Recientemente, dos hombres afroamericanos fueron arrestados en un Starbucks en Filadelfia por alteración del orden público y disturbios. Afirmaron que estaban esperando conocer a un posible socio comercial. Un barista preguntó si querían pedir algo, pero lo rechazaron. Uno de los hombres había pedido usar el baño, pero se le dijo que era para los clientes. Un testigo informó que un barista les dijo a los hombres que necesitaban hacer una compra o se tenían que ir. Al no haber hecho ninguna de las dos cosas, se llamó a la policía. Según se informa, la policía les pidió tres veces a los hombres que se fueran. Después de negarse, diciendo que tenían reuniones en Starbucks todo el tiempo y estaban a punto de hacer un trato de bienes raíces que cambiaría sus vidas, fueron arrestados.
Una grabación de video del arresto provocó protestas y llamados a boicots de la compañía, que fueron recibidos por disculpas del CEO de Starbucks, el alcalde de Filadelfia e incluso el comisario de policía (quien dijo que los oficiales no habían hecho nada malo sino que más tarde dijo que dicha redacción era incorrecta y que lo que debería haber dicho es que siguieron la ley, una declaración que a su vez es interesante, planteando la pregunta: ¿en qué medida la policía puede hacer algo incorrecto y permanecer dentro de la ley?). Además, el CEO de Starbucks, Kevin Johnson, se reunió personalmente con los hombres que fueron arrestados y el 29 de mayo cerrará 8,000 locales de Starbucks para recibir capacitación sobre sensibilidad racial.
Aunque se han hecho muchas observaciones interesantes de estos eventos, mi contribución marginal es señalar los resultados radicalmente diferentes que observamos cuando la entidad que se considera que está molestando depende de mantener las buenas cualidades de los consumidores para su supervivencia versus uno que depende de los ingresos fiscales. ¿Recuerda cuando United Airlines hizo que la policía de Chicago expulsara a un pasajero de su vuelo? Esto fue bastante embarazoso. Hubo llamados a boicots y el precio de las acciones de United sufrió una caída. Sin embargo, ninguna de estas cosas le sucedió a la policía de Chicago, cuyos “clientes” solo pueden boicotearla abandonando la ciudad (aunque incluso eso puede no ser suficiente, ya que el Departamento de Policía de Chicago recibió $ 3.1 millones en subvenciones del programa federal COPS solo en el año fiscal 2017, con $ 1.3 millones adicionales del OJP) y no tiene precio de acciones. Relativamente poca ira se manifestó contra a la policía de Chicago, a pesar de ser quienes realmente ensangrentaron al tipo.
Y lo mismo pasa con el Departamento de Policía de Filadelfia. No será boicoteado, el precio de sus acciones no bajará y nadie será despedido. (Aunque el gerente de Starbucks que llamó a la policía “ya no se encuentra en ese puesto”, no está claro si esto significa reubicación o despido). Sin embargo, puede apostar a que Starbucks hará grandes esfuerzos para evitar que vuelva a ocurrir algo similar. Tendrán mucho cuidado con las circunstancias en las que instruirán a sus empleados para que llamen a la policía.
Los ejemplos de participación de la policía con United Airlines y Starbucks ilustran en parte la razón por la que raramente escuchamos acerca de abusos cometidos por la seguridad en la esfera privada: hay costos asumidos por las compañías privadas cuando deciden usar la fuerza (ya sea que esa fuerza esté justificada o no), que el sector público no tiene. El uso de la fuerza generalmente es malo para los negocios, y el incentivo es evitarlo hasta que lo que sea que se pretenda detener o prevenir se vuelva más costoso que el uso de la fuerza. Además, las empresas privadas no están protegidas por inmunidad calificada. Pero quizás lo más importante en términos de por qué sus incentivos difieren de los del estado es que requieren que los clientes continúen dispuestos a darles dinero.
Esperemos que estos eventos sirvan como una lección para aquellos preocupados por la responsabilidad policial: lo que podría ser más efectivo para minimizar el abuso policial que las juntas civiles de revisión, decretos de consentimiento, grupos de trabajo de responsabilidad policial, etc., es la capacidad de llevar su empresa a otro lado.
