A la luz de los Premios Nobel concedidos a dos investigadores de las vacunas de ARNm covid-19, los establecimientos del Beltway como el del Instituto Cato han alabado la decisión. Para el Cato, como demuestra una entrada de blog de Ian Vásquez, la producción de estas vacunas fue una «¡victoria de la globalización!». Aunque ciertamente requirió una vasta escala de recursos y redes globales, difícilmente fue lo que se podría considerar una victoria del libre mercado. El desarrollo de estas vacunas se llevó a cabo mediante el saqueo de recursos, la concesión de inmunidad legal y la captura de posiciones de mercado.
Un aspecto perdido por el blog inglés de Cato es el de la defensa de Vásquez, o más bien la falta de ella, de la financiación de esta investigación. En lugar de discutir de dónde proceden realmente los fondos para la investigación en las vacunaciones covid-19, ¡intenta pintarlo como si fuera puramente un fenómeno de mercado! En la edición española del blog, Vásquez añade dos breves párrafos adicionales:
Los mercados mundiales de capitales proporcionaron la financiación necesaria a estas compañías. Moderna se fundó la década pasada como compañía privada con 40 millones de dólares de financiación de capital riesgo; después recaudó 2.700 millones de dólares y salió a bolsa en 2018.
BioNTech recaudó cientos de millones de dólares a través de cotizaciones bursátiles privadas mundiales antes de salir a bolsa. Como corporación multinacional gigante, Pfizer pudo financiar de su bolsillo los 2.000 millones de dólares en pruebas, producción y distribución de la vacuna.
Este retrato casi pretende pintar la financiación de esta empresa como mayoritariamente, si no totalmente, de capital privado. Esto ignora la enorme participación del gobierno. La Operación Warp Speed, tal y como comenzó bajo el mandato de Donald Trump, «invirtió» 12.000 millones de dólares en el desarrollo de vacunas; 2.000 millones se enviaron específicamente a Pfizer y más de 4.000 millones a Moderna (el resto se distribuyó entre otras empresas de vacunas). A continuación, el gobierno de EEUU gastó 30.000 millones de dólares en la compra de vacunas a estas empresas, 25.000 millones de los cuales fueron a parar a Pfizer.
La producción de estas vacunas no se hizo por pura demanda de los consumidores, sino mediante la expropiación del dinero de los pagadores de impuestos. Hay, por supuesto, dos vías para ello. La fiscal es la más directa. El Estado extrajo riqueza de los pagadores de impuestos, que ya no pueden gastar sus fondos en otra cosa.
Esto es similar a «lo no visto» de Frédéric Bastiat, o como lo llama Per Bylund, «lo no realizado». Las líneas de producción que se hayan podido emprender se detienen al expropiarlas mediante impuestos. Lo mismo puede decirse de la inflación. Inflar para pagar estas vacunas provoca el siempre temido efecto Cantillon, así como la devaluación de la moneda general. Los primeros beneficiados son los que reciben la moneda recién creada, es decir, por supuesto, las empresas de vacunas.
Pero esa no tiene por qué ser la única línea de ataque contra las supuestas afirmaciones de que la Operación Warp Speed fue una empresa de libre mercado. Pueden alabar la supuesta desregulación concedida a las compañías y la reducción de la burocracia como prueba de que se trata de un resultado del libre mercado, pero no parece que sea así. La desregulación fue sólo temporal y para unas pocas compañías contratadas.
Para un rothbardiano, un monopolio sólo significa el de un derecho concedido por el gobierno. La policía es un monopolio. Correos es un monopolio. La Compañía Británica de las Indias Orientales fue durante mucho tiempo un monopolio. Sin embargo, se podría muy bien defender el concepto de «mercado capturado». Éste podría definirse probablemente como un mercado a través del cual se utiliza la regulación para sofocar la competencia. Esto se hace a través del cabildeo al cuerpo político para que las regulaciones aumenten los costes de cumplimiento para sus competidores más nuevos.
A estos fabricantes de vacunas se les concedió el derecho casi exclusivo de producir tratamientos. De hecho, el propio gobierno prohibió activamente o presionó en contra de otros tratamientos. Basta con ver la condena de la ivermectina tras su popularización por Joe Rogan. Legalmente, a menos que un medicamento esté aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, los pacientes no pueden utilizarlo. Es posible que no se hayan descubierto tratamientos potenciales para el covid-19 debido al exceso de regulación. Esta regulación fue excusada y acelerada sólo para estos fabricantes de vacunas. Eso no es libre mercado, ¿verdad?
Quizás el más condenatorio de todos ellos para el argumento del «esfuerzo del libre mercado» sea la inmunidad legal concedida a los fabricantes de vacunas. Desde la administración Reagan, existe el Programa Nacional de Compensación por Lesiones Causadas por Vacunas para indemnizar a los lesionados por una vacuna del calendario de vacunación infantil. En lugar del sistema tradicional de ley de responsabilidad civil, en el que los lesionados podrían interponer demandas contra el fabricante, se les indemniza con cargo a un fondo. Este fondo se financia con un impuesto sobre cada vacuna. Así, mientras la vacunación esté en el calendario, no hay razón para una responsabilidad específica sobre los posibles daños de una vacuna. Así, a falta de una verdadera responsabilidad de ley común, los fabricantes de vacunas se ven incentivados a actuar de forma imprudente y conseguir que sus vacunas gocen de esta inmunidad legal.
Sin embargo, las vacunas covid-19 aún no cumplen esta designación. A estas vacunas se les concedió una inmunidad legal especial en virtud de la Ley PREP. Esta inmunidad especial expira en 2024, lo que deja dos vías a los fabricantes: presionar para que se restablezcan las protecciones de la Ley PREP, o incluir su tratamiento en el calendario de vacunas infantiles. De lo contrario, se enfrentan a la responsabilidad por el peligro de su producto. Este último parece ser el enfoque de Pfizer y la Administración de Alimentos y Medicamentos, que ha añadido la vacuna covid-19 a las recomendaciones del calendario de vacunas para 2023. Toda la operación apesta a amiguismo.
Cada paso del proceso de fabricación es un recordatorio mortal del amiguismo. Está financiado por el pagador de impuestos a través de los impuestos o de la inflación, que roban al mercado la genuina acción económica humana. A continuación, los privilegios de esta expropiación se conceden a unos pocos elegidos, e incluso a aquellos que ofrecerían verdaderos bienes de mercado se les impide proporcionarlos. Por último, el gobierno la protege de cualquier atisbo de error. En cada paso, los amiguistas, que pueden presionar al gobierno por cualquier medio que deseen, protegen su dinero a costa de los ciudadanos. Estas vacunas no son un «milagro del libre mercado», sino más bien otro triste producto del amiguismo.
