En el verano de 2020, la Institución Smithsoniana creó un gráfico destinado a condenar lo que denomina «blanquitud», y enumeró una serie de características que afirmaba que eran esenciales para la «cultura blanca». Entre las supuestas características que describía en términos peyorativos estaba el retraso de la gratificación, o el ahorro para el futuro, lo que los economistas austriacos llamarían baja preferencia temporal.
El gráfico, que fue retirado tras las protestas generalizadas, pretendía identificar las características necesarias para construir no sólo una economía sino la propia civilización con una cultura racista. Así, el tipo de estilo de vida y los valores que podrían culminar en que alguien tuviera una alta puntuación crediticia y ahorrara para pagar una importante entrada para una casa eran algo que no debía emularse ni alabarse, sino más bien denunciarse y declararse vergonzoso.
Aunque el gráfico ya no se encuentra en el sitio web de la Smithsoniana, la mentalidad que lo creó pervive en las políticas de la administración Biden. Para demostrar su compromiso con la equidad —la igualdad de resultados—, la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) puso en marcha el 1 de mayo de 2023 una nueva política que castiga a los compradores de vivienda con altas puntuaciones crediticias que pueden dar una entrada de al menos el 15-20 por ciento en una hipoteca, haciéndoles pagar tipos de interés más altos y comisiones adicionales. Declara un editorial del Wall Street Journal:
Según los cálculos de Evercore ISI, los compradores con buenas puntuaciones de crédito, entre 720 y 739, que paguen entre un 15% y un 20% de entrada verán aumentar sus tipos un 0,750%. Los prestatarios que paguen entre un 20% y un 25% de entrada verán aumentar sus tipos un 0,500%.
Los ganadores son los prestatarios con puntuaciones crediticias bajas, es decir, los más arriesgados. Según la política actual de la FHFA, un prestatario con una calificación crediticia baja, inferior a 620, que pida prestado más del 95% del valor de su vivienda, paga un 3,750%. Con el nuevo plan de la Sra. Thompson, esos prestatarios verán reducidas sus tasas en un 1,750%.
No es sorprendente que comentaristas como James Bovard han atacado con razón esta política como una política que impone incentivos perversos, poniendo patas arriba las recompensas a la solvencia. Bovard escribe:
A partir del 1 de mayo, según expuso The Post la semana pasada, un decreto de la administración Biden obligará a ajustar los cálculos de las hipotecas para penalizar a los compradores de vivienda con una puntuación de crédito FICO igual o superior a 680, casi dos tercios de la población.
Esta tasa se utilizará para reducir los costes de las personas con baja puntuación crediticia, es decir, los prestatarios de riesgo con más probabilidades de impago de las hipotecas.
Sin embargo, no se trata simplemente de otra versión de la Ley de las Consecuencias Inesperadas, en la que funcionarios bienintencionados aplican una política sin tener en cuenta la llamada visión de conjunto. Aquí las consecuencias son intencionadas. Los funcionarios de la administración Biden conocen perfectamente las implicaciones de esta nueva política y están enviando el mensaje de que la propia noción de solvencia es implícitamente racista.
Como señala Newsweek, las diferencias raciales en la propiedad de viviendas y en las puntuaciones de crédito son significativas:
Sólo alrededor del 25% de los compradores de vivienda con préstamos de la Administración Federal de la Vivienda son personas de color, según la Casa Blanca. Los negros y los hispanos, por término medio, tienen menos ahorros para usar como pago inicial de una vivienda y tienden a tener puntuaciones crediticias más bajas, según David Stevens, ex director general de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) y ex comisionado de la FHA durante la administración Obama. La política actual está siendo aplicada por la FHFA.
Según declaró a Newsweek, esto puede atribuirse a factores como la desconfianza en el sistema bancario o el hecho de ser americano de primera generación. Añadió que una baja puntuación crediticia puede ser un obstáculo importante para ser propietario de una vivienda.
Pero para que la FHFA cierre la brecha reduciendo los LLPA [ajustes de precios a nivel de préstamos] para esos prestatarios, la agencia compensará la reducción de las tasas de préstamo elevando los LLPA de los prestatarios con puntuaciones de crédito más altas, que tienden a ser blancos.
La puntuación crediticia media en las comunidades blancas era de 727 en 2021, frente a los 667 de las comunidades hispanas y los 627 de las comunidades negras, según datos analizados por FinMasters, un blog de finanzas personales.
