El 9 de mayo de 2019, el Gobernador de la Florida Ron Desantis firmó la ley SB 7030, que permite que los empleados de la escuela o por contrato estén armados bajo el nuevo Programa Guardián de la Florida. Los superintendentes de los distritos locales deben nombrar a estas personas, y luego deben recibir la aprobación final de la junta escolar. Además de eso, el personal que quiera estar armado también debe completar un entrenamiento riguroso y poseer una licencia de porte oculto válida. El curso de capacitación consta de 144 horas de capacitación, en las que se hace hincapié en el uso adecuado de las armas de fuego.
Como un reloj, los comentaristas antiarmas se opusieron a esta legislación, expresando su horror ante la perspectiva de maestros armados. El feroz defensor del control de armas y aspirante a la presidencia en 2020, Eric Swalwell, criticó esta medida. Declaró que «Más armas no es la solución. Los profesores con armas no son la solución». En cambio, cree que la solución a este dilema es «sacar las armas más peligrosas de las manos de las personas más peligrosas». Punto.»
Naturalmente, con Florida como epicentro del debate sobre el control de armas después del tiroteo de Parkland en 2018, la aprobación de una ley para armar a los maestros agitará el debate. A pesar del apretón de manos de los defensores del control de armas, los estados que tienen personal armado en el campus no están llenos de casos desenfrenados de violencia armada.
Las investigaciones demuestran que armar a los maestros no es un desastre en proceso
Una nueva investigación publicada por el Crime Prevention Research Center de John Lott muestra que las escuelas que permiten a los maestros portar armas no han experimentado tiroteos durante el horario escolar. Señaló que las escuelas que permiten a los profesores portar armas de fuego «han sido extraordinariamente seguras» y que «todavía no se ha dado el caso de que alguien haya resultado herido o muerto a causa de un tiroteo, y mucho menos de un tiroteo público masivo, en una escuela que permite a los profesores portar armas de fuego». Lott también encontró que la «tasa promedio de muertes o lesiones por disparos es de 0,039 por cada 100.000 estudiantes en todas las escuelas», mientras que la tasa de muertes o lesiones por disparos es de 0 por cada 100.000 en las escuelas con maestros armados.
Un paso decente en la dirección correcta
Aunque no es una violación de los derechos de las armas, la ley recién aprobada en Florida es, en el mejor de los casos, una mejora marginal. En primer lugar, sigue tratando el porte de armas de fuego como un privilegio regulado en el que los individuos deben superar muchos obstáculos sólo para ejercer un «derecho» que supuestamente tienen. Sin embargo, más fundamental en esta discusión es la naturaleza de las zonas federales libres de armas y la autonomía de las escuelas.
Bajo la Ley de Zonas Escolares Libres de Armas de Fuego, que fue introducida por el candidato presidencial de 2020 Joe Biden y luego firmada por el presidente republicano George H.W. Bush en 1990, la posesión o porte de armas de fuego a menos de mil pies de las escuelas primarias y secundarias públicas, privadas y parroquiales está prohibida. Como resultado, las escuelas se han convertido en potenciales blancos fáciles para aquellos que están dispuestos a causar daño.
Ya estamos siendo testigos de la reducción de los índices de criminalidad en todo el país durante las últimas tres décadas. Incluso con el aumento de la posesión de armas de fuego per cápita, los índices de criminalidad han seguido bajando mucho para consternación de los defensores del control de armas. Curiosamente, los tiroteos masivos siguen teniendo lugar en zonas libres de armas de fuego. Aproximadamente el 98 por ciento de los tiroteos masivos tienen lugar en este tipo de lugares. Casi nadie saca a relucir este punto, ni tampoco atacan la raíz del problema: la Ley de Zonas Escolares Libres de Armas de Fuego de 1990.
Cómo hacer que las escuelas sean seguras
En un mundo ideal, la GFSZA de 1990 debería ser derogada. Sin embargo, la solución a la seguridad escolar no se basa tanto en la legislación como en el armamento de los maestros. En cambio, debería centrarse más en dar a las escuelas la libertad de decidir cómo se prestan los servicios de seguridad en sus instalaciones. Si eso significa armar a los maestros hasta los dientes, es prerrogativa de la escuela. Sin embargo, es probable que algunas escuelas prefieran tener personal de seguridad armado en su lugar. En un artículo anterior sobre las zonas libres de armas, Jeff Deist señala que existe un «impulso de mercado para subcontratar servicios a especialistas».
Deist se basa en ejemplos del mundo real para ilustrar este punto:
«Por eso los barrios contratan patrullas de seguridad privada y las celebridades contratan guardaespaldas profesionales. No todo el mundo quiere llevar un arma o entrenarse a sí mismo en el dominio de las armas. Y está la cuestión de la escala, donde los individuos pueden encontrarse en una situación de lucha contra las bandas del crimen organizado».
Las sociedades libres no implican soluciones únicas. Se trata de una experimentación rigurosa y de la libertad de asociarse voluntariamente y realizar transacciones con otros. Ciertos tipos de arreglos tendrán un aspecto diferente al de otros. La clave es que las personas que cooperan entre sí de forma voluntaria.
En las discusiones concernientes a las armas en las escuelas (maestros, administradores, padres, etc.) no son los políticos o burócratas en jurisdicciones lejanas como Washington D.C., quienes deberían ser los que determinen las políticas de seguridad en el campus. Un buen punto de partida es permitir que las jurisdicciones locales reafirmen el control local sobre la política de seguridad escolar. Aunque la ley SB 7030 de Florida no es una reforma integral, ha iniciado una nueva conversación sobre cómo las escuelas pueden proporcionar entornos más seguros para los estudiantes.
