Hace más de un año, el pánico del covid sacudió al mundo. Se nos dijo que solo serían «15 días para aplanar la curva», ya que se cerraron los negocios, se obligó a los empleados «no esenciales» a dejar de trabajar (he escrito sobre el mito del empleado no esencial aquí), se impusieron las máscaras y no se permitió a los individuos reunirse en grupos o asistir a servicios religiosos.
De manera típica, una usurpación «temporal» de la libertad ordenada por el gobierno se convirtió en una infracción indefinida, como lo demuestra el hecho de que todavía estamos bajo órdenes de covid cuatrocientos días después. Independientemente de la duración, la pregunta sigue siendo la que pocos se han planteado: ¿Qué autoridad tiene el gobierno para encerrarnos y obligarnos a dejar de trabajar?
Esto nos lleva a la cuestión del debido proceso, que como mínimo requiere el derecho a comparecer ante un juez y representarse a sí mismo ante un jurado de sus pares antes de ser despojado de la libertad esencial. ¿Tuvieron esta oportunidad los miles de negocios cerrados y los millones de personas que se quedaron sin trabajo? Por supuesto que no. Fueron despojados unilateralmente de su capacidad para poner comida en la mesa y pagar sus facturas sin ninguna oportunidad de objetar.
Enfermo hasta que se demuestre que está sano
El concepto de «cuarentena» está bien establecido en la jurisprudencia estadounidense desde hace más de cien años. Cuando un individuo está enfermo y corre el riesgo de infectar a otros, un tribunal puede ponerlo en cuarentena o aislamiento hasta que deje de ser infeccioso. La cuarentena sigue requiriendo un proceso básico. La persona sujeta a una posible cuarentena sigue teniendo derecho a un procedimiento judicial y deben establecerse pruebas del riesgo que supone la persona para la salud pública.
El año pasado puso a todo Estados Unidos en cuarentena de facto ante la amenaza de propagación del covid. Si bien la cuarentena es para los enfermos, la mayoría de los sujetos a la larga lista de restricciones han estado sanos. Ni una sola persona afectada ha tenido la oportunidad de acudir a los tribunales y oponerse. Estas medidas generales han negado a todos los ciudadanos el derecho constitucional al debido proceso que supuestamente poseen. Considerados como enfermos hasta que se demuestre que están sanos, desgraciadamente nadie ha tenido la oportunidad de demostrar siquiera su salud. Los gobiernos han argumentado que las órdenes de «permanecer en casa» no son una cuarentena, como una forma de dar esquinazo al asunto. Si ese es el caso, ¿de dónde sacan su autoridad? Ni la Constitución de EEUU ni la de ninguno de los estados contempla una excepción al debido proceso en caso de pandemia. Muchos estados se han apoyado en estatutos ambiguos pensados para su uso en una invasión extranjera para justificar estas acciones, pero cualquiera que analice el escenario de forma objetiva puede ver que no hay «excepciones a la pandemia» para el debido proceso legal. Estos poderes fueron inventados de la nada, sin ninguna autoridad para otorgarse este poder.
Moratoria de desahucios
Por si los cierres no fueran suficientes, todos los estados, excepto siete, emitieron moratorias sobre los desahucios o las ejecuciones hipotecarias, permitiendo a los inquilinos ocupar las propiedades de los propietarios sin pagar alquiler hasta nuevo aviso. Y lo que es peor: los propietarios siguen teniendo que cumplir con los deberes legales básicos de la ley de propietarios e inquilinos, como la garantía de habitabilidad, aunque no reciban nada a cambio. Un propietario no recibe un alquiler por la permanencia de alguien en su propiedad, y no puede desalojar a un okupa del terreno, atascado sin la posibilidad de utilizar su propiedad.
La propiedad del propietario es esencialmente tomada como resultado de su privación, claramente una «toma» gubernamental.
En un mundo más sensato, esto se consideraría una violación de los derechos de propiedad aparentemente protegidos por la Quinta Enmienda de la Carta de Derechos. La idea básica es que el propietario debe recibir una «compensación justa» cuando una agencia gubernamental se apropia de una propiedad privada. Esto puede ser violado al menos de dos maneras. En primer lugar, al propietario se le quita su propiedad y se le da a otra persona sin ninguna compensación como resultado de las moratorias, lo que va en contra de la idea de «compensación justa». En segundo lugar, se niega al propietario el derecho a una audiencia para impugnar la toma, aunque esto se permite normalmente en un caso de dominio eminente. Ciertamente, la falta de capacidad para objetar la propiedad tomada sin una audiencia es una violación del debido proceso legal. ¿Dónde reside la autoridad para tomar una propiedad sin compensación y negar una audiencia sobre el asunto? Como ya se ha dicho, no existe ninguna «excepción por pandemia», otro ejemplo de cómo el gobierno se otorga a sí mismo autoridad de la nada.
Los tribunales de todo el país cerraron durante los cierres covídicos y, desde que se abrieron, han quedado con un retraso increíblemente largo. Muchos de ellos siguen realizando los procedimientos sólo por vídeo después de la reapertura. Los acusados esperan meses y meses en la cárcel, como Ryan McMaken ha escrito aquí. La amenaza a los derechos básicos del debido proceso debería ser obvia.
Ahora que los estados empiezan a poner fin a sus moratorias de desahucio, muchos propietarios siguen sin cobrar el alquiler de los que están en su propiedad. Aunque se les debería permitir desalojar a los inquilinos morosos, la acumulación de trabajo en los tribunales lo hace inviable. Con los procedimientos judiciales retrasados meses debido a los cierres, los propietarios se ven atrapados con su propiedad ocupada por okupas indefinidamente. El ordenamiento jurídico prohíbe al propietario ejercer el derecho de desahucio por su cuenta, y le obliga a hacerlo a través de los tribunales. La demora en la capacidad del propietario de utilizar su propia propiedad hasta una fecha judicial indefinida, en la que el tribunal aún puede fallar en su contra o conceder al inquilino un aplazamiento por más tiempo, es otra forma en que los propietarios se ven privados del debido proceso en virtud de las órdenes de covid.
Conclusión:
Las libertades esenciales que se les dice a los estadounidenses que están protegidas por la Carta de Derechos, como la libertad de reunión y de religión, la capacidad de reclamar al gobierno, el derecho a un juicio rápido y el debido proceso legal, cualquiera que fuera antes, han sido ignoradas de forma rutinaria en respuesta al covid.
El año pasado ha dejado cada vez más claro que el debido proceso y los derechos de propiedad —por muy explícitamente protegidos que estén en las constituciones federal y estatal— son meros inconvenientes para los gobiernos que imponen su voluntad a los residentes dentro de sus jurisdicciones. Estos brazos del Estado siempre utilizarán a los abogados y a los jueces para retorcer la ley y lograr los fines que desean, concediendo al Estado cualquier poder que sea necesario para lograr un objetivo deseado. Esta abominación a los derechos naturales destroza la fantasía de que los estadounidenses viven bajo un sistema de «gobierno limitado». En cambio, el poder del gobierno sólo está limitado por las ambiciones de quienes lo ocupan. Estoy seguro de que Lysander Spooner diría: «Te lo dije».
