En los últimos treinta años, India ha experimentado algunos períodos de liberalización económica, pero el país sigue conservando muchos aspectos de sus anteriores períodos de control estatal generalizado de la economía.
En las últimas semanas, hemos visto algunos nuevos esfuerzos de liberalización una vez más. Por ejemplo, tres proyectos de ley agrarios (ahora leyes), a saber, el proyecto de ley de comercio y promoción de productos agrícolas, proyecto de ley de garantía de precios y servicios agrícolas para los agricultores (empoderamiento y protección) y el proyecto de ley de productos básicos esenciales (enmienda) han provocado protestas dentro y fuera del Parlamento. Las reformas se anunciaron inicialmente como parte del conjunto de medidas de socorro económico nacional, denominado popularmente Atmanirbhar Bharat (India autosuficiente), en mayo de 2020. El gobierno afirma que esas reformas darán lugar a un aumento de los ingresos de los agricultores, en consonancia con su ambicioso objetivo de duplicarlos para 2022.
En esencia, estas leyes liberan a los agricultores de las garras del control estatal y les proporcionan la libertad de gestionar su suministro y su comercio. Durante mucho tiempo los agricultores han tenido que vender sus cosechas en mercados designados por el gobierno, donde el equilibrio de poder está a favor de los intermediarios, lo que reduce el poder de negociación de los agricultores. Las restricciones y la regulación de la oferta y el comercio de productos agrícolas dieron lugar a una determinación artificial de los precios. Si bien es cierto que cuando entró en vigor la legislación que regula la oferta, India se enfrentó a la escasez de alimentos, la persistencia de las reglamentaciones en la era moderna es nada menos que sorprendente. Esto se debe probablemente al hecho de que India tuvo que emprender reformas liberalizadoras en 1991—comenzando el período de liberalización más importante de India—debido a una necesidad económica extrema y no a un cambio ideológico en la formulación de políticas.
Una historia de intervencionismo
India fue esencialmente una economía mixta sobre el papel, pero de espíritu socialista hasta 1991. Por ejemplo, en el año 1955 se promulgó la Ley de Productos Básicos Esenciales (ECA), un plan sumamente intervencionista. La legislación tenía por objeto prevenir la escasez de alimentos y evitar las fluctuaciones de los precios en beneficio de los consumidores. Como dijo el economista Ludwig von Mises, el efecto de la intervención estatal es que los hombres pueden ahora utilizar sus conocimientos y capacidad de manera menos eficiente, lo que los hace más pobres. La ACE es un ejemplo de libro de texto de lo que Mises se opuso claramente al sugerir que tales medidas perjudican la oferta, no la mejoran. De hecho, en el Estudio Económico de India 2019-20 se recomendó la derogación de dicha legislación. Decía que la imposición de límites de existencias a las legumbres (leguminosas secas), el azúcar y las cebollas no tenía ninguna relación con la volatilidad de los precios al por menor y al por mayor. Señaló además que «la Ley debe ser derogada para dar más libertad económica al mercado y facilitar el proceso de creación de riqueza en la economía».
Curiosamente, esta legislación en particular no era más que la continuidad de una política introducida inicialmente por un monarca del siglo XIV llamado Allaudin Khilji. Los registros sugieren que él reguló los precios de todos los artículos para permitir a sus soldados vivir con un salario moderado, ajustando así artificialmente las leyes de la oferta y la demanda. También se aseguró de que el grano se almacenara sólo en los graneros reales y que no se permitiera ningún acaparamiento privado. Esta política continuó durante el período colonial británico en beneficio de los colonizadores.
Es sorprendente ver la existencia de políticas estatales tan intrusivas incluso en las economías independientes del siglo XXI, a pesar de que a lo largo de los años se ha producido una transformación ideológica hacia el libertarismo. Esta política de control estatal del suministro y el comercio de productos agrícolas puede haber parecido mucho más lógica en un período en que India se enfrentaba a la escasez de alimentos. También es muy probable que el gobierno de entonces promulgara esa legislación con el recuerdo fresco de la hambruna de Bengala de 1942. Sin embargo, con el paso del tiempo, cuando el examen de las políticas mahalanobianas1 en retrospectiva sugirió que habían fracasado, el Estado debería haber emprendido las reformas estructurales. El principio que subyace a las recientes reformas estructurales es probablemente un cambio hacia el enfoque laissez-faire. La racionalización de la intervención del gobierno no sólo es necesaria para el funcionamiento eficaz de la economía. También pone de relieve el grado de libertad que obtienen los individuos que se dedican a diferentes actividades económicas. Si se observa la legislación socialista que regulaba por principio el suministro y el comercio de productos agrícolas, esta contradice esencialmente la disposición constitucional de libertad de comercio que se consagra en el artículo 19. Si bien no hace falta decir que toda libertad se complementa con ciertas restricciones razonables, uno se pregunta si las restricciones razonables incluirían también una política que legitimara un Estado niñera.
La nueva legislación que pretende desregular el sector agrícola es transformadora por sí misma. Por un lado, sugiere un alejamiento del pensamiento mahalanobiano, que es esencialmente de naturaleza socialista. En otro nivel, representa un nuevo amanecer para el sector agrícola en el que los agricultores se liberan ahora para vender sus cosechas en los lugares designados por su propia sabiduría y no por la del Estado. Si bien es cierto que sólo el tiempo dirá si la legislación específicamente adaptada dará los resultados deseados, el cambio del marco subyacente hacia un enfoque de laissez-faire es bienvenido.
- 1P.C. Mahalanobis fue un estadístico indio que contribuyó a la redacción del segundo plan quinquenal para India. Fue miembro de la antigua Comisión de Planificación de 1955 a 1967.
