«Desfinanciar la policía» es el último grito de guerra para los manifestantes en muchas ciudades de la nación. Muchos activistas, enfurecidos por el brutal asesinato de George Floyd por parte de la policía de Minneapolis, piden la disolución total de la policía, mientras que otros piden que se reduzcan los presupuestos de la policía y se aumente el gasto público en otros lugares. Sin embargo, pocos activistas parecen estar pidiendo una disminución fundamental del poder político que es la causa fundamental de los abusos policiales.
Muchos activistas del movimiento «desfinanciar la policía» están a favor de terminar la guerra contra las drogas. Eso sería un gran salto hacia adelante para hacer a la policía menos intrusiva y opresiva. Pero incluso si la policía ya no hiciera más de un millón de arrestos por drogas cada año, todavía estaría haciendo más de 9 millones de otros arrestos. Pocos manifestantes parecen estar a favor de las derogaciones radicales que podrían sacar a decenas de millones de estadounidenses del punto de mira legal.
¿Cuántos de los manifestantes de «desfinanciar la policía» apoyarían la derogación de las leyes de cinturón de seguridad obligatorio como un paso hacia la reducción del poder de la policía? En 2001, la Corte Suprema dictaminó que la policía puede arrestar justificadamente a cualquiera que se crea que ha «cometido incluso un delito menor». Ese caso involucraba a Gail Atwater, una madre de Texas que conducía lentamente cerca de su casa pero, debido a que sus hijos no llevaban cinturón de seguridad, fue secuestrada por un policía abusivo cuyos gritos dejaron a sus hijos «aterrorizados e histéricos». La mayoría de los jueces de la Corte Suprema reconocieron que «la pretensión de Atwater de vivir libre de indignidades y confinamientos inútiles supera claramente cualquier cosa que la Ciudad pueda plantear en su contra específicamente en su caso» —pero de todos modos confirmaron el arresto. La juez Sandra Day O’Connor advirtió que «tal discreción ilimitada conlleva un grave potencial de abuso».
Lamentablemente, hoy en día hay un sinfín de pretextos para arrestar a la gente, porque los políticos y funcionarios federales, estatales y locales han criminalizado la vida cotidiana con cientos de miles de edictos. Como me dijo Gerard Arenberg, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Jefes de Policía, en 1996, «Tenemos tantas malditas leyes que no se puede conducir por las calles sin violar la ley». Podría ponerle cien multas dependiendo de lo que me dijera cuando lo detuviera».
¿Qué tal si se revocan las leyes estatales que convierten a los padres en criminales si fuman un cigarrillo mientras llevan al pequeño Bastian o a Alison al entrenamiento de fútbol? ¿Qué tal si se revoca la ley federal que obligaba a los estados a criminalizar a cualquiera que bebiera una cerveza en su auto, o mejor aún, se revoca la ley federal que obligaba a los estados a elevar la edad para beber alcohol a veintiún años? ¿O los reformistas enfurecidos de hoy en día preferirían correr el riesgo de que los policías golpeen a cualquier veinteañero que sea sorprendido con una Bud Light?
¿Estarían dispuestas las feministas fanáticas que llaman a «Desfinanciar a la policía» a tolerar la legalización del trabajo sexual? Eso significaría que ya no podrían aullar sobre vastas conspiraciones de «tráfico humano» que explotan a niñas cada vez que un policía encubierto es manoseado ilícitamente por una mujer china de 58 años en un salón de masajes.
Algunos activistas de Black Lives Matters piden que se prohíban los registros sin orden judicial de drogas, armas u otros artículos prohibidos. Pero algunos activistas de «Desfinanciar la policía» también están a favor de que el Estado prohíba las armas de fuego privadas. Es como si quisieran promulgar formalmente el viejo lema: «Cuando las armas están prohibidas, sólo los forajidos tendrán armas».
Gran parte de la cobertura de los medios de comunicación está azotando la reciente ola de protestas, tal vez con la esperanza de avivar la rabia del público para apoyar los nuevos edictos del gobierno. Según el editor asistente del Washington Post, Robert Gebelhoff,
Sería un error tratar de resolver los problemas de comportamiento de la policía sin también reconocer y abordar la epidemia de violencia armada de América. La reforma policial y la reforma de las armas van de la mano. Reducir la fácil disponibilidad de armas no eliminaría los problemas de la policía en América ni acabaría con los asesinatos injustificados, pero ayudaría.
