Introducción
El problema del gasto deficitario de los gobiernos y la deuda pública resultante es un reto para la mayoría de las economías modernas. Unos pocos estados, como Alemania, con fama de austeros en materia fiscal, funcionaron con superávit presupuestario y una deuda decreciente, pero eso fue antes de que el coronavirus diera a los gobiernos de todo el mundo una excusa para ampliar masivamente sus poderes y aumentar el gasto. Ahora parece que todas las naciones tendrán que soportar la pesada carga de pagar las enormes deudas gubernamentales contraídas en pos de políticas destructivas. La deuda pública neta media, es decir, la que no se debe a algún organismo del gobierno emisor, de las economías avanzadas superó el 96% del PIB en 2020, y no hay indicios de que los gobiernos vayan a dejar de pedir prestado.
Figura 1: Deuda neta de determinadas economías, 1990-2020
Fuente: FMI. La línea plana de EEUU anterior a 2000 es un periodo sin datos.
En toda Europa crece el sentimiento de que la deuda pública no es más que una carga y debe ser cancelada. Recientemente, un grupo de economistas de izquierdas ha publicado un manifiesto en el que sugieren que se cancele la deuda pública del Banco Central Europeo, que actualmente asciende a 2,5 billones de euros. Este manifiesto, sin embargo, no es más que un alegato apenas disimulado para la financiación inflacionaria de los proyectos favoritos de la izquierda: no sólo el BCE debería cancelar la deuda pública, sino que los gobiernos también deberían comprometerse a gastar una cantidad equivalente en un «amplio plan de recuperación social y ecológica». Aunque no se especifica la fuente de financiación de este gasto, lo cierto es que debe ser prestado, y la única institución dispuesta y capaz de prestar tales cantidades a los gobiernos es el BCE.
Mi objetivo en esta serie de tres partes no es criticar las sugerencias de los redactores de los manifiestos, por muy placentera que sea esta tarea. Se trata más bien de investigar seriamente el problema de la deuda pública y, en particular, las consecuencias del incumplimiento de los gobiernos.
¿Qué significaría para la economía que de un plumazo desapareciera no sólo la deuda con el banco central, sino toda ella? No estoy revelando demasiado si ahora revelo que, al igual que Peter Klein y J.R. Hummel, creo que el impago del gobierno sería una gran ayuda para la economía a largo plazo.
La idea de resolver el problema de la deuda mediante el impago se considera generalmente fuera de lugar por todas las personas respetables. En su opinión, sólo hay dos soluciones alternativas: o bien utilizar la inflación para destruir el valor real de la deuda, o bien introducir reformas económicas que conduzcan a un aumento de los ingresos fiscales, que a su vez hagan manejable el pago de la deuda. Por lo tanto, los redactores de los manifiestos europeos merecen un reconocimiento por haber planteado la idea del repudio de la deuda.
Sin embargo, antes de pasar a la cuestión de los efectos económicos de la morosidad del gobierno, debemos considerar primero el lado ético de las cosas. Los economistas se resisten a aceptarlo, pero todas las propuestas políticas son inherentemente normativas. No es posible actuar simplemente como un asesor neutral o limitarse a sugerir políticas en la prensa. Hay un respaldo implícito a los fines que se persiguen y a los medios que se eligen al hacerlo, por lo que tenemos que preguntarnos, en primer lugar, si sería moralmente justificable, en principio, que los gobiernos incumplieran.
La ética del repudio de la deuda pública
Parecería el colmo de la conducta inmoral repudiar la deuda pública. Después de todo, ¿no ha prometido el prestatario voluntariamente su persona, su propiedad y su honor sagrado para respaldar la deuda? ¿Cómo puede un hombre dar la espalda a tal promesa sin vergüenza? E incluso si no cumpliera, ¿no tendrían los acreedores un justo derecho contra su propiedad? La esencia de la justicia es dar a cada uno lo suyo —suum cuique tribuere, en la frase clásica— y puesto que la deuda se debe a los acreedores, sería inmoral, un pecado contra la justicia, negarse a pagarla.
Por el contrario, aunque está muy extendida, dicha opinión se basa en la aceptación del equívoco básico que todos los Estados utilizan para justificar su poder. A saber, que el Estado es una institución social legítima a la par que otras instituciones, que es de hecho la más eminente de todas las instituciones y que, en consecuencia, sus reclamaciones y promesas no sólo son legítimas sino eminentemente. Cuando el Estado reclama a los ciudadanos, éstos están obligados a obedecer; cuando hace una promesa a sus acreedores, se obliga no sólo a sí mismo sino a todos los ciudadanos. Esto, sin embargo, no es cierto: los ciudadanos son súbditos del Estado y están obligados a esta relación; no son sus patrocinadores o mandantes o beneficiarios. Aunque prácticamente todos los ciudadanos se benefician en algún momento del Estado, esto no cambia el hecho básico de que el Estado es una imposición violenta sobre todos: no es voluntario y no se basa en derechos de propiedad justos u otras reclamaciones legítimas.
