El 9 de agosto, la Oficina Federal de Investigación mató a Craig Robertson, un hombre de Utah de 74 años, durante una redada en su domicilio. El hombre había publicado numerosas amenazas en Internet, afirmando que quería la muerte de varios funcionarios del Estado y que disponía de los medios para hacerlo. Las autoridades se tomaron al pie de la letra sus declaraciones, a pesar de que era casi un octogenario que dependía de un bastón para caminar y de que sus vecinos lo describían como una persona «delicada de salud».
Algo falla, y por varias razones. En primer lugar, si este hombre era realmente una gran amenaza para la vida de varios funcionarios, como creía el Estado, ¿por qué no se abordó antes? Después de todo, había una serie de amenazas contra múltiples personas que ahora se consideran «creíbles» para justificar las acciones del Estado, así que ¿por qué sólo se abordó ahora? Uno podría responder con el hecho de que el presidente Joe Biden iba a hablar a una hora escasa de la residencia del hombre en Salt Lake City, mientras que no había estado allí antes. Incluso si asumiéramos que esto justifica una redada contra un anciano de setenta y cuatro años discapacitado y poco saludable, la pregunta sigue siendo, ¿por qué ahora? Jill Biden visitó Salt Lake City en 2021, sólo unos meses después de la infame profanación de la democracia del 6 de enero, y la «amenaza» se consideró aceptable, como demuestra el hecho de que el hombre siguiera vivo un par de años más. Además, algunas de las amenazas iban dirigidas contra Gavin Newsom, que residía a sólo un día en coche del Sr. Robertson. Si hemos de suponer, como hizo el Estado, que Robertson superaría de algún modo sus impedimentos físicos para llevar a cabo algún complot, unas horas de viaje para llegar a Newsom no serían mucho más que la hora de viaje que le habría llevado acercarse siquiera a Biden durante su visita a Salt Lake City.
Para resumir la cuestión que muchas personas, incluidos los vecinos del hombre, encontraron de inmediato, las amenazas de Robertson eran inaceptables y poco serias. Entonces, ¿por qué fue atacado y asesinado? Llevaba tiempo hablando de esa manera tan grandilocuente y nadie creía que fuera creíble. Un defensor de la actuación del Estado podría señalar aquí que infringió una ley al amenazar al presidente.
Robertson no es ni mucho menos el único boomer que lanza estas amenazas en Internet. De hecho, cualquiera que haya pasado un mínimo de tiempo conversando con un americano muy político de más de sesenta años probablemente habrá oído amenazas dirigidas a todo tipo de políticos y funcionarios. Uno podría buscar fácilmente ese grupo demográfico (y más jóvenes) en cualquier plataforma de medios sociales y encontrar amenazas en abundancia. En realidad, uno podría encontrar una serie de amenazas de alto perfil, también emitidas contra presidentes, por individuos mucho más capaces de ejecutar un complot.
Entonces, ¿por qué Robertson fue el objetivo del Estado mientras que las amenazas procesables (o potencialmente procesables) quedaron sin respuesta? Una pregunta similar, por qué los presentes en las manifestaciones del 6 de enero recibieron la aplicación más severa posible de la ley, mientras que los alborotadores de 2020 quedaron impunes en gran medida, arroja la misma respuesta. Robertson y la mayoría de los manifestantes del 6 de enero eran personas normales que, por lo demás, no habían hecho nada malo. La persecución de ambos comenzó justo después de que se hubieran producido importantes violaciones de las mismas leyes por parte de personas mucho más destructivas o mucho más capaces que habían escapado al castigo. El Estado aplicó selectivamente sus leyes por dos razones.
La primera razón radica en un concepto conocido como anarcotiraníao al menos parte de ella. Por una cuestión de eficiencia, es más fácil para el Estado ignorar a los infractores de la ley más grandes y violentos en favor de patrullar con dureza a la gente normal. Enfrentarse a los mayores infractores de la ley requeriría una voluntad que la mayoría, si no todos, de los apéndices del Estado no poseen actualmente, suponiendo fantasiosamente que incluso quisieran esa voluntad para empezar. Enfrentarse a los peores infractores también exigiría un mayor gasto de recursos y una mayor probabilidad de víctimas. Sencillamente, es mucho más seguro y rentable perseguir a una persona discapacitada de setenta y cuatro años en una ciudad tranquila o a un grupo de personas normales que se presentaron una vez en el Capitolio para protestar que hacer cumplir la ley por igual a famosos ricos y con contactos o a alborotadores con un historial de violencia.
