En una publicación anterior, hablé de cómo los policías despedidos a menudo son capaces de recuperar su trabajo apelando su despido a un arbitraje independiente y, por tanto, cómo sólo el tiempo dirá si los oficiales involucrados en el arresto y la muerte de George Floyd seguirán despedidos. Incluso si no pueden volver a sus trabajos como policías de Minneapolis, esto no significa que sus carreras en la aplicación de la ley hayan terminado. Cada vez se reconoce más el fenómeno del «oficial errante» o, como lo llamó el gran periodista del abuso policial William Norman Grigg, el «policía gitano».
El oficial errante es aquel que es despedido o «renuncia voluntariamente» en lugar de ser despedido y obtiene un empleo en otro organismo de aplicación de la ley. Aunque existen muchas anécdotas sobre esos oficiales, un artículo recientemente publicado en el Yale Law Journal por Ben Grunwald y John Rappaport presenta el primer análisis sistemático del oficial errante. Antes de analizar sus datos, Grunwald y Rappaport enumeran una serie de ejemplos de oficiales itinerantes, entre los que se incluyen los siguientes:
● El oficial de Cleveland Tim Loehmann, que disparó y mató a Tamir Rice de doce años, trabajó anteriormente para el departamento de policía de Independence, Ohio, durante cinco meses. El subjefe de policía de Independence escribió un memo señalando que Loehmann había renunciado en lugar de enfrentar un cierto despido debido a su peligrosa pérdida de compostura durante el entrenamiento con armas de fuego. Sus supervisores esperaban que fuera incapaz de hacer frente o tomar buenas decisiones en condiciones estresantes. Después de ser despedido por no haber revelado este historial de trabajo cuando se presentó al Departamento de Policía de Cleveland, Loehmann todavía pudo obtener un empleo como agente de policía para Belaire, Ohio.
● «El oficial del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Carey Dykes, fue ‘demandado por presunta brutalidad, acusado de tener relaciones sexuales con una prostituta mientras estaba de servicio y pillado durmiendo en su coche patrulla en lugar de responder a un tiroteo’. Una investigación de asuntos internos encontró 17 violaciones de las reglas del departamento. Nueva Orleans despidió a Dykes en 2001. Más tarde ese mismo año, Dykes encontró trabajo policial en el Colegio Comunitario Delgado de Nueva Orleans y luego en la Oficina del Sheriff de la parroquia de Orleans».
● «Nicholas Hogan, un oficial del Departamento de Policía de Tukwila en Washington, roció con spray de pimienta a un sospechoso que fue retenido en una camilla en un hospital en 2011. Hogan fue acusado federalmente por el acto y Tukwila lo despidió. En 2012, el departamento de policía de la cercana ciudad de Snoqualmie lo contrató sólo para despedirlo más tarde por tener una aventura con la esposa de un compañero oficial. También fue encarcelado posteriormente por el incidente del aerosol de pimienta».
Grunwald y Rappaport pudieron obtener datos de empleo de todos los agentes de policía del estado de Florida desde 1988 hasta 2017, incluidos los motivos de su despido y si renunciaron en lugar de ser despedidos. Descubrieron que en cualquier año de su estudio, un promedio de poco menos de mil agentes itinerantes trabajaban como agentes de policía en el estado de Florida, lo que representaba el 3-4 por ciento de todos los agentes de policía del estado.1 Esto puede no parecer mucho, pero la mala conducta policial no está distribuida uniformemente. Una investigación del Departamento de Policía de Chicago realizada por Kyle Rozema y Max Schanzenbach, por ejemplo, encontró que el peor 1 por ciento de los oficiales, medido por las quejas de los civiles, genera casi cinco veces el número de pagos y más de cuatro veces el total de los pagos por daños en los litigios de derechos civiles en comparación con el oficial promedio. En Florida, Grunwald y Rappaport descubrieron que, en comparación con los nuevos reclutas o los contratados con experiencia que nunca han sido despedidos, los oficiales errantes tenían muchas más probabilidades de ser despedidos de nuevo y de ser despedidos por mala conducta. Es evidente, pues, que centrarse en el despido y en evitar la recontratación de oficiales con un historial demostrado de mala conducta reduciría desproporcionadamente la cantidad de mala conducta que se produce.
Entonces, ¿por qué no está sucediendo esto, o al menos no en mayor medida de lo que ha sucedido? ¿Por qué los departamentos considerarían siquiera la posibilidad de contratar a un oficial que ha sido despedido de otra agencia de la ley? Hay un número de razones para esto. Una es que tales candidatos a puestos de trabajo son atractivos financieramente, al menos a corto plazo, en comparación con los nuevos reclutas que tienen que ser pagados mientras se entrenan en la academia de policía y no pueden ser desplegados en la calle de inmediato. Pero, en algunos casos, las agencias de policía que contratan no conocen la historia de la persona que están contratando.
