Los frescos de Ambrogio Lorenzetti que adornan el Palazzo Pubblico de Siena (Italia) cuentan una historia intemporal de gobierno. Retratan una ciudad que florece bajo leyes justas y se desmorona bajo el mal gobierno. La segunda parte de esta alegoría resulta alarmantemente pertinente hoy en día, cuando los recientes disturbios en Francia dibujan un cuadro urbano destructivo, reflejo de la narrativa del fracaso del gobierno.
La situación se ha deteriorado tan drásticamente que ahora es inevitable el uso generalizado de la fuerza, especialmente para eliminar el arsenal militar que florece en los suburbios. Sin embargo, abordar las políticas erróneas que han conducido a esta situación es igual de primordial. La decadencia de la sociedad francesa ha llegado tan hondo porque todos los partidos políticos se han fijado en respuestas ineficaces y han pasado por alto las raíces del problema.
Las dos respuestas predominantes desde finales de los 1960 han sido, en primer lugar, las políticas antirracistas y, en segundo lugar, las políticas de inmigración restrictivas.
La izquierda identifica hoy el racismo como la raíz de las tensiones en Francia. Sin embargo, este enfoque pasa por alto que el gobierno francés ha considerado la situación desde esta misma perspectiva desde 1973, cuando surgieron las tensiones actuales entre inmigrantes y nativos. Para hacer frente al racismo, ya en los 1970 se pusieron en marcha una serie de intervenciones estatales, desde iniciativas culturales hasta amplias políticas de discriminación positiva.
Sin embargo, esas políticas no han impedido que el problema siga creciendo. El racismo, la imputación de rasgos negativos observados en unos pocos a todo un grupo que comparte un fenotipo similar, no es la raíz del problema. El quid está en las políticas gubernamentales y sus efectos en el tejido social.
La derecha está consumida por una fijación con las restricciones a la inmigración. Basándose en cierta retórica de derechas, uno podría pensar que las fronteras del país están totalmente abiertas y que incluso existen iniciativas públicas para fomentar la inmigración. Esta percepción es totalmente disonante con la realidad a la que se enfrentan los innumerables inmigrantes que perecen en el Mediterráneo cada año, tratando de superar las amplias restricciones para llegar a las costas de Europa.
Las políticas de restricción de la inmigración, aplicadas desde hace más de medio siglo, han fracasado. No han hecho más que exacerbar las tensiones y aislar a Francia en la escena europea y mundial. Aumentar aún más las restricciones no haría sino sumir más a los inmigrantes en la sombra y complicar su integración. Estas políticas no resuelven el problema, sino que lo amplifican. Estas políticas dejan pasar a los más desesperados o astutos, impiden preservar los lazos de los inmigrantes con su patria e infunden un estado de miedo y desconfianza entre los inmigrantes hacia las instituciones.
Ambos bandos —la izquierda y la derecha— están atrapados en las mismas estrategias que han fracasado repetidamente. Mientras tanto, el verdadero culpable —el mecanismo que atrapa a los inmigrantes o a sus descendientes en un ciclo de delincuencia— elude las agendas políticas. Abordar esta cuestión exige reconocer el fracaso gubernamental.
El factor que se pasa por alto es la ausencia de un mercado laboral legal suficientemente amplio para los inmigrantes poco cualificados. ¿Podría estar ahí la raíz de la alienación de estos inmigrantes, su inmersión en una economía irregular y delictiva, y su consiguiente desconfianza en las instituciones y la democracia?
En una democracia, la regla de la mayoría puede transformarse en tiranía, fomentando los disturbios civiles cuando existe una división tajante entre la mayoría y la minoría y dando lugar a preferencias políticas divergentes. En términos de regulación del mercado laboral, la salvaguarda de algunos trabajadores se ha producido a expensas de otros. Alrededor de los 1970, surgió una correlación discernible entre los aumentos sustanciales del salario mínimo real y el colapso del mercado laboral de baja cualificación. Posteriormente, muchos descendientes de inmigrantes procedentes de África no han podido encontrar oportunidades de empleo legal hasta bien entrada la edad adulta.
El núcleo del problema es la ausencia de un mercado laboral amplio y legal para los inmigrantes, debido principalmente al salario mínimo. A principios de los 1970, los dirigentes franceses —como el vicepresidente de izquierdas del Senado, André Méric, o el ex ministro y académico Édouard Bonnefous— eran conscientes de que las subidas del salario mínimo propuestas diezmarían el empleo de los inmigrantes.
Lo que no previeron fue que los inmigrantes se quedarían en Francia, subsistiendo de una economía alimentada por subvenciones, junto con la extorsión, el robo, el contrabando y otras actividades ilícitas. En un mundo ideal, los que se quedaron en Francia se habrían esforzado académicamente para adquirir aptitudes comerciales. Muchos lo hicieron, pero a muchos otros les ocurrió lo contrario. A medida que sus barrios sucumbían a la delincuencia y la violencia, el mercado laboral legal quedaba fuera del alcance de muchos inmigrantes.
La violencia es contagiosa. La violencia entre poblaciones desvinculadas del mercado regular está destinada a afectar a la sociedad en general, incluidas las menos obstaculizadas por las políticas públicas. Los últimos acontecimientos han sido tan destructivos porque jóvenes sin antecedentes relevantes de inmigración y mejor integrados socioeconómicamente se han visto atraídos por esta violencia.
La cuestión que nos ocupa es el fracaso del gobierno. Es esencial que el gobierno ponga fin a sus interferencias en un mercado laboral libre. Esto sólo puede ayudar a los inmigrantes a conseguir empleos legales. A estas alturas, también es necesario despenalizar el tráfico de drogas blandas para desmantelar las redes criminales que florecen dentro de este comercio. En esencia, las excesivas intervenciones estatales han perjudicado desproporcionadamente a los más vulnerables, avivando las llamas del caos social y político.