La segunda razón radica en las narrativas y su efecto sobre la legitimidad del Estado. Amplios sectores de los medios de comunicación de los Estados Unidos, junto con diversas partes del Estado y del mundo académico, han estado elaborando y operando bajo la narrativa de que los paletos rojos con armas y los campesinos no moderados que comparten sus opiniones en los medios sociales están tratando de destruir la democracia americana. Aunque lleva mucho tiempo gestándose, esta narrativa se intensificó en torno a las elecciones de 2016, de nuevo en el ínterin y en las elecciones de 2020, y luego se volvió dominante después del 6 de enero de 2021. La narrativa es muy poderosa, siendo como es la refutación directa del Estado contra el populismo que tanto lo amenaza. Si el populismo puede ser derrotado de esta manera de fuerza mediática bruta, sanciones legales selectivas y reinterpretación académica burda, el Estado tal como existe actualmente puede seguir expandiéndose libremente y enriqueciendo a los suyos a expensas de la gente normal.
¿Cómo ayuda esta narrativa, o cualquier otra, al Estado? La narrativa refuerza el factor más crítico de la existencia del Estado: la legitimidad. Como dice Murray Rothbard: «Así, siendo el apoyo ideológico vital para el Estado, éste debe tratar incesantemente de impresionar al público con su ‘legitimidad’, para distinguir sus actividades de las de meros bandidos». Esto es así porque
para continuar en funciones, cualquier gobierno . . debe contar con el apoyo de la mayoría de sus súbditos. Este apoyo... no tiene por qué ser un entusiasmo activo; bien puede ser una resignación pasiva, como si se tratara de una ley natural inevitable. Pero debe ser un apoyo en el sentido de aceptación de algún tipo; de lo contrario, la minoría de los gobernantes del Estado se vería finalmente superada por la resistencia activa de la mayoría del público.
El Estado trabaja para justificar su existencia en las mentes de una parte suficiente de la población, asegurando su legitimidad, mediante la elaboración de narrativas. En las narrativas mencionadas anteriormente, como la de los rojos que destruyen la democracia americana, la existencia del Estado se justifica porque debe defender la democracia y a sus partidarios de esos rojos retrógrados y de esos peligrosos setentones. Si para ello hay que dispersar una manifestación en el Capitolio o disparar a un republicano trumpista en su casa, mejor. Al dispersar a los manifestantes o disparar al hombre, el Estado está cumpliendo su función bajo la narrativa dada y justificando aún más su existencia. Después de todo, ¿qué pasaría si el Estado y sus operadores no hubieran estado allí para proteger vigilantemente los templos sagrados de la democracia americana y a sus fieles seguidores?
En cuanto a Robertson, el que las amenazas de este hombre fueran serias o procesables no tiene nada que ver con el razonamiento del Estado y sus soldados de infantería. El hombre no creía en la legitimidad del Estado actual y así lo manifestó. Según la narrativa del Estado, las personas que no creen en la legitimidad del Estado actual no son personas; son peligrosas, insensatas y, por lo general, malvadas. Para el Estado, «tener» que matar a alguien de esa categoría puede ser desafortunado, pero el beneficio que proporciona en forma de fortalecimiento de la narrativa y de refuerzo de la legitimidad del Estado es muy valioso.
Al menos, así es como funciona en teoría. Aunque la narrativa contra los estados rojos se reforzó, y todos los grandes medios de comunicación la rearticularon de alguna forma al publicar la noticia, que la población siga aceptándola es otra cuestión. En los medios sociales, como Twitter, la indignación fue generalizada, incluso entre personas que normalmente apoyan al Estado y a sus actuales dirigentes.
La indignación general y la desincronización de la población con la narrativa del Estado es donde reside nuestra esperanza. Si en el afán de reforzar su posición el Estado se hace cada vez más ilegítimo en la mente de la población, entonces el Estado está en su punto más débil. Cualquier error o cálculo erróneo por parte del Estado, como el asesinato de una persona normal en su propia casa, no juega bien con el público, debe ser castigado sin piedad por los opositores al Estado. Al hacerlo, los opositores al Estado ayudarán a disipar la legitimidad del Estado de las mentes de cada vez más población, allanando el camino para la eventual destrucción del Estado y la recuperación de la libertad que una vez extinguió.