Este fue el caso de dos contratados del Departamento de Policía de West Palm Beach. Uno de ellos había trabajado para seis departamentos diferentes en Tennessee y Georgia en cinco años. Renunció al departamento de Chattanooga después de dos denuncias por brutalidad y después de que se conociera su problema de drogas con la marihuana. Prometió al comisionado de policía de Chattanooga que ya no trabajaría en Georgia, Tennessee o Alabama, sino que se iría al sur de Florida, sin revelar ninguno de estos asuntos al Departamento de Policía de West Palm Beach. El otro oficial contratado, mientras trabajaba en el Departamento de Policía de Riviera Beach, había golpeado a un hombre arrestado, cegándolo en un ojo, lo que resultó en una sentencia de 80.000 dólares. Cuando el departamento de West Palm Beach preguntó al departamento de Riviera Beach si había alguna información despectiva con respecto a este solicitante, éste informó de que no tenía conocimiento de ninguna información de este tipo, aunque la paliza se había producido cinco meses antes. En 1990, estos dos oficiales detuvieron a Robert Jewett por intentar hacer autostop. Se produjo un forcejeo y Jewett fue golpeado hasta la muerte. Aunque ambos oficiales fueron absueltos de cualquier delito mediante una investigación interna, el Comisionado del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida informó de que si el Departamento de Policía de West Palm Beach hubiera tenido conocimiento de los antecedentes de estos oficiales, nunca habrían sido contratados y Jewett podría seguir vivo.
Roger Goldman y Steven Puro señalan que «En el momento de la matanza de Jewett, la ley de Florida exigía que los jefes enviaran a la Comisión de Normas y Capacitación en Justicia Penal (CJSTC) un informe en el que tuvieran motivos para sospechar que el oficial había cometido una conducta descertificable». En cuanto al oficial que había trabajado anteriormente en Chattanooga, la ley de Tennessee permitía que la Comisión de Normas y Capacitación para Oficiales de la Paz (POST) del estado revocara el certificado de un oficial que había sido suspendido o despedido por motivos disciplinarios, pero las normas no abarcaban a los que habían renunciado.
En la actualidad, en cuarenta y cinco estados, para convertirse en oficial de policía se requiere una certificación —esencialmente una licencia ocupacional— de una entidad a nivel estatal.2 En la mayoría de los estados, este organismo se llama POST. Las reglas para descertificar a los oficiales varían ampliamente por estado, y algunos estándares son bastante bajos. Por ejemplo, veinte estados requieren una condena penal antes de que un oficial pueda ser descertificado.3 Existe un Índice de Descertificación Nacional (el NDI por sus siglas en inglés), una base de datos que contiene los nombres de los oficiales descertificados que pueden ser referenciados por los POST (o su equivalente) y algunos organismos de aplicación de la ley. Sin embargo, la notificación de los oficiales descertificados al NDI es voluntaria, y no todos los organismos lo hacen. Además, sólo 28 POST dicen que «siempre» o «frecuentemente» consultan el NDI. A pesar de que el Equipo de Tareas del Presidente sobre la labor policial en el siglo XXI recomendó que la Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad se asociara con la Asociación Internacional de Directores de Normas y Capacitación para la Aplicación de la Ley «para ampliar su Índice de Descertificación Nacional a fin de que sirva de Registro Nacional de Oficiales Descertificados con el objetivo de abarcar a todos los organismos de los Estados Unidos y sus territorios», esta recomendación no se ha aplicado, y los oficiales itinerantes pueden pasar por las grietas.
En comparación con otras reformas policiales propuestas, asegurarse de que las agencias de policía informen al NDI sobre los oficiales descertificados y lo mencionen al tomar sus decisiones de contratación no se enfrenta a una dura disyuntiva4 y no hay ningún grupo de interés claramente concentrado que se oponga a ello (por ejemplo, los sindicatos de policía tienen poco interés en gastar recursos para ayudar a los oficiales itinerantes que no están pagando cuotas). Roger Goldman considera que tal reforma coordinada entre los estados «es una oportunidad para el federalismo cooperativo». Dado que escribió eso en 2003 y que las entidades encargadas de hacer cumplir la ley que podrían ponerlo en práctica se han demorado en una reforma tan obvia y aparentemente no controvertida, cabe preguntarse hasta qué punto están interesados en reducir las conductas indebidas.
- 1Grunwald y Rappaport creen que, en todo caso, se trata de una estimación muy baja del número de oficiales errantes, ya que no incluye a los oficiales que se desplazaron a través de las fronteras estatales y a los que mintieron con éxito sobre su historial de empleo. Además, no debe considerarse representativa a nivel nacional, ya que Florida es relativamente estricta en lo que respecta a la descertificación de oficiales y la exigencia de ciertas comprobaciones de antecedentes para las nuevas contrataciones.
- 2Según Roger L. Goldman, los cinco estados en los que no se puede descertificar a un oficial de policía requieren que los barberos tengan una licencia ocupacional. Véase «A Model Decertification Law», Saint Louis University Public Law Review 32, no. 1 (2012): 147-56.
- 3Véase Loren T. Atherley y Matthew J. Hickman «Officer Decertification and the National Decertification Index», Police Quarterly 16, no. 4 (diciembre de 2013): 420-37 para un buen resumen. Nótese, sin embargo, que desde su publicación más estados permiten la descertificación, lo que hace que esté fechada en algunos aspectos.
- 4Por ejemplo, las reformas que reducen las protecciones de la policía requerirían que los oficiales recibieran salarios más altos y podrían alentar a los oficiales a dedicarse a la «despolicía».
