Orgaworld es una empresa que gestiona una instalación de tratamiento de residuos en London, Ontario, pero también emite malos olores que afectan a los residentes y negocios en la comunidad cercana. Ha sido un problema constante desde 2007, cuando se abrió la planta. A pesar de numerosas órdenes y multas impuestas por el Ministerio del Medio Ambiente de Ontario, Orgaworld sigue incumpliendo la ley.
El gobierno afirma proteger a las comunidades y el medio ambiente. Como decía en referencia a la multa de 2014 Kate Jordan, portavoz del ministerio: “no solo resuelve esto, sino que, ‘como sanción grave’, actúa como disuasión para problemas futuros”. Salvo que no lo hace. Los problemas persisten. El gobierno incumple continuamente su promesa de “proteger a las comunidades y el medio ambiente”. Pero esto no debería sorprendernos.
El rechazo del gobierno a proteger los derechos de propiedad de los residentes es una consecuencia directa del proceso inmoral de creación de leyes del gobierno, que no se ocupa de la relación entre los contaminadores y aquellos cuya propiedad se ve afectada. Si hubiera un régimen legal más eficaz y justo, probablemente no estaríais leyendo este artículo, porque sería prácticamente seguro que Orgaworld no existiría en su ubicación actual.
¿Quién debería hacer las leyes?
Ahora mismo, las leyes regulatorias creadas en parlamentos e instituciones públicas contra la contaminación medioambiental se realizan sin la participación de quienes se ven afectados por casos vigentes de contaminación. Estas leyes, escritas principalmente por grupos con intereses especiales, favorecen solo a ciertos grupos a costa de los residentes normales que generalmente se ven excluidos del proceso de creación de leyes.
Esto ayuda a explicar por qué los contaminadores pueden seguir siendo contaminadores tanto tiempo sin ser responsables ante los más directamente afectados por la contaminación. Además, los que deben pagar impuestos por los “servicios” del gobierno de impedir la entrada en la propiedad privada mediante contaminación, a menudo no reciben a cambio estos servicios. Eso es lo que ha pasado en el caso Orgaworld.
Un cambio radical necesario en la manera de hacer las leyes
Para tratar más directamente los derechos de propiedad de quienes están sufriendo a contaminadores como Orgaworld debemos volver a medios anteriores, menos autoritarios y más eficaces de hacer las leyes.
La creación estatal de derecho a través de parlamentos es una evolución reciente. En el pasado, la forma más común de tratar problemas de violaciones de propiedad a través de tribunales era la “creación de leyes de abajo arriba” o derecho consuetudinario. Los que se veían afectados directamente, si podían demostrar que se habían visto perjudicados, recibían indemnizaciones directamente de los violadores de derechos.
La creación de derecho por parlamentos y administraciones modernos, por el contrario, se basa en imponer multas a los contaminadores, yendo los importes de dichas multas a los gobiernos y no a las víctimas. Además, las víctimas no participan en estos tratos entre reguladores y contaminadores. Así que podríamos pensar que las leyes hechas por el estado son “creación de leyes de arriba abajo” o derecho autoritario.
Derecho consuetudinario: La solución ética
Aunque las acciones de Orgaworld sean consideradas ilegales bajo nuestro sistema de derecho autoritario, está claro que el marco actual prevaleciente no ha conseguido proporcionar una solución. Parece que a los contaminadores se les permitirá continuar operando indefinidamente sin cumplir los requisitos de las agencias regulatorias, que son bastante independientes de lo dueños de las propiedades objeto de las violaciones de Orgaworld.
