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Acabar con la guerra contra las apuestas

La “locura de marzo” [March Madness] ha acabado por fin, aunque sea en abril. Sin embargo, la prohibición federal contra las apuestas en los partidos de baloncesto continúa.

El 11 de marzo (día de selección) la National Collegiate Athletic Association (NCAA) anunciaba los 68 equipos calificados para el torneo de baloncesto masculino de la Primera División de la NCAA. 32 equipos obtienen puestos automáticos para disputarla por ser campeones de torneos de conferencia. Los otros 36 equipos se eligen para llenar “puestos generales” para competir por el honor de ser el campeón nacional. La NCAA divide a los equipos en cuatro regiones (Este, Sur, Medio Oeste y Oeste), los clasifica del 1 al 16 dentro de sus regiones y los organiza en rondas eliminatorias a un solo partido.

Los días 13 y 14 de marzo se disputaron los “primeros cuatro” partidos entre los cuatro peores clasificados generales y equipos campeones de conferencia para eliminar cuatro equipos. Los días 15 y 16, 64 equipos compitieron en los partidos de primera ronda. Los días 17 y 18 de marzo, 32 equipos compitieron en los partidos de segunda ronda. Los días 22 y 23 de marzo los equipos de los “dulces dieciséis” disputaron ocho partidos de semifinales regionales. Los días 24 y 25 de marzo, los equipos de los “ocho de la élite” disputaron cuatro finales regionales. El 31 de marzo, se disputaron dos partidos por los equipos de la “final a cuatro”. Y el 2 de abril, los dos últimos equipos jugaron entre sí en San Antonio por el título nacional.

Cada año durante este tiempo, millones de estadounidenses juegan a porras en la locura de marzo. Solo hay un problema: apostar en el torneo de la NCAA generalmente es ilegal.

Según la American Gaming Association (una asociación de empresarios que representa al sector de los casinos de EEUU, con una facturación de 240.000 millones de dólares):

En 2018, la AGA encargó un análisis legal sobre apuestas deportivas en “porras” con dinero real. Entre otros tipos de apuestas, las porras pueden incluir apuestas deportivas informales entre amigos, ciertos tipos de ligas de fantasía entre colegas y, sí, competiciones basadas en las eliminatorias de la locura de marzo.

Incluso cuando a) una apuesta es entre amigos, b) nadie más que los apostantes participan en la apuesta y c) nadie cobra ninguna comisión ni obtiene ningún beneficio relacionado con esta actividad, esas porras son generalmente ilegales en 37 de los 50 estados.

Los demás 13 estados, o tiene alguna excepción para apuestas entre amigos en las que nadie se lucra, o permiten a condados individuales redactar ordenanzas para regir las apuestas en forma de porra.

El análisis no encontró ningún estado que permita que se realicen apuestas deportivas en forma de porra (incluyendo participaciones, apuntes o ganar cualquier otro beneficio) como negocio con ánimo de lucro en ausencia de la licencia apropiada.

Aun así, según la AGA, “Los estadounidenses apuestan ilegalmente al menos 150.000 millones de dólares anualmente en deportes”. El 10% de los adultos estadounidenses (casi 24 millones de personas) “reconocen haber gastado casi 3.000 millones de dólares el año pasado solo en porras de baloncesto universitario”. De los más de 10.000 millones de dólares que se apostaron en el reciente torneo de la NCAA, solo unos 300 millones de dólares (el 3%) “se apostaron legalmente a través de las apuestas de deportes de Nevada”.

La NCAA “se opone a todo tipo de apuesta deportiva legal e ilegal, que pueda menoscabar la integridad de los campeonatos deportivos y ponga en riesgo el bienestar de los estudiantes deportistas y la comunidad deportiva universitaria”. La NCAA “tiene reglamentos restringiendo las apuestas deportivas desde hace muchos años porque los líderes del deporte universitario creen que las apuestas deportivas no solo amenazan la integridad del juego, sino que son también un punto de partida para otros comportamientos que pueden comprometer la salud y el bienestar del estudiante deportista”. La NCAA tiene una campaña llamada “No apuestes”, que “apoya la política de la organización de prohibir a los estudiantes deportistas, miembros del personal de los departamentos deportivos, personal de las oficinas de las conferencias y a sus propios empleados realizar apuestas deportivas”. Cada cuatro años, desde 2004, la NCAA realiza estudios sobre el comportamiento apostador del estudiante deportista. A pesar de la prohibición de apostar de la NCAA, el estudio más reciente descubrió que:

