Los expertos anti-mercado y los políticos han afirmado durante mucho tiempo que los mercados no regulados son perjudiciales para las comunidades y, por lo tanto, deben ser regulados, restringidos y adaptados a nuestras preferencias políticas.
«El capitalismo de mercado es una herramienta, como una grapadora o una tostadora», declaró el presentador conservador de un programa de entrevistas Tucker Carlson en enero pasado. La implicación es que los mercados pueden ser dirigidos por el gobierno para hacer lo que Carlson quiere que hagan.
Pat Buchanan ha expresado sentimientos similares, afirmando en 1998 que «la economía existe para la gente... es el mercado el que debe ser aprovechado para trabajar para el hombre, y no al revés».
Y al describir un nuevo y muy aplaudido libro del editor del New York Times Binyamin Appelbaum, el columnista de Vox Jared Bernstein defiende la posición de Appelbaum de que «las comunidades pueden decidir lo que quieren de los mercados».
En los tres casos, estos expertos están abordando un problema en el que consideran que los responsables políticos son demasiado laissez-faire en lo que respecta a los mercados. Buchanan y Carlson incluso alegan que los académicos y los políticos «adoran» los mercados. Appelbaum, por su parte, sostiene que los estadounidenses han estado, durante demasiado tiempo, bajo la esclavitud de los economistas que supuestamente insisten en que los mercados deben dejarse solos y sin regulación.
La solución, se nos dice, consiste en abandonar la idea de que los consumidores y los productores deben poder comprar y vender lo que quieran, cuando quieran. Es decir, «nosotros» debemos hacernos cargo de los mercados y en su lugar utilizar la coerción del gobierno para obligar a los participantes del mercado a hacer «lo correcto».
¿Quién decide?
Pero, ¿quiénes son estos «nosotros» de los que seguimos oyendo hablar? ¿Quién es exactamente «la comunidad» o «el pueblo»?
En la práctica, por supuesto, cuando un experto dice «las comunidades pueden decidir», lo que realmente quiere decir es que los políticos decidirán de acuerdo con uno o más grupos de presión y qué porción de la población será favorecida a expensas de otra porción.
Cuando Pat Buchanan dice que la economía debe ser regulada para beneficiar a «la gente», lo que realmente quiere decir es que ciertas personas le gustan, a expensas de otras personas.
Por ejemplo, cuando los conservadores proteccionistas insisten en que los estadounidenses quieren más impuestos gubernamentales sobre los bienes importados (es decir, aranceles), lo que realmente quieren decir es que los políticos deben implementar una política que beneficie a algunos estadounidenses.
En el caso de los aranceles al acero, por ejemplo, no se puede negar que muchas empresas que fabrican acero se benefician de un impuesto sobre el acero extranjero. Esto también beneficiará a ciertos empleados que pueden recibir salarios más altos como resultado de trabajar para las empresas que se benefician de los favores del gobierno.
Al mismo tiempo, sin embargo, las empresas que utilizan productos siderúrgicos tendrán que pagar más por el acero. Los fabricantes de automóviles, por ejemplo, o las pequeñas empresas que dependen de los productos de acero para producir sus propios productos y servicios. Como resultado, las empresas que no sean productoras de acero verán cómo sus márgenes de beneficio, ya de por sí muy reducidos, se evaporan. Van a quebrar. Los propietarios de pequeñas empresas perderán sus medios de vida y sus inversiones en sus negocios. Sus empleados serán despedidos.
Además, es probable que el apoyo a las leyes que protegen a ciertas industrias varíe según la geografía. Los estados y regiones que tradicionalmente han dependido de la industria del acero pueden estar fuertemente invertidos en apoyar leyes que favorezcan a la industria del acero. Otras regiones, sin embargo, pueden experimentar solamente la desventaja.
Una situación similar se deriva de las restricciones a la inmigración. El argumento económico es en gran medida el mismo que el de los aranceles. Pero incluso si ignoramos ese argumento, todavía podemos ver un conflicto fundamental entre diferentes facciones de la población. Algunos sectores de la población no se ven afectados por la presencia de inmigrantes por razones culturales. Otras partes lo encuentran perturbador por sus propias razones culturales.
Las actitudes hacia los inmigrantes varían mucho de un lugar a otro. En algunos estados, una gran mayoría de la población es indiferente. En algunos estados, la población está abrumadoramente en contra.
Obviamente, entonces, cuando un político o un experto afirma que está haciendo lo que «el pueblo» quiere, sólo está describiendo a un cierto número de personas en una región determinada. Muchas personas en otras regiones pueden tener sentimientos muy diferentes.
Otra cuestión es el «alojamiento público» obligatorio que anula las opiniones religiosas de los propietarios de empresas privadas. Quizás el ejemplo más famoso de esto en los últimos años es el caso de Masterpiece Cake Shop en el que las cortes federales de apelación determinaron que era ilegal que el panadero cristiano se negara a producir un pastel para una boda gay basándose en sus opiniones religiosas. De hecho, los trabajadores de «derechos civiles» en este caso en particular declararon abiertamente que los intentos de invocar opiniones religiosas son actos «despreciables».
