Las estadísticas oficiales de inflación están sesgadas. Los efectos de sustitución y los cambios de calidad son problemas que no pueden resolverse objetivamente, ni siquiera con los métodos estadísticos más sofisticados. Es posible que el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) sobrestime la inflación. También hay buenos argumentos a favor de un sesgo a la baja. También puede ser que los errores en la medición de la inflación de precios al consumo sean insignificantes. Sin embargo, aunque las estadísticas oficiales muestren una inflación media no sesgada para todos los bienes incluidos en el índice, surgen problemas.
Las cifras oficiales de inflación no son en absoluto representativas de la subida general de precios en la economía. Si nos fijamos en los bienes y servicios no incluidos en el índice, la dirección de la distorsión parece indiscutible. Su magnitud también es considerable. Las estadísticas oficiales embellecen el problema de la inflación.
Los bienes y servicios públicos son un buen ejemplo. Podríamos referirnos vagamente a ellos como «bienes públicos», aunque la mayoría no cumplan los criterios formales de no rivalidad y no excluibilidad, y algunos ni siquiera los consideren bienes. En este caso, «bienes públicos» significa simplemente que son financiados por los contribuyentes. Estos bienes y servicios no se incluyen en las mediciones convencionales de la inflación.
En Europa, por ejemplo, se utiliza el IPCA. Sólo refleja la evolución de los precios de los bienes de consumo privado. No se tiene en cuenta el gasto público en infraestructuras, educación, sanidad, defensa y muchas otras áreas. Es cierto que existen subcategorías como «educación» y «sanidad» en el IPCA. Sin embargo, sólo cubren el gasto privado adicional. No se tiene en cuenta el gasto público en estos bienes y servicios. Esto explica por qué, por ejemplo, la educación y la sanidad sólo representan de media el 0,9% y el 4,9% del índice general de la eurozona. Esto puede parecer irrisorio para los americanos, pero los europeos también gastan mucho más en educación y sanidad en general de lo que parece. Sin embargo, la mayor parte de este gasto se financia con fondos públicos y, por tanto, no interviene en las estadísticas oficiales de inflación.
Cuando se trata de medir la inflación potencial en los precios de los bienes públicos, surge un problema. Los bienes públicos no se negocian en los mercados como otros bienes. No existe un precio de mercado para la educación en una universidad pública. No hay precio de mercado para la mayoría de los servicios médicos. Entonces, ¿cómo podemos medir la subida de los precios de los bienes públicos?
Aunque los hogares no pagan directamente por los bienes públicos, sí lo hacen indirectamente a través de los impuestos. Por tanto, puede decirse que la presión fiscal total representa el precio de todos los bienes públicos suministrados por el Estado. Si suponemos que los ingresos fiscales totales del Estado representan el precio de todos los bienes públicos, también nos ahorramos la tediosa tarea de evaluar la ponderación de cada uno de los bienes públicos.
El gráfico siguiente muestra la evolución de los ingresos fiscales en relación con el IPCA en la zona euro. Se tienen en cuenta los diecinueve países que formaban parte de la zona euro en 2022. Se observa que los ingresos fiscales han aumentado mucho más rápidamente que los precios al consumo. En concreto, los ingresos fiscales aumentaron más del doble hasta 2021. El IPCA aumentó un total del 47% entre 1998 y 2021, lo que corresponde a una tasa media de inflación anual del 1,7%. Los ingresos fiscales totales de los países de la eurozona han aumentado un total del 99 por ciento, lo que corresponde a un aumento desproporcionado de los precios de los bienes públicos del 3,0 por ciento anual de media.
Según este cálculo, la inflación de precios de los bienes públicos es, por término medio, 1,3 puntos porcentuales superior a la inflación de precios al consumo. En este contexto, la calidad de los bienes y servicios públicos se mantiene constante, aunque no es raro oír quejas sobre el deterioro de la calidad: malos resultados educativos, infraestructuras deterioradas, falta de atención médica y mayores tiempos de espera en las administraciones y servicios públicos. La lista continúa. Si se tuvieran en cuenta estas pérdidas de calidad, la diferencia entre la tasa de inflación de bienes públicos y la inflación de precios al consumo medida oficialmente sería aún mayor.
Gráfico 1: Inflación en los diecinueve países de la eurozona, 1998-2022
Fuente: Datos de «Inflación en la zona euro», Eurostat, modificado por última vez el 29 de septiembre de 2023.
Además, el peso de los bienes públicos en el gasto total de los hogares es enorme. En los diecinueve países de la eurozona, los ingresos fiscales representan más del 40% de la renta total medida por el producto interior bruto. Los bienes públicos financiados con impuestos son, con mucho, la partida más importante de la «cesta de la compra» del hogar medio. Los precios de estos bienes suben desproporcionadamente, pero no se tienen en cuenta en las estadísticas oficiales.
