Los americanos se sobresaltaron la semana pasada al enterarse de que el gobierno de Joe Biden consideraba la compra de una Biblia como una posible señal de alarma terrorista. El representante Jim Jordan (Republicano de Ohio), presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, reveló que la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro amplió su definición de «comportamiento sospechoso» para incluir la compra de una gorra de Bass Pro Shop, así como los artículos vendidos por Cabella’s y Dick’s Sporting Goods. Si has comprado un arma o munición desde 2021, los burócratas del Equipo Biden pueden haberte clasificado automáticamente como «potencial tirador activo». O tal vez tus compras de billetes de avión activaron los últimos indicadores de «actor solitario/extremismo violento casero».
Por desgracia, hay muchos precedentes en Washington de este tipo de idiotez. La amplia gama de palancas federales permite a los políticos exprimir a cualquier objetivo que elijan. El enorme poder de los dictados financieros federales encubiertos se puso de manifiesto en uno de los planes más corruptos de la administración de Barack Obama.
En 2011, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) envió a los bancos una nueva lista de industrias y clientes de «alto riesgo». Se dijo a los bancos que evitaran prestar servicios a compañías de armas de fuego y munición, estrellas y productores de pornografía, comerciantes de monedas, minoristas de tabaco en línea, operadores de préstamos de día de pago y otros objetivos. Muchos observadores quedaron perplejos ante las categorías de compañías denigradas por la FDIC. Un informe posterior del Congreso se quejaba de que la FDIC mezclaba negocios legítimos «con actividades intrínsecamente perniciosas o patentemente ilegales, como esquemas Ponzi, estafas de consolidación de deudas y parafernalia de drogas».
En 2013, el Departamento de Justicia puso en marcha la Operación Choke Point, una campaña casi encubierta para «asfixiar» a negocios políticamente desfavorecidos. Según un informe del Congreso de 2014, el Departamento de Justicia «amplió radical e injustificadamente» su autoridad de citación en virtud de una ley antifraude de 1989. El Departamento emitió cincuenta citaciones a bancos e instituciones financieras que no habían desterrado cuentas de la lista de «alto riesgo» de la FDIC. El presidente de la Asociación Americana de Banqueros, Frank Keating, se quejó: «Si un banco no cierra una cuenta dudosa cuando se le ordena hacerlo, la Justicia abofetea a la institución con una sanción por una irregularidad que puede o no haber ocurrido. El gobierno está obligando a los bancos a negar el servicio a industrias impopulares pero perfectamente legales amenazándoles con sanciones.» El ex jefe de la FDIC, William Isaac, declaró: «Los banqueros están siendo acobardados hasta la sumisión por un régimen regulador opresivo.» Issac escribió un artículo de opinión para el Wall Street Journal titulado «¿No te gusta un sector? Envíe un mensaje a sus banqueros» en el que mostraba cómo la Operación Choke Point tenía como objetivo a los vendedores de armas de fuego y fuegos artificiales.
Las amenazas federales llevaron a los bancos a cegar a miles de sus clientes comerciales. Los vendedores y fabricantes de puros fueron víctimas colaterales. Un artículo del Daily Beast titulado «La guerra de los bancos contra el porno» informaba de que «cientos de actuales y antiguas estrellas del porno» recibieron de sus bancos «breves cartas de cancelación de cuentas sin más explicaciones». Un alto funcionario de la FDIC insistió en que las cartas de la agencia al Congreso sobre las medidas enérgicas «siempre mencionan la pornografía al hablar de los prestamistas de día de pago y otras industrias, en un esfuerzo por transmitir una ‘buena imagen con respecto a la naturaleza desagradable de los negocios en cuestión’», según un informe del Congreso de 2014.
Para algunos reguladores y fiscales federales, las armas eran incluso peor que la obscenidad. La FDIC notificó a los bancos que «’prohibieran’ el procesamiento de pagos para comerciantes de armas de fuego» y describió «los préstamos a comerciantes de armas de fuego como ‘indeseables’», según un informe del Congreso de 2014. La Asociación Nacional del Rifle se quejó de que los bancos estaban «negándose a hacer negocios con empresas legítimas respetuosas de la ley en la industria de las armas de fuego... sin tener en cuenta el historial crediticio, criminal o financiero de la empresa específica». Cientos de compañías de armas de fuego y munición vieron congeladas o canceladas sus cuentas bancarias. El representante Sean Duffy (R-WI) se quejó de que los funcionarios federales estaban «armando al gobierno para satisfacer sus creencias ideológicas.» El representante Blaine Luetkemeyer (R-MO) declaró: «Burócratas no elegidos del Departamento de Justicia, la FDIC y otras agencias se propusieron acabar con los negocios legales privándoles de acceso a las instituciones financieras.»
La administración Obama actuó como si sus objetivos reguladores no merecieran el debido proceso, y el programa hizo estragos por todas partes antes de que saliera a la luz. Los correos electrónicos de funcionarios de la FDIC mostraban que estaban «maquinando para influir en las decisiones de los bancos sobre con quién hacer negocios. . . [para asegurarse] de que los bancos ‘captaban el mensaje’ sobre los negocios que no gustaban a los reguladores, y presionaban a los bancos para que redujeran el crédito o cerraran esas cuentas, desalentando de hecho a industrias enteras», según un análisis publicado en Daily Signal.
Los funcionarios federales negaron continuamente el alcance de la represión, pero las investigaciones del Congreso y de los medios de comunicación pusieron al descubierto su engaño. En 2015, el presidente de la FDIC, Martin Gruenberg, admitió ante el Congreso que «los examinadores bancarios habían malinterpretado las directrices regulatorias para sugerir que categorías enteras de negocios [incluidos los comerciantes de armas de fuego] debían ser excluidas de los servicios bancarios tradicionales». Pero el programa siguió funcionando hasta que la administración de Donald Trump puso fin a la caza de brujas.
Desgraciadamente, siguen en vigor legiones de leyes y reglamentos que podrían permitir a las agencias federales denegar el debido proceso a cualquier negocio o industria que los políticos pretendan azotar. Es probable que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes revele pronto otras locuras y atropellos cometidos por los reguladores financieros de Biden. Cuando se trata del Tío Sam, «no importa lo cínico que te vuelvas, nunca es suficiente para estar a la altura», como dijo la cómica Lily Tomlin.
