Los miembros de la Cámara de Representantes de EEUU votarán esta semana una nueva ley que aumentaría enormemente el poder del Gobierno federal sobre las empresas privadas, los trabajadores y los ciudadanos de los EEUU. Lamentablemente, gran parte de la mayoría Republicana apoya la legislación —la «Ley de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley de 2023» (HR 2640)— porque se comercializa como un proyecto de ley «para asegurar la frontera.»
Gran parte del proyecto de ley contiene disposiciones razonables, como permitir a los fiscales generales de los estados la autoridad para demandar al gobierno federal por negarse a detener a extranjeros ilegales. Otras disposiciones incluyen la denegación de asilo y residencia a delincuentes conocidos. En muchos sentidos, el proyecto de ley es un esfuerzo por frenar el control del poder ejecutivo sobre la política de inmigración.
Sin embargo, resulta alarmante que la legislación también contenga una disposición que obliga al uso en todo el país de «E-Verify», que es esencialmente un programa federal de vigilancia que determina si una persona puede o no ser empleada legalmente en los Estados Unidos. Todo americano necesitaría el permiso del gobierno federal para trabajar. Mientras la Ley de Seguridad y Control Fronterizos contenga estas disposiciones de E-Verify, el proyecto de ley representa un peligro claro y presente para las libertades básicas y los derechos de propiedad de los americanos. La ampliación de E-Verify también contribuiría en gran medida a que el gobierno federal construyera una infraestructura esencial que en el futuro podría utilizarse para implantar «puntuaciones de crédito social» o restricciones de empleo para quienes se nieguen a recibir vacunas u otros mandatos federales.
E-Verify como vigilancia gubernamental
E-Verify se implantó inicialmente en 1997 como un programa diseñado para evitar que las empresas contrataran a extranjeros que hubieran entrado ilegalmente en EE.UU., es decir, «extranjeros ilegales». Sin embargo, el programa nunca fue obligatorio a nivel federal. En general, el programa ha sido voluntario, excepto para los empleados del gobierno en la mayoría de los estados. En cambio, el uso obligatorio de E-Verify ha sido una cuestión de legislación estadual, y algunos estados han sido ciertamente más entusiastas al respecto que otros.
Desde su implantación, sólo nueve estados han impuesto el uso de E-Verify a todos los empresarios. Florida está a punto de ser el próximo en imponer estos mandatos a los empleadores. El gobernador Ron DeSantis ha presionado repetidamente para regular y vigilar aún más a las empresas privadas con E-Verify universal. Algunos estados, como Colorado, han implementado programas alternativos, pero similares, administrados por el estado.
Sin embargo, la Ley de Seguridad Fronteriza y Cumplimiento de la Ley de 2023 impondría el uso de E-Verify en todo el país para todos los empleadores, y eliminaría la autoridad a nivel estadual para aprobar o rechazar la participación. En otras palabras, el Congreso está considerando ahora una de las mayores ampliaciones de la regulación federal del empleo en años.
Sin embargo, como suele ocurrir, los conservadores y los Republicanos están encantados de aceptar más poder y regulación federales cuando les conviene para sus agendas políticas. Es un viejo truco. Desde los tiempos de la «Guerra al Terror», los conservadores y el Partido Republicano a menudo promovieron y aprobaron nuevas leyes «antiterroristas» que creaban amplios poderes federales de espionaje y procesamiento. Sus partidarios a menudo suponían que tales poderes sólo podrían utilizarse contra terroristas islámicos y otros enemigos oficiales de la Administración Bush. Desde entonces, se ha erigido un aparato federal de espionaje y se ha desplegado contra prácticamente todos los americanos.
Ahora se utilizan argumentos similares a favor del régimen para promover E-Verify. Nos dicen que sólo se utilizará contra los inmigrantes. Nos dicen que, a menos que infrinjas la ley, no tienes de qué preocuparte. Hemos oído estas afirmaciones en otros contextos muchas veces antes.
Los observadores que se han negado a dejarse llevar por la histeria antiinmigrante han aportado algo de cordura. La semana pasada, por ejemplo, el congresista Thomas Massie advirtió contra el mantenimiento de E-Verify en el proyecto de ley propuesto, escribiendo
Si, Dios no lo quiera, el gobierno de los Estados Unidos adopta alguna vez una puntuación de crédito social, el E-Verify nacional es una herramienta más que pueden utilizar para impedir que la gente honrada forme parte de la sociedad. Cree lo que quieras, pero tendrá poco impacto en la inmigración ilegal en este país.