Los defensores de este tipo de leyes antidiscriminatorias insisten en que «nosotros» hemos decidido que a los empresarios no se les debe permitir usar su propiedad de manera que se ajuste a sus sistemas de valores. Esto debe hacerse en nombre de la igualdad.
¿Pero quién ha decidido esto exactamente? Ciertamente, mucha gente desprecia las opiniones (y la libertad) de los cristianos como el dueño de la pastelería. Estas personas probablemente apoyan las leyes que prohíben el ejercicio de la libertad religiosa de esta manera. Para muchos otros, sin embargo, obligar a un propietario a prestar servicios contra su voluntad implica un ataque inaceptable a la libertad personal.
Además, al igual que con las restricciones arancelarias y de inmigración, es probable que el apoyo a las leyes que restringen el ejercicio de la religión varíe según la región y la demografía.
Cuanto más grande es la comunidad, menos «pueblo» está de acuerdo
Sin embargo, a modo de argumento, digamos que la aprobación generalizada de una política, pero no necesariamente el consenso universal, es suficiente para justificar un nuevo impuesto o regulación gubernamental.
Para políticas como el control de la inmigración y los aranceles, es poco probable que se encuentre un consenso generalizado en una jurisdicción tan grande como los Estados Unidos. La cultura, la política y las realidades económicas difieren mucho entre las áreas geográficas y los grupos demográficos.
Así, la idea de que «la comunidad» puede ponerse de acuerdo sobre las políticas que benefician a «el pueblo» se vuelve menos convincente hasta el punto de una inverosimilitud total una vez que la comunidad se hace suficientemente grande. No hay duda de que algunas comunidades de estadounidenses creen que el proteccionismo les beneficia. Pero incluso si la mayoría de los estadounidenses cree que el proteccionismo es bueno (lo que no parece ser el caso), ¿existe un consenso a nivel nacional sobre la forma que debe adoptar ese proteccionismo? ¿Qué bienes y servicios deben ser gravados? ¿Y en qué medida? La idea de que una «comunidad» compuesta por 320 millones de personas pueda ponerse de acuerdo en estas cosas es absurda.
Teóricamente, este problema podría mitigarse mediante la descentralización. Es decir, sería más fácil reivindicar un consenso de trabajo si la política comercial, la política de inmigración y la política de alojamiento público se decidieran a un nivel más local. Las regiones con una mayoría sesgada que desean un mayor control de la inmigración podrían adoptar sus propias políticas. Las áreas que quieren menos control también podrían tener sus propias políticas.
Pero, por supuesto, rara vez escuchamos los llamados a la descentralización de aquellos que quieren un control gubernamental más activo del mercado. Desde conservadores como Buchanan, hasta izquierdistas como Appelbaum, el clamor es siempre por más política nacional. Se nos dice que estos temas son decisiones que «nosotros» debemos tomar como nación. Desde la derecha, este enfoque anti-localista se justifica con tópicos sobre el patriotismo, la constitución y la unidad nacional. Desde la izquierda, se nos dice que no podemos dejar que los paletos de Flyover Country decidan por sí mismos porque decidirán «mal». Pero sea cual sea la justificación, el enfoque centralista asegura que las declaraciones sobre lo que «la comunidad» o «el pueblo» quiere son generalmente tonterías y ilusiones.
En este punto, por supuesto, algunos lectores pueden insistir «pero McMaken, ¡sólo estás impulsando tus propias políticas preferidas! ¡Quieres imponer tu dogmatismo de libre mercado al resto de nosotros!»
Hay, por supuesto, una diferencia clave aquí. La posición de laissez-faire no intenta imponer un nuevo impuesto o una nueva regulación a nadie. Sólo busca eliminar las políticas gubernamentales que transfieren por la fuerza riqueza y las ventajas económicas de un grupo a otro. Es una política de dejar que las personas decidan por sí mismas. Después de todo, en ausencia de políticas estatales coercitivas, los consumidores siguen siendo libres de negarse a comprar bienes extranjeros. Son libres de negarse a emplear extranjeros. Son libres de boicotear y expulsar a los empresarios que no quieran «hornear el pastel».
Por otro lado, utilizar la política gubernamental como una «herramienta» para obtener lo que «el pueblo» supuestamente quiere de los mercados requiere la fuerza del gobierno. Esta es la fuerza necesaria para implementar y hacer cumplir la política gubernamental basada en gravar y regular a todos los miembros de una sociedad, incluyendo a aquellos que sólo quieren que se les deje en paz.
Al describir tales políticas como meramente el deseo benigno de una voluntad invisible de la comunidad, los defensores de tales políticas se entregan a una idea muy imaginativa del estado.
