El expresidente George W. Bush dio un discurso el pasado 19 de octubre atacando implícitamente al presidente Donald Trump por arruinar la democracia. Bush dijo a sus amigos políticos y otras personas presentes: “Estamos unidos en la causa de la libertad. Este es un momento único”. Aseguró a la audiencia que la libertad “debería ser el compromiso que defina a nuestro país y la esperanza del mundo”. Bush invocó los “altos ideales” de nuestra nación, declarando: “Somos los herederos de James Madison a la hora de entender el genio y los valores de la constitución de EEUU”.
Después del discurso, muchos de los medios alabaron a Bush como si fuera el segundo adviento de George Washington. Twitter destacó la perorata con un resumen inusual en la formación de sus “trending tweets”: “George W. Bush da un poderoso discurso sobre democracia, libertad y valores estadounidenses”.
Si Bush nunca hubiera sido presidente, habría sido más fácil entender la adulación. Pero Bush fue uno de los presidentes más desastrosos y autoritarios de la historia moderna estadounidense. Bush cometió más abusos de poder de los que podrían relatarse en nada que no sea un libro. Pero hubo un asunto que debería definir eternamente a Bush en la memoria de los estadounidenses.
Después de los ataques del 11-S, los juristas de Bush le aseguraron rápidamente que la Constitución y el derecho federal ya no limitaba el poder del presidente. Bush procedió a autorizar el tipo de régimen de tortura que las naciones civilizadas habían abandonado formalmente hace cientos de años.
La CIA creó un régimen de interrogatorios “consultando a oficiales de inteligencia egipcios y saudíes y copiando los métodos soviéticos de interrogatorios”, informaba el New York Times. Gracias a las órdenes de Bush, los abusos del gobierno de EEUU fueron de una repetición indefinida de un anuncio de comida para gatos de “Meow Mix” en Guantánamo a arrancar las uñas de los pies en Afganistán, lavativas forzadas para prisioneros recalcitrantes, apalear a la gente hasta la muerte en Iraq y patearla hasta la muerte en las afueras de Kabul y enviar ilegalmente los detenidos a gobiernos extranjeros para torturarlos por delegación y crear un sistema de “prisioneros fantasma” digna de una república bananera. Una opinión legal secreta autorizaba a los interrogadores de la CIA a golpes en la cabeza, simulaciones de ahogamiento temperaturas glaciales y esposamientos en posturas incómodas durante horas. Los interrogadores de la CIA a menudo no hablaban el idioma del detenido, de forma que lo compensaban ensañándose prolongadamente. Hubo psicólogos colaborando con el régimen de tortura , ofreciendo indicaciones útiles sobre cómo destruir la voluntad y la resistencia de los prisioneros.
Monty Python fueron el santo patrón de la administración Bush para los procedimientos judiciales. Las “evidencias” obtenidas mediante coacción eran admisibles siempre que un juez militar concediera que los métodos utilizados no llegaban hasta la tortura. Las comisiones militares podían aceptar “evidencias” producidas por interrogatorios que violaban los patrones de “trato cruel, inusual o inhumano”, siempre que los abusos se produjeran antes del 30 de diciembre de 2005, cuando el Congreso aprobó la Ley de Trato de Detenidos. (Bush vetó en la práctica esta ley con una declaración firmada). La Ley de Comisiones Militares, que Bush hizo que atravesara el Congreso en 2006, creaba procesos absurdos que recordaban un juicio de los de Moscú de 1938. Los abogados defensores podían “denunciar el uso de información de oídas obtenida a través de interrogatorios coactivos [torturas] en países distantes solo si pueden demostrar que no es fiable”, señalaba el Washington Post. Pero era casi imposible denegar una acusación, ya que un abogado de la defensa no podía preguntar o tal vez ni siquiera saber quién realizó la acusación.
Cuando Bush se vio presionado en una entrevista con Matt Lauer, de la NBC, en 2006 acerca del uso de métodos brutales de interrogatorio, replicó: “Todo lo que hemos hecho es legal. (…) Teníamos abogados que lo verificaban y decían: ‘Sr. Presidente, esto es legal’”. Pero los lacayos legales de Bush también proclamaban que los decretos del presidente eran la ley suprema gracias a la “imposición del comandante en jefe” sobre la Constitución. En diciembre de 2008, el Comité de Servicios Armados del Senado publicaba un informe (ignorado por los medios) que demostraba que los abusos de tortura tenían su origen en los niveles más altos de la administración Bush. El informe decía que “altos cargos del gobierno de Estados Unidos (…) redefinieron la ley para crear una apariencia de legalidad”.
En 2010, las memorias de Bush, Decision Points, llegaron a la calle y los estadounidenses pudieron leer de primera mano al expresidente alardeando de ordenar torturas. Bush escribía que cuando se le pidió aprobar los ahogamientos simulados de la CIA a Khalid Sheikh Mohammed, respondió: “¡Claro que sí!” Seis meses antes de que se publicaran sus memorias, en un discurso en Grand Rapids, Michigan, decía a la audiencia: “Sí, sometimos a ahogamiento simulado a Khalid Sheikh Mohammed. Lo volvería a hacer para salvar vidas”. Pero no hay ninguna evidencia de que las torturas salvaran ninguna vida estadounidense. En realidad, la tortura ayudó a enviar a más de 4.000 estadounidenses a la muerta en Iraq, ya que la administración Bush confió en confesiones falsas obtenidas bajo tortura para justificar el derrocamiento de Saddam Hussein. Estados Unidos había clasificado los ahogamientos simulados como tortura desde la Guerra Hispano-Estadounidense y el gobierno de EEUU había clasificado los ahogamientos simulados como de guerra desde 1947. Las políticas de tortura de Bush pueden haberse basado en la frase de Richard Nixon: “Cuando lo hace el presidente, eso significa que no es ilegal”.
El escándalo de las torturas muestra lo que pasa cuando se permite a políticos y gente nombrada por políticos redefinir la barbarie hasta su inexistencia. Gracias a Bush, el derecho de EEUU no consiguió impedir la tiranía federal después de 11-S. El único cargo de la CIA procesado en el escándalo de las torturas fue John Kiriakou, un chivato heroico. El hecho de que los tribunales federales rechazaran un bombardeo de pleitos por torturas contra cargos de la administración Bush y creadores de políticas de tortura es una de las mayores desgracias que ha sufrido el poder judicial estadounidense.
Bush concluía su discurso del día 19 declarando: “Ahora mismo, uno de nuestros peores problemas nacionales es un déficit de confianza. Pero la causa de la libertad justifica toda nuestra fe y nuestros esfuerzos”. Bush hizo más que nadie en este siglo para destruir la confianza de los estadounidenses y del mundo en el gobierno de EEUU. Bush tiene razón en que la libertad justifica grandes esfuerzos en su defensa. Pero la libertad estará condenada si permitimos que sus enemigos se disfracen como sus protectores.
