sí, una parte, al menos, de esos 60.000 francos irá a parar a los obreros de los teatros; tal vez se extraigan algunos sobornos por el camino. Tal vez, si analizáramos un poco más de cerca el asunto, descubriríamos que el pastel ha ido por otro lado, y que los obreros han sido afortunados al recibir algunas migajas. Pero voy a admitir, en aras del argumento, que toda la suma va a parar a los pintores, decoradores, etc.
Esto es lo que se ve. Pero, ¿de dónde viene? Esta es la otra cara de la cuestión, tan importante como la anterior. ¿De dónde provienen estos 60.000 francos? ¿Y a dónde irían, si un voto de la legislatura no los dirigiera primero hacia la calle Rivoli y luego hacia la calle Grenelle? Esto es lo que no se ve.
Ciertamente, a nadie se le ocurrirá sostener que el voto legislativo ha hecho eclosionar esta suma en una urna; que es una pura adición hecha a la riqueza nacional; que de no ser por este voto milagroso estos 60.000 francos habrían sido para siempre invisibles e impalpables. Hay que admitir que todo lo que la mayoría puede hacer es decidir que se tomen de un lugar para ser enviados a otro; y si toman una dirección, es sólo porque han sido desviados de otra.
Siendo así, es evidente que el contribuyente, que ha aportado un franco, ya no dispondrá de ese franco. Es evidente que se verá privado de alguna gratificación por el importe de un franco; y que el obrero, sea quien sea, que lo hubiera recibido de él, se verá privado de un beneficio por ese importe. No nos dejemos llevar por una ilusión infantil al creer que el voto de los 60.000 francos puede añadir algo al bienestar del país y al trabajo nacional. Desplaza los placeres, transpone los salarios, eso es todo.
¿Se dirá que por una clase de gratificación, y una clase de trabajo, sustituye gratificaciones y trabajos más urgentes, más morales, más razonables? Podría rebatirlo; podría decir que, al tomar 60.000 francos de los contribuyentes, disminuye los salarios de los obreros, los escurridores, los carpinteros, los herreros, y aumenta en proporción los de los cantantes.
No hay nada que demuestre que esta última clase reclame más simpatía que la primera. M. Lamartine no dice que sea así. Él mismo dice que el trabajo de los teatros es tan fértil, tan productivo como cualquier otro (no más); y esto puede ponerse en duda; pues la mejor prueba de que este último no es tan fértil como el primero reside en esto, en que el otro debe ser llamado para ayudarlo.
Pero esta comparación entre el valor y el mérito intrínseco de las diferentes clases de trabajo no forma parte de mi tema actual. Todo lo que tengo que hacer aquí es mostrar que si M. Lamartine y las personas que recomiendan su línea de argumentación han visto por un lado los salarios ganados por los proveedores de los comediantes, deberían haber visto por el otro los salarios perdidos por los proveedores de los contribuyentes: por falta de esto, se han expuesto al ridículo al confundir un extravío con una ganancia. Si fuesen fieles a su doctrina, no habría límites a sus demandas de ayuda gubernamental; pues lo que es cierto para un franco y para 60.000 es cierto, en circunstancias paralelas, para cien millones de francos.
Cuando los impuestos son el tema de la discusión, deberían demostrar su utilidad con razones desde la raíz del asunto, pero no con esta desafortunada afirmación: «Los gastos públicos sostienen a las clases trabajadoras». Esta afirmación disfraza el hecho importante de que los gastos públicos siempre superan a los gastos privados, y que, por lo tanto, aportamos un sustento a un trabajador en lugar de otro, pero no añadimos nada a la cuota de la clase trabajadora en su conjunto. Sus argumentos están de moda, pero son demasiado absurdos para ser justificados por algo parecido a la razón.
