Es verano en Estados Unidos, lo que significa que las temperaturas son altas y que los bosques y praderas del oeste arden —como ha sucedido desde que la gente vive aquí. Sin embargo, en nuestra época actual, en la que se supone que hay una «solución» política para casi todos los problemas, los políticos creen que pueden utilizar las políticas gubernamentales para darnos un mejor clima y cambiar la naturaleza de los incendios forestales.
Hasta ahora, el Congreso, los legisladores estatales y el gobierno de Biden han lanzado una ventisca de nuevos programas e iniciativas que, según sus patrocinadores, revertirán lo que llaman la «crisis climática» y devolverán a nuestro país, e incluso al mundo entero, a patrones climáticos «normales». Están el Green New Deal, los mandatos estatales para que las empresas de servicios públicos compren electricidad de fuentes «renovables», como los paneles solares y la energía eólica, y la campaña de Biden «Reconstruir mejor», en la que el presidente ha prometido «millones de nuevos puestos de trabajo que nos ayuden a recuperarnos de la pandemia y a hacer frente al cambio climático».
Los defensores de estas iniciativas afirman que, dado que los métodos actuales de producción de energía liberan ostensiblemente gases que cambian el clima de la Tierra a peor, las autoridades gubernamentales deberían reorientar los recursos para garantizar resultados que orienten las temperaturas mundiales a la baja. Las élites del gobierno, los medios de comunicación y el mundo académico han aceptado estas nociones utópicas como si se tratara de algo evidente y creen que una vez que un político progresista ha anunciado ciertos «objetivos» acordes con el pensamiento progresista, los objetivos siempre son dignos y están al alcance de la mano—si los gobiernos asignan y gastan suficiente dinero.
Una de las críticas de los conservadores a las políticas sobre el cambio climático es que siguen los patrones históricamente fallidos de la planificación económica central, con recursos dirigidos políticamente sin tener en cuenta su escasez relativa y sin prestar atención a los efectos secundarios negativos que siempre se producen. Para contrarrestar las medidas de mando y control que imponen los ecologistas y sus aliados políticos, muchos conservadores han instado a que el gobierno, en cambio, busque soluciones «basadas en el mercado».
Por ejemplo, para reducir la contaminación atmosférica de los automóviles, el gobierno de EEUU exigió en 1975 que los fabricantes de automóviles instalaran convertidores catalíticos en los coches fabricados en EEUU, así como en los vehículos importados. Aunque estos dispositivos son eficaces, un mecanismo basado en el mercado permitiría a los fabricantes de automóviles encontrar sus propias soluciones y probablemente daría lugar a emisiones más bajas (y a menores costes de reducción de la contaminación) que las que vemos.
La idea que subyace a los programas de reducción de la contaminación basados en el mercado es que las partes reguladas utilizan mecanismos de mercado como los precios y los derechos de propiedad para reducir las emisiones tóxicas o alguna otra forma de daño ambiental. Tales iniciativas establecen objetivos de reducción de la contaminación y luego ofrecen incentivos para que las entidades reguladas determinen mejor las estrategias generales de reducción. Las enmiendas a la Ley del Aire Limpio de 1990 permitieron y organizaron políticas basadas en el mercado que tuvieron un éxito relativo.
Ahora, cuatro senadores americanos, Mike Braun (Republicano), Debbie Stabenow (Demócrata), Lindsey Graham (Republicano) y Sheldon Whitehouse (Demócrata), han vuelto a presentar la ley bipartidista Growing Climate Solutions Act, que se ha ganado los elogios de los grupos conservadores, porque permite cierta actividad basada en el mercado para reducir los gases de «efecto invernadero» a los que se culpa del cambio climático. El grupo de defensa de tendencia conservadora Citizens for Responsible Energy Solutions ha elogiado la propuesta de ley, declarando:
Cuando nuestros agricultores, ganaderos y silvicultores hacen un esfuerzo adicional para ayudar a reducir la huella de carbono de Estados Unidos, deben ser recompensados, no penalizados. La Ley de Soluciones Climáticas Crecientes es interesante porque permitiría cosechar valiosos créditos de carbono junto con cualquier cultivo que utilice prácticas respetuosas con el clima. Al normalizar la forma en que esos créditos pueden venderse en los mercados voluntarios de créditos de carbono, la GCSA también facilita que las explotaciones agrícolas de todo tipo y tamaño se conecten y vendan esos créditos a las decenas de empresas y servicios públicos americanos que se han comprometido a ser neutrales en materia de carbono, pero que no pueden hacerlo solos.
