Los medios de comunicación han estado hablando últimamente sobre la «Ley de Equidad de Cheques» patrocinada principalmente por los funcionarios electos demócratas en el Congreso. La retórica es exactamente lo que uno esperaría: hay discriminación en el mercado laboral, observable en la «brecha salarial» entre trabajadores y trabajadoras (y otras identidades de género). Así que necesitamos una ley para solucionar este problema. Como de costumbre, todos y cada uno de los problemas surgen debido a algún defecto místico en las elecciones voluntarias de la gente, y siempre pueden ser corregidos por un gobierno glorioso.
Sin embargo, la fuerza impulsora detrás de esta y otras reformas similares no es el aparente impulso desesperado de sus partidarios de usar la única herramienta que encuentran efectiva, y luego atacar todas las «uñas» inquietantes que ven. Si vamos a darles la palabra a estos políticos, llegamos a la conclusión de que su motivación es la de la justicia social: el desagrado apasionado por, a menudo incluso el odio, por el comportamiento injusto, injusto, discriminatorio, si no opresivo. Dondequiera que alguien sea tratado injustamente o injustamente, es un síntoma de una enfermedad y requiere un llamado a la acción.
Para poner esto en términos más familiares, la fuerza impulsora detrás de estas reformas es la pasión por la justicia.
Poder político contra «poder» económico
Por supuesto, es muy poco probable que los medios elegidos por estos formuladores de políticas conduzcan a los fines deseados. La desigualdad de que a algunos se les pague menos por el mismo trabajo, o la desigualdad de que algunos sean ricos y otros sean pobres, no se resuelve instituyendo el poder arbitrario entre los hombres para redistribuir de los que tienen a los que no tienen. De hecho, si el dinero es poder, que es el reclamo común y la afirmación sobre la cual se basa la inmoralidad de la desigualdad, ¿cómo puede el «derecho» a usar el poder político sobre la vida y la muerte de otros ser una solución?
Para los progresistas, el poder político no es un problema en el sentido en que lo es la influencia económica. Lo primero es solo, y extrañamente, una cuestión de las personas «equivocadas» que lo tienen. Con buenas personas en el gobierno — dice el mito del servidor público desinteresado — no hay problema. Este último, sin embargo, es diferente. Aparentemente es un problema que alguien tenga algo mientras que otros no.
En cierto sentido, tienen razón al ver una diferencia: el poder político es muy diferente del poder económico, como Franz Oppenheimer señaló famosamente. Una diferencia importante es que el poder político sugiere una capacidad prometida: donde quiera que haya poder político, una persona que es buena de corazón (y, debe agregarse, sabia) podría generar justicia. De hecho, este poder se «otorga» a ciertos individuos para mejorar la sociedad.
La influencia económica, en contraste, no se concede a otros de manera aparentemente controlada. No hay una elección formal donde los actores económicos dispuestos sean nombrados administradores de las riquezas de la «sociedad». En cambio, algunas personas son ricas como resultado de las acciones que ellos mismos realizaron, supuestamente más allá del control de cualquier otra persona. Es fácil ver que la falta de comprensión económica, y por lo tanto la incapacidad de ver el valor que algunos proporcionan a los demás y como resultado acumulan riqueza personal, llevaría a uno a concluir erróneamente que la riqueza siempre debe ser injusta.
Tal analfabetismo económico es un problema importante de nuestro tiempo, y es aumentado por la democracia popular, ya que los votantes, aparentemente sin costo para ellos mismos, pueden poner un inmenso poder en manos de quienes lo buscan.
La injusticia de la intervención gubernamental
Pero el analfabetismo sobre el funcionamiento económico de un mercado no es mejor ni peor que el analfabetismo sobre el funcionamiento real de una economía. Mientras las fuerzas del mercado están en juego, se ven obstaculizadas, restringidas y contenidas dentro de límites artificiales por medios políticos supraeconómicos. El funcionamiento de cualquier economía moderna está gravemente distorsionado, y por lo tanto el resultado es necesariamente injusto e injusto.
Aquellos que han acumulado una enorme riqueza a menudo, no siempre, han podido hacerlo en gran medida porque han sido favorecidos a expensas de otra persona. De estos, algunos están directamente en la cama con el gobierno y hacen fortunas al tratar y ofrecer servicios a los políticos; Otros se benefician de barreras de entrada de todo tipo.
En este sentido, no es incorrecto decir que «usted no construyó eso», como lo expresó el presidente Barack Obama. En la medida en que alguien acumula riqueza basada en el hecho de que otros no han podido competir debido a restricciones políticas, esa riqueza no es ganada e injusta. Esa riqueza se acumula no como resultado de proporcionar bienes y servicios valiosos, sino porque otros no podrían hacer lo mismo, o hacerlo mejor.
Esto no tiene nada que ver con comenzar un negocio que emplee a otros para «hacer el trabajo». Tales contratos pueden ser totalmente legítimos. Decir que el propietario de un negocio «no construyó ese» negocio porque él o ella contrató a otros es nada menos que una locura. Aquellos que dicen tales cosas están cegados y confundidos por su ideología.
Pero decir que el propietario de un negocio «no construyó ese» negocio en la medida en que se benefició de las regulaciones que impiden que otros compitan con él, ciertamente no lo es. Lo mismo es cierto en la medida en que los salarios fueron ofrecidos por el empleador y aceptados por el empleado, por debajo de lo que sería la tasa de mercado abierto como si fueran la tasa de mercado real.
Quienquiera que se beneficie de la restricción arbitraria de las fuerzas del mercado ciertamente «no construyó eso», se construyó sobre los hombros de otros: los que habrían competido si hubieran sido permitidos, los que hubieran innovado en esa industria del mercado si no hubieran sido prohibido o penalizado por costos artificialmente altos, y los consumidores que no tenían las opciones que de otro modo habrían tenido.
Y también se construyó sobre la explotación relativa de los empleados, cuyas ocupaciones alternativas no están disponibles debido a la economía disfuncional bajo el yugo del gobierno. El trabajo ganaría salarios mucho más altos en general, y tendría muchas más oportunidades a mano, si no fuera por el hecho de que las regulaciones son una manta húmeda que asfixia a la economía y, por lo tanto, impide que aparezcan oportunidades.
El verdadero alcance del efecto del gobierno en la economía radica en las oportunidades que siguen sin realizarse, no en las limitaciones observables.
Es hora de salarios realmente justos
En cierto sentido, hay algo de verdad en las palabras de Alexandria Ocasio-Cortez, la nueva cara de Estados Unidos del analfabetismo económico, que comenta sobre la Ley de Equidad de Cheques: «Es hora de que paguemos a las personas lo que valen y no lo poco que están lo suficientemente desesperadas aceptar».
De hecho, es hora de salarios justos. Sin embargo, esos no son salarios establecidos por políticos como la Sra. Ocasio-Cortez, sino por un mercado real en el que se paga uno de acuerdo con la contribución real para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores. La única forma de entender el valor real del trabajo es permitir que todos intenten encontrar el mejor uso de sus habilidades, buscar cualquier oportunidad que vean o crean que ven, y así, a través de sus acciones, satisfacen los deseos y generan oportunidades para otros.
La verdadera «equidad en el cheque de pago» solo es posible en un mercado que está abierto a todos, y donde la participación es voluntaria y no restringida. Es decir, en palabras de Oppenheimer, donde los medios económicos prevalecen y los medios políticos han sido abolidos y olvidados.