Massie señaló específicamente que la legislación podría utilizarse también para hacer cumplir los mandatos federales sobre vacunas:
Los Republicanos están a punto de cometer un gran error. Biden obligó a millones de americanos a vacunarse amenazando sus puestos de trabajo y convirtiendo a los empleadores en ejecutores. Imagina que le das a Biden el interruptor de encendido/apagado definitivo para el EMPLEO llamado E-verify. También podría llamarlo V-verify.
Massie, por supuesto, ha sido durante mucho tiempo un destacado discípulo de Ron Paul, por lo que no es sorprendente que las preocupaciones de Massie reflejen las de Paul. Por su parte, Paul se ha opuesto a E-Verify desde sus primeros años, y en la última década ha advertido específicamente que podría usarse para crear esencialmente un amplio régimen federal de permiso para trabajar. En 2018 escribió:
Es casi seguro que E-Verify se utilizará para fines no relacionados con la inmigración. Un posible uso de E-Verify es limitar las perspectivas de empleo de cualquier persona cuyo estilo de vida desagrade al gobierno. Esto podría incluir a los acusados de no pagar los impuestos que les corresponden, a los que educan a sus hijos en casa o no los vacunan, o a los que poseen armas de fuego.
Funcionarios gubernamentales sin escrúpulos podrían utilizar E-Verify contra quienes practican el activismo contra la guerra, los impuestos, la vigilancia y la Reserva Federal. Quienes consideren esto improbable deberían recordar la larga historia del IRS persiguiendo a los enemigos políticos de los que están en el poder y el uso de las leyes antiterroristas para acosar a los activistas contra la guerra. También deberían tener en cuenta las medidas actuales para ilegalizar ciertos tipos de discurso «políticamente incorrecto», como la impugnación del supuesto «consenso» sobre el cambio climático.
Ampliar el control federal de los empresarios
El potencial de abuso de E-Verify es, por supuesto, enorme.
Pero incluso si se aplica específicamente a cuestiones de inmigración, imponer aún más regulaciones federales a todos los empresarios y empleadores americanos no es una forma razonable de enfocar la política de inmigración. Tomar medidas enérgicas contra los empresarios y propietarios productivos siempre ha sido totalmente incompatible con los derechos básicos de propiedad y la libertad de mercado. Tales medidas equivalen a poco más que soltar a agentes federales armados contra empresas privadas por el «delito» de no tener la documentación federal correcta.
En su artículo «The Tragedy of Immigration Enforcement», Lew Rockwell señala que lo último que necesita este país son más burócratas federales cerrando más negocios. Cuando los agentes federales cerraron un restaurante por emplear a trabajadores no aprobados por el gobierno,
el gobierno está reventando toda una serie de relaciones laborales voluntarias que están diseñadas para proporcionar a la gente buena comida. Seamos claros: en la medida en que mucha gente se opone a la inmigración ilegal, no tiene nada que ver con quienes van a trabajar y se ganan la vida honradamente haciendo cosas como trabajar en restaurantes. El problema de la inmigración ilegal está relacionado con otras cuestiones que sacan de quicio a la gente, como recibir ayudas sociales, participar en delitos reales (no fingidos) y exigir servicios de apoyo financiados con impuestos.
Los defensores de E-Verify, por supuesto, afirman que todo es muy fácil para los empresarios y que sólo se tarda «unos minutos» en utilizarlo. Se necesita una fe heroica en el gobierno para suponer que E-Verify será el primer programa regulador federal que facilite la vida a las empresas privadas, muchas de las cuales son pequeñas empresas con márgenes de beneficio muy estrechos.
Si E-Verify resulta ser poco más que un costoso obstáculo más por el que tienen que pasar los empresarios, ése será el mejor de los casos. Lo más probable es que E-Verify se convierta gradualmente en un modelo o un centro de nuevos programas que vinculen la elegibilidad laboral a cualquier número de mandatos y requisitos federales para una «buena» —es decir, obediente— ciudadanía. Después de todo, si algo nos han enseñado los últimos tres años es que el gobierno federal está más que dispuesto a ampliar e interpretar unilateralmente las políticas federales de la forma que les plazca a los responsables políticos federales. Obsérvese, por ejemplo, cómo la Administración Biden utilizó la financiación de Medicare y Medicaid para imponer la vacunación obligatoria en los hospitales. Y obsérvese cómo la administración utilizó la OSHA como método encubierto para imponer mandatos de vacunación a los empleadores. La OSHA no fue creada para hacer cumplir tales mandatos, pero esto no impidió que la Casa Blanca le dijera que lo hiciera. E-Verify proporcionaría una forma similar para que el gobierno federal aprovechara su poder contra todos los empleadores en América.