Después de que agentes del gobierno fuertemente armados confisquen por la fuerza un par de cientos de millones de armas de propiedad privada, la policía no se preocupará por ninguna resistencia y podrá comportarse como un perfecto caballero. La derogación de la mayoría de las leyes sobre armas produciría un gran aumento de la confianza en sí mismo, especialmente en las zonas urbanas donde la policía no protege a los residentes. Pero pocos manifestantes callejeros están haciendo esa demanda.
Muchos defensores del movimiento de «desfinanciar la policía» presumen que la pobreza es la causa de la delincuencia y que el cambio de los dólares de los impuestos de los presupuestos de la policía a los programas sociales y folletos reducirá automáticamente la violencia. Los programas de la Gran Sociedad lanzados por el presidente Lyndon Johnson aumentaron enormemente las donaciones en una suposición similar. En cambio, el crimen violento se disparó, especialmente en los centros de las ciudades donde la dependencia de la ayuda del gobierno era mayor. «El aumento de los arrestos por crímenes violentos entre los negros durante el período 1965-70 fue siete veces mayor que el de los blancos», como señaló Charles Murray en su libro de 1984 Losing Ground.
Muchos de los defensores de la desfinanciación de la policía creen que un ingreso básico universal, junto con vivienda y otros servicios gratuitos, prácticamente pondría fin a las luchas urbanas. La historia de los subsidios de vivienda de la Sección 8 proporciona una sorprendente reprimenda a tales suposiciones ingenuas. Las concentraciones de los beneficiarios de la Sección 8 rutinariamente estimulan olas de crímenes que devastan tanto la paz como los valores de la propiedad de sus vecinos. Un estudio de 2009 publicado en la revista académica Homicide Studies encontró que en Louisville, Memphis y otras ciudades el crimen violento se disparó en los vecindarios donde los beneficiarios de la Sección 8 se reasentaron después de dejar la vivienda pública.
Las demandas de «Desfinanciar a la policía» ya están siendo traducidas por los políticos en una justificación de gastos adicionales para los servicios sociales o los habituales sops (standard operating procedure por sus siglas en inglés). En el condado de Montgomery, Maryland, los jefes de policía emitieron un comunicado anunciando que estaban «indignados» por el asesinato de George Floyd y luego se comprometieron a «mejorar el entrenamiento en competencia cultural de nuestros oficiales». En otros lugares, los políticos y los jefes de policía hablan de confiar más en los trabajadores de salud mental para manejar situaciones volátiles. El presentador de radio Austin Petersen predijo que las «reformas» de la protesta de George Floyd resultarían en «más programas sociales destinados a dar trabajo a las mujeres blancas liberales». El autor y cineasta Peter Quinones captó hábilmente la probable realidad con un meme en el que la policía de Minneapolis fue rebautizada como los Trabajadores Sociales Tácticos y todavía parece hambrienta de patear traseros.
Los políticos afirman haber visto la luz gracias a las protestas de Floyd. Floyd fue asesinado, porque los políticos en muchos niveles estatales y locales han fallado estrepitosamente en limitar el poder letal de la policía. No había nada que impidiera a los políticos prohibir la inmensa mayoría de las redadas sin llamar, o torpedear la perversa doctrina de «inmunidad calificada» inventada por la Corte Suprema, o revocar la aún más perversa «Declaración de derechos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley» que puede transmitir una licencia para matar. Uno de los miembros más poderosos de la Cámara de Representantes, Eliot Engel (D-NY), encarnó la realidad política cuando fue atrapado en un micrófono caliente: «Si no tuviera una primaria, no me importaría» denunciar el asesinato de George Floyd. No está claro por cuánto tiempo más los otros políticos pretenderán que les importa.
La policía tiene demasiado poder, porque los políticos tienen demasiado poder. Hay pocas posibilidades de que las protestas y disturbios de George Floyd reviertan la criminalización de la vida cotidiana. ¿Cuántos activistas de «Desfinanciar a la policía» también piden un retroceso radical de las prerrogativas de los políticos para castigar casi cualquier actividad que desaprueben? Habrá algunas reformas y muchas promesas, pero mientras la policía tenga pretextos para acosar y agredir a millones de estadounidenses pacíficos cada día, los ultrajes no terminarán. Hasta que los manifestantes se den cuenta de que el problema es el Leviatán, no el jefe de la policía local, la opresión continuará.
