Por su propia naturaleza, la política está sesgada a favor de la intervención y la planificación. Incluso en su versión «minarquista» o de «vigilante nocturno», la política se basa de raíz en la idea de que algunas decisiones deben tomarse de forma coercitiva e imponerse a minorías —o incluso mayorías, según el caso— que no están dispuestas a ello. Esto es contrario al principio que observamos a diario en la vida privada: para que una transacción tenga lugar es necesario el consentimiento de ambas partes.
El Estado nunca permanece «limitado» a largo o medio plazo, como hemos podido comprobar, y no tarda en extenderse por toda la sociedad civil. Una vez que se afianza en algún ámbito de la vida social que antes se gestionaba por medios voluntarios, la gente se acostumbra al nuevo papel del Estado, llegando incluso a considerarlo indispensable. El espíritu de cooperación espontánea y voluntaria se atrofia y muere. Esto, a su vez, se cita como justificación para una interferencia estatal aún mayor, y el ciclo continúa.
En el Estado moderno, la política se combina con la educación gubernamental en un doble golpe al sector voluntario. Es decir, los principios morales y los supuestos no declarados que rigen la política ya han sido taladrados en la cabeza de los jóvenes mucho antes de que puedan votar. Para entonces, ya han asimilado todos los tópicos de los tebeos sobre los abnegados servidores públicos que sólo pretenden mejorar el bienestar de todos. Si no fuera por el adoctrinamiento del público desde una edad muy temprana, el chanchullo del Estado sería mucho más obvio y transparente.
(Por cierto, la primera lección que aprenden los niños en las escuelas públicas es que si un número suficiente de personas quiere algo —educación «gratuita», por ejemplo—, hay que conseguirlo haciendo que los matones confisquen los fondos a los vecinos. Si no, ¿cómo se podría hacer algo?).
El más conocido de los constructos intelectuales con los que el Estado pretende legitimarse debe ser el «contrato social». Para evaluar correctamente este constructo, considere cómo funcionan los contratos en la sociedad civil. Usted y yo estamos interesados en, digamos, un intercambio de servicios por dinero. Usted va a pintar mi casa y yo le voy a dar un pago en efectivo. Escribimos los términos de nuestro acuerdo en un contrato.
Estos términos pueden incluir la naturaleza del trabajo, un plazo en el que debe completarse la tarea e incluso el nombre de un servicio de arbitraje independiente al que acordamos consultar si uno de nosotros cree que el contrato no se está cumpliendo correctamente.
Contrasta con el llamado contrato social del Estado. Aquí nadie firma nada. Se supone que das tu consentimiento al gobierno del Estado porque vives dentro de su jurisdicción territorial. Según este principio moralmente grotesco, tienes que hacer las maletas y marcharte para demostrar tu falta de consentimiento. La autoridad del Estado sobre ti se asume sin más (o adopta la forma de un contrato que nadie ha firmado nunca), y la carga de la prueba recae sobre ti, en lugar de —lo que sería más sensato— sobre la institución que reclama el derecho a servirse de tu vida y tu propiedad.
Si mi cooperación con el sistema es sólo bajo coacción, y mi repetida insistencia en que no consiento, es insuficiente para indicar mi falta de consentimiento, entonces ¿qué clase de sistema moral loco es éste?
¿Existe una situación análoga en el sector privado? ¿Simplemente suponemos que tenías intención de comprar un coche o una casa, o de firmar un contrato laboral, basándonos en inferencias dudosas? ¿No firmamos en su lugar un formulario tras otro, redactados en un meticuloso lenguaje jurídico, para asegurarnos de que la naturaleza de la actividad en cuestión está clara para todos?
Oh, pero el Estado presta servicios, ¡y tú debes pagar por ellos! Pero, de nuevo, cuando alguien más presta servicios, yo decido si quiero utilizarlos (en cuyo caso pago), si prefiero un proveedor alternativo del servicio o si decido no utilizarlo en absoluto.
Ah, pero los servicios que presta el Estado no son de los que se pueden prestar de forma competitiva en el mercado, así que hay que acorralarte para que pagues por ellos, te gusten o no.
