Las causas profundas de las protestas en curso en Chile siguen siendo objeto de un acalorado debate. La narrativa convencional es que una subida de las tarifas del metro del 3,75 por ciento dio inicio a las manifestaciones.
Sin embargo, hay razones para creer que estos aumentos en las tarifas del metro fueron sólo la gota que derramó el vaso. Mirando el panorama general, ha habido un sentimiento generalizado de descontento social y una creciente radicalización de la población chilena durante la última década más o menos.
De 2011 a 2013, los estudiantes chilenos salieron a las calles para protestar contra el sistema de educación superior de Chile y exigieron una educación «gratuita». Avanzando rápidamente hacia el presente, la educación gratuita (100 por ciento de educación controlada por el Estado, si somos honestos) no es la única cosa en la lista de razones de protesta. Aunque estas protestas tienen un elemento pacífico en su interior, también es cierto que los vándalos se han aprovechado de los disturbios para destruir la propiedad privada, profanar los lugares sagrados de culto en todo el país y bloquear completamente el tráfico. La izquierda chilena ya no está jugando y está dispuesta a protestar violentamente para alcanzar su objetivo final: la destrucción de la Constitución chilena de 1980.
Hay que hacerse algunas preguntas sobre el final de estas protestas. ¿Vale la pena tirar la Constitución de Chile por las exorbitantes demandas de una turba indignada e ingobernable? ¿Es Chile realmente tan malo como muchos de sus detractores dicen que es?
El éxito económico de Chile no puede ser negado
Veamos el desempeño económico de Chile desde la década de los setenta.
La economía de Chile no es de puro libre mercado, pero la liberalización del mercado que ha presenciado desde la década de los setenta ha tenido un impacto positivo en el país. Los consejos de los economistas de la escuela de Chicago, conocidos como «los Chicago boys», no estaban exentos de defectos. Pero su consejo fue, sin embargo, un paso en la dirección correcta. Desde 1975, el ingreso per cápita de Chile se ha cuadruplicado, lo que lo convierte en el país más próspero de América Latina.
La tasa de pobreza en Chile era de más del 45 por ciento en la década de 1980 y ahora es del 8,6 por ciento. La pequeña empresa ha sido crucial en el enfoque de mercado de Chile para combatir la pobreza. Las pequeñas empresas de todo el mundo no sólo proporcionan beneficios económicos que hacen felices a los contadores de frijoles del FMI y el Banco Mundial, sino que también crean capital social para muchos trabajadores jóvenes que aspiran a ser propietarios únicos. Cortar sus dientes en actividades de pequeños negocios impide que los jóvenes con problemas se involucren en conductas antisociales, como muchos de los manifestantes, que literalmente están prendiendo fuego a Chile.
Según Gonzalo Jiménez, gerente general de Proteus Management, el 78 por ciento de las empresas son de propiedad familiar en Chile. Estas mismas empresas familiares generan el 60 por ciento de las ventas y se concentran en los sectores comercial, agrícola, manufacturero, de transporte, inmobiliario y de construcción. Sí, Chile tiene multinacionales emblemáticas como Cencosud y Falabella, pero las pequeñas empresas están en el centro del milagro económico chileno. Es probable que este tipo de empresas sean las primeras en plegarse a un nuevo orden constitucional de gobernanza intrusiva.
Sí, el intervencionismo está creciendo en Chile
Aunque Chile ha tenido éxito en comparación con el resto de América Latina, aún le queda trabajo por hacer para liberarse de los grilletes restantes del control gubernamental en la economía. Por ejemplo, el Grupo del Banco Mundial ha colocado a Chile en el quincuagésimo séptimo lugar en su ranking de Doing Business hacia el 2020, mientras que en el 2012 se ubicó en el trigésimo tercer lugar. De manera similar, Chile ha caído en términos de libertad económica en ese mismo lapso de tiempo. Según la Fundación Heritage, Chile pasó de ser el séptimo país más libre económicamente del mundo en 2012 a ser el decimoctavo más libre en 2019. La situación podría ser mucho peor para el país del Cono Sur, pero estamos observando claramente un estatismo que se encona lentamente en el fondo.
Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, advirtió sobre la aversión de la derecha chilena a los principios superiores y su negativa a defender el libre mercado en su libro de 2011, La Fatal Ignorancia. Después de regresar a la democracia en 1990, la Concertación, una coalición de partidos de izquierda moderados, dominó la política chilena desde 1990 hasta 2010. Aunque estos gobiernos aumentaron el gasto social y poco a poco hicieron que el gobierno se involucrara más en la economía, no socavaron radicalmente la constitución chilena ni deshicieron las reformas basadas en el mercado que los chicos de Chicago instituyeron durante las décadas de los setenta y ochenta. De hecho, Chile construyó una sólida reputación por mantener bajos aranceles y firmar acuerdos comerciales bilaterales razonables con países como Corea del Sur y China durante el período de la Concertación en el poder.
A la clase política chilena se le debe dar crédito por sus medidas comerciales y por no tratar de socavar completamente el modelo económico de Chile, pero los elogios deben terminar ahí. Ahora prefieren aprovechar los beneficios de las exitosas reformas de los chicos de Chicago en lugar de tratar de expandir sus éxitos a otras áreas como la banca central, la educación, la administración pública o los impuestos. La advertencia de Kaiser ha demostrado ser premonitoria, como lo demuestra su reciente observación de que el Estado chileno creció en un 50 por ciento durante la última década. Los partidos políticos chilenos (izquierda y derecha) han tenido ambas manos en el tarro de galletas intervencionista.
El primer gobierno de Sebastián Piñera ofreció promesas, pero terminó entregando reformas parciales en las áreas de regulación y aranceles de importación. Por otro lado, concedió terreno a los impuestos y al papel del gobierno en la educación superior. Mientras tanto, de 2011 a 2014, la izquierda construyó sus tropas de choque y construyó una poderosa narrativa contra el modelo económico de Chile. Entre 2014 y 2018, la presidenta Michelle Bachelet escuchó parcialmente su llamado. Con la implementación de subidas de impuestos, reformas a la educación superior que prohibían a los establecimientos educativos participar en actividades con fines de lucro y el fortalecimiento de los sindicatos en todo el país, Bachelet estaba sentando las bases para un cambio en la política económica chilena. Para ser justos, el gobierno de Bachelet era conocido por su duro discurso activista, pero en realidad nunca siguió con ninguna otra medida desestabilizadora. Sin embargo, el discurso de Bachelet ayudó a condicionar al público a adoptar propuestas más radicales, como descartar el actual orden constitucional de Chile, un tema de conversación que ha ganado cada vez más popularidad en los últimos años.
Con otra oportunidad para poner a Chile en el camino hacia el libre mercado, Sebastián Piñera ha dejado caer la pelota en su segundo mandato. No sólo no ha logrado revertir de manera decisiva las políticas de Bachelet, sino que Piñera incluso ha apoyado la idea de un nuevo «contrato social» para Chile que implica una mayor presencia del Estado en la economía, sólo en términos más «razonables» para apaciguar a los manifestantes.
Las recientes protestas de Chile deberían servir como una llamada de atención. Puede que el país esté viviendo de su reputación pasada, pero si no se arregla, pronto se topará con la sala de la vergüenza de América Latina. Historias decepcionantes de países que alguna vez fueron prósperos como Argentina, Cuba y Venezuela ya son suficientes.
Agregar a otro país a esta lista validaría aún más las últimas palabras del revolucionario latinoamericano Simón Bolívar: «La América es ingobernable… el que sirve a la revolución ara en el mar».
