Al igual que en el caso del chantaje, el soborno ha tenido una mala prensa uniforme, y generalmente se asume que el soborno debería estar prohibido. Pero, ¿es esto necesariamente cierto?
Examinemos un contrato de soborno típico. Supongamos que Black quiere vender materiales a la empresa XYZ. Para conseguir la venta, paga un soborno a Green, el agente de compras de la empresa. Es difícil ver qué ha hecho Black que la ley libertaria deba considerar ilegal. De hecho, lo único que ha hecho es rebajar el precio cobrado a la empresa XYZ pagando un descuento a Green. Desde el punto de vista de Black, habría estado igual de contento de cobrar un precio más bajo directamente, aunque presumiblemente no lo hizo porque los ejecutivos de XYZ seguirían sin comprarle los materiales. Pero el funcionamiento interno de la empresa XYZ no debería ser responsabilidad de Black. En lo que a él respecta, simplemente bajó el precio a la empresa y, por tanto, consiguió el contrato.
La acción ilícita aquí es, en cambio, únicamente el comportamiento de Green, el receptor del soborno. El contrato de trabajo de Green con sus empleadores le obliga implícitamente a comprar materiales de la mejor manera posible en interés de su empresa. En lugar de ello, violó su contrato con la empresa XYZ al no actuar como su propio agente: ya que, debido al soborno, o bien compró a una empresa con la que no habría tratado de otro modo, o bien pagó un precio más alto del que debía por el importe de su descuento. En cualquiera de los dos casos, Green violó su contrato e invadió los derechos de propiedad de sus empleadores.
Por lo tanto, en el caso de los sobornos, no hay nada ilegítimo en el sobornador, pero hay mucho de ilegítimo en el sobornado, el que recibe el soborno. Legalmente, debería haber un derecho de propiedad para pagar un soborno, pero no para aceptarlo. Sólo el que recibe un soborno debería ser perseguido. Por el contrario, los liberales de izquierda tienden a considerar que el sobornador es de alguna manera más reprobable, ya que en cierto modo «corrompe» al que recibe el soborno. De este modo, niegan el libre albedrío y la responsabilidad de cada individuo por sus propios actos.
Utilicemos ahora nuestra teoría para analizar el problema de la payola, que surge repetidamente en los programas de radio que reproducen discos populares. En un típico escándalo de payola, una compañía discográfica soborna a un disc-jockey para que ponga el disco A. Presumiblemente, el disc-jockey no habría puesto el disco en absoluto o habría puesto el disco A menos veces; por lo tanto, el disco A se está poniendo a expensas de los discos B, C y D, que se habrían puesto con más frecuencia si el disc-jockey hubiera evaluado los discos puramente sobre la base de su propio gusto y/o el del público.
Seguramente, en un sentido moral, el público está siendo traicionado en su confianza en la sinceridad del disc-jockey. Esa confianza resulta ser una tontería. Pero el público no tiene ningún derecho de propiedad sobre el programa de radio, por lo que no tiene ninguna queja legal al respecto. Han recibido el programa sin coste alguno. Las otras compañías discográficas, los productores de los discos B, C y D, también se vieron perjudicados porque sus productos no se reprodujeron con la misma frecuencia, pero tampoco tienen derechos de propiedad sobre el programa y no tienen derecho a decirle al disc-jockey lo que tiene que poner.
¿Se han vulnerado los derechos de propiedad de alguien al aceptar el soborno del disc-jockey? Sí, ya que, al igual que en el caso del agente de compras sobornado, el disc-jockey violó su obligación contractual con su empleador —ya sea el propietario de la emisora o el patrocinador del programa— de poner los discos que, en su opinión, más convengan al público. Por lo tanto, el disc-jockey violó la propiedad del propietario de la emisora o del patrocinador. Una vez más, es el disc jockey que acepta la payola quien ha hecho algo delictivo y merece ser procesado, pero no la compañía discográfica que pagó el soborno.
Además, si la compañía discográfica hubiera sobornado directamente al empresario —ya sea el propietario de la emisora o el patrocinador—, no se habría violado el derecho de propiedad de nadie y, por tanto, no se habría planteado propiamente la ilegalidad. Por supuesto, el público podría sentirse fácilmente engañado si la verdad saliera a la luz, y entonces sería probable que cambiara su costumbre de escuchar a otra emisora o patrocinador.
¿Qué pasa con el caso de plugola, en el que un patrocinador paga por el programa, y otra empresa paga al productor del programa para que promocione su propio producto? De nuevo, el derecho de propiedad que se viola es el del patrocinador, que paga por el tiempo y, por tanto, tiene derecho a tener derechos de publicidad exclusivos en el programa. El violador de su propiedad no es la empresa inconformista que paga el soborno, sino el productor que viola su contrato con el patrocinador al aceptarlo.
Este artículo está extraído del capítulo 17 de La ética de la libertad. Escuche este artículo en MP3, leído por Jeff Riggenbach. Se está preparando el libro completo para podcast y descarga.