Por el contrario, bajo un sistema de derecho consuetudinario, la propia gente (no el estado) desempeñaría un papel protagonista en el proceso legal. En un sistema así, las acciones de Orgaworld serían consideradas ilegales, no por el mero hecho de que estén contaminando el aire, sino porque afectan a las propiedades vecinas poseídas y ocupadas antes de las actividades de Orgaworld. Esto es algo muy importante, como explica Murray Rothbard con el concepto de ocupación:
La mayoría de nosotros pensamos en la ocupación de recursos no usados en la forma antigua de aclarar una parcela de terreno sin dueño y arar la tierra. Sin embargo, hay formas más modernas y sofisticadas de ocupación, que deberían establecer un derecho de propiedad. Supongamos, por ejemplo, que se construye un aeropuerto con una gran porción de terreno vacío a su alrededor. El aeropuerto genera un nivel de X decibelios con las ondas sonoras que cruzan el terreno vacío. Luego una promotora inmobiliaria compra terrenos cerca del aeropuerto. Más tarde, los propietarios de las viviendas demandan al aeropuerto por ruido excesivo que afecta al uso y disfrute tranquilo de las casas.
Un ruido excesivo puede considerarse una forma de agresión, pero en este caso el aeropuerto ya había ocupado los X decibelios de ruido. Con su reclamación previa, el aeropuerto ahora “tiene el derecho” a emitir X decibelios de ruido en el área que le rodea. En términos legales, podemos decir por tanto que el aeropuerto, a través de la ocupación, se ha ganado un derecho de servidumbre a crear X decibelios de ruido. Esta servidumbre de ocupación es un ejemplo del antiguo concepto legal de “usucapión”, en el que cierta actividad genera un derecho prescriptivo de propiedad para la persona que realiza la acción.
Por otro lado, si el aeropuerto empieza a aumentar los niveles de ruido, entonces los propietarios de viviendas podrían demandar o prohibir al aeropuerto esta agresión sonora por los decibelios extra que se habían ocupado. Por supuesto, si se construye un nuevo aeropuerto y empieza a emitir un sonido de X decibelios a las viviendas de alrededor, este será completamente responsable de la invasión sonora.
Debería estar claro que la misma teoría debería aplicarse a la contaminación del aire. Si A está causando la contaminación del aire de B y esto puede probarse más allá de una duda razonable, entonces es una agresión y debería prohibirse y pagarse los daños de acuerdo con la responsabilidad estricta, salvo que A haya estado allí antes y ya hubiera estado contaminando el aire antes de que se creara la propiedad de B. Por ejemplo, si una fábrica propiedad de A contaminaba una propiedad originalmente no usada hasta una cierta cantidad de contaminante X, entonces puede decirse que A ha ocupado una servidumbre de contaminación de un cierto grado y tipo.
Orgaworld está violando los derechos de propiedad de sus vecinos preexistentes. Las acciones de Orgaworld, como señalaba Rothbard, constituyen “agresión y debería prohibirse y pagarse los daños de acuerdo con la responsabilidad estricta”. Bajo el derecho consuetudinario, esa solución legal habría estado inmediatamente disponible para los vecinos después de la primera violación de Orgaworld hace muchos años. El derecho autoritario no ofrece esa solución.
El derecho autoritario favorece la violación de los derechos de propiedad
La calidad de vida ha disminuido para residentes y empresas en la comunidad que rodea Orgaworld. Los olores repulsivos a veces les impiden permanecer en el exterior, los valores de las propiedades están bajando, se han sentido otras consecuencias económicas, los niveles de ansiedad son altos, ninguno de ellos ha sido compensado por el daño sufrido. Durante diez años, residentes y empresas han sido los perdedores en este caso.
Por el contrario, Orgaworld parece ser el ganador. Han sido multados, pero continúan operando. Parecería que, desde su perspectiva, las multas son únicamente un coste de hacer negocios, es decir, siguen obteniendo beneficios después de pagar las multas al gobierno. Así que parece que el gobierno también es un ganador, porque se queda con el dinero de la multa para sus propios fines, pretendiendo al mismo tiempo “proteger a las comunidades y el medio ambiente”. Lo que se ve no es bueno. Orgaworld parece estar comprando el permiso del gobierno para contaminar el aire de sus vecinos.
Se supone que el gobierno tiene que resolver conflictos, no crearlos. Tal vez sea el momento de reconsiderar cómo hacemos leyes y protegemos los derechos de propiedad.