No es de extrañar que la administración Biden culpe de la brecha en la propiedad de la vivienda al racismo, por lo que su proclividad es castigar a las personas que ahorraron sus ingresos y tuvieron un comportamiento previsor, algo que la Smithsoniana condenó como producto de la «blanquitud». Sin embargo, como señala Bovard, las tasas de propietarios de vivienda negros en relación con los blancos son más bajas hoy que hace más de cincuenta años: «La Directora de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Sandra Thompson, declaró ante el Congreso el año pasado que la brecha racial en la propiedad de la vivienda ‘es mayor hoy que cuando se aprobó la Ley de Vivienda Justa [de 1968]’».
Esto no es insignificante. En 1968, los Estados Unidos estaba empezando a deshacerse de las leyes Jim Crow, y los futuros propietarios negros tenían muchas menos oportunidades de financiación que hoy. Además, se esperaba que los compradores de vivienda dieran una entrada de al menos el 20%, con algunas excepciones, por lo que se podría considerar que las políticas de préstamos de aquella época eran mucho menos favorables a los prestatarios negros que las actuales.
Además, las administraciones de Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama tenían políticas explícitamente dirigidas a aumentar la propiedad de la vivienda entre los negros y otros grupos minoritarios. Bush afirmó que su administración había conseguido que un número récord de América negros tuvieran casa propia, entre otras políticas, ayudando a facilitar el pago inicial y bajando los tipos de interés.
Andrew Cuomo, Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la administración Clinton, declaró que la diferencia entre blancos y negros en cuanto a la propiedad de la vivienda se debía a la discriminación y ordenó a los prestamistas hipotecarios que redujeran las barreras para conceder préstamos a los hogares negros. Cuomo escribió:
El sueño americano de ser propietario de una vivienda no está reservado a los blancos. No toleraremos que siga existiendo una brecha en la propiedad de la vivienda tan amplia como el Gran Cañón que divide a los americanos en dos sociedades, separadas y desiguales. Eliminar la discriminación en materia de vivienda y préstamos es vital para que la oportunidad de ser propietario de una vivienda sea una realidad para todos los americanos.
Por supuesto, el empeño de la administración Bush por aumentar la tasa de propietarios negros e hispanos tuvo su propio final infeliz: el colapso financiero de 2008. Todos los esfuerzos de la administración Bush por aumentar la propiedad de viviendas entre las minorías saltaron por los aires cuando los precios de la vivienda se desplomaron y muchos propietarios dejaron de pagar sus hipotecas y perdieron sus casas. Escribe Bovard: «Gracias al crack inmobiliario, el patrimonio neto medio de los hogares hispanos se redujo un 66% entre 2005 y 2009 y el de los hogares negros un 53%».
Además, en un artículo publicado en 2004 en Barron’s, Bovard advertía de que las políticas inmobiliarias de Bush iban a tener un final infeliz:
Uno de los elementos de mayor orgullo de la agenda «conservadora compasiva» del Presidente Bush ha sido la ayuda financiera del gobierno a los compradores de vivienda para el pago inicial. Bush está decidido a acabar con los prejuicios contra la gente que quiere comprar una casa pero no tiene dinero. Pero está exponiendo a los contribuyentes a decenas de miles de millones de dólares de posibles pérdidas, llevando a la quiebra a miles de familias con ingresos moderados y arriesgando la destrucción de barrios enteros.
Las palabras de Bovard fueron proféticas. Pero al menos Bush no culpó a los prestatarios con altas puntuaciones de crédito y grandes pagos iniciales de las brechas raciales en la vivienda.
La administración Biden, por otra parte, ha ampliado la definición de «interseccionalidad» para incluir la afirmación de que los blancos (junto con los no blancos que tienen altas puntuaciones de crédito) son los culpables de las bajas puntuaciones de crédito y las finanzas más inestables de las minorías. Las políticas de la administración Biden continúan lo que Bovard llamó «benevolencia de bola de demolición». La ex juez federal Janice Rogers Brown coincidió, escribiendo: «Tanto si el camino estaba pavimentado con buenas intenciones o engrasado por la codicia y la indiferencia, la vivienda asequible resultó ser el camino a la perdición para el mercado hipotecario de los EEUU».
Desde el punto de vista económico, nada de esto tiene sentido, pero hay que entender que la administración Biden no busca promover mercados de trabajo en la vivienda. Por el contrario, está afirmando que la única causa de la brecha en la propiedad de la vivienda entre blancos y negros es el racismo blanco y que el gobierno debe emplear medios extraordinarios para eliminar esta brecha, incluso si esto requiere poner patas arriba la lógica económica.
No hace falta ser vidente ni tener un doctorado en economía para saber que esta última iteración de la política federal de vivienda acabará en fracaso al igual que todas las demás iniciativas de vivienda para minorías. Pero no culpemos a la Ley de las Consecuencias Inesperadas. Esta nueva política es deliberada, y cuando fracase (como seguramente ocurrirá), esperen que Biden o quienquiera que esté en la Casa Blanca pida medidas aún más drásticas.