  • El 55% de los hombres en el estudio de 2016 reconocía haber apostado por dinero en el último año.
  • En 2016, el 24% de los hombres reconocía haber violado los reglamentos de la NCAA en el año anterior apostando en deportes por dinero.
  • Las deudas de juego de los estudiantes deportistas son una preocupación por su bienestar, pero también por una potencial vulnerabilidad ante influencias apostadoras externas.

A nivel federal, la Professional and Amateur Sports Protection Act (PASPA)  [Ley de Protección del Deporte Profesional y Aficionado] de 1992 prohíbe la apuesta en deportes patrocinados por el estado, en todos salvo un puñado de estados. Gracias a Dios, esta ley está siendo impugnada por el estado de Nueva Jersey. El Tribunal Supremo escuchó los argumentos orales el 4 de diciembre del año pasado en el caso Murphy v. NCAA, antes conocido como Christie v. NCAA, pero renombrado después de que Phil Murphy se convirtiera en el nuevo gobernador de Nueva Jersey. El demandante argumenta que la PASPA es inconstitucional. La NCAA está apoyada por la administración Trump y las demás grandes ligas deportivas.

Así que, gobiernos estatales, ligas deportivas y el gobierno federal se oponen todos a la libertad de los estadounidenses para apostar en deportes, es decir, de gastar su propio dinero como prefieran, salvo en casos limitados bajo supervisión estatal.

Pero, por supuesto, no solo es la apuesta deportiva lo que es ilegal en la mayoría de los estados. El gobierno federal y los gobiernos y estatales tienen muchas leyes que prohíben o restringen las apuestas. Básicamente, la mayoría de las formas de apuestas son ilegales, salvo en los casinos indios, los casinos con aprobación estatal o los hipódromos, salvo que se juegue en una lotería estatal o se esté en un barco en aguas internacionales.

¿Y pensáis que los estadounidenses viven en una sociedad libre?

A pesar de que el juego puede ser adictivo, financieramente ruinoso, arriesgado, derrochador, inmoral, un vicio, un pecado, un mal hábito, corruptor o absurdo (y generalmente las oportunidades de ganar son penosas)

  • Una sociedad que prohíbe las apuestas deportivas no es una sociedad verdaderamente libre.
  • Una sociedad que prohíbe apostar, salvo en casinos aprobados por el estado, no es una sociedad verdaderamente libre.
  • Una sociedad que permite loterías estatales, pero no loterías privadas no es una sociedad verdaderamente libre.
  • Una sociedad que multa o encarcela a la gente por apostar no es una sociedad verdaderamente libre.

Y aunque Estados Unidos tenga libertad de expresión, religión y prensa y sea relativamente libre si se compara con la mayoría de los demás países:

  • Una sociedad que legisla la moralidad no es una sociedad verdaderamente libre.
  • Una sociedad que controla la actividad recreativa de la gente no es una sociedad verdaderamente libre.
  • Una sociedad que prohíbe a la gente gastar su propio dinero como le parezca apropiado no es una sociedad verdaderamente libre.
  • Una sociedad que prohíbe a la gente realizar actividades pacíficas, voluntarias y consensuadas no es una sociedad verdaderamente libre.

En una sociedad genuinamente libre (frente a una sociedad relativamente libre), la gente tiene libertad para apostar cualquier cantidad de dinero en eventos deportivos, carreras de caballos, juegos de casino, apuestas mutuas, loterías, mercados de predicción, partidas privadas de póquer o blackjack y si lloverá mañana.

Es compatible oponerse al juego y a las leyes contra juego.

Como bien ha dicho el excongresista y candidato presidencial republicano Ron Paul: “Quienes tengan objeciones morales contra el juego tienen derecho a tratar de convencer a sus conciudadanos para que no jueguen. A lo que no tienen derecho es a usar la fuerza del gobierno para impedir a la gente dedicarse a actividades, como las apuestas, que no conllevan fuerza ni fraude”.

Publicado originalmente por la Future of Freedom Foundation

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