Murray Rothbard, en su clásico alegato a favor del repudio de la deuda, publicado por primera vez en 1992, explica detalladamente los errores que implica tratar la deuda pública como si fuera simplemente una forma más sagrada de deuda privada. Dice Rothbard
Las dos formas de transacción de deuda [deuda privada y pública] son totalmente diferentes. Si pido dinero prestado a un banco hipotecario, he hecho un contrato para transferir mi dinero a un acreedor en una fecha futura; en un sentido profundo, él es el verdadero propietario del dinero en ese momento, y si no pago le estoy robando su justa propiedad. Pero cuando el gobierno toma dinero prestado, no compromete su propio dinero; sus propios recursos no son responsables. El gobierno no compromete su propia vida, su fortuna y su sagrado honor para pagar la deuda, sino la nuestra.
La santidad del contrato, en otras palabras, es un principio crucial de la justicia, pero no se aplica a las promesas de pago del gobierno. En efecto, el gobierno no promete pagar: los políticos que estén al mando en ese momento simplemente dicen a sus posibles acreedores: «Prestennos dinero ahora y prometemos hacer que el pueblo pague». En ningún momento se pidió el consentimiento de los ciudadanos, por lo que es difícil ver cómo podrían estar obligados por un contrato que otras personas celebraron. De hecho, dado que se trata de un contrato celebrado con el propósito explícito de privarles de su propiedad, es difícil ver cómo podría considerarse una transacción válida en absoluto.
Una posible objeción aquí podría ser que el gobierno tiene a su cargo el bien público y que, si bien los ciudadanos no consintieron los préstamos, todos son beneficiarios del bien público proporcionado con la ayuda de dichos préstamos. Ahora bien, todavía no está claro cómo una persona puede estar obligada por el contrato, pero dejemos eso de lado por ahora. Tampoco está inmediatamente claro que el gobierno sea necesario para proveer el bien común de toda la sociedad, especialmente porque se ha demostrado teórica y empíricamente que las funciones más básicas tradicionalmente atribuidas al gobierno, el mantenimiento de la paz y la justicia, pueden ser igualmente provistas en una sociedad completamente libre sin ningún monopolista coercitivo. Sin embargo, no vamos a profundizar aquí en esta cuestión. Lo único que preguntaremos es: ¿Los gobiernos se endeudaron de hecho para el bien común de todos? La respuesta debería ser obvia: pidieron dinero prestado para librar guerras agresivas, financiar prestigiosos proyectos de obras públicas sin más utilidad que las pirámides y, más recientemente, para rescatar y enriquecer a sus amigos de las finanzas. Más recientemente, es cierto, los gobiernos han utilizado el dinero prestado para sobornar a la ciudadanía con limosnas, pero esto tampoco puede considerarse que actúe por el bien común; sobre todo si recordamos que las limosnas simplemente pretenden disfrazar las consecuencias de la destrucción de la economía y la sociedad durante este último año. En cualquier caso, el pan y el circo —o su equivalente moderno, los cheques de estímulo— no pueden llamarse bien común, sino que son más bien bienes particulares.
Si los acreedores del Estado no tienen ningún derecho sobre el público que paga impuestos, ¿tienen al menos un derecho sobre el gobierno, es decir, sobre los activos propiedad del Estado? En algunos casos, la respuesta puede ser afirmativa. Los financieros que invirtieron en deuda pública sabiendo exactamente lo que hacían no pueden tener ningún derecho; de hecho, la cuestión es si no deberían ser considerados más bien cómplices del delito fiscal, ya que se beneficiaron tan claramente de él (por ejemplo, los principales operadores en el contexto estadounidense). Pero el ciudadano medio que, embaucado, quizás, por la propaganda del Estado, compró un bono del Estado pensando que era un uso inocente de su dinero puede tener una reclamación legítima. Más aún, los fondos de pensiones presionados para invertir en bonos del Estado y los bancos obligados a hacerlo para cumplir con los requisitos de capital tienen un derecho legítimo a alguna compensación, no del contribuyente, sino del gobierno. El problema aquí, sin embargo, es que hay un gran grupo de personas con una demanda aún mejor, a saber, la gran masa de contribuyentes oprimidos.1 Estas personas, los sufridos productores de riqueza real en la sociedad, tienen un derecho de compensación mucho mayor que los titulares de la deuda pública. Por una cuestión de estricta justicia, cualquier reclamación de los acreedores de un Estado en quiebra tendría que esperar hasta que se pague la indemnización a los contribuyentes. Los activos que quedaran podrían entonces repartirse entre ellos.
Conclusión:
Entonces sería claramente justo repudiar la deuda. De hecho, es evidentemente injusto seguir pagando los intereses de la misma, ya que cada pago es una transferencia coaccionada de los contribuyentes a los acreedores del Estado. Sin embargo, antes de concluir simplemente que el gobierno tiene que incumplir, tenemos que tener en cuenta también los efectos económicos del incumplimiento. Si éstos fueran realmente calamitosos, después de todo, la prudencia podría dictar que sería mejor sufrir la continua injusticia de la deuda en lugar del deterioro social que podría resultar de su abolición. En la próxima entrega, examinaremos en detalle los efectos económicos del impago del gobierno.
- 1Podríamos incluir a aquellos cuyos bienes han sido confiscados injustamente por el Estado, pero esto es probablemente una preocupación menor en la mayoría de los países occidentales.