Pero esto es una mera afirmación. La educación la proporciona el mercado, y siempre ha sido así. La investigación científica se financiaba más copiosamente per cápita antes de que el Estado se implicara en gran medida. La lucha contra la pobreza se llevó a cabo a gran escala mucho antes de que los Estado benefactor del mundo llegaran a nada. Incluso los servicios jurídicos y de seguridad pueden prestarse y se prestan con bastante eficacia en el mercado libre.
De acuerdo, puede que el contrato social del Estado no sea nada del otro mundo y, de hecho, es un intento transparente de legitimar un comportamiento que no toleraríamos de ningún otro agente o institución, pero ¿qué pasa con las constituciones escritas? ¿No son éstas, al menos en parte, de naturaleza contractual, y no restringen al gobierno de los peores abusos?
Consideremos la Constitución de los Estados Unidos como caso de prueba, ya que los conservadores e incluso muchos libertarios la señalan como uno de los documentos políticos más brillantes jamás redactados.
El minarquista aboga por un Estado «vigilante nocturno», un Estado que se limite a la producción de servicios de seguridad y adjudicación. (Dejaré de lado la disonancia cognitiva que supone advertir sobre los peligros y la maldad del Estado, por un lado, y proponer simultáneamente la absoluta necesidad del Estado para prestar los servicios más importantes y fundamentales de todos).
Curiosamente, la Constitución de EEUU en realidad exige algo menos que un Estado de vigilancia nocturna, en el sentido de que la mayoría de los servicios de seguridad se supone que descansan en los niveles inferiores de gobierno, y no son una función federal en primer lugar. Así que esto parecería ser una excelente prueba de la posición de «gobierno limitado», ya que aquí hay un documento que comienza con un gobierno tan limitado que es incluso menos gobierno de lo que los propios minarquistas pedirían.
¿Cómo ha funcionado?
Para responder a esta pregunta, basta con mirar a su alrededor.
«No se ha cumplido la Constitución», se responde. Bueno, no es broma.
¿Qué razón tendrían los políticos para obedecer la Constitución? Una vez que se cree que el Estado puede legítimamente recurrir a la fuerza y recaudar impuestos, no es difícil pensar en cómo podrían utilizarse esos poderes en beneficio de la industria X o de la circunscripción Y. Mientras tanto, las personas que protesten por esta evolución como una desviación de la Constitución serán una minoría aislada abandonada a su suerte, ridiculizada por los conspiradores e intrigantes que no pueden creer que alguien esperara seriamente que esta institución siguiera siendo limitada. ¿Dónde está el dinero en eso?
No, la Constitución no puede ser exonerada. Si carece de salvaguardias institucionales para impedir los atroces abusos de nuestros días, entonces es un fracaso. ¿Los seres humanos no la han respetado? Bueno, ¿no nos dimos cuenta desde el principio de que seres humanos falibles estarían al mando?
En la inolvidable formulación de Lysander Spooner: «Pero si la Constitución es realmente una cosa u otra, esto es seguro: que ha autorizado un gobierno como el que hemos tenido, o ha sido impotente para evitarlo. En cualquier caso, no es apta para existir».
En sentido estricto, la Constitución de EEUU se concibió como un acuerdo entre los estados, en el que el gobierno de EEUU, siendo la creación de ese acuerdo, no era parte. Pero, por el bien del argumento, hagamos como algunos, y pensemos que las constituciones escritas son aproximadamente análogas a un acuerdo entre el gobierno y el pueblo.
¿A quién corresponde dirimir los litigios sobre el incumplimiento de las cláusulas del contrato? ¿Un tercero independiente? Por supuesto que no. Son los tribunales del Estado los que deciden. Y en el caso de los EEUU, esos tribunales están poblados por personas formadas en las escuelas de leyes de los EEUU, donde, con insignificantes excepciones, se enseña a los estudiantes a creer en interpretaciones absurdas y ahistóricas de las cláusulas más importantes de la Constitución: comercio, bienestar general, «necesario y apropiado» y la Cláusula de Supremacía.
Buena suerte agitando tu ejemplar de la Constitución en ese escenario.
