Mientras amainan las inundaciones producidas por el huracán Harvey la semana pasada y el nuevo huracán Irma se mueve lentamente hacia el este de EEUU, podría ser edificante revisar cómo millones de estadounidenses, a pesar de los esfuerzos federal contra las inundaciones, llegaron a vivir y trabajar en áreas bajo peligro de inundación.
Las bases del desastre actual se remontan al menos a finales de la década de 1920, bajo el intervencionista republicano Herbert Hoover. En 1927 se produjo una inundación muy destructiva a lo largo del río Mississippi. La campaña de socorro del Secretario de Comercio de Hoover aumentó enormemente en poder del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU para implantar una supuesta protección frente a inundaciones.
No cabe duda de que la Ley de Control de Inundaciones de 1928 ayudó a construir el que ha sido considerado como el más impresionante sistema de presas en el mundo a lo largo del río Mississippi. Sin embargo, lo que no hacía era controlar las inundaciones. Aunque el nuevo sistema de presas impedía que se inundaran algunas áreas, aceleraba la corriente natural del río, lo que ayudaba a producir inundaciones en otras áreas. Otras consecuencias imprevistas fueron las reducciones de los depósitos naturales de tierra y el flujo natural del agua en las llanuras inundadas del río.
Menos de una década después, otra inundación dañina en Nueva Inglaterra ayudó a aprobar la Ley Nacional de Control de Inundaciones de 1936. Esta ley fue un punto real de inflexión en términos de centralización. Aparte de doblar el tamaño del programa federal de control de inundaciones, indicaba que el Congreso ya no proporcionaría únicamente socorro ocasional en caso de inundación, ni se considerarían a las inundaciones principalmente como un asunto local. En la práctica encargaba al gobierno federal y al Cuerpo de Ingenieros del Ejército una batalla contra las inundaciones.
Durante el resto de las décadas de 1930 y 1940 se socavaron los mercados de seguros debido a que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército construyeron presas centenarias contra inundaciones que reducían el riesgo lo suficiente como para hacer demasiado costoso en seguro privado de inundaciones. Por otro lado, las aseguradoras privadas veían estas presas como protección insuficiente que no reduciría lo bastante el riesgo. En todo caso, se creó un punto muerto para los mercados privados, que se cimentó figurada y literalmente por parte de los cuerpos del ejército.
En 1953 aparecen los planificadores centrales del New Deal de la Autoridad del Valle de Tennessee (AVT). La AVT empieza a controlar áreas propensas a la inundación en y alrededor de 150 pueblos y ciudades bajo su jurisdicción. Al principio, la AVT usó un patrón de peores casos, tomado del ejército, independientemente de si se había producido alguna vez una inundación de ese tipo.
Este patrón estricto fue abandonado rápidamente cuando se dieron cuenta de que eliminaría áreas enormes de potencial desarrollo que no solo querían los planificadores locales privados y públicos, sino también la AVT, ya que parte de su misión en conflicto era estimular el desarrollo. Así que la AVT adoptó un nuevo patrón inclinado hacia el desarrollo, que se basaba en inundaciones pasadas que se hubieran producido dentro de una zona de 60 o 100 millas desde la zona de desarrollo propuesta.
Fuera de la jurisdicción de la AVT, el Servicio Geológico y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU hicieron mapas de las llanuras de inundación siguiendo prácticamente el mismo patrón de revisión de historial. A finales de la década de 1960, las tres instituciones habían terminado el trabajo de campo para un mapa nacional de llanuras de inundación. Se había creado un patrón muy malo.
Por supuesto, ningún tapiz de políticas desastrosas estaría completo sin una contribución por parte de Lyndon Baines Johnson, de ahí la Ley de Socorro ante Desastres por Huracanes del Sudeste, de 1965. Esta ley autorizaba 500 millones de dólares en gasto para ayudar a reparar el daño creado por el huracán Betsy.
Luego vino la Ley Nacional del Seguro de Inundación de 1968, que creaba el Programa Nacional de Seguro de Inundación (PNSI), que cubría hasta 250.000$ en daños para las viviendas unifamiliares y edificios en ciudades y pueblos que cumplieran con los defectuosos criterios federales de las llanuras de inundación. La sentencia de muerte de cualquier parecido con una lógica económica y actuarial en el PNSI se produjo en 1973, cuando el Congreso permitió que la cobertura se extendiera a dueños de propiedades que deberían haberse incluido en el programa y pagado su seguro, pero no lo hicieron.
Aunque esto no quiere decir que si hubieran prevalecido patrones privados más rigurosos y nunca se hubieren creado los del ejército y la AVT, nunca se habría inundado ninguna residencia u oficina. Sin embargo, no cabe duda de la perversa subvención del gobierno federal de desarrollos urbanos residenciales y comerciales en áreas de riesgo de inundación, así como un seguro de inundación artificialmente barato independiente de la evaluación del riesgo han contribuido no solo a la pérdida inexplicada de miles de millones en propiedades, sino asimismo de vidas humanas.