La GCSA es una victoria del libre mercado para los productores agrícolas, las empresas y el clima; es una solución que ayuda a restaurar el medio ambiente sin mandatos gubernamentales de mano dura o el aumento del coste de la producción de alimentos y energía.
Pero las intenciones son una cosa. La realidad es otra muy distinta.
En primer lugar, aunque no cabe duda de que utilizar un sistema de precios de mercado para mover los recursos será más eficiente desde el punto de vista económico que un sistema de mando y control, el gobierno sigue determinando la dirección en que se mueven los recursos. No cabe duda de que un sistema de comercio de créditos de carbono dará lugar a una menor emisión de gases de dióxido de carbono y metano que la que se produciría con un régimen regulador gubernamental típico.
Pero el hecho de que los agricultores vayan a utilizar algunos dispositivos del mercado libre no significa que todo el sistema se haya convertido de repente en una empresa libre. Aunque los agricultores puedan ser más rentables a la hora de cumplir con los mandatos de emisiones del gobierno, sus acciones seguirán siendo obligatorias y no hay razón para creer que los reguladores del gobierno y sus aliados verdes que imponen los mandatos sepan cuáles deberían ser los niveles óptimos de emisiones. A pesar de todo lo que se dice sobre la ciencia, lo único que realmente sabemos es que cualquiera que sea la reducción de emisiones del cinturón agrícola, tendrá un efecto nulo en el clima mundial.
El segundo problema es que, si bien la Ley de Soluciones Climáticas Crecientes de 2021 puede intentar organizar sistemas de reducción basados en el mercado, lo que realmente ocurra en última instancia depende de los reguladores, a los que siempre se les da un amplio margen para establecer la política. Independientemente de lo que declare la legislación original, los reguladores van a gobernar de forma que reduzcan sus propios costes al tiempo que aumentan su propia autoridad. Tal vez la mejor analogía sea la de Lucy, el personaje de la tira cómica Peanuts, famosa por levantar el balón de fútbol después de invitar a Charlie Brown a patearlo.
Otro punto que hay que recordar es que, aunque los programas de reducción de emisiones basados en el mercado serán más eficaces que el tradicional mando y control burocrático, siguen siendo mercados artificiales en los que el valor de los permisos negociables y otros mecanismos lo fijan los agentes gubernamentales. Por lo tanto, ese valor en el comercio siempre será arbitrario, en lugar de que el valor sea fijado por la interacción de los consumidores y productores reales.
Hay un problema mayor que no debemos olvidar. La idea de que los programas gubernamentales van a mejorar el clima de alguna manera debería hacer reflexionar a cualquiera. Como escribió recientemente H. Sterling Burnett, los reguladores gubernamentales, en su afán por reducir el cambio climático, están destruyendo poco a poco la capacidad de producción de energía eléctrica de Estados Unidos al exigir la llamada producción renovable, como la energía eólica y los paneles solares, mientras eliminan por la fuerza la producción que utiliza carbón, petróleo, gas natural y energía nuclear sin emisiones.
Sin duda, los defensores del medio ambiente afirmarán que el deterioro de la red eléctrica americana es temporal y que los costes iniciales en los que incurren los usuarios de electricidad que utilizan las «renovables» siguen siendo menores que los costes «reales» que acompañan a los combustibles convencionales. No cuenten con ello. Si algo sabemos de la planificación económica centralizada de las autoridades políticas americanas es que siempre hay enormes costes ocultos que acompañan a las iniciativas políticas. Que pongan una cara alegre de libre mercado a la última receta política no cambia el hecho de que las políticas originales relativas al cambio climático son terriblemente defectuosas.