Así que, ciertamente, hay algo sospechoso en el Estado. Se nos insta a aplicar normas especiales en nuestra evaluación moral de esta institución, normas que rechazaríamos con indignación en cualquier otro contexto.
En cuanto al papel supuestamente indispensable del Estado, una vez que crecemos y dejamos atrás las tácticas de miedo de nuestros libros de texto de sexto grado —sin tus servidores públicos morirás de hambre, o te envenenarás, o conducirás un coche que explota— descubrimos lo poco que necesitamos al Estado después de todo. La explosión sin precedentes de los niveles de vida en todo el mundo ha tenido mucho que ver con la acumulación de capital impulsada por el mercado, y nada que ver con los planes gubernamentales de reparto de la riqueza.
La verdad del asunto es la siguiente: el único bienestar que preocupa al Estado, en el fondo, es el suyo propio. Como le gustaba señalar a Murray N. Rothbard, podemos llegar al corazón de lo que realmente es el Estado si consideramos el tipo de delitos que trata con mayor severidad:
Podemos poner a prueba la hipótesis de que el Estado está más interesado en protegerse a sí mismo que a sus súbditos preguntando: ¿qué categoría de delitos persigue y castiga el Estado con mayor intensidad, los cometidos contra ciudadanos particulares o los cometidos contra sí mismo? Los delitos más graves en el léxico del Estado casi invariablemente no son invasiones de personas o propiedades privadas, sino peligros para su propia satisfacción, por ejemplo, la traición, la deserción de un soldado al enemigo, la no inscripción en el servicio militar obligatorio, la subversión y la conspiración subversiva, el asesinato de gobernantes y delitos económicos contra el Estado como la falsificación de su dinero o la evasión de su impuesto sobre la renta. O compárese el grado de celo dedicado a perseguir al hombre que agrede a un policía, con la atención que el Estado presta a la agresión de un ciudadano corriente. Sin embargo, curiosamente, el hecho de que el Estado asigne abiertamente prioridad a su propia defensa frente al público no parece coherente con su presunta razón de ser.
Si la naturaleza del Estado es como la he descrito, no deberían sorprendernos dos fenómenos relacionados: (1) la glorificación del Estado, su historial, sus motivos y su naturaleza; y (2) la demonización de la economía de libre mercado, que funciona independientemente del Estado. El público debe ser llevado a consentir intelectualmente su propio sometimiento, a llegar a creer que las confiscaciones y abusos del Estado son realmente por su propio bien. Lo que el Estado necesita es provocar un Síndrome de Estocolmo en toda la sociedad. Y lo consigue mediante una combinación de (1) miedo y (2) persuasión de su legitimidad.
Los libertarios deben seguir apuntando directamente a ambos. En primer lugar, el miedo: muchas personas creen, basándose en lo que les enseñó su educación formal, que bajo el laissez faire las grandes empresas explotarían a todo el mundo, el medio ambiente sería despojado y los niños trabajarían en fábricas. Tenemos munición de sobra para combatir estas preocupaciones.
Pero la legitimidad es realmente el arma más potente del Estado. La legitimidad es lo que permite al Estado salirse con la suya en sus enormidades morales. Es porque el público cree que la actividad del Estado es legítima por lo que la tolera aunque sea por un momento. Por eso el Estado y sus secuaces están tan ansiosos por asegurarse de que nos creamos el sinsentido del contrato social y los demás medios con los que el Estado intenta justificarse. Cuando esa legitimidad se pone en duda, pasan cosas.
Recordemos lo que dice Ron Paul cuando le preguntan qué opina sobre el hecho de que aproximadamente el 50% de los americanos no paguen impuestos sobre la renta: «¡Estamos a mitad de camino!»
Los libertarios deberían haber pensado lo mismo sobre la amenaza de Donald Trump de socavar la legitimidad de una presidenta Hillary Clinton: si se socava la legitimidad de un candidato presidencial importante, ¡estamos a mitad de camino!
Independientemente de cómo resulten las elecciones, los libertarios deberían dedicarse a lo que les corresponde: desengañar a las masas, desenmascarar al Estado por lo que realmente es y defender la libertad como raíz de todo lo que apreciamos.
[Publicado originalmente como «The Trouble with Politics», 8 de noviembre de 2016].
